Keren Cesia Angoa Vasquez
Expediente 1140/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Keren Cesia Angoa Vasquez
- Jonathan Perdomo Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el doce de junio de dos mil veintitrés, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Finalmente, privilegiando el ahorro y racionalización de los recursos; y toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, resulta innecesario conservar las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Presidente por sí y en representación del Pleno de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tanto, remítanse las referidas constancias a la autoridad en mención, debiendo dejar glosada en los presentes autos, la carátula que se formó con motivo de las mismas; sin que resulte necesario acusar recibo de dicho anexo, ya que el sello de recibido por la autoridad hace las veces de acuse. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cincuenta minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillon Duarte, secretario con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1140/2022, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por las partes que así lo efectuaron. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas exhibidas en el presente juicio de amparo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1140/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito depositado el quince de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito y remitido el dieciocho siguiente, por razón de turno a este Juzgado Primero en la citada jurisdicción, Keren Cesia Angoa Vásquez y/o Keren Cesia Angoa Vázquez por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable siguiente: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS (.) 2.- EL PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS (.) 3.- EL C. ACTUARIO DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS (.) IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. ACTOS RECLAMADOS: 1.- DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, LA RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2022 MEDIANTE LA CUAL SE DECRETA LA PRESCRIPCIÓN DEL LAUDO DICTADO CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018 BAJO EL EXPEDIENTE 01/69/17-II. 2.- DEL PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2022 MEDIANTE LA CUAL SE DECRETA LA PRESCRIPCIÓN DEL LAUDO DICTADO CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018 BAJO EL EXPEDIENTE 01/69/17-II. 3.- DEL ACTUARIO DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DEL BOLETÍN LABORAL, DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETA LA PRESCRIPCIÓN DEL LAUDO DICTADO CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2018 BAJO EL EXPEDIENTE ******* SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda referida, y pidió a las autoridades responsables sus informes justificados. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós con fundamento en el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Javier Gonzaga Méndez, también conocido como Juan Manuel Gonzaga Méndez, del cual se ordenó su emplazamiento. Derivado de lo anterior, toda vez que este juzgado fue informado que previo a su emplazamiento, el mencionado tercero interesado había fallecido, y en virtud de que se recibió el acta de defunción respectiva, por acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó suspender el procedimiento por el plazo de sesenta días, hábiles, en términos de artículo 16 de la Ley de Amparo, y se requirió a diversas instituciones para que informaran si existía un juicio sucesorio a bienes del ahora occiso. En esos términos, en acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, al haber transcurrido el término de sesenta días hábiles, y en virtud de que este juzgado recibió los informes solicitados, de los cuales no advirtió la existencia de algún juicio sucesorio a bienes del aquí tercero interesado, es que ordenó emplazar a la apoderada legal del mismo dentro del juicio de origen, para que continuara con el presente juicio, además de que se le requirió para que informara si tenía conocimiento del juicio sucesorio aludido. Bajo tal contexto, el tercero interesado fue emplazado por conducto de su apoderada legal el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, sin que se apersonara a juicio o formulara alegatos, y en virtud de que no realizó manifestación al respecto, ni se tuvo conocimiento de la existencia de algún juicio sucesorio en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés se levantó la suspensión del procedimiento. Finalmente, una vez sustanciado el juicio, se celebró la audiencia constitucional el día de hoy doce de junio de dos mil veintitrés; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra una determinación emitida por una junta laboral dentro de un juicio en la materia, en la que declaró la prescripción de la acción para ejecutar el laudo en el juicio de origen, la cual carece de ejecución material, al ser meramente declarativa, y de la que previno este juzgado, el cual tiene competencia en esta jurisdicción en todas las materias. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: Autoridades responsables ordenadoras [1] Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. [2] Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Acto reclamado El acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el cual el Presidente Ejecutor de la junta responsable declaró la prescripción de la acción para ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral ***. Autoridad responsable ejecutora [3] Actuaria adscrita a la junta responsable Acto reclamado La ejecución del anterior acto, mediante su notificación. III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la [1] Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues si bien lo aceptó al rendir su informe justificado, en el caso, existe prueba que desvirtúa dicha manifestación, ya que así se advierte de la copia certificada de las constancias que remitió relativas al juicio laboral 01/69/17, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En efecto, de las mismas se advierte que el acuerdo reclamado de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral 01/69/17, fue dictado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, y no por el Pleno de la misma, de allí que deba de tenerse por inexistente el acto que le reclama a la [1] Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues sólo puede tenerse en este caso como responsable al presidente aludido, al ser el que emitió el acto reclamado, el cual además fue señalado también como responsable por la quejosa, resultando aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 57/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 200702, del contenido siguiente: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado." Lo expuesto, máxime que en el juicio de amparo sólo tiene el carácter de autoridad responsable la que emite la resolución reclamada, sin que pueda tenerse con tal carácter a alguna diversa, con independencia de que pertenezcan a la misma dependencia o de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista, conforme a la jurisprudencia con registro 206531, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO." De la misma forma, no es cierto el acto reclamado a [2] la actuaria adscrita a la junta en mención, pues a pesar de que también lo aceptó en su informe justificado, no obstante, igualmente, de las constancias remitidas, se advierte que en la resolución reclamada no se establece algún acto de ejecución que deba realizar dicha actuaria judicial, pues se trata precisamente de un acto meramente declarativo -en el que se determinó la prescripción de la acción para ejecutar el laudo en el juicio de origen-. Por tanto, la única función de dicha fedataria es notificarla, y derivado a que la quejosa no le atribuye vicios propios a la misma, sino que la reclama en vía de consecuencia, se tiene que esa notificación en este caso en particular no se trata de un acto de ejecución -pues tal actuación es sólo el acto mediante el cual se da a conocer a los interesados la determinación en cita-, de allí que la fedataria judicial no tenga participación alguna en la ejecución de tal resolución, y que en este caso en particular, resulte inexistente el acto que se le atribuye, resultando aplicable por identidad las jurisprudencias VI.1o.P. J/6 y VI.1o.P. J/10, de registros 190552 y 190552 respectivamente, ambas del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubros AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL DILIGENCIARIO O ACTUARIO, NO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO ÚNICAMENTE LLEVÓ A CABO LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA" y "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE RESPECTO DEL ACTUARIO O DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO PENAL, CUANDO SE LE ATRIBUYE ÚNICAMENTE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RECLAMADO. Así como de forma más particular, por analogía la jurisprudencia VI.4o. J/3 del Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 195516, que establece: AMPARO DIRECTO. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, RESPECTO DEL ACTUARIO ADSCRITO A LA SALA, CUANDO SE LE ATRIBUYE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA, Y DE ELLA SE ADVIERTE QUE SÓLO SE LE ORDENÓ NOTIFICARLA A LAS PARTES. Si en la demanda de amparo directo se señalan como autoridades responsables, tanto a la Sala Civil como al actuario adscrito, y como actos reclamados la sentencia dictada en el toca de apelación, y la ejecución de la misma, respectivamente, pero de ese fallo se advierte que el tribunal de apelación sólo ordenó al mencionado actuario su notificación a las partes, entonces tal orden no implica que el actuario vaya a ejecutar dicha sentencia, sino únicamente a ponerla en conocimiento de los interesados, a través de la notificación respectiva, por lo que al no existir acto de ejecución por parte del precitado actuario, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dada la inexistencia de los actos que se le atribuyen. Por tanto, debe sobreseerse también respecto del acto reclamado a la [2] la actuaria adscrita a la junta en mención. En esos términos, se sobresee en el juicio respecto a los actos reclamados a la [1] Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y a [2] la actuaria adscrita a la junta en mención, conforme al artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. IV. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al [3] Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado, aunado a que tales afirmaciones se encuentran corroboradas con el contenido de las constancias remitidas en copia certificada relativas al juicio laboral 01/69/17, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales, entre las que se encuentra la resolución reclamada, resultan suficientes para acreditar su existencia. V. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues la aquí quejosa (actora en el juicio de origen) fue notificada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, de la resolución reclamada por boletín laboral, por lo que la misma surtió sus efectos al día siguiente de su publicación, es decir, el veintinueve de junio siguiente, de conformidad con el artículo 747, fracción II de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de junio al veinte de julio del dos mil veintidós, debiendo descontarse los días dos, tres nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio de dos mil veintidós, por tratarse de sábados y domingos, lo anterior en atención al numeral 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, si la demanda de amparo fue recibida el quince de julio de dos mil veintidós, resulta claro que su presentación fue oportuna. VI. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente máxime que su estudio es oficioso de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, este juzgado de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo al no acatamiento del principio de definitividad, pues la quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 01/69/17, por el [3] Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en la etapa de ejecución de un juicio laboral, en el cual declaró la prescripción de la acción para ejecutar el laudo dictado en dicho juicio, en contra del cual la legislación aplicable prevé un recurso ordinario en su contra, el cual no fue agotado por la amparista, previo a la promoción del presente juicio de amparo. Lo anterior, pues conforme a los artículos 614 y 616 de la Ley Federal del Trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje y las especiales tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por los presidentes de las mismas en la ejecución de los laudos. Es así que los artículos relativos a la procedencia del recurso de revisión previstos por la legislación laboral federal, disponen lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos de! Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de tos diez dias siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." De los anteriores dispositivos se desprende la existencia del recurso de revisión como un medio ordinario de defensa en contra de los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarás legalmente habilitados, en ejecución de laudos, convenios, de las resoluciones que pongan fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares; y en lo que aquí concierne, se estableció que del citado medio de impugnación conocerá, la junta especial que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas. Además la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria por la que se resolvió la contradicción de tesis 57/2002 refirió que de la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta,-de la que derivó el texto del artículo 849, de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al juicio laboral de origen, que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del presidente de una junta, emitidos en el periodo de ejecución de los laudos- advertía que el valor qué quiso salvaguardar el legislador ordinario, con la reforma a dicho precepto fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las juntas en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; y advirtió que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. Y que por lo tanto, el precepto no era restrictivo en el sentido de que determinara la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquellas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo, sino también a todas aquellas que aunque no tengan estas características se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un error que debiera ser corregido o enmendado. Por lo cual, se tiene que conforme a los criterios de nuestro máximo tribunal, la procedencia de dicho medio de defensa ha quedado establecida en contra de cualquier acto del presidente de las juntas en cuestión, dictado en la fase de ejecución del laudo, aún cuando se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de dicho fallo inclusive a aquellas en las que se niegue la ejecución del propio laudo -tales como las que resuelven sobre la prescripción de la acción para ejecutar el laudo-, tal como lo ratificó también el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en la tesis XXVII.3 L, con registro 183726, del contenido siguiente: RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES PROCEDENTE CONTRA CUALQUIER ACTO DEL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DICTADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo dispone: Contra actos de los presidentes,, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados -en las providencias cautelares, procede la revisión.". Como se puede advertir, dicho precepto legal se refiere, entre otras cuestiones, a actos de los presidentes de las Juntas "en ejecución" de los laudos, sin hace una distinción entre la "última resolución" - aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento-, y las que sólo constituyen resoluciones anteriores a aquélla. En esa virtud, conforme a una