Kassandra Pumarino Stevenson

Expediente 425/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
425/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Kassandra Pumarino Stevenson
  • Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 711 a 713), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte se concedió la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. En el entendido de que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Sin que sea necesario requerir a la parte tercero interesada para la devolución de documentos originales; toda vez que mediante proveído de catorce de mayo de dos mil dieciocho (foja 723), se autorizó la devolución de los mismos.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito del tercero interesado Luis Enrique Rodríguez Rodríguez, por el que solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito por el cual se apersonó al presente juicio de amparo; en consecuencia, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, hágase la devolución de los documentos que indica, previa constancia que deje asentada en autos, a las personas que autoriza para ello. Se autoriza expedición de copias certificadas. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita y téngase como autorizados para recibirlas, a las personas que señala, previa razón que de su recibo se otorgue en autos.

  3. Principal

    El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la ejecutoria dictada el quince de marzo de dos mil dieciocho (fojas 632 a 670), en el expediente auxiliar de revisión R-146/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, derivado del amparo en revisión 573/2017 del índice del Tribunal oficiante, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, realizara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dos de marzo del año dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 21/2017 de su índice, por la que se determinó confirmar el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, de diecisiete de noviembre de dos mil, decretado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras en favor del hoy recurrente Luis Enrique Rodríguez Rodríguez, por la comisión del ilícito de incumplimiento de obligación alimentaria en agravio del menor ***, previsto y sancionado por los artículos 1, 7, 14, 17 fracción I, 18, 21 fracción I, 368 todos del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, en la época en que sucedieron los hechos, emitida dentro del juicio penal 32/2016. 2. En su lugar dicte uno nuevo, en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, estime que el pliego de consignación de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, carece de eficacia jurídica, al no contener la firma de una de las testigos de asistencia y, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda". (sic) Por acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho (fojas 671 a 673), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el tribunal de alzada, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 698), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las demás partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 5165, la Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución de once de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 21/2017-3 de su índice; de la que se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: Dejó insubsistente la sentencia reclamada; Destacó las imprecisiones contenidas en el pliego consignatorio; Concluyó que si bien es cierto que el Agente del Ministerio Público investigador, firmó el acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, con el que ejercita acción penal en contra del probable responsable, la testigo de asistencia Maricela Pérez Rodríguez, quien da fe de la actuación del Representante Social no firmó dicha actuación; y, Declaró la nulidad de todo lo actuado y en consecuencia ordenó la devolución de la causa penal al Juez de origen, quien a su vez devolverá las actuaciones al Agente del Ministerio Público Investigador, para que de considerarlo oportuno, subsane las violaciones precisadas y si así lo determina, ejercite acción penal por los hechos puestos a su conocimiento. A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, de su análisis se acredita que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó el cumplimiento -en el núcleo esencial- de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, sin excesos ni defectos; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al tercero interesado Luis Enrique Rodríguez Rodríguez, el contenido del proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciocho: ...El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la ejecutoria dictada el quince de marzo de dos mil dieciocho (fojas 632 a 670), en el expediente auxiliar de revisión R-146/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, derivado del amparo en revisión 573/2017 del índice del Tribunal oficiante, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, realizara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dos de marzo del año dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 21/2017 de su índice, por la que se determinó confirmar el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, de diecisiete de noviembre de dos mil, decretado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras en favor del hoy recurrente Luis Enrique Rodríguez Rodríguez, por la comisión del ilícito de incumplimiento de obligación alimentaria en agravio del menor ***, previsto y sancionado por los artículos 1, 7, 14, 17 fracción I, 18, 21 fracción I, 368 todos del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, en la época en que sucedieron los hechos, emitida dentro del juicio penal 32/2016. 2. En su lugar dicte uno nuevo, en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, estime que el pliego de consignación de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, carece de eficacia jurídica, al no contener la firma de una de las testigos de asistencia y, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda". (sic) Por acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho (fojas 671 a 673), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el tribunal de alzada, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 698), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las demás partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 5165, la Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución de once de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 21/2017-3 de su índice; de la que se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: Dejó insubsistente la sentencia reclamada; Destacó las imprecisiones contenidas en el pliego consignatorio; Concluyó que si bien es cierto que el Agente del Ministerio Público investigador, firmó el acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, con el que ejercita acción penal en contra del probable responsable, la testigo de asistencia Maricela Pérez Rodríguez, quien da fe de la actuación del Representante Social no firmó dicha actuación; y, Declaró la nulidad de todo lo actuado y en consecuencia ordenó la devolución de la causa penal al Juez de origen, quien a su vez devolverá las actuaciones al Agente del Ministerio Público Investigador, para que de considerarlo oportuno, subsane las violaciones precisadas y si así lo determina, ejercite acción penal por los hechos puestos a su conocimiento. A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, de su análisis se acredita que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó el cumplimiento -en el núcleo esencial- de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, sin excesos ni defectos; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

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