Kevin Alberto Fuentes Damián
Expediente 135/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Kevin Alberto Fuentes Damián
Actuaciones
- Principal
Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza su procedencia, puesto que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Precisado lo anterior, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar lo precisado, es necesario destacar que el promovente Kevin Alberto Fuentes Damián reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social La Toma, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, a diverso centro de reclusión en Tuxpan, lo cual le imputa a diversas autoridades administrativas. Motivos por los cuales, se considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, si se tiene en cuenta que contra el acto reclamado procede un recurso o medio de defensa por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad, que debió agotarse antes de promover la demanda de amparo. Al respecto, cabe establecer la vigencia y el ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para lo cual se transcriben los artículos 1 y 2, así como primero y tercero transitorios, que dicen: Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciada por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017. Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018. En el orden Federal, el Congreso de la Unión emitirá la Declaratoria, previa solicitud conjunta del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que, en su caso, quede encargada de coordinar la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. En el caso de las entidades federativas, el órgano legislativo correspondiente, emitirá la Declaratoria previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal en cada una de ellas. En las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes diez días el anexo a la Declaratoria para el inicio de vigencia de la presente Ley. Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma. De dichos preceptos legales se advierte que la referida Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social, y que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. Lo anterior encuentra consonancia con la exposición de motivos de la creación de la ley en cita, de cuyo análisis se advierte la concretización de tres de los objetivos fundamentales de la reforma constitucional en materia penal de dieciocho de junio de dos mil ocho, consistentes en: a) Establecer las bases de la organización de un nuevo sistema penitenciario para lograr la reinserción social con sustento en el respeto de los derechos humanos. b) Instituir el control judicial en la ejecución de medidas penales y disciplinarias, con la instauración de los nuevos jueces especializados en ejecución penal, con competencias legales y atribuciones especialmente delimitadas. c) Señalar que junto con el derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal, el derecho de ejecución penal integrara una triada con una finalidad constitucionalmente admisible, incorporando los principios del nuevo sistema penal acusatorio. Luego, como se dijo, dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que resulta claro que se encuentra vigente desde el diecisiete de junio de dicha anualidad, debiendo destacarse que en el presente asunto la demanda de amparo se presentó el cuatro de marzo del año en curso, es decir, bajo la vigencia de la ley en comento. Entonces, el medio de defensa que debió tramitar el quejoso, antes de a acudir al juicio de amparo, está previsto en los artículos 107 al 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, comprendidos en los capítulos III y IV, relativos al procedimiento administrativo y a las controversias ante el Juez de Ejecución. En virtud de lo anterior, si en el presente asunto, como se indicó, el acto reclamado de que se trata consiste en una orden de traslado que se atribuye a diversas autoridades administrativas, es inconcuso que el referido mecanismo de defensa y los preceptos resultan aplicables al caso, ya que, se insiste, el procedimiento de ejecución comprende la secuencia ininterrumpida de actos de vigilancia y control por parte de los jueces de ejecución, respecto de las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de la libertad y la autoridad penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada, y tal acto reclamado a las autoridades responsables surgió precisamente de tales relaciones de hecho y de derecho entre dichas autoridades penitenciarias y el peticionario de amparo, ahora recurrente; en consecuencia, por tratarse de actos que se suscitaron durante un procedimiento formalmente jurisdiccional por las razones ya indicadas, el impetrador del amparo debió promover, previamente al juicio de amparo, la referida petición administrativa ante la propia autoridad responsable y, en su caso, impugnar la decisión relativa ante el juez de ejecución, medio de defensa previsto en la ley, mediante el cual pudo ser modificado o revocado tal acto, y al no haberlo hecho así, se configura la aludida causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que señala dicho precepto legal para agotar los medios de defensa ordinarios, ya que, aun cuando el acto reclamado deriva de un asunto de naturaleza penal, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; además, el peticionario de amparo no es una persona extraña al procedimiento y la procedencia del medio de defensa en comento no se sujeta a interpretación adicional, ni se advierte que el fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues se encuentra plenamente establecido en los transcritos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De tal manera que en relación con la improcedencia que para tales supuestos se actualiza en el juicio de amparo, es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues con base en esta el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para su otorgamiento. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, si solo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento si estar contemplado en la ley aplicable. En el entendido que el citado mecanismo de control [peticiones administrativas] corresponde a un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, sin mayores formalismos para que el interno reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; con lo cual se pueden impugnar decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria ante el juez de Ejecución, así como las omisiones de atender esas solicitudes, atento a que el quejoso tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto paralizando de plano e inmediato, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese dicha omisión, por lo que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la prevista en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que esta última consigna para concederla y tampoco término mayor que se determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo que significa que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayores trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde el interno podrá formular de viva voz sus inquietudes en las que reclame violaciones a su derecho a tener una vida digna y segura dentro del Centro de Reinserción Social, con la posibilidad de que en ese mismo acto se ordene el cese inmediato de la omisión reclamada. Circunstancias que dan sentido a uno de los objetivos por los cuales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la transformación del Sistema Penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los jueces penales correspondientes. Sirven de apoyo, los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), ubicada en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2018548, de rubro: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Asimismo, resulta aplicable al presente caso, por sus consideraciones, la tesis aislada III.2o.P.135 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el libro 52, tomo IV, página 3318, marzo de 2018, con registro 2016370, de título: ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Similar criterio adoptaron el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 1/2020 y 1087/2019, respectivamente, los cuales sirven de referencia al caso concreto. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda con la que se formó este asunto, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda para tal efecto.