Kelly Yuranny Moreno Bolaños

Expediente 466/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
466/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Kelly Yuranny Moreno Bolaños
  • Diana Andrea Bolaños Casilimas

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de diecinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para notificar a las directamente agraviadas Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas, el proveído de diecinueve de junio del año en curso, por los motivos expuesto en la misma. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a las quejosas, el presente proveído, el auto de diecinueve de junio del año en curso y las subsecuentes determinaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de junio de dos mil veintidós. Vistas las constancias actuariales de cuenta, de la notificación realizada a los quejosos Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas, se advierte que, no ratificaron la demanda promovida a su favor. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad. Por otra parte, manifiestan que no autorizan en términos amplios a los abogados Martín Moran Macías, Armando Bernal Reyes, Evelyn Sánchez Martínez y Georgina Guadalupe Padilla Gaxiola; asimismo, tampoco autorizan a las personas designadas para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de junio del año en curso, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar en que se encuentran recluidos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 466/2022-G. Ahora bien, al advertirse de la certificación de cuenta, que en esta fecha términos del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se turnó a este juzgado con folio electrónico 3627095, la demanda de amparo presentada "vía electrónica" promovida al parecer por Georgina Guadalupe Padilla Gaxiola; en representación de las quejosas Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas, asimismo que como acto reclamado la parte promovente señaló lo siguiente: "1) La detención ilegal y privación de mi libertad de que soy objeto, en la ESTACIÓN MIGRATORIA del Instituto Nacional de Migración, sita en calle Diamante Esquina con Cuarzo S/N, Fraccionamiento la Esmeralda, de esta ciudad de Tijuana, Baja California. 2) Toda orden verbal o escrita, con la cual o con las cuales, SE HA DETERMINADO INCORRECTAMENTE E ILEGALMENTE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD O RETENCIÓN de los quejosos KELLY YURANNY MORENO BOLAÑOS Y DIANA ANDREA BOLAÑOS CASILIMAS dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, sito en calle Diamante Esquina con Cuarzo S/N, Fraccionamiento la Esmeralda, de esta ciudad de Tijuana, Baja California 3) La detención ilegal, privación de la libertad de los quejosos KELLY YURANNY MORENO BOLAÑOS Y DIANA ANDREA BOLAÑOS CASILIMAS en estancia migratoria, y la inminente deportación al país de origen "COLOMBIA", fuera de todo procedimiento legal. SE HA DETERMINADO INCORRECTAMENTE E ILEGALMENTE LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD O RETENCIÓN, y falta de instauración en su contra, citación y/o llamamiento procedimiento administrativo alguno relacionado con la estancia migratoria en este país de México. 4) El traslado a alguna estación o estancia migratoria diversa a la que actualmente se encuentran los quejosos KELLY YURANNY MORENO BOLAÑOS Y DIANA ANDREA BOLAÑOS CASILIMAS, ya sea en el estado de Baja California o a cualquier otro de la República Mexicana." Suspensión de plano. Ahora, toda vez que del escrito inicial de demanda se desprende que se señalan en esencia como actos reclamados lo siguientes: La privación de la libertad personal. Riesgo de integridad física del quejoso Acto de deportación Incomunicación Cualquiera de los actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Todos, infligidos en contra de las directamente agraviadas Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN Y DEPORTACIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En tal virtud, por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en cualquier acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dicen ser objeto las directamente agraviadas Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de las quejosas con fines de deportación o expulsión, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria de las directas quejosas, a fin de velar por una protección más amplia para el impetrante, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria del agraviado, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de las directas quejosas Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas y queden a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad ya deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de las quejosas. 4.- Por tanto, en caso de que las referidas agraviadas se encuentren en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad sujetas a un procedimiento migratorio, no deberán ser trasladadas a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquellas (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubican las extranjeras quejosas; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. Por ende, las autoridades migratorias en el ejercicio de su potestad puedan libremente fijar las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio que en su caso les esté instruyendo. El artículo en mención refiere en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia de las quejosas queda bajo su más estricta responsabilidad, de conformidad con el numeral 107 de la Ley de Migración debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Finalmente, la suspensión se concede para que en el caso de que la parte quejosa ejerza algún recurso en su defensa, la detención no supere los sesenta días. Lo anterior es así, a que el artículo 111 de la ley de Migración dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria del extranjero presentado en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. Bajo esas condiciones, es inconcuso que la posible irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal, sino en todo caso como una falta administrativa, por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En ese sentido, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, sin que pueda ser indefinida conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo el riesgo de transgredir derechos humanos, entre otros, como el derecho a la seguridad jurídica y la libertad personal. De la misma manera, es dable destacar que en el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción. Además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. De este modo, la detención migratoria se ha constituido como la regla tanto a nivel normativo como en la práctica. En condiciones similares la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha constatado que, en virtud de que la detención se aplica como regla general, se ha visto en el país un crecimiento en el número de recintos migratorios para alojar a las personas migrantes en situación irregular. Lo anterior, en concepto del referido organismo autónomo, da cuenta "de la importancia que le ha dado el Estado mexicano a la detención, más allá de procurar medidas alternativas que sean menos lesivas de los derechos humanos de quienes se encuentran en contexto de movilidad". Ante tal escenario, en el Protocolo se estima pertinente tomar en cuenta los criterios que deben observar las personas juzgadoras al conocer de asuntos relacionados con la detención o privación de libertad por motivos migratorios. En adición a ello, la Corte Interamericana ha señalado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso; de ese modo, un balance adecuado entre los objetivos legítimos de los Estados en el control migratorio y el respeto del derecho a la libertad personal de los migrantes, requiere del establecimiento de medidas alternativas a la detención, las cuales representan medios menos invasivos para lograr el mismo fin. Así, considera que el carácter de última ratio atiende a las múltiples afectaciones que genera la privación de la libertad sobre los derechos de las personas, entre ellas, las causadas a la integridad personal y la salud física y psicológica de las y los migrantes detenidos. En ese sentido, el artículo 1° de la Constitución General de la República faculta a las autoridades en el ámbito de sus competencias a hacer una interpretación conforme de las normas, y a optar por la interpretación más favorable a las personas, y en caso de que ello no sea posible a implicarlas. Por lo que si se considera que el aludido artículo 111 de la ley de Migración autoriza a la autoridad migratorio a extender por más de sesenta días el alojamiento de una persona cuando ésta haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa; entonces, la apariencia del buen derecho hace presumir la inconstitucionalidad de dicha porción normativa, al resultar desproporcionada, de ahí que en el caso se ordene que la misma sea inaplicada, para respetar el derecho de acceso a la justicia. Lo anterior es así, porque el ejercicio de un derecho de defensa no debe ser vista como algo que deba perjudicar a quien lo ejerce; tal como lo destaca el anunciado Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LOS ACTOS CONSISTENTES EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO Y SU POSIBLE PROLONGACIÓN POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de las directamente agraviadas fuera de procedimiento, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, la promovente indicó que el quejoso se encuentran en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California. Por tanto, tomando en consideración que en el ocurso de demanda no se afirma que las quejosas, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentren sujetas a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso, entonces, para el caso de no se encuentren sujetas a un procedimiento administrativo ni a uno penal, entonces, la privación de la libertad reclamada sería fuera de procedimiento, como lo tratan los numerales 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al tomar en consideración la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo, el cual precisa que la suspensión de plano y de oficio, se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente en el caso en que es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano. Por tanto respecto a la privación de la libertad que se hace depender de su detención, aseguramiento, alojamiento del quejoso por más de treinta y seis horas en la estación migratoria de esta ciudad, conviene traer a contexto los artículos 68, 69 y 111 de la Ley de Migración, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias o en los Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley. Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular en el país tendrán derecho a que las autoridades migratorias, al momento de su presentación, les proporcionen información acerca de: I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; II. El motivo de su presentación; III. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; IV. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria, al consulado del país del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. Párrafo reformado DOF 12-07-2018 El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. LEY DE MIGRACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 29-04-2022 36 de 67 En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. Texto del cual se advierte que el procedimiento administrativo migratorio incluye: 1.- La presentación. 2.- El alojamiento en las estancias migratorias o en los centros de asistencia social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes. 3.- El retorno asistido; y 4.- La deportación. Así la presentación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual acuerda el alojamiento temporal de un adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, solo puede realizarse por el instituto en los casos previstos en la ley, deberá constar en actas y no podrá exceder el término de treinta y seis horas. Luego, el Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los quince días hábiles, cuando se actualicen los supuestos previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, antes citado, a saber: 1.- Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje: 2.- Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identificad y viaje; 3.- Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; 4.- Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado; y 5.- Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos 1,2, 3 y 4 en comento, el alojamiento del extranjero en las estancias migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el instituto otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. Como se ve el Instituto Nacional de Migración debe acordar el alojamiento temporal en un plazo que no exceda de treinta y seis horas; asimismo, a partir de ese momento, cuenta con un plazo no mayor de quince días para resolver la situación migratoria de la parte extranjera presentada. Como excepción se prevé que el alojamiento podrá exceder del plazo de quince días en los supuestos previstos en las cinco fracciones previstas en el artículo 111 de la Ley de Migración, en este supuesto, el alojamiento en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días. En ese caso, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, la concesión de la medida es para el único evento de que las quejosas de no hayarse sujetas a un procedimiento migratorio ni penal, la suspensión será para que sean puestas en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, lo anterior siempre y cuando haya transcurrido el término establecido en los artículos 68 y 100 de la Ley de Migración. REQUERIMIENTOS A LA AUTORIDAD. Solicítese a las autoridades responsables a fin de que en plazo de veinticuatro horas informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a las quejosas antes mencionadas, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que las quejosas al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. En el entendido de que si considera en el caso en particular la fijación de alguna garantía, ésta deberá estar fundada y motivada, exponiendo los factores que determinen la situación económica del migrante y del caso, que considera justifican aquel monto. Además, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que, en igual plazo, de derivar la detención de la comisión de un delito, informen ante qué agente del Ministerio Público pusieron a disposición a las quejosas. Asimismo, hágaseles saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando las aquí quejosas, no se encuentren sujetas a un diverso procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Así como si éstos son objeto de una suspensión decretada en diverso juicio de amparo. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tienen Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentra sujeto y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidas las directamente agraviadas; y, Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya cumplieron con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Asimismo, tendrán que informar a este Juzgado, si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a las directas quejosas los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria, que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría." Lo anterior tomando en consideración que las autoridades responsables deben proporcionar información a la parte quejosa para que esté en aptitud de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada, o bien, para que solicite el otorgamiento de la protección complementaria, en términos del numeral transcrito y el diverso 13 de la ley de la materia que señala: "Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de: Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente; Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones. La Secretaría adoptará las medidas que considere apropiadas para dar a conocer la información mencionada, de conformidad con la legislación aplicable. En el entendido que si las quejosas cumplen con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, deberá ser puesta en libertad de inmediato. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable dentro la Estación Migratoria de esta ciudad, deberán permitir a quienes comparezcan en su carácter de autorizados el quejoso, la comunicación que sea necesaria para su defensa. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, en los siguientes términos: Para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados. Remitan las constancias relativas a la lectura que le hayan dado a las quejosas sobre sus derechos, conforme a los artículos 102 y 109 de la Ley de Migración. Remitan la constancia de la que se desprenda desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidas en esa estación migratoria las directamente agraviadas; que calidad migratoria y cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetas y su fundamento legal. O bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo. Apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas.". Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las directamente agraviadas Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de las agraviadas en el lugar en que se encuentren detenidas. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá requerir a las directamente agraviadas para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifiesten si señala como domicilio el precisado en el escrito de demanda, o bien si desea se realicen las notificaciones vía electrónica a los usuarios "Ggpg1806" y "Abelboone", en el entendido de que en caso de omisión, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se notificarán por medio de lista; asimismo para que manifieste si autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Georgina Guadalupe Padilla Gaxiola, Armando Bernal Reyes, Martín Moran Macías y Evelyn Sánchez Martínez, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que se indican. Asimismo, les requiera para efecto de que precisen si autorizan la consulta del presente expediente en su modalidad electrónica, asimismo por medio de los usuarios "Ggpg1806" y "Abelboone" y el señalamiento de correo electrónico y número telefónico proporcionado para lograr comunicación con este Juzgado. Igualmente, de advertirse que Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas se encuentran a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que le requiera para que en el acto de la notificación, manifiesten si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dichas agraviadas. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese; y personalmente a las directamente agraviadas Kelly Yuranny Moreno Bolaños y Diana Andrea Bolaños Casilimas.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano