Kepleer Mario Alvarado Valadez

Expediente 1386/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1386/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Kepleer Mario Alvarado Valadez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los escritos firmados por la tercera interesada YANET HERNANDEZ AGUILAR; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a las personas propuestas para ello. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1386/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Magistrado Presidente de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al VI; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Paulo Yair García Meza que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1386/2018-II, promovido por KEPLEER MARIO ALVARADO VALADEZ, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al día siguiente a este Juzgado Federal KEPLEER MARIO ALVARADO VALADEZ, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se formó el expediente 1386/2018, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se emplazó al tercero interesado y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca,ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, se aprecia que a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se le reclama la resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho, emitida en los autos del toca civil 284/2017-8-3, con motivo del recurso de apelación y la adhesión al mismo, hechos valer por la parte demandada y la parte actora (quejoso) respectivamente; asunto en el que se confirmó la interlocutoria de doce de junio del dos mil diecisiete, que declaró parcialmente procedente la pretensión del actor incidentista y redujo el monto de la pensión de alimentos provisionales que debía pagar, a la suma de $3,154.50 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.); asimismo, se declaró sin materia la apelación adhesiva. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del toca civil 284/2017-8-3 (anexos I al VI); documento público que al ser expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Al no advertirse que se actualice ninguna causal de improcedencia hecha valer por las partes ni que se actualice de oficio, es procedente realizar el análisis acerca de la constitucionalidad del acto reclamado. Son inoperantes los conceptos de violación de la parte quejosa, sin que en este caso se actualice la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. La parte quejosa esgrime los siguientes conceptos de violación: Que se violan en su perjuicio los artículos 1°,14 y 16 Constitucionales, transgrediendo sus derechos fundamentales de debido proceso, certeza jurídica, seguridad jurídica, legalidad y audiencia, pasando por alto las reglas esenciales del procedimiento previamente establecidas y los artículos 46 y 49 del Código Familiar del Estado de Morelos y 260 del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, ya que tomó en cuenta pruebas que deben ser estudiadas, analizadas y valoradas al momento de dictar la sentencia correspondiente y no de manera arbitraria e ilegal. Que la pensión alimenticia debe ser proporcional a las posibilidades del que deba darla, en el caso concreto del quejoso (Kepleer Mario Alvarado Valadez), pero también de acuerdo a quien deba recibirlos, y también que la necesidad esté legalmente demostrada sin duda ni reticencia. Que la resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se emitió sin apegarse de manera estricta y legal a los lineamientos del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos, respecto a la valoración de la prueba, como lo expresan los artículos 404 y 405 del mencionado ordenamiento, ya que concedió valor a hechos y cuestiones que Yanet Hernández Aguilar nunca acreditó, infiriendo o presumiendo que esos gastos sí se generan y del cúmulo de pruebas aportadas por su contraparte, específicamente las documentales que supuestamente acreditan gastos que eroga su menor hija (Annette Ailín Alvarado Hernández), arrojan la cantidad de $3,775,22 (tres mil setecientos setenta y cinco pesos 22/100 moneda nacional) mensualmente, sin que se acreditara que tuviera los ingresos suficientes, para otorgar a su menor hija la cantidad fijada de $3,154,50 (tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), al no haber prueba alguna con la cual soportara lo que manifestó la autoridad responsable, consistente en que se otorgara de manera mensual por concepto de pensión alimenticia, esa cantidad, extralimitándose la responsable en sus funciones, condenándolo a pagar una cantidad que no puede dar por ir más allá de sus posibilidades económicas. En principio, se precisa que el tema central que analizó el tribunal responsable de segunda instancia, consistió en resolver el monto por conceptos de alimentos provisionales que debe ministrar el quejoso (KEPLEER MARIO ALVARADO VALADEZ) a su menor hija (ANNETTE AILÍN ALVARADO HERNÁNDEZ), con base en los agravios directos que se formularon por la apelante aquí tercera interesada, contra la resolución interlocutoria de doce de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos en los autos del expediente 665/2015-1. Los antecedentes del juicio de origen son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles en Cuautla, Morelos, Kepleer Mario Alvarado Valadez, por propio derecho y representación de su menor hija, demandó a la ahora tercero interesada, la fijación de un régimen de convivencias con su menor hija, (fojas 2 a 6 del anexo VI); 2. Por razón de turno, correspondió conocer al Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, quien registró la demanda con el número 665/2015-1 y por auto de veintiséis de octubre de dos mil quince (fojas 8 a 11 anexo VI), la admitió a trámite y ordenó el emplazamiento de la demandada, decretándose además -a petición del actor- una pensión mensual por concepto de alimentos provisionales a su cargo, la suma de $2,103.00 dos mil ciento tres pesos 00/100 moneda nacional; 3. Emplazada la parte demandada (foja 28 a 31 anexo VI), contestó la demanda (fojas 41 a 51 anexo VI), en la que opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes y formuló acción reconvencional, que en su momento fue contestada por el actor en lo principal; 4. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (fojas 42 bis a 51del anexo V), la aquí tercero interesada, solicitó a la juzgadora del conocimiento, la modificación del monto de los alimentos provisionales a cargo de su adversario; 5. En proveído de once de noviembre de dos mil dieciséis, la juez de origen proveyó de conformidad tal solicitud, e incrementó al quantum de los alimentos provisionales a cargo del actor, por un monto de $4,206.00 cuatro mil doscientos seis pesos 00/100 m.n., mensuales, (fojas 52 a 53 anexo V); 6. En contra de dicho acuerdo, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, el aquí quejoso, instó juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado, quien lo registró con el número 2163/2016-V y por sentencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 42 a 44 del anexo V), decretó el sobreseimiento al estimar que el quejoso incumplió con el principio de definitividad, al no agotar -previamente a la interposición de la demanda de amparo- el recurso de revocación que prevé la ley procesal familiar de la materia; 7. Por auto de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se declaró que el fallo de previa referencia causó estado por falta de impugnación (foja 47 anexo V); 8. En forma concomitante, el tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1 a 7 del anexo IV), el actor en el juicio de origen (aquí quejoso), instó -ante el juez natural- incidente de reclamación en contra del proveído de once de noviembre de dos mil dieciséis; 9. Incidencia que se admitió a trámite por auto de tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 09 a 10 anexo IV), y agotado su cauce legal correspondiente, culminó con la interlocutoria de doce de junio del dos mil diecisiete (fojas 106 a 122 anexo IV), que declaró parcialmente procedente la pretensión del actor incidentista y redujo el monto de la pensión de alimentos provisionales que debía pagar, a la suma de $3,154.50 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.); 10. Inconforme con dicha resolución, Yanet Hernández Aguilar, instó recurso de apelación (fojas 126 y 127 anexo IV), por su parte, el accionante incidentista promovió apelación adhesiva (fojas 131 a 132 anexo IV); medios de impugnación de los cuales correspondió conocer a la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien los registró con el toca 284/2017-8 y por resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 144 a 158 anexo IV); confirmó el fallo apelado y declaró sin materia la apelación adhesiva. 