Kenia Cabrera García

Expediente 457/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
457/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Kenia Cabrera García

Actuaciones

  1. Principal

    archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por Kenia Cabrera García por propio derecho, se desprende que reclama lo siguiente: La resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno dictada en los autos del juicio 613/2020 del índice del juez responsable por medio de la cual declaró improcedente el incidente de nulidad planteado por la quejosa contra la diligencia de requerimiento y/o pago y/o embargo y emplazamiento practicada en el referido asunto. De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos ni genera efectos de imposible reparación en detrimento de la quejosa, como se verá a continuación. Establecido lo anterior, de la lectura íntegra del escrito de demanda se reitera que la disconforme reclama la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno dictada en los autos del juicio 613/2020 del índice del juez responsable por medio de la cual declaró improcedente el incidente de nulidad planteado por la quejosa contra la diligencia de requerimiento y/o pago y/o embargo y emplazamiento practicada en el referido asunto. Ahora bien, los preceptos legales citados con antelación textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" Concatenado con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, el cual dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y..." Debiendo destacarse además el contenido de los artículos 171 y 172, fracción V de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (...)V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; De esta manera, se advierte que de acuerdo a la legislación vigente, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; sin que haya la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia. La procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparables, son aquéllos que no tocan por sí tales valores, sino sólo afectan derechos adjetivos o procesales cuyos efectos de carácter formal o intraprocesal inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, dichas consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, si el acto reclamado es la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno dictada en los autos del juicio 613/2020 del índice del juez responsable por medio de la cual declaró improcedente el incidente de nulidad planteado por la quejosa contra la diligencia de requerimiento y/o pago y/o embargo y emplazamiento practicada en el referido asunto y acorde con los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se aprecia todavía no se dicta sentencia, es inconcuso que dichos actos no reúnen las características exigidas por el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que cabe la posibilidad de obtener sentencia favorable, con lo que se repararían y desaparecerían las violaciones aducidas, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Por lo que, desde esa perspectiva, la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, en modo alguno es impugnable a través del amparo indirecto, sino que debe reclamarse en la vía directa, en caso de que las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, afecten la defensa de la quejosa y trascienda al resultado del fallo. Esto, pues al momento en que se producen, en absoluto trastocan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos de la parte quejosa, sino que sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas de la parte quejosa, y trascienda al resultado del fallo. De ahí que la resolución que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, no son actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, porque únicamente producen efectos meramente procesales, dado que las violaciones que llegaren a cometerse en la emisión de dichos actos, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si el laudo resulta favorable a los intereses de la quejosa, de lo contrario, estos podrán reclamarse en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, se interponga contra el mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que la resolución que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones entraña una violación a las leyes de procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo; al prever que los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o de trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas de la quejosa cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Se citan en apoyo a lo expuesto las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 170244 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 23/2008 Página: 593 NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO" "Época: Novena Época Registro: 167896 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 94/2008 Página: 256 NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En consecuencia, es claro que cuando los actos reclamados consisten en la resolución que dirimió un incidente de nulidad, ya sea en un sentido o en otro, las mismas deben combatirse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por tratarse de violaciones al procedimiento, en términos de los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que el acto reclamado consistente en la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno dictada en los autos del juicio 613/2020 del índice del juez responsable por medio de la cual declaró improcedente el incidente de nulidad planteado por la quejosa contra la diligencia de requerimiento y/o pago y/o embargo y emplazamiento practicada en el referido asunto, el cual se encuentra en trámite, pues aún no se ha emitido sentencia, no constituyen actos de imposible reparación, con los que se transgreda en perjuicio de la parte quejosa algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que no pueden ser reclamados en el amparo biinstancial; toda vez que en el caso, los efectos del acto reclamado son meramente procesales, puesto que los mismos no pueden ser calificados como irreparables, pues para ello es necesario que produzca una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En mérito de lo expuesto, al no resultar de imposible reparación el acto reclamado, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V de la propia ley, este último interpretado a contrario sensu, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida. CONSULTA DE AUTOS MEDIANTE CITA. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Por último, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29, del acuerdo tantas veces citado, resulta necesario invitar a las partes, tanto quejoso como tercera interesada, a (I) transitar hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo que trae aparejado la obtención de una firma electrónica, ya sea FIREL, e.firma o cualquier otra validada por el Consejo de la Judicatura Federal, (II) solicitar de conformidad a lo establecido en el acuerdo 12/2020, tanto la consulta electrónica como las notificaciones en esta misma vía, (III) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como podría ser, un correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, con la meta de poder entablar comunicaciones no procesales. Se reiteran estas exhortaciones ya que trae beneficios a los justiciables, debido a la situación epidemiológica que acontece en la actualidad, por decir algunas, (1) la prontitud en la que será resuelto el juicio de amparo, (2) evitar el contagio al no acudir de manera reiterada al órgano jurisdiccional ya sea para presentar promociones, demandas o consultar los autos, (3) la actuación simultánea en varios expedientes (artículo 30 del acuerdo 21/2020); y (4), vinculada con el número 2, evitar las filas para la presentación de su escrito, ya que podría hacerlo desde el Portal. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ascención Pesqueda Rodríguez (3561656), toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el diverso numeral 24, párrafo segundo de la legislación en cita, se tiene como autorizado con facultades restringidas, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la restante persona que refiere por no encontrarse en igual de circunstancias y por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales.

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