Kelly Alberto Romero Valdovinos

Expediente 1437/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1437/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Kelly Alberto Romero Valdovinos
  • Martha Hilda Roblero Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. SE DECLARA FIRME LA SENTENCIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que sobreseyó el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS SI NO NO --- YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha quedado firme para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 3 ? como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 4 Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 214, inciso d) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 345, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva. En ese sentido, una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación 4 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; 5 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 3. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. Nota: Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". Si se negó la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 5 ? correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25,6 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario 6 "Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 6 requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 217 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia y Sentencia Constitucional En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 1437/2022 promovido por Kelly Alberto Romero Valdovinos, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, sin la comparecencia personal o virtual de las partes. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO Y ANEXO 2-7 2 AUTO ADMISORIO 11-19 3 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 23 4 EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO FEDERAL 23 5 INFORME JUSTIFICADO DEL JUEZ SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS 26-32 6 APERSONAMIENTO Y ALEGATOS DE LA TERCERO INTERESADA MARTHA HILDA ROBLERO MÉNDEZ. 185-189 Asimismo, se hace constar el sentido del informe justificado de las autoridades responsables: NO. INFORME JUSTIFICADO SENTIDO 1 JUEZ SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS CIERTO Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte oferente Pruebas 1 QUEJOSA DOCUMENTALES 9 Y 10 2 JUEZ SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS DOCUMENTALES 33-178 La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que únicamente la tercero interesada Martha Hilda Roblero Méndez, los formuló. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tienen por formuladas las alegaciones de la parte tercero interesada y se declara perdido el derecho de las demás partes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1437/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el diecisiete de octubre del dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno a este juzgado, Kelly Alberto Romero Valdovinos, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido al Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de octubre del año en curso, se ordenó el registro de la demanda bajo el número de expediente 1437/2022, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman en amparo indirecto (grado) actos (materia), atribuibles a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito (territorio). SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de desocupación y el consecuente lanzamiento del inmueble ubicado en 13a Trece Avenida Sur Oriente, número 23, colonia 16 de septiembre de Tapachula, Chiapas. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo admitió la Jueza responsable al rendir su informe justificado, por lo que se tiene plenamente demostrada su existencia. Lo que además se corrobora con la copia certificada del expediente 112/2022, relativo al juicio de arrendamiento inmobiliario del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, que remitió con su informe justificado; documental a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de causa de improcedencia -fundada-. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, de oficio esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." El interés jurídico al que alude el precepto transcrito, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el invocado artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el nuevo texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de derechos, según se precisó, que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". Sobre el particular, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación emitió la tesis XIV/2011, consultable en la página 34, tomo XXXIV, agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la reforma al artículo 107 de la Constitución Federal, no se traduce en una apertura absoluta para acudir al juicio de amparo, en la medida en que el quejoso debe demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, sino un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de la afectación a su esfera de derechos en sentido amplio, tal como se advierte de la tesis XLIII/2013, consultable en la página 822, Libro XVII, tomo 1, febrero de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, asimismo, hizo la precisión de que tratándose de actos derivados de órganos jurisdiccionales necesariamente se requiere de un derecho subjetivo, que en cambio, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, pero sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico". Lo anterior se desprende de la tesis consultable en la página 1736, Libro XVIII, tomo 2, marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. En el caso, por cuanto hace al acto consistente en la orden de desocupación y el consecuente lanzamiento del inmueble ubicado en 13a Trece Avenida Sur Oriente, número 23, colonia 16 de septiembre de Tapachula, Chiapas ordenados en el juicio de arrendamiento