Karla Mireya Guzmán Hernández
Expediente 451/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 37 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 11/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Karla Mireya Guzmán Hernández
- Karla Mireya Guzmán Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Incidental
Como está ordenado en auto de esta propia fecha, en el juicio de amparo 451/2018, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (fojas 12 y 13), por una parte negó y por otra se concedió la suspensión provisional, asimismo, por interlocutoria de once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 41 y 42), por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme al punto vigésimo primero, fracción II; párrafo segundo, del citado Acuerdo. De igual manera, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentos y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservarán el auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (fojas 12 y 13), que por una parte negó y por otra concedió la suspensión provisional, así como la interlocutoria de once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 41 y 42), que por una parte negó y por otra concedió la suspensión definitiva. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones que anteceden, y toda vez que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído dictado el doce de julio de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en términos de lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en el plazo que establece el diverso 202, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el auto de referencia, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; en consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, por ubicarse en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General citado; sin embargo, deberán conservarse la demanda y sentencia respectiva. Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que por proveído de cuatro de julio del presente año (foja 344), se ordenó dar vista a las quejosas y al tercero interesado con el contenido de la documental remitida por la autoridad responsable, integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante oficio 979/2019 (fojas 304-343), por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia emitida en este juicio de amparo; sin que hicieran manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, este órgano de control constitucional, procede a resolver, de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia engrosada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 184 a 193), el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas Karla Mireya y Verónica Alejandra, ambas de apellidos Guzmán Hernández, para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder a las quejosas, el amparo solicitado, para el efecto de que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: 1. Deje insubsistente la sentencia de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Familiar 182/2018; 2. Atendiendo a lo expuesto en esta sentencia, con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que corresponda; empero, subsanando los vicios que se advirtieron; esto es, en la resolución que emita en cumplimiento a esta sentencia de amparo, funde y motive suficientemente y dé respuesta al agravio hecho valer por las quejosas y que se destacó en este fallo". En dicha sentencia se razonó además: "Como se desprende de la transcripción de la sentencia, la Sala Familiar responsable, fue omisa en fundar y motivar suficientemente su resolución, además de no ser exhaustiva al analizar los agravios. Cierto, la autoridad responsable sostiene en su resolución, que las aquí quejosas, han rebasado la mayoría de edad y por consiguiente han obtenido la libre disposición de sus personas y de sus bienes, y por otra parte han concluido sus estudios profesionales como así lo confesaron al contestar la demanda, por lo que es inconcuso que la obligación del actor -aquí tercero interesado- de proporcionarles alimentos, ha cesado; además, de que no resulta atribuible a su progenitor que ante la falta de oportunidad laboral la quejosa Karla Mireya Guzmán Hernández, no ha obtenido algún empleo, asimismo, en relación a que la peticionaria Verónica Alejandra Guzmán Hernández no haya obtenido el título correspondiente, demuestra la falta de aplicación para obtener el mismo y no causa atribuible al deudor alimentista. Lo anterior así plasmado por la Sala Familiar responsable, resulta