Keren Jemima Roman Tinoco

Expediente 1827/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1827/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Keren Jemima Roman Tinoco

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 1827/2019 y la ejecutoria dictada en el recurso en revisión 27/2021, interpuesto por la parte quejosa por conducto de su apoderado. Acúsese el recibo de estilo. Atento a la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento de las partes, que la sentencia dictada por este Juzgado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, fue confirmada por la Superioridad, bajo los puntos resolutivos: "PRIMERO. SE CONFIRMA la resolución recurrida. "SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Keren Jemima Román Tinoco, contra el acto y autoridad precisados en el resultado primero de esta ejecutoria." En esas condiciones, glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes respectivo, para que obre como corresponda. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo. Por tanto, consérvese este asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a su depuración, conservando la demanda, la resolución recurrida, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual transcribe el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, del cual se advierte que se admitió el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa por conducto de su apoderado, mismo que se registró bajo el número 27/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y en cumplimiento al artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, así como al punto 16 de la circular SECNO/10/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de trece de febrero de dos mil veintiuno, se levanta la suspensión de los plazos procesales y se reanuda el procedimiento en el presente asunto desde el punto en que quedó pausado.********************Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por el apoderado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión vía electrónica, en contra de la resolución dictada en el presente juicio. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 80 y 88 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE HACE VALER, glósese a los presentes autos copia del escrito de agravios. Distribúyanse entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y una vez que se encuentre integrado el presente juicio de amparo, remítase junto con el original y copia del mencionado escrito a la Superioridad, para la substanciación del citado recurso. Se instruye al actuario que corresponda, que al notificar a las partes y correr traslado, se haga constar que se anexa el escrito de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, una vez que se encuentre debidamente integrado. Notifíquese

  4. Principal

    Juicio de amparo: 1827/2019 Quejosa: Keren Jemima Román Tinoco Juez: Benito Eliseo García Zamudio Secretario: Ramón Jurado Guerrero S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1827/2019; y R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, ************, a través de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el Presidente y Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a quienes reclamó el auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral *******, mediante el cual tuvo por cumplido en su totalidad el convenio elevado a laudo de veintinueve de junio de dos mil diecinueve y ordenó el archivo definitivo del expediente. Actos que estimó violatorios, entre otros, de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Finalmente, tramitado el juicio en todas sus etapas, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además el acto reclamado de una determinación emitida por un tribunal en materia laboral, que no requiere una ejecución material, por lo que, al haberse promovido la demanda ante este órgano jurisdiccional, le corresponde conocer del asunto en cuestión. II. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente laboral burocrático ********, mediante el cual se tuvo por cumplido en su totalidad el convenio elevado a la categoría de laudo, celebrado entre ********* y el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. III. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente y Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, además de que así se advierte de las copias certificadas de los autos que integran el expediente laboral burocrático *****, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; aseveraciones y pruebas que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues el quejoso fue notificado de la resolución reclamada el dos de diciembre de dos mil diecinueve (foja 87 del expediente de amparo) y surtió efectos ese mismo instante, de conformidad con el artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del tres al veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, si la demanda de amparo fue recibida el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, es claro que se presentó el último día del plazo con que disponía para ello, esto es, oportunamente. V. Procedencia del juicio de amparo. La autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII1, de la Ley de Amparo, referente a la falta de interés jurídico de la quejosa; lo cual considera así, porque dice haber dictado la resolución interlocutoria reclamada conforme a derecho, por lo que no puede haber una afectación a los derechos sustantivos de la quejosa. Sin embargo, lo que aduce la autoridad responsable es una cuestión que está íntimamente ligada al estudio de fondo del asunto, en la medida en que ahí, justamente, se dilucidará si la resolución reclamada fue dictada en apego a la legislación correspondiente y, por ende, si existe o no una afectación a los 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimas del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 50 de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" derechos de la parte quejosa. Y ese tema de análisis no es propio del apartado de procedencia, sino del problema jurídico principal planteado, so pena de caer en el vicio lógico de petición de principio. Por tanto, al no actualizarse la causal de improcedencia invocada y en vista de que las partes no hacen valer una diversa ni este juzgador la advierte de oficio, como lo impone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede ocuparse del fondo del asunto. VI. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, por lo que debe negarse el amparo solicitado. De los conceptos de violación expresados por la quejosa, se advierte que controvierte la determinación del Tribunal responsable de tener por cumplimentado en su totalidad el convenio elevado a la categoría de laudo, dentro del procedimiento laboral ******, el cual aduce es inconstitucional, pues dicho auto violó sus derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia. Ello lo consideran así, esencialmente, por los siguientes motivos: a) En el auto reclamado se introdujeron elementos nuevos, toda vez que la retención del impuesto sobre la renta no fue parte de lo estipulado en el convenio elevado a calidad de laudo, objeto del procedimiento laboral. b) La autoridad responsable no se pronunció sobre sus manifestaciones, por ende, no está debidamente fundado y motivo el acuerdo reclamado. Sin embargo, resultan infundados los anteriores planteamientos, por las razones que a continuación se exponen. En principio, a fin de dar respuesta a los diversos motivos de inconformidad hechos valer por la parte quejosa, resulta necesario atender al contenido del artículo 14 constitucional, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. [.]". Como se observa, el numeral trascrito en su párrafo segundo, señala que nadie podrá ser privado de la de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, las formalidades esenciales en el procedimiento, consisten en otorgar al interesado, la oportunidad de defenderse y de probar lo que a su interés convenga. De modo que toda resolución que se dicte en un procedimiento de cualquier índole, en su carácter de acto jurídico público unitario, no puede adolecer de la falta de dichas formalidades. Por otra parte, el artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]". De la lectura del precepto transcrito, se advierte que las condiciones que exige para la emisión de un acto de autoridad de molestia, son tres, a saber: I) Que se exprese por escrito; II) Que provenga de autoridad competente; y III) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. En efecto, las formalidades que debe satisfacer toda resolución dictada por una autoridad judicial, a fin de que se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la constitución, son las siguientes: A) Exhaustividad y congruencia. B) Fundamentación y motivación. El principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar el juzgador respecto de todas las cuestiones o aspectos que sean materia del procedimiento, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación de la autoridad de decidir los asuntos que se sometan a su conocimiento para lo cual debe considerar cada una de las actuaciones existentes, los argumentos aducidos tanto al accionar, como en aquellos en los que se sustenta la contestación de los mismos, los hechos que motivaron la demanda, las pruebas aportadas por las partes, y demás pretensiones realizadas oportunamente, y resolver de tal forma, que se valoren y consideren todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por su parte, el principio de congruencia que debe regir en toda resolución estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con los hechos y pretensiones formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no formuladas. Por fundamentación, debe entenderse la cita del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que encuadran las consideraciones que tomó como base la responsable para emitir el acto de molestia, los que deben ser señalados con toda exactitud, ya que el deber de fundar y motivar la causa legal del procedimiento implica la exigencia de que las autoridades no simplemente se apeguen a una ley, según criterio oculto y mediante argumentos de propia autoridad, sin que se conozca de que ley se trata, los preceptos que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, ni las causas por las que los consideran aplicables, sino que el aludido artículo 16 Constitucional exija que sean citados tanto la ley como los artículos en que las autoridades se apoyen y que sean expresadas las razones o motivos por los que esa legislación y sus artículos tengan aplicación en el caso de que se trate. Luego, por motivación debe entenderse, la expresión precisa de los razonamientos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que llevaron a la responsable a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los presupuestos de la norma que se invoca, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configure la hipótesis normativa. Por su parte, el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 940. La ejecución de las sentencias y convenios a que se refiere el artículo 939 de esta Ley corresponde a los Tribunales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." Del ordenamiento legal antes indicado, dispone que es obligación de los tribunales proveer lo necesario para lograr una ejecución pronta y expedita de los laudos. Ahora bien, como se adelantó, son infundados los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa, por las razones que se expondrán a continuación. Primeramente, respecto al argumento señalado en el inciso "a)", es infundado el planteamiento de la quejosa, toda vez que, si bien es cierto que la retención del impuesto sobre la renta no fue prevista en el convenio elevado a laudo, también lo es que no había razón para que se hubiera estipulado de esa manera, toda vez que la especificación de los impuestos que se generen como consecuencia de las prestaciones laborales no son materia de análisis o aprobación por parte de la autoridad calificadora del convenio. Así es, el segundo párrafo del artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante los Centros de Conciliación solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta Ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de la Autoridad Conciliadora. En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual. Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por el Centro de Conciliación competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de sentencia ejecutoriada. De la transcripción anterior, puede apreciarse que en los convenios celebrados con motivo de la terminación de la relación laboral, deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y, en su caso, de participación de utilidades, sin que sea necesario precisar los impuestos que se generarán con motivo del pago de esas cantidades, pues, además de que no lo exige la ley, lo cierto es que esa cuestión es meramente administrativa, por lo que la calificación como legal de esos conceptos no le corresponde a una autoridad laboral. Asimismo, al estipularse en el convenio elevado a laudo únicamente las cuestiones referentes al salario y prestaciones laborales, tampoco es plausible decir que, por no haberse previsto el pago del impuesto sobre la renta, este deba calcularse por sobre la cantidad líquida establecida en el convenio; es decir, como si la cantidad pactada fuera el salario neto restante. Esto, pues como se dijo anteriormente, el convenio que se eleve a laudo, debe contener la totalidad de las percepciones que le corresponden al trabajador, como consecuencia de su trabajo, lo cual implica necesariamente que las cantidades ahí establecidas se calculen en forma bruta, pues será hasta después de que se obtengan esas cantidades, que podrán calcularse las deducciones y retenciones por concepto de impuestos u otros tópicos, además de que son únicamente estas percepciones las que revisa la autoridad laboral que se cuantifiquen en forma completa para el trabajador, en la medida que es a lo que tiene derecho. Luego, si se toma en cuenta que el impuesto sobre la renta se genera con base en los ingresos percibidos por el sujeto del impuesto, y al constituir la cantidad estipulada en el convenio elevado a laudo el total de las percepciones que debe recibir el trabajador, se tiene entonces que la cantidad sobre la cual debe calcularse el impuesto sobre la renta, debe ser lo que ahí se condene, ya que esa cantidad es la que va a ingresar a su esfera patrimonial y, por ende, lo que debe ser motivo del gravamen calculado y retenido por su empleador. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XVI.1o.T.23 L (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "SALARIO BRUTO. LAS CONDENAS EN LOS LAUDOS DEBEN EFECTUARSE CON BASE EN AQUÉL. De conformidad con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, por lo que no debe confundirse la suma de las percepciones con el remanente de éstas, luego de las retenciones efectuadas con motivo de aportaciones de seguridad social o la obligación del trabajador de contribuir al gasto público, por medio del pago de impuestos, habida cuenta que la circunstancia de que los patrones se encuentren obligados a realizar la retención de contribuciones y autorizados para efectuar ciertos descuentos de otra índole, generalmente en forma simultánea al pago, no es obstáculo para dejar de considerar como salario integrado la suma de lo que el trabajador percibió, previas deducciones, ya que esa cantidad es la que entró en su esfera patrimonial, tan es así, que es sobre las percepciones totales que el patrón determina la base gravable, a fin de calcular y materializar la retención; también es sobre ese ingreso que se realizan otros descuentos o retenciones, como el pago de préstamos (artículo 97, fracción III, de la referida ley) o de pensiones alimenticias judicialmente ordenadas (fracción I del mismo precepto); en consecuencia, no debe considerarse como salario integrado el neto, en tanto que es el salario bruto sobre el que se aplican las deducciones contributivas o de cualquier otra naturaleza, atendiendo a circunstancias que pueden ser variables y estar fuera del conocimiento de la Junta. Obviamente no existirá obstáculo para que, al cumplir el laudo, el patrón efectúe las retenciones o descuentos que la ley lo obligue a hacer."2 De ahí lo infundado del primer motivo de disenso, pues no puede considerarse que se hayan agregados elementos novedosos al tener por cumplido el convenio elevado a laudo, si dichos elementos no tienen por qué ser parte del mismo, sino que son cuestiones que, aunque deben considerarse para determinar si se pagó de manera completa al trabajador, su legalidad no es materia del pronunciamiento de la autoridad laboral. Por otra parte, respecto al argumento marcado como inciso "b)", en el que la quejosa señala que la autoridad responsable no se pronunció sobre sus manifestaciones y que, por tanto, el auto no está debidamente fundado y motivado, debe decirse que también es infundado. Se afirma lo anterior, debido a que el tribunal responsable sí dio contestación a las manifestaciones hechas por las quejosa y expresó los fundamentos y motivos por los 2 Criterio que puede ser localizado bajo los siguientes datos de identificación: Registro digital 2011107, Tesis Aislada, Laboral, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016 Tomo III, Página 2139. cuales llegó a su determinación. Así es, en el acuerdo reclamado