inmobiliario 112/2022, se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que el quejoso no demostró contar un derecho oponible sobre ese inmueble. En efecto, para acreditar el derecho de posesión que afirma ostentar, la quejosa exhibió los documentos siguientes: Copia simple de la cédula de notificación de once de octubre de dos mil veintidós, en el juicio de arrendamiento inmobiliario con número de expediente 112/2022 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, promovido contra Zulkflee Manaf Moctezuma. Recibo de agua expedido por el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, con número de contrato 117374-117374-1. Constancia de fumigación con número de folio J385-22 Constancia de fumigación con número de folio J386-22. Sin embargo, los citados medios de prueba resultan ineficaces para demostrar la existencia del derecho de posesión que aduce ostentar. Respecto a lo anterior, el Alto Tribunal ha sostenido que para que la posesión sea objeto de la protección a través del juicio de amparo indirecto cuando la parte quejosa -como en la especie- se ostenta como persona extraña al juicio civil de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere ese derecho a poseer, de manera que los promoventes tenga una base objetiva que produzca la convicción de que detentan el derecho a poseer el bien inmueble materia del juicio natural, descartándose la protección de la posesión precaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo V, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2002, de rubro y texto siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así también, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1341, tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." Por tanto, aun cuando la parte quejosa exhibió recibo de agua expedido por el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, con número de contrato 117374-117374-1 ésta no resulta eficaz para demostrar el derecho de posesión que afirma ostentar, pues únicamente se advierte que el inmueble ubicado en 13 avenida sur, número 23, en la colonia 16 de septiembre, cuenta con el servicio de agua y drenaje contratado por Erika Guadalupe Ríos Roblero. Por su parte, las constancias de fumigación con números de folios J385-22 y J386-22, si bien indican que el promovente contrató un servicio de fumigación para el cabaret Aljamaylu, ubicado en 13ª avenida sur N°23 col 16 de septiembre, lo cierto es que no acreditan la constitución o adquisición del derecho de posesión. Circunstancias que se adminiculan con el informe justificado rendido por la jueza responsable, del que se advierte que en el juicio de arrendamiento inmobiliario 112/2022 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas la orden de desocupación se encuentra dirigida a diversa persona. Así como con lo manifestado por la tercero interesada Martha Hilda Roblero Méndez, quien fue enfática en afirmar que el contrato verbal que refiere el quejoso lo celebró con la persona de nombre Zulkfflee Manaf Moctezuma -demandado en el juicio de origen-. Asimismo, que el quince de junio del año en curso, el actuario judicial acudió al inmueble materia de la litis en busca de la parte demandada a fin de notificarle la sentencia definitiva en comento, siendo atendido por quien dijo llamarse Kelly Alberto Romero Valdovinos [aquí quejoso], y ser cuidador de dicho local. Por su parte, la cédula de notificación del auto que ordenó la entrega del inmueble -de manera voluntaria- sólo acreditaría la existencia de dicho acto el cual se reclama de manera destacada, pero no actualiza a favor del quejoso el interés jurídico necesario para promover el presente juicio de amparo contra la citada orden de desposesión. En virtud de lo antepuesto, tomando en consideración que en el juicio de arrendamiento mobiliario 112/2022 del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, el solicitante de amparo carece de interés jurídico para reclamar la orden de desposesión y su ejecución; se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la citada ley y, como consecuencia, resulta procedente sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Kelly Alberto Romero Valdovinos, contra la orden de desposesión y su ejecución, de conformidad con las consideraciones expuestas en el punto V de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Kelly Alberto Romero Valdovinos, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual remite el duplicado del incidente de suspensión en que se actúa. Al efecto, se tiene por recibido el duplicado del presente cuaderno incidental Ahora, toda vez que en proveído de ocho de noviembre pasado se reservó proveer lo conducente hasta en tanto obrara el duplicado del presente incidente, lo cual ya aconteció. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y acúsese el recibo correspondiente vía interconexión En relación con el expediente que se formó con motivo de la remisión de del duplicado, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Ahora bien, por cuanto el Tribunal de Alzada indicado, en lo que fue motivo de queja declaró sin materia el recurso interpuesto contra la suspensión provisional dictada en esta incidencia; hágase saber lo anterior a las partes para los efecto legales conducentes. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las dieciséis horas con cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Kelly Alberto Romero Valdovios, la resolución de catorce de noviembre del dos mil veintidós, emitida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1437/2022, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado en calle Manuel M. Ponce, número 17, colonia Magisterial, en esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución de catorce de noviembre del año en curso, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1437/2022, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el quince de noviembre del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial.

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