11. En contra de dicho resolución, el aquí quejoso, instó juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió a este juzgado federal, el que se registró con el número 365/2018-V; por sentencia de quince de junio del dos mil dieciocho (fojas 59 a 65 anexo II), se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de fundara y motivara sobre la proporcionalidad y la necesidad de la menor de percibir alimentos establecido por el artículo 46 del Código Familiar del Estado de Morelos. 12. En cumplimiento a la determinación anterior, la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, emitió resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional (fojas 63 a 86 anexo I). En primer orden, como se adelantó, resultan inoperantes los conceptos de violación que formuló la parte quejosa, dado que su participación procesal en la segunda instancia de donde deriva el acto reclamado, se limitó a la interposición de una apelación adhesiva, cuyo objeto sólo tiende a mejorar las consideraciones vertidas en la sentencia de primer grado por considerarlas incorrectas o deficientes, sin que hubiese controvertido toralmente las consideraciones que ya subsistían desde la interlocutoria objeto de la apelación principal. En la parte conducente, apoya lo anterior la jurisprudencia localizable en la Novena Época, con registro 164850, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, en Materia Civil, Tesis 1ª./J. 122/2009, que señala: "APELACIÓN ADHESIVA. NO ES UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE DEBA INTERPONERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Atento al principio de definitividad en el juicio de garantías, deben agotarse los recursos y medios ordinarios de defensa que la ley establezca dentro del procedimiento por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones judiciales que sean dictadas. Ello hace del amparo el ulterior medio de defensa para la protección de los derechos fundamentales ante los actos de autoridad que se consideren inconstitucionales. Así, para efectos del juicio de amparo un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, es decir, en la ley que rija al acto reclamado, que tenga por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo; como lo es el recurso de apelación principal, el cual puede ser interpuesto tanto por la parte vencida en juicio como por aquella a quien le fue favorable el fallo para pedir la confirmación de la sentencia, su modificación o revocación. En ese sentido y tomando en cuenta que el recurso de apelación adhesiva sólo tiene por objeto mejorar las consideraciones vertidas en la sentencia de primer instancia por considerarlas incorrectas o deficientes, resulta inconcuso que el recurso referido no es un medio ordinario de defensa que deba interponerse en su contra previamente al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad." Bajo ese contexto, toda vez que el quejoso no interpuso formalmente un recurso (apelación) principal contra la resolución interlocutoria que se confirmó en el acto reclamado, se advierte una falta de agravios contra la resolución que fue analizada por el tribunal de alzada, la que fue favorable a sus intereses debido a la reducción del monto de la pensión que se fijó por alimentos provisional en favor de su menor de edad hija, lo que generó la inoperancia de los conceptos de violación que ahora vierte en este juicio de amparo, por constituir cuestiones novedosas en virtud de que no se propusieron los argumentos jurídicos vía agravios, previamente ante la autoridad responsable. Esta consideración encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia localizable en la Novena Época, con registro 169923, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, en Materia Común, Tesis 1ª./J. 12/2008, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2º. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." No obstante la deficiencia en la formulación de los conceptos de violación por parte del quejoso, no se advierte una afectación al orden y desarrollo de la familia, que justifique la suplencia de la queja deficiente; sin embargo, atendiendo a la materia de esta litis constitucional, en la cual se encuentra involucrada la situación jurídica de un menor de edad, es oportuno precisar las siguientes consideraciones jurídicas: Primeramente debe precisar que los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Lo anterior se traduce a que la suplencia de la queja es una institución cuya observancia este Juzgado Federal debe respetar; dicho así ésta no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues, opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad-como acontece en el caso en particular, pues al tratarse de alimentos a favor de un menor de edad debe estudiarse el acto-o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién promueva el juicio de amparo, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad. Apoyo a la anterior consideración, la tesis 1ª./J. 191/2005, de rubro "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, Mayo de 2006 de la Novena Época, visible en la página 167. El más alto Tribunal de Justicia del país ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. La obligación legal de proporcionar los alimentos descansa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa, obedece a que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deben recíproca asistencia; que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual, con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual tiene como propósito fundamental proporcionar a los familiares lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al acreedor alimentista los medios de vida suficientes, cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha considerado a los alimentos como de interés social y orden público. Tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LX, Cuarta Parte, Página 20, del contenido literal siguiente: "ALIMENTOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS CONCEDE, ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que los alimentos son de orden público, porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría al orden público y se afectaría al interés social. Los legisladores ordinarios regularon a los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso, en contra de la voluntad del propio titular, y les otorgó las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. Se precisó que en esta obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos; así, además se debe atender a estos dos principios fundamentales: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán de ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda, lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres, y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en ésta al cónyuge y demás que resulten beneficiarios conforme lo señala la ley sustantiva aplicable al caso en concreto. En el artículo 46 del Código Familiar para el Estado de Morelos, se estimó que el carácter proporcional que debe reunir una obligación alimenticia; de ahí que se señale que el juzgador al determinar el monto de una pensión alimenticia debe de estarse a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es: a la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos, basados principalmente en los principios éticos y humanos a que se hizo referencia en líneas anteriores, pues en toda determinación que se asuma al respecto, observando que se tratan de disposiciones de orden público e interés social, debe procurar se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. Entonces, si los alimentos cumplen una función social y tienen su fundamento en la solidaridad humana, este derecho debe recaer necesariamente en quienes carecen de lo necesario y se encuentran en ese estado de necesidad, y la obligación de otorgarlos sea en quienes tienen la posibilidad económica para satisfacerlos, sea en forma total o parcial. Por ende, una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente, acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle en la familia de la que forma parte; esto es, que si bien en tal asignación no debe existir procuración de lujos ni gastos superfluos, tampoco debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia del acreedor. Luego, conforme a las consideraciones preinsertas se puede establecer que el monto de la pensión alimenticia debe atender a diversas circunstancias, específicamente a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor; entendiendo por las primeras, tanto a las indispensables para su subsistencia como todo lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado. El artículo 43 del Código Familiar del Estado de Morelos, establece lo que comprenden los alimentos y dice textualmente: "ARTÍCULO 43. ALIMENTOS.