Kenneth López Salazar
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/08/2023
Partes del expediente
- Kenneth López Salazar
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra pendiente de resolver el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, mismo que le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, bajo el expediente 23/2023-I, de su índice. En ese contexto, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento en el presente juicio de amparo. Sin que ello implique la paralización total de este juicio, sino únicamente la abstención de celebrar la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia, con el propósito de preservar la materia de la litis, ya que de lo contrario, se contravendría el principio de expeditez en la impartición de justicia que contempla el artículo 17 constitucional. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las diez horas con veinte minutos del día de hoy. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que trascurrió el término otorgado a la parte quejosa para que desahogara la vista concedida en auto dictado el veinte de julio de dos mil veintitrés, respecto de la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como "Titular de la Unidad Especializada de Robos, de la Fiscalía Regional de Tijuana, Baja California", con sede en esta ciudad, sin que a la fecha hubiere manifestado lo propio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en dicho acuerdo y se tiene por inexistente a la referida autoridad; por tanto, continúese el presente juicio de amparo sin su intervención. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite autos originales los autos del toca civil ******************** en un tomo, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, juicio ordinario mercantil ********************, en dos tomos, demanda de amparo en original, una copia simple de la misma, certificación de días inhábiles, constancias actuariales, oficio 2897/2023, por el que rinde informe justificado la Juez Cuarto de Primera Instancia civil; de igual forma los autos del juicio de amparo directo 582/2023 y oficio 6286/2023, mediante el cual informa que se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver del juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho; motivo por el cual, ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta localidad, a fin de que turnara la demanda de amparo al juzgado de distrito correspondiente. En ese contexto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, ya que este juzgado atiende a los motivos de incompetencia expuestos por la autoridad oficiante, se avoca a conocer del presente juicio; fórmese expediente y regístrese con el número 919/2023-A. Acúsese de recibo correspondiente y realícese la anotación respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: "IV.- ACTO RECLAMADO: a).- De los Magistrados Integrantes de la CUARTA SALA del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en su carácter de Autoridad Ordenadora, reclamo la RESOLUCIÓN de Segunda Instancia, dictada dentro del Toca Civil número ******************** en fecha 17 de abril de 2023, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la Sentencia Definitiva de fecha 26 de octubre de 2021, dentro del Juicio Ordinario Civil (acción plenaria de posesión) bajo expediente número ******************** emitida por el C. Juez Cuarto de primera instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Resolución de Segunda Instancia que es materia del presente juicio y que a la letra dice: [.] b).- De la C. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, B.C., con domicilio conocido en la ciudad de Tijuana, Baja California, en su carácter de Autoridad Ejecutora, reclamo el acatamiento de la resolución de Segunda Instancia, de fecha 17 de abril de 2023, dictada por los Magistrados integrantes de la CUARTA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, dentro del Toca Civil número ********************. " Por otra parte, dada la voluminosidad de las constancias referidas, con los autos originales del toca civil ******************** en un tomo y juicio ordinario mercantil ********************, fórmense tres tomos de pruebas, por separado respetando el folio, sello y rúbrica que contienen. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Del estudio de la demanda de garantías y anexos remitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, se advierte que la parte quejosa, reclama la resolución interlocutoria que dictó la autoridad responsable el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el toca civil ********************, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil ********************, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó lo siguiente: "R E S U E L VE 1.- Se declara SIN MATERIA el recurso de Apelación presentado por la parte actora, en consecuencia.- 2.- Se deja insubsistente la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la C. Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California dentro del juicio Ordinario Civil (acción plenaria de posesión), expediente número ********************, promovido por ********************y; para quedar como sigue: PRIMERO.- Se decreta la reposición del procedimiento a fin de que sea emplazado y llamado a juicio PODER EJECUTIVO ESTATAL es decir GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, a fin de que le depare perjuicio la sentencia que se llegase a pronunciar; y se le corra traslado con la demanda promovida por la actora para que la conteste en los términos de ley, o ponga las excepciones que estime conveniente a su interés, o manifiesten lo que a su derecho convenga, hecho lo cual, y agotado el juicio en todas sus etapas, una vez que se haya respetado los derechos de defensa y de prueba que le corresponden a las partes, se resuelva el fondo de la cuestión debatida empero, lo anterior no significa que deba dejarse insubsistente lo actuado entre la parte actora y los diversos codemandados ********************y********************pues en relación con éstos no existe ilegalidad o estado de indefensión que subsanar y por ende, deberá quedar subsistente todo lo actuado tocante a ellos, por lo que únicamente contendrán el actor y el representante del PODER EJECUTIVO ESTATAL es decir GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA quien aparentemente también se considera con derecho a poseer el inmueble materia de la Litis, por tanto prevéngase a la parte actora para que amplié su demanda en contra de ente jurídico mencionado a fin de que sea oído y vencido e inclusive para que proporcione el domicilio en donde habrá de ser emplazado legalmente, por lo que una vez tramitado el juicio por sus etapas procesales, el juez primigenio se pronuncie sobre el negocio Jurídico que nos atañe. [.]" Al respecto, la suscrita estima que se actualiza de modo manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones allí previstas, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso numeral 107, fracción V, del ordenamiento jurídico invocado en último lugar señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir, incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Al respecto es aplicable la jurisprudencia J. 43 29/89 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto " Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Bajo ese contexto, es necesario precisar en primer