de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se hizo constar la comparecencia de la ahora quejosa, con el fin de desahogar la vista respecto al cumplimiento dado por la ahora tercera interesada, al convenio elevado a laudo de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, en donde manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) vengo a manifestar que el título de crédito denominado cheque número 001565 de fecha 14 de octubre del año en curso, exhibido por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos no corresponde con la cantidad a la que se le condenó mediante el laudo de fecha veintinueve de junio de dos mil diecinueve, toda vez que como se desprende del mismo, se le condenó a la demandada a pagar la cantidad de ******. Ahora bien de las manifestaciones vertidas por la demanda respecto de que se la aplicó a la cantidad condenada la deducción del impuesto sobre la renta por la cantidad de *******, cabe mencionar que como los estable la propia ley de impuesto sobre la renta, en su artículo 93; fracción VIII, establece que quedarán exentos o no se pagará el mencionado impuesto los que obtengan las persona que han estado sujetas a su relación laboral en el momento de su separación, por conceptos de prima de antigüedad, retiro, e indemnizaciones u otros, de la misma manera, en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, se establece que todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno.(.)" De las manifestaciones recién transcritas, se advierte que la quejosa, en esencia, estima incorrecto que la demandada haya hecho la retención correspondiente al impuesto sobre la renta, pues considera que, conforme a lo establecido en el artículo 93, fracción VIII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 19 de la Ley Federal del Trabajo, el pago de lo condenado en el laudo está exento de ese gravamen. En respuesta a lo anterior, el tribunal responsable contestó lo siguiente: "(.) ATENDIENDO A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA ACTORA COMPARECIENTE, DÍGASE QUE CONFORME A LOS CRITERIOS ESGRIMIDOS POR NUESTROS MÁXIMOS TRIBUNALES, Y CONFORME A LOS ARTÍCULOS 109, 110, 112 Y 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 26, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, LOS PATRONES TIENEN EL CARÁCTER AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE SUS TRABAJADORES, Y POR LO TANTO, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE RETENER EL CAUSADO POR ALGUNO O ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS A LOS QUE RESULTEN CONDENADOS EN EL LAUDO CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE BASTA CON QUE EL PATRÓN AL EXHIBIR SU CUANTIFICACIÓN MANIFIESTE HABER RETENIDO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL TRIBUNAL TENGA POSIBILIDAD DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, SIN NECESIDAD DE QUE EL TRIBUNAL PROCEDA A EXAMINAR SI EL CÁLCULO DEL ENTERO FUE O NO CORRECTO, PUES EN CASO DE QUE RESULTE DEFECTUOSO, NO SE DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL TRABAJADOR, YA QUE TIENE EXPEDITO SU DERECHO PARA SOLICITAR ANTE LA AUTORIDAD HACENDARIA LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS EN FORMA INDEBIDA Y CORRESPONDERÁ A LA AUTORIDAD FISCAL SU REVISIÓN, EN ESE SENTIDO, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EFECTO DE TENER POR CUMPLIDO EL LAUDO QUE EL PATRÓN EXHIBA EL DOCUMENTO EN EL QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO PARA JUSTIFICAR EL MONTO DE LAS PRESTACIONES QUE DEBIÓ PAGAR AL TRABAJADOR O LA CONSTANCIA DE QUE ENTERÓ LA CANTIDAD QUE RETUVO AL TRABAJADOR COMO IMPUESTO DEL PRODUCTO DEL TRABAJO, SIRVE DE SUSTENTO PARA LO ANTERIOR LA SIGUIENTE JURISPRUDENCIA: (.)" De la anterior transcripción, se advierte que el tribunal responsable sí expone de manera suficiente los fundamentos y razones por los cuales considera que la retención del impuesto hecha por la demandada fue correcta, pues claramente expone que acorde a los artículos que cita y a la categoría de auxiliar de la administración pública federal, el patrón tiene la obligación de efectuar la recaudación del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, sin que sea posible que la autoridad laboral se pronuncie respecto a si el cálculo de la retención fue o no correcta, pues en caso de que así lo considerara la ahora quejosa, tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida. De ahí que se diga que el tribunal responsable sí dio contestación a las manifestaciones de la peticionaria de amparo y fundamentó de manera suficiente los motivos expuestos, pues citó los artículos que consideró aplicables al caso e incluso transcribió un criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en apoyo a sus consideraciones; todo esto, sin que aquí en el amparo, la quejosa esgrimiera algún concepto de violación tendente a desvirtuar lo aseverado por la autoridad responsable. En consecuencia, ante lo infundado de los motivos de inconformidad hechos valer por la parte quejosa y al no advertir motivo de ilegalidad que en suplencia de la queja llevara a otorgar el amparo pedido, es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo; R E S U E L V E ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a **********, respecto del acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se tuvo por cumplido en su totalidad el convenio elevado a la categoría de laudo, celebrado entre la quejosa y el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el expediente laboral burocrático *****, reclamado al Presidente y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Ramón Jurado Guerrero, Secretario que autoriza y da fe, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, momento en que las labores de este juzgado permitieron el engrose de la presente sentencia.

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