- Los alimentos comprenden la casa, la comida, el vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia en caso de enfermedad, el esparcimiento, los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otra forma, los gastos necesarios para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Esta obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad del alimentista si éste se encuentre incapacitado para trabajar, y hasta los veinticinco años si el acreedor alimentista se encuentre estudiando y no cause baja, conforme al reglamento escolar, y que esta se curse en instituciones educativas que se encuentren en posibilidades de pagar los deudores alimentistas, siempre que los acreedores no cuenten con ingresos propios. En los mismos términos se entienden los alimentos respecto a los acreedores alimentarios a que se refiere el artículo 41 de este Ordenamiento. En el caso de los adultos mayores, cuando no tengan autosuficiencia económica, además de su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado." Por su parte, el artículo 46, del propio código, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 46. PROPORCIONALIDAD ALIMENTARIA. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. En caso de que la forma de subvenirlos sea de manera porcentual, para realizar la retención se tomará como base la totalidad de las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter legal." Este último precepto prevé la proporcionalidad del monto de los alimentos y de cuya interpretación surgieron los lineamientos que se deben observar para fijar el monto de la pensión alimenticia, antes sintetizados. En el caso, existe disposición expresa en el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Morelos que prevé esta situación, y que se encuentra contenida en el artículo 260 aplicable, que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, ésta última se acreditará, preferentemente, sólo con lo expuesto en la demanda. Cuando se soliciten por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Si se piden como medida provisional en un juicio de divorcio se señalarán y asegurarán los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos." Del precepto legal reproducido se advierte que la intención del legislador fue, entre otras, la consistente en que, en materia de alimentos, la obligación no se deje de cumplir en un afán de protección al acreedor. A la luz de ese marco normativo, se observa que el tribunal de alzada, dio cabal cumplimiento a las exigencias formales que están reguladas en los artículos 43 y 46 del Código Familiar del Estado de Morelos y 260 del código de Procedimientos Familiar del Estado de Morelos. En efecto, la Sala responsable adujó que del examen de los medios de prueba que hasta ese momento se incorporaron al expediente de origen, se tenía que la pensión decretada por el A quo era acorde a las necesidades de la menor (Annette Ailín Alvarado Hernández) y las posibilidades del obligado alimentario (Kepleer Mario Alvarado Valadez), como se advertía de las siguientes probanzas: Que la demandada (Yanet Hernández Aguilar) al contestar la demanda instaurada en su contra, presentó constancia de salud expedida por el Hospital "DR. RAFAEL BARBA OCAMPO" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a través de la Dra. Alma María Delgado Ortiz de nueve de febrero de dos mil dieciséis, donde hace contar que a la menor Alvarado Hernández Annette Ailiín, se le practicó examen de reconocimiento médico, encontrándose en la actualidad: "IDX: SINDROME DOWN TRISOMIA LIBRE, CARIOTIPO FEMENINO 47,XX+21 CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE FORAMEN OVAL RETRASO PSICOMOTOR CON TRANSTORNO DE LENGUAJE MIOPIA ASTIGMATISMO, RINITISALERGICA, ECCESA XEROTICO", documental que fue valorada en términos de los dispuesto por los artículos 341 y 405 del Código Procesal Familiar en vigor, concediéndole valor probatorio pleno al tratarse de una documental publica, teniendo eficacia probatoria para acreditar la especial necesidad de la menor, quien padece síndrome de Down. Órdenes de traslado a favor de la paciente (Alvarado Hernández Annette Ailín) de fechas diecisiete de noviembre de dos mil quince, ocho de enero y seis de mayo de dos mil dieciséis, la constancia de asistencia de diecinueve de noviembre del dos mil quince, cinco de septiembre de dos mil dieciséis, expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, documentales que valoró en términos de lo dispuesto por los artículos 341 y 405 del Código Procesal Familiar en vigor, teniéndolas con valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas, con eficacia probatoria para demostrar que la menor acude al "Centro Médico Nacional 20 de noviembre" en la ciudad de México a recibir consulta médica especializada. Siete recibos de pago expedidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Nacional, los cuales amparaban el pago de diversas cantidades por consulta médica y/o terapias de lenguaje, documentales valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 341 y 405 Código Procesal Familiar en vigor, el cual otorgo valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas que tienen eficacia probatoria para demostrar el pago de terapias de leguaje y consulta médica en dicha institución pública, como parte de las especiales necesidades de la menor involucrada, mismas que tiene un costo promedio de $55.42 (cincuenta y cinco pesos 42/100 moneda nacional). Siete recibos de pago de vigilancia nocturna de fechas, trece y veinte de diciembre de dos mil quince, diez, diecisiete veinticuatro y treinta y uno de enero; siete de febrero y veintiocho de agosto todos del dos mil dieciséis. Documentales que valoró en términos de lo establecido por los artículos 346 y 403 del Código Procesal Familiar vigente, con valor de indicio probatorio para acreditar que la demandada cubre el monto de $20.00 (veinte pesos 00/100 moneda nacional) semanales por vigilancia nocturna lo que significaba que mensualmente paga $80.00 (ochenta pesos 00/100 moneda nacional). por ese servicio. Recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad por el periodo de dos de octubre al treinta de noviembre de dos mil quince a nombre de Hernández Aguilar Yaneth, documental que valoró en términos de lo dispuesto por los artículos 341 y 405 del Código Procesal Familiar, además de que tenían valor probatorio con eficacia probatoria para demostrar el pago de la cantidad de $243.00 (doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) bimestrales por el servicio de energía eléctrica del inmueble en que habita la menor al lado de su señora madre, lo que implicaba que mensualmente se cubriera el promedio de $121.00 (ciento veintiún pesos 00/100 moneda nacional) por ese servicio. Dos notas de venta de soniGas que amparan el pago de las siguientes cantidades: $294.20 y $574.20, las cuales la primera, no fue expedida a favor de persona alguna, y la segunda, si fue expedida a nombre de Yanet Herdz. por lo que sirven de presunción para conocer los montos que por dicho concepto eroga la demandada, ello en términos de los previsto por el numeral 403 de la ley adjetiva familiar vigente y que en promedio asciende a la cantidad de $287.00 pesos mensuales. Tres recibos de pago expedidos por CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. a nombre de Yanet Hernández Aguilar de fecha diez de diciembre de dos mil quince, veinticinco de enero y veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, documentales privadas que adujo eran aptas para acreditar que la demandada cubre la suma de $695.00 (seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N. por concepto de los servicios que tiene contratados con dicha empresa. Adujo la responsable que a efecto de acreditar las demás necesidades la demandada ofreció 67 tickets de compra y vouchers de pago en diversos establecimientos comerciales como Sam´s club, Walmart, Mega, Farmacias del Ahorro, Abarrotes Sandra II, Oxxo Shasa, Bershka, Abarrotera Canario, Panificadora Insurgentes, Bodega Aurrera, Rosticeria Jazmin, Moles Casa Reyes, Abarrotes Fuentes, Operadora Vips que amparan el pago de diversas