lugar, cuáles son los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación. Tales actos son aquellos en los que sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Ahora bien, los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I. 4o. C. J/2, visible en la página 827, Tomo: I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." Aquí resulta necesario precisar que, como se señaló, en el artículo 107, fracción V, el legislador estableció que "los actos de ejecución irreparable" son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; lo cual, impide que dentro de ese concepto puedan incluirse actos que produzcan efectos meramente formales, incluso si se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. De ahí, que si se estima como principio que al operador de la norma no le es dable hacer distingos que su autor no hizo y que además, en este apartado el legislador precisó qué debe entenderse por afectación irreparable (en los términos apuntados), resulta inconcuso que no puede interpretarse para ampliar o variar en cualquier forma ese entendimiento, como ocurriría si se afirmara que ese tipo de afectación incluye lo referente a cuestiones procesales con implicaciones superlativas; tampoco debe hacerse tal ejercicio en búsqueda de un significado, que ya sin duda, fue asignado por el propio legislador y es así, que lo irreparable de actos en juicio para efectos del amparo, solo puede derivar del perjuicio, exclusivamente de lo sustantivo de los derechos y de que éste sea material; sin atender a lo superlativo de cuestiones procesales, porque de otro modo, se contravendría la intención del legislador que expresamente estableció cómo debe entenderse la hipótesis normativa de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, la parte quejosa combate la resolución que dictó la autoridad responsable el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el toca civil ********************, en el que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva emitida dentro del expediente ******************** por el Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, que a la postre resultó declararse sin materia dicho recurso de apelación interpuesto y dejando insubsistente la sentencia definitiva emitida por el Juez Civil primigenio dentro del juicio ordinario civil (Acción plenaria de posesión) ******************** en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, promovido por ********************en contra de ********************(aquí quejoso). Como consecuencia de lo anterior, se decretó la reposición del procedimiento a fin de que sea emplazado y llamado a juicio el Poder Ejecutivo Estatal, es decir, el Gobierno del Estado de Baja California, a fin de garantizar su derecho de debida defensa, precisándose además que ello no implicaría que debía dejarse insubsistente todo lo actuado entre la parte actora y los diversos codemandados, pues en relación a dichas actuaciones en lo que les atañe a éstos no existía ilegalidad o estado de indefensión que subsanar; sin embargo, esa determinación no constituye un acto que ocasione un perjuicio de imposible reparación a la impetrante de garantías, en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias remitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, relativas al juicio ordinario civil y toca civil, a las que se les concede pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de este último ordenamiento, queda evidenciado lo antes descrito. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De esas documentales se advierten los siguientes antecedentes. En nueve de febrero de dos mil dieciséis, ********************presentó demanda en contra de ******************** y del quejoso ********************. En veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, dictó sentencia definitiva dentro del expediente de origen ********************. Inconforme con el fallo, la parte actora dentro del juicio de origen, interpuso recurso de apelación. Seguido el trámite del recurso de apelación, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, mediante sentencia interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil ********************, determinó procedente reponer el procedimiento a fin de que fuera llamado a juicio el Poder Ejecutivo Estatal, es decir, el Gobierno del Estado de Baja California, a fin de garantizar su derecho de debida defensa. En ese tenor, de las constancias descritas se advierte que la resolución que dictó la autoridad responsable el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, en el que ordenó entre otras cosas, reponer el procedimiento de que se trata a fin de llamar a juicio al Poder Ejecutivo Estatal (Gobierno del Estado de Baja California), por los motivos expuestos es una determinación que no constituye un acto que ocasione un perjuicio de imposible reparación al impetrante de garantías; habida cuenta que se trata de una violación procesal reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias son susceptibles de extinción sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, en caso de que la aquí quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el litigio de origen. Máxime, si se toma en consideración que la propia resolución reclamada se declararon válidas todas y cada una de las actuaciones relativas a las partes que litigaron, lo que de suyo implica, como se ha precisado, que la sentencia reclamada no ocasiona a la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J.17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 25, Tomo VI, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." De lo anterior, se evidencia que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan respecto del acto reclamado, pues con la determinación impugnada únicamente se pueden afectar los derechos procesales de la accionante del amparo, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Luego, será en su caso hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador natural y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así, a una afectación de derechos sustantivos, si aquella sentencia resulta adversa a los intereses del hoy quejoso. En este contexto, es dable sostener que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos, tales como la propiedad, libertad, posesión, etcétera, sino únicamente derechos procesales del impetrante de garantías. Esto se considera así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, pues el impugnado en este vía no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación material, directa e inmediata en los derechos sustantivos de la parte quejosa protegidos por las garantías constitucionales y cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro del procedimiento de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la informan la tesis II.1o.C.4 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Décima Época, página 2075 cuyo rubro y texto es el siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, promovida por ********************, por propio derecho. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." También es aplicable, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que menciona en su escrito de demanda, asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, dado que no tienen su cédula registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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