insuficiente en fundamentación y motivación, para que las peticionarias conozcan cuál es la razón jurídica de por qué el haber rebasado la mayoría de edad y haber concluido sus estudios profesionales, es razón suficiente para no necesitar el pago de alimentos por parte de su progenitor. Es así, pues si bien los argumentos de la autoridad responsable podrían resultar en cierto sentido válidos, lo cierto es que tiene la obligación de motivar, con argumentos jurídicos -valga la expresión-, y sustentar sus razonamientos en ley, para que así las justiciables conozcan de manera plena, los argumentos y fundamentos jurídicos de por qué el aquí tercero interesado no se encuentra obligado legalmente a seguirles proporcionando alimentos. Dicho de otra manera, la autoridad responsable debe decirle a las quejosas a través de la sentencia que emita, con argumentos y fundamentos jurídicos, hasta cuando el deudor alimentista tiene la obligación de proporcionar alimentos al hijo mayor que ha concluido sus estudios profesionales, y cuáles serían en su caso, las excepciones, esto es, cuando el hijo aun siendo mayor de edad y habiendo concluido sus estudios profesionales debe seguir recibiendo alimentos; para que así las aludidas peticionarias de amparo, tengan conocimiento pleno de por qué razón ya no es dable jurídica y legalmente que el tercero interesado continúe proporcionándoles alimentos. En esta línea argumentativa, si bien contrario a lo que alegan las quejosas en el sentido de que la autoridad responsable omitió valorar las pruebas documentales, ya que lo cierto es que sí hubo pronunciamiento respecto de las mismas por la Sala responsable, pues ésta razonó que si bien no fueron objetadas, de tales documentales no se desprende que Verónica Alejandra Guzmán Hernández, se encuentra imposibilitada para bastarse por sí misma, tal razón se estima insuficiente, para tener por cumplido el derecho de fundamentación y motivación, en virtud de que no expone razonamiento de cómo es que arriba a esa conclusión. En otro orden de ideas, como también se dijo, la autoridad responsable no cumplió con el principio de exhaustividad al momento de resolver el asunto planteado ante su potestad. En efecto, la Sala Familiar omitió pronunciarse en cuanto al argumento planteado por las quejosas, en el sentido de que respecto a la prueba confesional ofrecida por el aquí tercero interesado, debía llevarse por vía de exhorto en el lugar en que residen las quejosas y fueron emplazadas; esto es, en Tampico, Tamaulipas, no obstante haber señalado un domicilio convencional en esta ciudad de Salina Cruz, para efectos de oír y recibir notificaciones, el cual, -dicen las quejosas- ninguna injerencia tiene con el domicilio real y cierto de estas; además omitió pronunciarse sobre los criterios invocados por la parte peticionaria de amparo, en el sentido de si eran o no aplicables al caso. En efecto, como se desprende de la resolución emitida por la Sala responsable, esta última incumplió con el principio de exhaustividad, pues no se pronunció respecto del argumento de las quejosas, de que el desahogo de la prueba confesional debía llevarse en el domicilio donde fueron emplazadas, aun cuando hubieran señalado domicilio en Salina Cruz, o dicho de otro modo, omitió pronunciarse en cuanto a por qué el hecho de tener un domicilio para oír y recibir notificaciones en lugar diverso al de su residencia, es suficiente, y en ese sentido, los criterios invocados por Karla Mireya y Verónica Alejandra, ambas de apellidos Guzmán Hernández, no resultaban aplicables, cuestión que la autoridad responsable no dijo, lo que dejó en estado de indefensión a las quejosas, al impedirles conocer los razonamientos jurídicos de por qué el hecho de haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en Salina Cruz, Oaxaca, impedía girar exhorto al lugar en que residen, en Tampico, Tamaulipas. No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable haya señalado que no era posible girar exhorto al juez competente en Tampico, Tamaulipas, pues de conformidad con el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, mediante el cual se tramitó el incidente de cancelación de pensión alimenticia, el término probatorio es único de cinco días, y por "lógica" dada la distancia entre las Entidades Federativas de Tamaulipas y Oaxaca, se desahogarían fuera de dicho término, y por tanto la prueba resultaría nula de origen, conforme a lo dispuesto por el artículo 293, del Código Procesal Civil en vigor; sin