cantidades. Precisó que, si bien los tickets o vouchers de pago no fueron expedidos a favor de la madre del menor, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 403 del Código Procesal Familiar vigente servían de presunción para conocer las erogaciones que realiza la demandada por concepto de alimentos, de esos comprobantes se advertía la compra de comida, medicamentos, artículos de limpieza, ropa, artículos de higiene personal, el pago por consumo de alimentos en restaurantes, pago de gasolina etc. De igual forma, tomó en cuenta la suma de los importes que amparaban los 67 tickets y/o vouchers de pago daban la cantidad de $13,544.68 (trece mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 68/100 moneda nacional) que esos gastos eran erogados la mayoría en seis meses, los meses de marzo, julio, septiembre y octubre existía un ticket de pago, teniendo un promedio mensual de gastos alimentarios de la acreedora alimentaria y su señora madre de $2,257,44 (dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 44/100 moneda nacional), por consiguiente, el cincuenta por ciento (50%) del mencionado monto le correspondía a la menor Annette Ailín Alvarado Hernández, por la cantidad de $1,128.72 (un mil ciento veintiocho pesos 72/100 moneda nacional). También, se valoró la diversa documental consistente en la constancia por el Coordinador de la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah de cinco de septiembre de dos mil quince, donde se hace constar que la niña Annette Ailin Alvarado Hernández, asiste martes y jueves de cada semana al programa de equinoterapia que imparte esa fundación y que cubre un donativo de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por sesión, lo que implicaba que mensualmente erogaba la cantidad aproximada de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por dichas terapias. Por cuanto a la capacidad económica del obligado alimentario Kepleer Mario Alvarado Valadez, del examen de las constancias de autos, hasta ese momento procesal señaló que los ingresos del deudor no estaban plenamente acreditados, puesto que si bien al promover la reclamación anexó a su demanda incidental la constancia de dos de mayo de dos mil diecisiete, expedida por el apoderado legal de Grupo Prosur, S.A. de C.V., donde este último refirió que el deudor alimentario, trabaja para esa empresa desde el uno de marzo del año anterior, como Auxiliar de Supervisión de obra foránea, y tiene un salario asignado de $5,000,00 (cinco mil pesos 00 /100 M.N.), documental privada que al no haber sido perfeccionada se le concedió valor de indicio probatorio; sin embargo, adujo que en diligencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, al desahogar la prueba confesional ofrecida a su cargo, específicamente al responder a la posición siete, confesó que tiene compañeros que trabajan en bienes raíces que le dan a veces terrenos a vender y en ocasiones puede llegar a tener comisión, lo cual se corroboró con lo declarado por el propio deudor al dar contestación a la interrogante treinta y cuatro de la declaración de parte, al señalar que es comisionista de terrenos y auxiliar de topografía, de ahí que atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia como lo establece el artículo 404 del Código Procesal Familiar, se llegó a la convicción de que el obligado alimentario tiene ingresos superiores a los que recibe por los servicios que presta en la empresa denominada "Grupo Prosur S.A. de C,V., puesto que en las pruebas confesional y declaración de parte ofrecidas a su cargo desahogadas en la audiencia incidental, admitió que también se desempeñaba como comisionista de terrenos y que por esa actividad en ocasiones tiene comisiones, lo que permite válidamente presumir que efectivamente su desempeño como corredor de bienes raíces le reditúa ganancias económicas que se sumas a los ingresos que obtiene de su actividad renumerada como empleado de la persona moral "Grupo Prosur, S.A. de C.V. Igualmente, la Sala responsable consideró que los gastos que erogaba mensualmente la menor Annette Ailin Alvarado Hernández hasta ese momento quedando acreditados y eran los siguientes: Concepto importe Donativo Equinoterapia $ 2,000.00 Terapias DIF Nacional $ 56.00 Comida, supermercado medicamentos $1,128.72 Vigilancia nocturna (aquí únicamente se toma en cuenta el cincuenta por ciento del promedio mensual) $ 347.50 Energía eléctrica (aquí únicamente se toma en cuenta el cincuenta por ciento del promedio mensual) $ 56.00 SoniGas (aquí únicamente se toma en cuenta el cincuenta por ciento del promedio mensual) $ 147.00 Montos que sumados equivalían a la cantidad de $3,775.22 (tres mil setecientos setenta y cinco pesos 22/100 M.N.) y que dividida entre dos obligados alimentarios, se obtenía la suma de $1,887.61 (un mil ochocientos ochenta y siete pesos 61/100 M.N.); aduciendo que también debían ser considerados otros gastos, que si bien hasta ese momento procesal no se habían acreditado, sí se generan como son: la colegiatura de la institución educativa a donde asiste la menor, los gastos de transporte, el pago por el servicio de agua potable y los gastos de esparcimiento; consecuentemente, atendiendo al principio de proporcionalidad establecido en el numeral 46 del Código Familiar vigente, se concluyó que era legal, justa y equitativa la medida provisional de origen en la interlocutoria materia de alzada, la que asciende a la cantidad de $3,154,50 (tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) mensuales, a cargo del deudor alimentista Kepleer Mario Alvarado Valadez, porque con esa cantidad se pagan los gastos de rubros ya precisados comida medicamentos equinoterapias, terapias de leguaje, servicios de energía eléctrica, gas, televisión por cable y además, queda un excedente que permite cubrir las erogaciones que si bien no estaban acreditadas sí se generaban. De lo anterior se obtiene que, en el acto reclamado, se confirmó que el hoy quejoso debía pagar a favor de su menor hija, la cantidad de $3,154.50 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) al mes, por concepto de alimentos provisionales; conclusión a la cual arribó la Sala responsable, al señalar que la ponderación de los medios de prueba existentes en autos por parte de la juzgadora de origen había sido correcta; esto es, quedó evidenciada una correcta valoración de diversas documentales con las que primeramente se establecieron las condiciones de salud de la menor de edad, quien por su padecimiento de síndrome de Down, se acreditó la atención especializada y terapias que requiere; además, se pudo observar que existían diversas documentales con las que se acreditaron los gastos más elementales para la subsistencia de ésta; desde luego, también quedó acreditada la capacidad económica del deudor alimentario, apreciándose que percibe ingresos de dos fuentes de trabajo, acorde a su propia confesión. En ese contexto, se fundó y motivó correctamente el actuar del tribunal de alzada, al esgrimir las razones jurídicas por las cuales se llegó al convencimiento de que ese monto satisface las exigencias sustentadas en la necesidad y la proporcionalidad, contenidas en el artículo 46 del Código Familiar del Estado de Morelos. Fijó el porcentaje en alusión, estableciendo cuáles eran las necesidades de la acreedora, frente a las posibilidades económicas del deudor; lo que se estima correcto a efecto de cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad de los alimentos, desde luego, atendiendo a los elementos de convicción aportados en el sumario de origen, observándose los principios de proporcionalidad y necesidad, estableciendo los motivos por los cuales, en el monto fijado, se respetaron esos principios. Emitiendo la responsable una mención de los conceptos o rubros que la menor requiere, precisando qué cantidad aproximada requería para cada uno de esos rubros que precisó, esto es, a cuánto ascienden en forma individual y en forma global, para así concluir con claridad por qué motivo era de confirmarse el monto fijado por la resolutora de primer conocimiento; por ende, fue correcto que validara la legalidad de la resolución de primer grado, en la que el juzgador tomó aspectos básicos que debe comprender el concepto de una vida digna y decorosa, atendiendo a las circunstancias especiales del caso concreto. En esos términos, el actuar de la Sala responsable cumple con la fundamentación y motivación sobre la proporcionalidad, y la necesidad de la menor de percibir alimentos establecidos por el artículo 46 del Código Familiar del Estado de