Kato Alberto Inowe Silva

Expediente 250/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
250/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Kato Alberto Inowe Silva
  • Juez de Control, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de siete de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual se sobreseyó este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes; por consiguiente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que el presente expediente fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción II del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 250/2018, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservará el auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en que se concedió la suspensión provisional. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial y el estado de autos de los que se advierte que el quejoso Kato Alberto Inowe Silva, no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 115 y 116), para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de garantías, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este Juzgado Federal determina que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La determinación que aquí se adopta se justifica con base en la copia certificada del auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho remitida como justificación a su informe por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca (foja 111 a 113), de cuyo contenido se aprecia que el ocho de octubre de dos mil dieciocho, la victima María Pérez Antonio, compareció ante el Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, y de manera voluntaria otorgó el perdón al imputado, aquí quejoso Kato Alberto Inowe Silva, asimismo, manifestó que se daba por pagada de la reparación del daño, por lo que la citada autoridad responsable, procedió a determinar si era procedente el perdón otorgado por la víctima, y determinó que al encontrarse en tiempo toda vez que no se ha dictado una sentencia en segunda instancia, ni se ha desahogado la etapa intermedia, y que el delito de despojo que se le atribuye al aquí quejoso es un delito que la ley lo considera como delito de querella, en términos del artículo 384 último párrafo del Código Penal vigente en el Estado, es procedente el otorgamiento del perdón otorgado por la victima María Pérez Antonio; por consiguiente, al haberse decretado el perdón y haberse declarado procedente el mismo, en términos del artículo 485, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró la extinción de la acción penal y en consecuencia el sobreseimiento total de la causa en términos del artículo 327, fracción VI del mismo ordenamiento en consulta; y al haber manifestado las partes que renuncian al plazo que tienen para inconformase en contra de la resolución que decretó el sobreseimiento, la autoridad responsable declaró firme dicho auto, otorgándole efectos de sentencia absolutoria, de conformidad con el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo ordenó archivar la causa penal 211/2017, de su índice, como totalmente concluida, documental a la cual se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2°. De lo anterior, resulta patente que han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que la autoridad responsable en proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 211/2017 que se le instruyó a Kato Alberto Inowe Silva y/o Kato Inowe Silva y otra, por el hecho que la ley señala como el delito de despojo cometido en perjuicio de María Pérez Antonio, decretó procedente el otorgamiento del perdón otorgado por la victima María Pérez Antonio, en consecuencia, declaró la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total de la causa penal, en términos de los artículos 327, fracción VI y 485, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; luego, ante la manifestación de las partes en el sentido de renunciar al plazo que tienen para inconformase en contra del auto que decretó el sobreseimiento, declaró firme dicho sobreseimiento, y ordenó el archivo de la citada causa penal como totalmente concluida, esto es, desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal; en la tesitura planteada, del acervo probatorio y de las consideraciones que en este apartado se han vertido, se puede concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, volviendo a constituirse a favor del quejoso una situación jurídica idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional; lo que actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, e impone decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías, con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la ley en consulta, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, en aras de la pronta impartición de justicia. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 115 y 116), para las diez horas con cincuenta minutos de este día. Se invoca en apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "Registro No. 184572 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003 Página: 386 Tesis: 2a./J. 10/2003 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Texto: De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, se invoca en apoyo de lo resuelto las jurisprudencias 2a./J. 59/99 y 2a./J. 9/98, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos IX (Junio de 1999) y VII (Febrero de 1998), visibles a fojas 38 y 210, correspondiente a la Novena Época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO: Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta resolución, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente en el que se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos el informe previo rendido por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, sin que surta mayor acuerdo, toda vez que en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 51), se tuvo a la citada autoridad responsable rindiendo su informe previo por correo electrónico, y mediante interlocutoria de veintinueve de noviembre del año en curso, se resolvió en definitiva este incidente de suspensión (fojas 58 a 61).

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