recta interpretación del dispositivo legal en cita, debe entenderse que contra cualquier acto del presidente de la Junta dictado en la fase de ejecución del laudo es procedente el recurso de revisión, así se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de dicho fallo, sino más bien a preparar y lograr tal objetivo, como lo sería, en un momento dado, el reconocimiento de la personalidad de quien comparece a nombre de alguna de las partes en el juicio laboral; cuenta habida que en el caso concreto cobra aplicación el principio de derecho que reza "donde el legislador no distingue no es dable al juzgador hacerlo Una vez precisado que procede el recurso de revisión a que se refiere el multicitado artículo 849 de la ley en comento, en contra de las determinaciones que dicten los presidentes de las juntas en ejecución de los laudos, se concluye que no agotar ese medio ordinario de defensa existente, hace improcedente el juicio de garantías. Lo anterior, debido a que el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa y que el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, deben entenderse referidos sólo a aquellos claramente procedentes en la ley respectiva, como lo es el recurso de revisión antes aludido. Bajo ese discurso argumentativo, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable se desprende que la quejosa tiene el carácter de parte actora en el juicio laboral 01/69/17, del índice de la junta responsable, y se advierte también que señala como acto reclamado el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, emitido por el [3] Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dentro de la etapa de ejecución del juicio referido, en la que declaró la prescripción de la acción para ejecutar el laudo dictado en tal controvertido. Por tanto, contra ese acuerdo procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión contra los actos de los presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares, como en el presente caso. Y al no haber promovido la quejosa el recurso de revisión contra el acto reclamado que fue dictado en la etapa de ejecución de laudo, no se observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que la obligaba a agotar los medios ordinarios de defensa que al efecto prevé la ley laboral previo a la promoción de la demanda de amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo, resultando aplicable por ello la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, con registro 186133, que establece: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de tos actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, conforme lo establece el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, respecto del acto reclamado al [3] Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. En mérito de lo anterior, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, este juzgado queda impedido para estudiar los argumentos de fondo de la amparista, entre ellos, los criterios que cita, relativos a las jurisprudencias 1a./J. 139/2005 y 2a./J. 85/2018 (10a.), de las Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, sin que ello implique una violación a los derechos de la promovente, pues para poder analizar el fondo de su petición, se encuentra obligada a cumplir los requisitos de procedencia establecidos para tal efecto, los cuales resultan compatibles con su derecho de acceso a la justicia, en términos de la jurisprudencia 1a. CCCLXXI/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2010501, de rubro IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Keren Cesia Angoa Vásquez y/o Keren Cesia Angoa Vázquez, contra los actos y autoridades precisados en el considerando II, por las razones indicadas en los diversos III y último, todos de este fallo Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe. hoy doce de junio de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión del procedimiento; en virtud de que la parte quejosa exhibió el acta de defunción del tercero interesado Javier Manuel Gonzaga Méndez; se ordenó girar oficio al Director del Archivo General de Notarías, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, el primero de ellos, informara si existe entre su acervo de archivos, disposición testamentaria a bienes de dicho tercero interesado Javier Manuel Gonzaga Méndez, mientras que a la segunda autoridad, se le requirió para que informara si existe en alguno de los juzgados de esta entidad Federativa, juicio sucesorio a bienes del tercero fallecido de referencia; sin que ambas autoridades dieran respuesta positiva conforme a lo solicitado. No obstante, de las constancias de autos se advirtió que Crystal Zavala Bello, tiene reconocido el carácter de apoderada legal de Javier Manuel Gonzaga Méndez, aquí tercero interesado fallecido, en el juicio laboral 01/69/17-II, del que emana el acto reclamado, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que, el dieciocho de abril del año en curso, se ordenó emplazarla a juicio, requiriéndola, a su vez, para que informara a este juzgado federal, si a la fecha se encuentra denunciada la sucesión del tercero interesado Javier Manuel Gonzaga Méndez, y, en su caso, proporcionara el nombre del albacea de la misma, así como el Juzgado al cual correspondió conocer de dicha sucesión; y el veinticuatro de abril del presente año, se tuvo a dicha apoderada legal emplazada mediante lista