Morelos. Consecuentemente, al ser inoperantes los conceptos de violación, y no advertir queja qué suplir que pueda beneficiar a la menos de edad beneficiaria de la pensión alimenticia, se procede a negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE a por KEPPLEER MARIO ALVARADO VALADEZ, contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1386/2018-II, promovido por KEPLEER MARIO ALVARADO VALADEZ, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al día siguiente a este Juzgado Federal KEPLEER MARIO ALVARADO VALADEZ, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se formó el expediente 1386/2018, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se emplazó al tercero interesado y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca,ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, se aprecia que a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se le reclama la resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho, emitida en los autos del toca civil 284/2017-8-3, con motivo del recurso de apelación y la adhesión al mismo, hechos valer por la parte demandada y la parte actora (quejoso) respectivamente; asunto en el que se confirmó la interlocutoria de doce de junio del dos mil diecisiete, que declaró parcialmente procedente la pretensión del actor incidentista y redujo el monto de la pensión de alimentos provisionales que debía pagar, a la suma de $3,154.50 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.); asimismo, se declaró sin materia la apelación adhesiva. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del toca civil 284/2017-8-3 (anexos I al VI); documento público que al ser expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Al no advertirse que se actualice ninguna causal de improcedencia hecha valer por las partes ni que se actualice de oficio, es procedente realizar el análisis acerca de la constitucionalidad del acto reclamado. Son inoperantes los conceptos de violación de la parte quejosa, sin que en este caso se actualice la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. La parte quejosa esgrime los siguientes conceptos de violación: Que se violan en su perjuicio los artículos 1°,14 y 16 Constitucionales, transgrediendo sus derechos fundamentales de debido proceso, certeza jurídica, seguridad jurídica, legalidad y audiencia, pasando por alto las reglas esenciales del procedimiento previamente establecidas y los artículos 46 y 49 del Código Familiar del Estado de Morelos y 260 del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, ya que tomó en cuenta pruebas que deben ser estudiadas, analizadas y valoradas al momento de dictar la sentencia correspondiente y no de manera arbitraria e ilegal. Que la pensión alimenticia debe ser proporcional a las posibilidades del que deba darla, en el caso concreto del quejoso (Kepleer Mario Alvarado Valadez), pero también de acuerdo a quien deba recibirlos, y también que la necesidad esté legalmente demostrada sin duda ni reticencia. Que la resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se emitió sin apegarse de manera estricta y legal a los lineamientos del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos, respecto a la valoración de la prueba, como lo expresan los artículos 404 y 405 del mencionado ordenamiento, ya que concedió valor a hechos y cuestiones que Yanet Hernández Aguilar nunca acreditó, infiriendo o presumiendo que esos gastos sí se generan y del cúmulo de pruebas aportadas por su contraparte, específicamente las documentales que supuestamente acreditan gastos que eroga su menor hija (Annette Ailín Alvarado Hernández), arrojan la cantidad de $3,775,22 (tres mil setecientos setenta y cinco pesos 22/100 moneda nacional) mensualmente, sin que se acreditara que tuviera los ingresos suficientes, para otorgar a su menor hija la cantidad fijada de $3,154,50 (tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), al no haber prueba alguna con la cual soportara lo que manifestó la autoridad responsable, consistente en que se otorgara de manera mensual por concepto de pensión alimenticia, esa cantidad, extralimitándose la responsable en sus funciones, condenándolo a pagar una cantidad que no puede dar por ir más allá de sus posibilidades económicas. En principio, se precisa que el tema central que analizó el tribunal responsable de segunda instancia, consistió en resolver el monto por conceptos de alimentos provisionales que debe ministrar el quejoso (KEPLEER MARIO ALVARADO VALADEZ) a su menor hija (ANNETTE AILÍN ALVARADO HERNÁNDEZ), con base en los agravios directos que se formularon por la apelante aquí tercera interesada, contra la resolución interlocutoria de doce de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos en los autos del expediente 665/2015-1. Los antecedentes del juicio de origen son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles en Cuautla, Morelos, Kepleer Mario Alvarado Valadez, por propio derecho y representación de su menor hija, demandó a la ahora tercero interesada, la fijación de un régimen de convivencias con su menor hija, (fojas 2 a 6 del anexo VI); 2. Por razón de turno, correspondió conocer al Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, quien registró la demanda con el número 665/2015-1 y por auto de veintiséis de octubre de dos mil quince (fojas 8 a 11 anexo VI), la admitió a trámite y ordenó el emplazamiento de la demandada, decretándose además -a petición del actor- una pensión mensual por concepto de alimentos provisionales a su cargo, la suma de $2,103.00 dos mil ciento tres pesos 00/100 moneda nacional; 3. Emplazada la parte demandada (foja 28 a 31 anexo VI), contestó la demanda (fojas 41 a 51 anexo VI), en la que opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes y formuló acción reconvencional, que en su momento fue contestada por el actor en lo principal; 4. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (fojas 42 bis a 51del anexo V), la aquí tercero interesada, solicitó a la juzgadora del conocimiento, la modificación del monto de los alimentos provisionales a cargo de su adversario; 5. En proveído de once de noviembre de dos mil dieciséis, la juez de origen proveyó de conformidad tal solicitud, e incrementó al quantum de los alimentos provisionales a cargo del actor, por un monto de $4,206.00 cuatro mil doscientos seis pesos 00/100 m.n., mensuales, (fojas 52 a 53 anexo V); 6. En contra de dicho acuerdo, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, el aquí quejoso, instó juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado, quien lo registró con el número 2163/2016-V y por sentencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 42 a 44 del anexo V), decretó el sobreseimiento al estimar que el quejoso incumplió con el principio de definitividad, al no agotar -previamente a la interposición de la demanda de amparo- el recurso de revocación que prevé la ley procesal familiar de la materia; 7. Por auto de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se declaró que el fallo de previa referencia causó estado por falta de impugnación (foja 47 anexo V); 8. En forma concomitante, el tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1 a 7 del anexo IV), el actor en el juicio de origen (aquí quejoso), instó -ante el juez natural- incidente de reclamación en contra del proveído de once de noviembre de dos mil dieciséis; 9. Incidencia que se admitió a trámite por auto de tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 09 a 10 anexo IV), y agotado su cauce legal correspondiente, culminó con la interlocutoria de doce de junio del dos mil diecisiete (fojas 106 a 122 anexo IV), que declaró parcialmente procedente la pretensión del actor incidentista y redujo el monto de la pensión de alimentos provisionales que debía pagar, a la suma de $3,154.50 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.); 10. Inconforme con dicha resolución, Yanet Hernández Aguilar, instó recurso de apelación (fojas 126 y 127 anexo IV), por su parte, el accionante incidentista promovió apelación adhesiva (fojas 131 a 132 anexo IV); medios de impugnación de los cuales correspondió conocer a la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien los registró con el toca 284/2017-8 y por resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 144 a 158 anexo IV); confirmó el fallo apelado y declaró sin materia la apelación adhesiva. 