Kennedy Corona Sánchez
Expediente 1166/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 21 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Kennedy Corona Sánchez
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de cuenta mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto que se reclama en su demanda de garantías, el día doce de noviembre de dos mil diecisiete. Por tanto, una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Ahora, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... En ese orden de ideas, tenemos que en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra dicen: ... De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. En tal virtud, cabe formular la siguiente interrogante ¿A partir del tres de abril de dos mil trece en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, qué plazo tienen los quejosos para impugnar un auto de formal prisión o una orden de búsqueda, aprehensión y/o detención -como actos dictados en un proceso o procedimiento penal que afectan la libertad del quejoso-, o bien, si se conservó el criterio de que se podía hacer en cualquier tiempo? Para dar respuesta a lo anterior, en principio, debe ponderarse que la actual Ley de Amparo establece en el párrafo primero del artículo 17 una regla general de quince días para la presentación de la demanda y una sola excepción donde puede promoverse el juicio en cualquier tiempo prevista en su fracción IV. Por tanto, para mayor claridad procede hacer un estudio comparativo entre la derogada y la actual Ley de Amparo, en ese sentido: Artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada. Artículo 17, fracción IV de la Ley de Amparo vigente. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Como puede apreciarse, anteriormente contra cualquier acto que afectara la libertad personal del quejoso, podía promoverse el juicio de amparo en cualquier tiempo, siendo que actualmente tal presupuesto se acotó sólo a los actos restrictivos de la libertad dictados fuera de un procedimiento, es decir, los actos que tengan esa calidad pero que se emitieron en un procedimiento, sea jurisdiccional o administrativo ya no gozan de la temporalidad indefinida para combatirlos, sino que al ya no estar expresamente incluidos en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, debe aplicarse la regla general prevista en el párrafo primero de ese numeral -quince días-. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia temática ha establecido casos en que sin ordenarse propiamente una detención material del quejoso, se afecta su libertad personal dentro de un procedimiento penal, como ahora se plasmó en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la actual Ley de Amparo, en el que la sentencia definitiva dictada en un procedimiento penal es la que sin duda podría restringir mayormente la libertad de una persona, y que a propósito también cuenta con un plazo fijo de ocho años para que se impugne en el amparo directo, no en cualquier tiempo, siendo pertinente destacar, desde este momento, que no deben hermanarse los supuestos en que no es necesario agotar un recurso en contra del acto restrictivo de la libertad dentro de un procedimiento penal con los plazos previstos actualmente, dado que sólo se excluye al quejoso de la carga de agotar el medio de defensa relativo, pero queda sujeto a la temporalidad de quince días para controvertirlo a través del juicio de amparo. Se insiste, si el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo señala que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, el juicio de amparo relativo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años, siendo este acto el que mayormente afecta la libertad personal del quejoso, no hay razón para interpretar tal precepto en el sentido de que tratándose de una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, pueden reclamarse en el juicio de amparo en cualquier tiempo, al tratarse de actos restrictivos de la libertad de manera provisional dentro del procedimiento penal, es decir, la mayor afectación la actual Ley de Amparo prevé un plazo de ocho años respecto de la sentencia definitiva, mientras que los demás actos intermedios como la orden de aprehensión o el auto de formal prisión, siguiendo esa misma lógica, deben impugnarse en el plazo de quince días, dado que no sería posible considerar que atinente a tales actos no existe un plazo para combatirlos y respecto de la sentencia, que se reitera, es la máxima restricción a la libertad personal, sí tuviera una temporalidad perentoria. Para robustecer lo expuesto, conviene traer a colación lo discutido en la Cámara de Senadores el martes once y jueves trece de octubre de dos mil once, a propósito de la aprobación del texto del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente: ... Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del trece de noviembre y feneció el cuatro de diciembre del año en curso, y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala hasta el trece de diciembre del año en curso, tal como lo revela el sello que consta en el escrito en comento, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de garantías.
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