embargo, se considera que con esos razonamientos, no se cumple con el principio de exhaustividad, pues es menester que la autoridad responsable dé respuesta completa a los agravios planteados por las apelantes aquí quejosas, en el sentido de que la prueba confesional debió llevarse a cabo en su lugar de residencia, no obstante haber señalado domicilio en Salina Cruz, Oaxaca, y asimismo, la razón jurídica de por qué -en su caso-, los criterios invocados no resultan aplicables. Lo anterior lleva a determinar, que la autoridad responsable realizó una interpretación restrictiva de los artículos 293 y 404, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en perjuicio del derecho de defensa y audiencia de las quejosas Karla Mireya Guzmán Hernández y Verónica Alejandra Guzmán Hernández; con lo que realizó además una interpretación contraria al espíritu del artículo 1º Constitucional, en cuanto a que los derechos humanos (como el de audiencia) deben interpretarse pro homine, en lo que más beneficia a la persona". Ahora, en la resolución de dos de julio de esta anualidad, emitida en cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, la Sala responsable expone: "Por otra parte, dicho obligado con fecha veintiséis de agosto del año dos mil quince, inició el presente incidente de cancelación de la mencionada carga respecto a las acreedoras KARLA MIREYA y VERÓNICA ALEJANDRA de apellidos GUZMÁN HERNÁNDEZ; bajo el argumento "de que las anteriores ya han alcanzado la mayoría de edad y concluido sus estudios profesionales, la primera en la Licenciatura de Mercadotecnia, y la segunda en la Licenciatura de Gastronomía; y por tal motivo ha cesado la obligación en comento. Ahora bien, en cuanto al primer aspecto de la ejecutoria de amparo que se cumple, que se hace consistir que debe decirse a las quejosas hasta cuando el deudor alimentista tiene la obligación de proporcionar alimentos al hijo mayo que ha concluido sus estudios profesionales, y cuáles serían en su caso, las excepciones, esto es, cuando el hijo aun siendo mayor de edad y habiendo concluido sus estudios profesionales debe seguir recibiendo alimentos; para que así las aludidas peticionarias de amparo, tengan conocimiento pleno de por qué a no es dable jurídica y legalmente que ALBERTO MARIO GUZMÁN PALACIOS continúe proporcionándoles alimentos. Con tales consideraciones se pasa a resolver ésta parte primera parte de la ejecutoria (sic). En relación a la peticionaria KARLA MIREYA GUZMÁN HERNÁNDEZ, de constancias de autos se desprende de que de acuerdo con el acta del registro civil relativa al nacimiento de la acreedora (foja 21); documento con valor determinante al tenor de los artículos 23, 24, 52 y 53 del Código Civil del Estado, en relación con los artículos 316 fracción IV y 385 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, ha rebasado la mayoría de edad y por lo consiguiente ha obtenido la libre disposición de su persona y de sus bienes, ya que cuenta en la actualidad con veintisiete años ocho meses de edad. Por otra parte de constancias de autos se justifica que la apelante manifestó textualmente "que concluyó con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil doce, la Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad obteniendo la cédula profesional número 8418050, expedida por la Secretaría de Educación Pública, y Registro Nacional de Profesionistas, sin embargo por razones de salud y de falta de oportunidades, nunca he podido obtener algún empleo que me permita ingresos para mi subsistencia"; confesión que alcanza el rango de prueba plena en los términos de lo dispuesto por el artículo 380 del Código de Procedimientos Civiles en vigor; de donde se desprende que a la fecha son seis años diez meses de haber obtenido sus cédula profesional, luego entonces, por ésta razón el actor incidentista ya no se encuentra sujeto a seguir proporcionándole alimentos, sin que para ello sea importante lo que alega que a la fecha no encuentra trabajo, siendo relevante precisar que en el Puerto de Tampico, del Estado de Tamaulipas, donde reside es una población con alto desarrollo económico, como es del conocimiento general, por lo que no es admisible que no encuentre fuente laboral, de donde se advierte la indolencia de la apelante, en este sentido, por esta razón el actor incidentista ya no se encuentra sujeto a seguir proporcionando alimentos, a éste respecto cabe traer a la vista la tesis del siguiente tenor que en su parte última resulta ilustrativa de que la intención