Kelvys Perez Argüelles
Expediente 314/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Kelvys Perez Argüelles
Actuaciones
- Principal
Tapachula, Chiapas, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy ha trascurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído que tuvo por no presentada la demanda promovida por Daniel Alejandro Molina Aranda, en favor de Kelvys Pérez Argüelles, contra los actos reclamados al Instituto Nacional de Migración, Delegación Chiapas, residente en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, y por ende, quedan sin efectos las medidas cautelares decretadas en el presente juicio. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de veintiséis de julio del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo en que se actúa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos los plazos previstos en el aludido ordinal 21 a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal y constancias respectivas a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, para los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, y lístese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Vista la constancia de notificación personal que antecede, se desprende que el quejoso ****, no ratificó la demanda presentada a su favor por Daniel Alejandro Molina Aranda, ante este Juzgado. Bajo esa circunstancia, con fundamento en el artículo 15 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, una vez que cause estado el presente proveído, se dejarán sin efectos las providencias decretadas en el acuerdo inicial.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo firmada electrónicamente por Daniel Alejandro Molina Aranda, en representación del directo quejoso Kelvys Pérez Argüelles, contra el acto del Instituto Nacional de Migración Delegación Chiapas, residente en esta ciudad, fórmese el cuaderno correspondiente, regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 314/2021 VIII-B. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se aduce que la parte quejosa reclama: La incomunicación en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúe ejecutándose el acto reclamado, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a la autoridad responsable hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberá abstenerse de propinar malos tratos o incomunicación, y que no sea deportada a su país de origen. De conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, y por cuanto hace al acto que ahí se describe, la parte amparista queda a disposición de este juzgado de Distrito, en el lugar en que se encuentre alojada, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a la autoridad responsable la subsistencia de la medida. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de la aquí señalada como responsable o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Por otro lado, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte promovente se duele de una posible restricción de su libertad de tránsito, es necesario establecer que esta prerrogativa debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, conforme al cual queda claro que tal derecho no es absoluto ni irrestricto, pues está sujeto a límites y subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración; cuestiones todas ellas de interés social y de orden público. En ese contexto, si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, estas últimas deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuesta a las gestiones que en ese entorno se realicen (verbigracia, las que puedan derivar de las hipótesis contempladas en los artículos 101 y 102) y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la legislación de la materia. En ese sentido, y derivado de la situación de pandemia que vive el País generada por el virus denominado COVID-19, las autoridades migratorias bajo su más estricta responsabilidad, deberán resguardar a la parte quejosa con las medidas sanitarias decretadas por las autoridades de salud. Asimismo, la autoridad responsable en términos de los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberá bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención en la estación migratoria, en que ésta se utilice como último recurso, al tratarse per se, de una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento); de no ser posible un alojamiento distinto, entonces debe examinar que se cumplan y garanticen sus derechos mientras dure su estadía en ese lugar. Por tanto, mientras permanezca en las instalaciones señaladas, esa medida debe tener por efecto que la autoridad migratoria: 1. Identifique e individualice al migrante; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si han tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore el estado de salud, o quiénes tienen necesidades específicas; y 4. Lo ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que pueda acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señalada como responsable o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante RATIFICACIÓN DEL DIRECTO AGRAVIADO Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se constituya a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, ó en cualquier otro centro de detención de esta ciudad, a fin de que localice al quejoso Kelvys Pérez Argüelles y en caso de encontrarlo, le comunique esta determinación y lo requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. De igual manera, el Actuario Judicial deberá dar fe del estado físico en que se encuentra el directo quejoso, a efecto de verificar su seguridad personal. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio el que indica para los efectos legales procedentes. Asimismo, de la certificación que antecede, se aprecia que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario "molinaabogado" correspondiente al licenciado Daniel Alejandro Molina Aranda. En consecuencia, de conformidad con lo establecido el numeral 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el considerado noveno del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al licenciado Daniel Alejandro Molina Aranda la consulta del expediente electrónico vía internet y que las notificaciones se le hagan por el mismo medio, por así haberlo solicitado. Asimismo, se instruye a la encargada del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que proceda a dar de alta el usuario "molinaabogado". Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. EXHORTO JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, es menester que observen lo siguiente: Las personas interesadas en acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, forzosamente deberán contar con firma electrónica, que comprende a la certificada por el Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, y a la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL). Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, registro federal de contribuyentes y clave única de registro de población, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema ese carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule una petición en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica gestión ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Ello permitirá presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Adicionalmente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con el Comunicado 28/2020, del quince de julio del dos mil veinte, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen el sistema operativo Android, de modo que, a través de este medio también podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.****
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