que se publica en los estrados de este juzgado, conforme al artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha haya desahogado tal requerimiento. En tales condiciones, con fundamento al artículo 16, párrafo segundo de la Ley de Amparo, al ser el acto reclamado "la resolución de fecha 24 de junio del 2022 mediante la cual se decreta la prescripción del laudo dictado con fecha 18 de octubre del 2018 bajo el expediente 01/69/17-II" (sic), se considera que se debe continuar con el procedimiento del presente juicio de amparo, toda vez que en dicho laudo la parte patronal, aquí tercero interesado (fallecido), fue condenado al pago de diversas prestaciones, por lo que no se puede dejar desprotegido al trabajador, aquí quejoso, por el deceso del patrón, porque en caso de que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo fuera favorable para la parte quejosa, existe la posibilidad de que en el juicio laboral de origen, pueda ser sustituido por otra persona, o por su sucesión, para responder por las obligaciones contraídas; y en ese caso, la Junta encargada del caso tendría que ordenar las diligencias para llamar al sucesor del patrón fallecido a integrarse a la relación jurídica, para que exprese lo que a su derecho convenga y se garanticen los derechos laborales del trabajador; de considerar lo contrario, se incurriría en una violación procesal, y, por ende, en un acto ilegal. Por lo expuesto, se LEVANTA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO decretada en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, y se continua con el procedimiento del presente juicio, teniendo a Crystal Zavala Bello, en su carácter de apoderada legal del tercero interesado Javier Manuel Gonzaga Méndez (fallecido). Por lo anteriormente expuesto, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la presente determinación, a efecto de que queden debidamente notificadas del presente auto. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión del procedimiento; en virtud de que la parte quejosa exhibió el acta de defunción del tercero interesado *************; se ordenó girar oficio al Director del Archivo General de Notarías, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, el primero de ellos, informara si existe entre su acervo de archivos, disposición testamentaria a bienes de dicho tercero interesado ***************, mientras que a la segunda autoridad, se le requirió para que informara si existe en alguno de los juzgados de esta entidad Federativa, juicio sucesorio a bienes del tercero fallecido de referencia; sin que ambas autoridades dieran respuesta positiva conforme a lo solicitado. No obstante, de las constancias de autos se advirtió que ***************, tiene reconocido el carácter de apoderada legal de ************, aquí tercero interesado fallecido, en el juicio laboral *************, del que emana el acto reclamado, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que, el dieciocho de abril del año en curso, se ordenó emplazarla a juicio, requiriéndola, a su vez, para que informara a este juzgado federal, si a la fecha se encuentra denunciada la sucesión del tercero interesado ************, y, en su caso, proporcionara el nombre del albacea de la misma, así como el Juzgado al cual correspondió conocer de dicha sucesión; y el veinticuatro de abril del presente año, se tuvo a dicha apoderada legal emplazada mediante lista que se publica en los estrados de este juzgado, conforme al artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha haya desahogado tal requerimiento. En tales condiciones, con fundamento al artículo 16, párrafo segundo de la Ley de Amparo, al ser el acto reclamado "la resolución de fecha 24 de junio del 2022 mediante la cual se decreta la prescripción del laudo dictado con fecha 18 de octubre del 2018 bajo el expediente *****************" (sic), se considera que se debe continuar con el procedimiento del presente juicio de amparo, toda vez que en dicho laudo la parte patronal, aquí tercero interesado (fallecido), fue condenado al pago de diversas prestaciones, por lo que no se puede dejar desprotegido al trabajador, aquí quejoso, por el deceso del patrón, porque en caso de que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo fuera favorable para la parte quejosa, existe la posibilidad de que en el juicio laboral de origen, pueda ser sustituido por otra persona, o por su sucesión, para responder por las obligaciones contraídas; y en ese caso, la Junta encargada del caso tendría que ordenar las diligencias para llamar al sucesor del patrón fallecido a integrarse a la relación jurídica, para que exprese lo que a su derecho convenga y se garanticen los derechos laborales del trabajador; de considerar lo contrario, se incurriría en una violación procesal, y, por ende, en un acto ilegal. Por lo expuesto, se LEVANTA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO decretada en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, y se continua con el procedimiento del presente juicio, teniendo a ***************, en su carácter de apoderada legal del tercero interesado ***************** (fallecido). Por lo anteriormente expuesto, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la presente determinación, a efecto de que queden debidamente notificadas del presente auto. Notifíquese personalmente.
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