del legislador local en su artículo 320 del código civil dice que si ya el acreedor alimentario obtuvo una profesión adecuada a su subsistencia cono es el caso ya que ésta situación no puede ser imputable por ningún motivo a su progenitor, pues en ese tenor se le privaría de parte de sus ingresos no obstante que por mayor tiempo al que señala la ley ha venido cumpliendo con ésta carga. Misma tesis que es del tenor siguiente: (transcribe los datos de localización) ALIMENTOS. CUANDO LA HIJA MAYOR DE EDAD TERMINA UNA CARRERA UNIVERSITARIA, CESA SU DERECHO A PERCIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). [La transcribe]. Sirviendo además de apoyo el artículo 332 fracción III del Código Civil del Estado, que establece: (lo copia). En cuanto a la acreedora VERÓNICA ALEJANDRA GUZMÁN HERÁNDEZ, de acuerdo con atestado del registro civil relativa al nacimiento de la misma (foja 23); documento con valor determinante al tenor de los artículos 23, 24, 52 y 53 del Código Civil del Estado, en relación con los artículos 316 fracción IV y 385 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, también ha rebasado la mayoría de edad y por lo consiguiente la libre disposición de su persona y de sus bienes, ya que cuenta en la actualidad con veinticuatro años seis meses de edad. Ahora bien, de constancias de autos se justifica que la apelante manifestó textualmente "que concluyó con fecha cinco de junio del año dos mil quince, sus estudios profesionales en la Licenciatura en Gastronomía, sin embargo no cuento con un Título Profesional legalmente expedido ni cédula profesional para el ejercicio, que además mantengo gravemente padecimientos de salud que me piden totalmente llevar una vida normal (sic), y por los que tampoco puedo realizar actividades que me permitan obtener ingresos para mi subsistencia, debido a problemas de tipo dental, ocular y ginecológico, lo que me tiene sometida a diversos tratamiento dentales y médicos que me impiden totalmente desempeñar actividades laborales"; confesión que alcanza el rango de prueba plena en los términos de lo dispuesto por el artículo 380 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. En cuanto se refiere a las documentales exhibidas por la citada apelante consistentes en un resumen clínico, expedido por el Doctor Abraham David Luna Sánchez, fechado el siete de marzo del año dos mil dieciséis; que refiere textualmente (lo transcribe). Reporte de citología cérvico-vaginal, expedido por Hospital Ángeles, Tampico, de fecha veintiocho de agosto del año dos mil quince, diagnóstico citológico (lo copia). Análisis de laboratorio, expedido por el Laboratorio Lister, de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis (lo transcribe). Estudios de tomografía computada de abdomen simple, expedido por el Médico Radiólogo Especialista en Resonancia Magnética, de la Beneficencia Española de Tampico, de fecha dos de octubre del año dos mil trece, (lo copia). Dos recetas médicas expedidas por el Cirujano Oftalmólogo Agustín Loría Argáiz, de fechas veintisiete de febrero del año dos mil catorce y veinticinco de febrero del año dos mil catorce y veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, todas a favor de Verónica Alejandra Guzmán Hernández; en las que se transcriben: (lo copia). Probanzas que se valoran de acuerdo con el artículo 324 del Código Procesal que se consulta; que si bien es cierto no fueron objetadas por el actor incidentista, de las mismas únicamente se desprende que fue sometida a un tratamiento periodontal, que padece de virus de Papiloma Humano y tuvo irritación ocular (conjuntivitis), padecimientos de los cuales la apelante no acreditó en autos que los mismos le generen una discapacidad física, e incluso mental, que no pueda valerse por sí misma para realizar sus actividades diarias, (ejem. Asearse, comer, trasladarse por sí misma de un lugar a otro, comunicarse, etc.), es decir, que dichos padecimientos la mantengan postrada, o incapacitada, para moverse, para caminar, para comunicarse de alguna manera, ya que no todos los padecimientos que presenta una persona, implica necesariamente una incapacidad física o mental para desempeñar algún trabajo o profesión, solo aquellos que verdaderamente impidan a una persona valerse por sí misma, necesitando incluso de la ayuda de otra para realizar sus actividades diarias; por otra parte, de constancias de autos se desprende que con fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis contestó la demanda incidental la apelante por lo cual han transcurrido a la fecha tres años tres meses que se presume debe haberse titulado, por lo tanto, el término prudente máximo de dos años para la obtención del mismo ha rebasado, luego entonces, por ésta razón el actor incidentista ya no se encuentra sujeto a seguir proporcionándole alimentos, lo anterior de conformidad con los artículos 320 último párrafo y 332 fracción III Código Civil vigente en el Estado (sic). [Los transcribe]. Así como la tesis jurisprudencial del siguiente tenor: (a continuación transcribe losdatos de localización). ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PERO ESTÁ PENDIENTE SU TITULACIÓN. (La transcribe). Por otra parte, en relación al segundo aspecto de dicha ejecutoria, en la que se mencionada que deberá darse contestación al agravio hecho valer por KARLA MIREYA y VERÓNICA ALEJANDRA de apellidos GUZMÁN HERNÁNDEZ, el cual versa respecto de que la prueba confesional ofrecida por ALBERTO MARIO GUZMÁN PALACIOS, debía llevarse por vía exhorto en el lugar en que residen las demandadas incidentistas y fueron emplazadas; esto es, en Tampico, Tamaulipas, no obstante haber señalado un domicilio convencional para recibir notificaciones en Salina Cruz, Oaxaca. Resulta inatendible el agravio que se hace consistir en que la prueba confesional ofrecida por el actor incidentista a cargo de las recurrentes, debió haberse desahogado mediante exhorto que fuera dirigido al Juez Competente de la Ciudad de Tampico Tamaulipas, cabe precisar, que en primer término al contestar en el incidente las inconformes se sometieron a la jurisdicción del juez de origen en los términos señalados por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles en vigor; pero además señalaron domicilio en el Puerto de Salina Cruz, para oír y recibir notificaciones en la forma indicada por el artículo 113 del Código de Procedimientos Civiles en vigor; empero a mayor abundamiento y tomando en consideración que conforme a lo estipulado por el artículo 404 del Código Adjetivo en vigor, el término probatorio en éstos trámites no debe exceder de cinco días para el desahogo de las pruebas ofrecidas, si la señalada probanza fuese desahogada en el lugar en que residen actualmente las demandadas sería rebasado tal término y como consecuencia la probanza resultaría nula de origen, esto es conforme lo dispone el artículo 293 del Código Adjetivo que se viene consultando, del siguiente tenor: (lo transcribe). Sin embargo, aun cuando tal probanza fuere desahogada en los términos solicitados, resultaría notoriamente desfavorables a las absolventes, tomando en cuenta que dichas posiciones calificadas de legales que a continuación se transcriben, (a continuación transcribe las preguntas), en ninguna de ellas se surten las condiciones que las apelantes se encuentren en el caso de excepción ya mencionado. Máxime que las mismas no demostraron en autos, tener una enfermedad legalmente comprobada que les impidiera trasladarse a dicho juzgado de origen para absolver posiciones, y no se encuentran en el supuesto que establece el artículo 310 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. [Lo transcribe]. Por último y el tercer aspecto de dicha ejecutoria. En cuanto a la tesis y jurisprudencia, invocadas por las apelantes que a continuación se transcriben los rubros (los transcribe). Debe decirse que por los argumentos que ya se tienen precisados con antelación no cobran actualidad; la primera porque el artículo 1219 del Código de Comercio, no tiene un equivalente en el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, máxime que se trata de una tesis aislada que no obliga a este cuerpo resolutor, lo anterior de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo; en cuanto a la segunda, por tratarse de materia laboral, y mayormente porque el artículo 791 de la Ley Federal del Trabajo, a la que alude no resulta aplicable por ser una materia distinta a la familiar. (.)" [fojas 305-343]. Como ya se expuso en la sentencia emitida en este juicio de amparo, se determinó que la autoridad responsable Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, deje insubsistente la sentencia de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Familiar 182/2018; y, atendiendo a lo expuesto en esta sentencia, con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que corresponda; empero, subsanando los vicios que se advirtieron; esto es, en la resolución que emita en cumplimiento a esta sentencia de amparo, funde y motive suficientemente