11. En contra de dicho resolución, el aquí quejoso, instó juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió a este juzgado federal, el que se registró con el número 365/2018-V; por sentencia de quince de junio del dos mil dieciocho (fojas 59 a 65 anexo II), se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de fundara y motivara sobre la proporcionalidad y la necesidad de la menor de percibir alimentos establecido por el artículo 46 del Código Familiar del Estado de Morelos. 12. En cumplimiento a la determinación anterior, la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, emitió resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional (fojas 63 a 86 anexo I). En primer orden, como se adelantó, resultan inoperantes los conceptos de violación que formuló la parte quejosa, dado que su participación procesal en la segunda instancia de donde deriva el acto reclamado, se limitó a la interposición de una apelación adhesiva, cuyo objeto sólo tiende a mejorar las consideraciones vertidas en la sentencia de primer grado por considerarlas incorrectas o deficientes, sin que hubiese controvertido toralmente las consideraciones que ya subsistían desde la interlocutoria objeto de la apelación principal. En la parte conducente, apoya lo anterior la jurisprudencia localizable en la Novena Época, con registro 164850, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, en Materia Civil, Tesis 1ª./J. 122/2009, que señala: "APELACIÓN ADHESIVA. NO ES UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE DEBA INTERPONERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Atento al principio de definitividad en el juicio de garantías, deben agotarse los recursos y medios ordinarios de defensa que la ley establezca dentro del procedimiento por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones judiciales que sean dictadas. Ello hace del amparo el ulterior medio de defensa para la protección de los derechos fundamentales ante los actos de autoridad que se consideren inconstitucionales. Así, para efectos del juicio de amparo un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, es decir, en la ley que rija al acto reclamado, que tenga por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo; como lo es el recurso de apelación principal, el cual puede ser interpuesto tanto por la parte vencida en juicio como por aquella a quien le fue favorable el fallo para pedir la confirmación de la sentencia, su modificación o revocación. En ese sentido y tomando en cuenta que el recurso de apelación adhesiva sólo tiene por objeto mejorar las consideraciones vertidas en la sentencia de primer instancia por considerarlas incorrectas o deficientes, resulta inconcuso que el recurso referido no es un medio ordinario de defensa que deba interponerse en su contra previamente al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad." Bajo ese contexto, toda vez que el quejoso no interpuso formalmente un recurso (apelación) principal contra la resolución interlocutoria que se confirmó en el acto reclamado, se advierte una falta de agravios contra la resolución que fue analizada por el tribunal de alzada, la que fue favorable a sus intereses debido a la reducción del monto de la pensión que se fijó por alimentos provisional en favor de su menor de edad hija, lo que generó la inoperancia de los conceptos de violación que ahora vierte en este juicio de amparo, por constituir cuestiones novedosas en virtud de que no se propusieron los argumentos jurídicos vía agravios, previamente ante la autoridad responsable. Esta consideración encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia localizable en la Novena Época, con registro 169923, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, en Materia Común, Tesis 1ª./J. 12/2008, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2º. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." No obstante la deficiencia en la formulación de los conceptos de violación por parte del quejoso, no se advierte una afectación al orden y desarrollo de la familia, que justifique la suplencia de la queja deficiente; sin embargo, atendiendo a la materia de esta litis constitucional, en la cual se encuentra involucrada la situación jurídica de un menor de edad, es oportuno precisar las siguientes consideraciones jurídicas: Primeramente debe precisar que los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Lo anterior se traduce a que la suplencia de la queja es una institución cuya observancia este Juzgado Federal debe respetar; dicho así ésta no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues, opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad-como acontece en el caso en particular, pues al tratarse de alimentos a favor de un menor de edad debe estudiarse el acto-o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién promueva el juicio de amparo, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad. Apoyo a la anterior consideración, la tesis 1ª./J. 191/2005, de rubro "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, Mayo de 2006 de la Novena Época, visible en la página 167. El más alto Tribunal de Justicia del país ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. La obligación legal de proporcionar los alimentos descansa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa, obedece a que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deben recíproca asistencia; que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual, con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual tiene como propósito fundamental proporcionar a los familiares lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al acreedor alimentista los medios de vida suficientes, cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha considerado a los alimentos como de interés social y orden público. Tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LX, Cuarta Parte, Página 20, del contenido literal siguiente: "ALIMENTOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS CONCEDE, ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que los alimentos son de orden público, porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría al orden público y se afectaría al interés social. Los legisladores ordinarios regularon a los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso, en contra de la voluntad del propio titular, y les otorgó las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. Se precisó que en esta obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos; así, además se debe atender a estos dos principios fundamentales: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán de ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda, lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres, y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en ésta al cónyuge y demás que resulten beneficiarios conforme lo señala la ley sustantiva aplicable al caso en concreto. En el artículo 46 del Código Familiar para el Estado de Morelos, se estimó que el carácter proporcional que debe reunir una obligación alimenticia; de ahí que se señale que el juzgador al determinar el monto de una pensión alimenticia debe de estarse a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es: a la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos, basados principalmente en los principios éticos y humanos a que se hizo referencia en líneas anteriores, pues en toda determinación que se asuma al respecto, observando que se tratan de disposiciones de orden público e interés social, debe procurar se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. Entonces, si los alimentos cumplen una función social y tienen su fundamento en la solidaridad humana, este derecho debe recaer necesariamente en quienes carecen de lo necesario y se encuentran en ese estado de necesidad, y la obligación de otorgarlos sea en quienes tienen la posibilidad económica para satisfacerlos, sea en forma total o parcial. Por ende, una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente, acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle en la familia de la que forma parte; esto es, que si bien en tal asignación no debe existir procuración de lujos ni gastos superfluos, tampoco debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia del acreedor. Luego, conforme a las consideraciones preinsertas se puede establecer que el monto de la pensión alimenticia debe atender a diversas circunstancias, específicamente a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor; entendiendo por las primeras, tanto a las indispensables para su subsistencia como todo lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado. El artículo 43 del Código Familiar del Estado de Morelos, establece lo que comprenden los alimentos y dice textualmente: "ARTÍCULO 43. ALIMENTOS.