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno , al quejoso en virtud de no atender citatorio y/o aviso (artículo 27 fracción I, inciso b y/o c, de la Ley de amparo) que, en lo que interesa dice: SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza su procedencia, puesto que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Precisado lo anterior, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar lo precisado, es necesario destacar que el promovente Kevin Alberto Fuentes Damián reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social La Toma, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, a diverso centro de reclusión en Tuxpan, lo cual le imputa a diversas autoridades administrativas. Motivos por los cuales, se considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, si se tiene en cuenta que contra el acto reclamado procede un recurso o medio de defensa por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad, que debió agotarse antes de promover la demanda de amparo. Al respecto, cabe establecer la vigencia y el ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para lo cual se transcriben los artículos 1 y 2, así como primero y tercero transitorios, que dicen: Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciada por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017. Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018. En el orden Federal, el Congreso de la Unión emitirá la Declaratoria, previa solicitud conjunta del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que, en su caso, quede encargada de coordinar la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. En el caso de las entidades federativas, el órgano legislativo correspondiente, emitirá la Declaratoria previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal en cada una de ellas. En las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes diez días el anexo a la Declaratoria para el inicio de vigencia de la presente Ley. Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma. De dichos preceptos legales se advierte que la referida Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social, y que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. Lo anterior encuentra consonancia con la exposición de motivos de la creación de la ley en cita, de cuyo análisis se advierte la concretización de tres de los objetivos fundamentales de la reforma constitucional en materia penal de dieciocho de junio de dos mil ocho, consistentes en: a) Establecer las bases de la organización de un nuevo sistema penitenciario para lograr la reinserción social con sustento en el respeto de los derechos humanos. b) Instituir el control judicial en la ejecución de medidas penales y disciplinarias, con la instauración de los nuevos jueces especializados en ejecución penal, con competencias legales y atribuciones especialmente delimitadas. c) Señalar que junto con el derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal, el derecho de ejecución penal integrara una triada con una finalidad constitucionalmente admisible, incorporando los principios del nuevo sistema penal acusatorio. Luego, como se dijo, dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que resulta claro que se encuentra vigente desde el diecisiete de junio de dicha anualidad, debiendo destacarse que en el presente asunto la demanda de amparo se presentó el cuatro de marzo del año en curso, es decir, bajo la vigencia de la ley en comento. Entonces, el medio de defensa que debió tramitar el quejoso, antes de a acudir al juicio de amparo, está previsto en los artículos 107 al 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, comprendidos en los capítulos III y IV, relativos al procedimiento administrativo y a las controversias ante el Juez de Ejecución. En virtud de lo anterior, si en el presente asunto, como se indicó, el acto reclamado de que se trata consiste en una orden de traslado que se atribuye a diversas autoridades administrativas, es inconcuso que el referido mecanismo de defensa y los preceptos resultan aplicables al caso, ya que, se insiste, el procedimiento de ejecución comprende la secuencia ininterrumpida de actos de vigilancia y control por parte de los jueces de ejecución, respecto de las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de la libertad y la autoridad penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada, y tal acto reclamado a las autoridades responsables surgió precisamente de tales relaciones de hecho y de derecho entre dichas autoridades penitenciarias y el peticionario de amparo, ahora recurrente; en consecuencia, por tratarse de actos que se suscitaron durante un procedimiento formalmente jurisdiccional por las razones ya indicadas, el impetrador del amparo debió promover, previamente al juicio de amparo, la referida petición administrativa ante la propia autoridad responsable y, en su caso, impugnar la decisión relativa ante el juez de ejecución, medio de defensa previsto en la ley, mediante el cual pudo ser modificado o revocado tal acto, y al no haberlo hecho así, se configura la aludida causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que señala dicho precepto legal para agotar los medios de defensa ordinarios, ya que, aun cuando el acto reclamado deriva de un asunto de naturaleza penal, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; además, el peticionario de amparo no es una persona extraña al procedimiento y la procedencia del medio de defensa en comento no se sujeta a interpretación adicional, ni se advierte que el fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues se encuentra plenamente establecido en los transcritos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De tal manera que en relación con la improcedencia que para tales supuestos se actualiza en el juicio de amparo, es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues con base en esta el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para su otorgamiento. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, si solo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento si estar contemplado en la ley aplicable. En el entendido que el citado mecanismo de control [peticiones administrativas] corresponde a un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, sin mayores formalismos para que el interno reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; con lo cual se pueden impugnar decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria ante el juez de Ejecución, así como las omisiones de atender esas solicitudes, atento a que el quejoso tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto paralizando de plano e inmediato, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese dicha omisión, por lo que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la prevista en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que esta última consigna para concederla y tampoco término mayor que se determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo que significa que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayores trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde el interno podrá formular de viva voz sus inquietudes en las que reclame violaciones a su derecho a tener una vida digna y segura dentro del Centro de Reinserción Social, con la posibilidad de que en ese mismo acto se ordene el cese inmediato de la omisión reclamada. Circunstancias que dan sentido a uno de los objetivos por los cuales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la transformación del Sistema Penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los jueces penales correspondientes. Sirven de apoyo, los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), ubicada en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2018548, de rubro: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Asimismo, resulta aplicable al presente caso, por sus consideraciones, la tesis aislada III.2o.P.135 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el libro 52, tomo IV, página 3318, marzo de 2018, con registro 2016370, de título: ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Similar criterio adoptaron el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 1/2020 y 1087/2019, respectivamente, los cuales sirven de referencia al caso concreto. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda con la que se formó este asunto, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda para tal efecto.
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