- Los alimentos comprenden la casa, la comida, el vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia en caso de enfermedad, el esparcimiento, los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otra forma, los gastos necesarios para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Esta obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad del alimentista si éste se encuentre incapacitado para trabajar, y hasta los veinticinco años si el acreedor alimentista se encuentre estudiando y no cause baja, conforme al reglamento escolar, y que esta se curse en instituciones educativas que se encuentren en posibilidades de pagar los deudores alimentistas, siempre que los acreedores no cuenten con ingresos propios. En los mismos términos se entienden los alimentos respecto a los acreedores alimentarios a que se refiere el artículo 41 de este Ordenamiento. En el caso de los adultos mayores, cuando no tengan autosuficiencia económica, además de su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado." Por su parte, el artículo 46, del propio código, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 46. PROPORCIONALIDAD ALIMENTARIA. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. En caso de que la forma de subvenirlos sea de manera porcentual, para realizar la retención se tomará como base la totalidad de las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter legal." Este último precepto prevé la proporcionalidad del monto de los alimentos y de cuya interpretación surgieron los lineamientos que se deben observar para fijar el monto de la pensión alimenticia, antes sintetizados. En el caso, existe disposición expresa en el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Morelos que prevé esta situación, y que se encuentra contenida en el artículo 260 aplicable, que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, ésta última se acreditará, preferentemente, sólo con lo expuesto en la demanda. Cuando se soliciten por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Si se piden como medida provisional en un juicio de divorcio se señalarán y asegurarán los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos." Del precepto legal reproducido se advierte que la intención del legislador fue, entre otras, la consistente en que, en materia de alimentos, la obligación no se deje de cumplir en un afán de protección al acreedor. A la luz de ese marco normativo, se observa que el tribunal de alzada, dio cabal cumplimiento a las exigencias formales que están reguladas en los artículos 43 y 46 del Código Familiar del Estado de Morelos y 260 del código de Procedimientos Familiar del Estado de Morelos. En efecto, la Sala responsable adujó que del examen de los medios de prueba que hasta ese momento se incorporaron al expediente de origen, se tenía que la pensión decretada por el A quo era acorde a las necesidades de la menor (Annette Ailín Alvarado Hernández) y las posibilidades del obligado alimentario (Kepleer Mario Alvarado Valadez), como se advertía de las siguientes probanzas: Que la demandada (Yanet Hernández Aguilar) al contestar la demanda instaurada en su contra, presentó constancia de salud expedida por el Hospital "DR. RAFAEL BARBA OCAMPO" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a través de la Dra. Alma María Delgado Ortiz de nueve de febrero de dos mil dieciséis, donde hace contar que a la menor Alvarado Hernández Annette Ailiín, se le practicó examen de reconocimiento médico, encontrándose en la actualidad: "IDX: SINDROME DOWN TRISOMIA LIBRE, CARIOTIPO FEMENINO 47,XX+21 CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE FORAMEN OVAL RETRASO PSICOMOTOR CON TRANSTORNO DE LENGUAJE MIOPIA ASTIGMATISMO, RINITISALERGICA, ECCESA XEROTICO", documental que fue valorada en términos de los dispuesto por los artículos 341 y 405 del Código Procesal Familiar en vigor, concediéndole valor probatorio pleno al tratarse de una documental publica, teniendo eficacia probatoria para acreditar la especial necesidad de la menor, quien padece síndrome de Down. Órdenes de traslado a favor de la paciente (Alvarado Hernández Annette Ailín) de fechas diecisiete de noviembre de dos mil quince, ocho de enero y seis de mayo de dos mil dieciséis, la constancia de asistencia de diecinueve de noviembre del dos mil quince, cinco de septiembre de dos mil dieciséis, expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, documentales que valoró en términos de lo dispuesto por los artículos 341 y 405 del Código Procesal Familiar en vigor, teniéndolas con valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas, con eficacia probatoria para demostrar que la menor acude al "Centro Médico Nacional 20 de noviembre" en la ciudad de México a recibir consulta médica especializada. Siete recibos de pago expedidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Nacional, los cuales amparaban el pago de diversas cantidades por consulta médica y/o terapias de lenguaje, documentales valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 341 y 405 Código Procesal Familiar en vigor, el cual otorgo valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas que tienen eficacia probatoria para demostrar el pago de terapias de leguaje y consulta médica en dicha institución pública, como parte de las especiales necesidades de la menor involucrada, mismas que tiene un costo promedio de $55.42 (cincuenta y cinco pesos 42/100 moneda nacional). Siete recibos de pago de vigilancia nocturna de fechas, trece y veinte de diciembre de dos mil quince, diez, diecisiete veinticuatro y treinta y uno de enero; siete de febrero y veintiocho de agosto todos del dos mil dieciséis. Documentales que valoró en términos de lo establecido por los artículos 346 y 403 del Código Procesal Familiar vigente, con valor de indicio probatorio para acreditar que la demandada cubre el monto de $20.00 (veinte pesos 00/100 moneda nacional) semanales por vigilancia nocturna lo que significaba que mensualmente paga $80.00 (ochenta pesos 00/100 moneda nacional). por ese servicio. Recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad por el periodo de dos de octubre al treinta de noviembre de dos mil quince a nombre de Hernández Aguilar Yaneth, documental que valoró en términos de lo dispuesto por los artículos 341 y 405 del Código Procesal Familiar, además de que tenían valor probatorio con eficacia probatoria para demostrar el pago de la cantidad de $243.00 (doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) bimestrales por el servicio de energía eléctrica del inmueble en que habita la menor al lado de su señora madre, lo que implicaba que mensualmente se cubriera el promedio de $121.00 (ciento veintiún pesos 00/100 moneda nacional) por ese servicio. Dos notas de venta de soniGas que amparan el pago de las siguientes cantidades: $294.20 y $574.20, las cuales la primera, no fue expedida a favor de persona alguna, y la segunda, si fue expedida a nombre de Yanet Herdz. por lo que sirven de presunción para conocer los montos que por dicho concepto eroga la demandada, ello en términos de los previsto por el numeral 403 de la ley adjetiva familiar vigente y que en promedio asciende a la cantidad de $287.00 pesos mensuales. Tres recibos de pago expedidos por CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. a nombre de Yanet Hernández Aguilar de fecha diez de diciembre de dos mil quince, veinticinco de enero y veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, documentales privadas que adujo eran aptas para acreditar que la demandada cubre la suma de $695.00 (seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N. por concepto de los servicios que tiene contratados con dicha empresa. Adujo la responsable que a efecto de acreditar las demás necesidades la demandada ofreció 67 tickets de compra y vouchers de pago en diversos establecimientos comerciales como Sam´s club, Walmart, Mega, Farmacias del Ahorro, Abarrotes Sandra II, Oxxo Shasa, Bershka, Abarrotera Canario, Panificadora Insurgentes, Bodega Aurrera, Rosticeria Jazmin, Moles Casa Reyes, Abarrotes Fuentes, Operadora Vips que amparan el pago de diversas cantidades. Precisó que, si bien los tickets o vouchers de pago no fueron expedidos a favor de la madre del menor, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 403 del Código Procesal Familiar vigente servían de presunción para conocer las erogaciones que realiza la demandada por concepto de alimentos, de esos comprobantes se advertía la compra de comida, medicamentos, artículos de limpieza, ropa, artículos de higiene personal, el pago por consumo de alimentos en restaurantes, pago de gasolina etc. De igual forma, tomó en cuenta la suma de los importes que amparaban los 67 tickets y/o vouchers de pago daban la cantidad de $13,544.68 (trece mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 68/100 moneda nacional) que esos gastos eran erogados la mayoría en seis meses, los meses de marzo, julio, septiembre y octubre existía un ticket de pago, teniendo un promedio mensual de gastos alimentarios de la acreedora alimentaria y su señora madre de $2,257,44 (dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 44/100 moneda nacional), por consiguiente, el cincuenta por ciento (50%) del mencionado monto le correspondía a la menor Annette Ailín Alvarado Hernández, por la cantidad de $1,128.72 (un mil ciento veintiocho pesos 72/100 moneda nacional). También, se valoró la diversa documental consistente en la constancia por el Coordinador de la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah de cinco de septiembre de dos mil quince, donde se hace constar que la niña Annette Ailin Alvarado Hernández, asiste martes y jueves de cada semana al programa de equinoterapia que imparte esa fundación y que cubre un donativo de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por sesión, lo que implicaba que mensualmente erogaba la cantidad aproximada de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por dichas terapias. Por cuanto a la capacidad económica del obligado alimentario Kepleer Mario Alvarado Valadez, del examen de las constancias de autos, hasta ese momento procesal señaló que los ingresos del deudor no estaban plenamente acreditados, puesto que si bien al promover la reclamación anexó a su demanda incidental la constancia de dos de mayo de dos mil diecisiete, expedida por el apoderado legal de Grupo Prosur, S.A. de C.V., donde este último refirió que el deudor alimentario, trabaja para esa empresa desde el uno de marzo del año anterior, como Auxiliar de Supervisión de obra foránea, y tiene un salario asignado de $5,000,00 (cinco mil pesos 00 /100 M.N.), documental privada que al no haber sido perfeccionada se le concedió valor de indicio probatorio; sin embargo, adujo que en diligencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, al desahogar la prueba confesional ofrecida a su cargo, específicamente al responder a la posición siete, confesó que tiene compañeros que trabajan en bienes raíces que le dan a veces terrenos a vender y en ocasiones puede llegar a tener comisión, lo cual se corroboró con lo declarado por el propio deudor al dar contestación a la interrogante treinta y cuatro de la declaración de parte, al señalar que es comisionista de terrenos y auxiliar de topografía, de ahí que atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia como lo establece el artículo 404 del Código Procesal Familiar, se llegó a la convicción de que el obligado alimentario tiene ingresos superiores a los que recibe por los servicios que presta en la empresa denominada "Grupo Prosur S.A. de C,V., puesto que en las pruebas confesional y declaración de parte ofrecidas a su cargo desahogadas en la audiencia incidental, admitió que también se desempeñaba como comisionista de terrenos y que por esa actividad en ocasiones tiene comisiones, lo que permite válidamente presumir que efectivamente su desempeño como corredor de bienes raíces le reditúa ganancias económicas que se sumas a los ingresos que obtiene de su actividad renumerada como empleado de la persona moral "Grupo Prosur, S.A. de C.V. Igualmente, la Sala responsable consideró que los gastos que erogaba mensualmente la menor Annette Ailin Alvarado Hernández hasta ese momento quedando acreditados y eran los siguientes: Concepto importe Donativo Equinoterapia $ 2,000.00 Terapias DIF Nacional $ 56.00 Comida, supermercado medicamentos $1,128.72 Vigilancia nocturna (aquí únicamente se toma en cuenta el cincuenta por ciento del promedio mensual) $ 347.50 Energía eléctrica (aquí únicamente se toma en cuenta el cincuenta por ciento del promedio mensual) $ 56.00 SoniGas (aquí únicamente se toma en cuenta el cincuenta por ciento del promedio mensual) $ 147.00 Montos que sumados equivalían a la cantidad de $3,775.22 (tres mil setecientos setenta y cinco pesos 22/100 M.N.) y que dividida entre dos obligados alimentarios, se obtenía la suma de $1,887.61 (un mil ochocientos ochenta y siete pesos 61/100 M.N.); aduciendo que también debían ser considerados otros gastos, que si bien hasta ese momento procesal no se habían acreditado, sí se generan como son: la colegiatura de la institución educativa a donde asiste la menor, los gastos de transporte, el pago por el servicio de agua potable y los gastos de esparcimiento; consecuentemente, atendiendo al principio de proporcionalidad establecido en el numeral 46 del Código Familiar vigente, se concluyó que era legal, justa y equitativa la medida provisional de origen en la interlocutoria materia de alzada, la que asciende a la cantidad de $3,154,50 (tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) mensuales, a cargo del deudor alimentista Kepleer Mario Alvarado Valadez, porque con esa cantidad se pagan los gastos de rubros ya precisados comida medicamentos equinoterapias, terapias de leguaje, servicios de energía eléctrica, gas, televisión por cable y además, queda un excedente que permite cubrir las erogaciones que si bien no estaban acreditadas sí se generaban. De lo anterior se obtiene que, en el acto reclamado, se confirmó que el hoy quejoso debía pagar a favor de su menor hija, la cantidad de $3,154.50 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) al mes, por concepto de alimentos provisionales; conclusión a la cual arribó la Sala responsable, al señalar que la ponderación de los medios de prueba existentes en autos por parte de la juzgadora de origen había sido correcta; esto es, quedó evidenciada una correcta valoración de diversas documentales con las que primeramente se establecieron las condiciones de salud de la menor de edad, quien por su padecimiento de síndrome de Down, se acreditó la atención especializada y terapias que requiere; además, se pudo observar que existían diversas documentales con las que se acreditaron los gastos más elementales para la subsistencia de ésta; desde luego, también quedó acreditada la capacidad económica del deudor alimentario, apreciándose que percibe ingresos de dos fuentes de trabajo, acorde a su propia confesión. En ese contexto, se fundó y motivó correctamente el actuar del tribunal de alzada, al esgrimir las razones jurídicas por las cuales se llegó al convencimiento de que ese monto satisface las exigencias sustentadas en la necesidad y la proporcionalidad, contenidas en el artículo 46 del Código Familiar del Estado de Morelos. Fijó el porcentaje en alusión, estableciendo cuáles eran las necesidades de la acreedora, frente a las posibilidades económicas del deudor; lo que se estima correcto a efecto de cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad de los alimentos, desde luego, atendiendo a los elementos de convicción aportados en el sumario de origen, observándose los principios de proporcionalidad y necesidad, estableciendo los motivos por los cuales, en el monto fijado, se respetaron esos principios. Emitiendo la responsable una mención de los conceptos o rubros que la menor requiere, precisando qué cantidad aproximada requería para cada uno de esos rubros que precisó, esto es, a cuánto ascienden en forma individual y en forma global, para así concluir con claridad por qué motivo era de confirmarse el monto fijado por la resolutora de primer conocimiento; por ende, fue correcto que validara la legalidad de la resolución de primer grado, en la que el juzgador tomó aspectos básicos que debe comprender el concepto de una vida digna y decorosa, atendiendo a las circunstancias especiales del caso concreto. En esos términos, el actuar de la Sala responsable cumple con la fundamentación y motivación sobre la proporcionalidad, y la necesidad de la menor de percibir alimentos establecidos por el artículo 46 del Código Familiar del Estado de Morelos. Consecuentemente, al ser inoperantes los conceptos de violación, y no advertir queja qué suplir que pueda beneficiar a la menos de edad beneficiaria de la pensión alimenticia, se procede a negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE a por KEPPLEER MARIO ALVARADO VALADEZ, contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

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