y dé respuesta al agravio hecho valer por las quejosas y que se destacó en este fallo. Así las cosas, se estima que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo toda vez que, el dos de julio de esta anualidad emitió nueva resolución en la cual fundó y motivó respecto a la razón jurídica de por qué el haber rebasado la mayoría de edad y haber concluido sus estudios profesionales, es razón suficiente para que las quejosas no necesiten el pago de alimentos por parte de su progenitor. Así también, cumplió con el derecho de fundamentación y motivación, respecto de la valoración de las pruebas documentales ofrecidas por la quejosa Verónica Alejandra Guzmán Hernández. Y finalmente cumplió con el principio de exhaustividad al momento de resolver el asunto planteado en el sentido de haber motivado suficientemente respecto a la prueba confesional ofrecida por el aquí tercero interesado; y, se pronunció sobre los criterios invocados por la parte peticionaria de amparo. Lo anterior es así, porque como sostienen los Magistrados de la Sala Familiar responsable, las quejosas son mayores de edad y cuentan con una profesión, ya que culminaron respectivamente, las licenciatura de Mercadotecnia y Gastronomía; circunstancias que por sí mismas, generarían que el deudor alimentista no tenga ya obligación de seguir proporcionando alimentos, como acertadamente lo destaca la Sala responsable, pues en efecto, por lo que hace a la quejosa Karla Mireya Guzmán Hernández, ésta concluyo la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, obteniendo la cédula profesional 8418050, siendo evidente su mayoría de edad, y por lo tanto, el argumento de que no encuentra trabajo, no puede ser atribuible a su progenitor quien ya cumplió con la obligación de proporcionarle alimentos hasta la culminación de su carrera. Por lo que hace a la peticionaria de amparo Verónica Alejandra Guzmán Hernández, si bien sostiene que los padecimientos que presenta, la ubican en una situación de discapacidad (fojas 131 y 274), debe decirse que se comparte el criterio de la Sala Familiar responsable, en cuanto a que es mayor de edad y ha culminado sus estudios profesionales en la carrera de Gastronomía, y si a la fecha no se ha titulado ni obtenido un trabajo, esa circunstancia no puede ser atribuible a su progenitor, aquí tercero interesado; ahora, por lo que hace a sus manifestaciones en el sentido de que es "discapacitada", amén de no haberse acreditado esa circunstancia, lo cierto es que en el fallo que se analiza, se realizó por parte de la responsable tantas veces referida una correcta valoración de las documentales médicas, y de las cuales como sostienen los Magistrados integrantes de la Sala Familiar, de ninguna manera se desprende que los padecimientos impidan a la citada quejosa valerse por sí misma, o que presente una verdadera discapacidad física o mental que la impidan valerse por sí misma; cierto, de las documentales médicas valoradas por la responsable, se desprende que la quejosa padece o padeció gingivitis difusa generalizada, llevando en el dos mil quince-dos mil dieciséis, el tratamiento correspondiente, de igual manera presenta en dos mil quince cintura de híbridos (virus del papiloma humano) VPH de alto riesgo, así como irritación ocular conjuntivitis, probablemente en forma alérgica, además de un crecimiento conjuntival de ojo izquierdo (pterisión), por lo cual se le dio tratamiento, además de recomendarse no asolearse ni estar en ambientes con mucho calor; sin embargo dichos padecimientos de ninguna manera se advierte sean discapacidades, pues no fueron diagnosticados de esa manera, así pues de los mismos no se desprende que la quejosa padeciera discapacidad motriz o mental para valerse por sí misma y en consecuencia, no generan la carga a su progenitor, de seguir proporcionando alimentos. Por último, si bien respecto a la prueba confesional pudiera sostenerse que la Sala responsable prejuzga sobre el resultado de dicha prueba, lo cierto es que a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento (lo que además no fue motivo de concesión de amparo), o tener por no cumplida la sentencia de amparo hasta que la Sala responsable ordene la reposición, porque como ha quedado evidenciado, no existe ya obligación por parte del tercero interesado de seguir proporcionando alimentos a las quejosa, como resolvió la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de manera fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo dictada en este juicio. De ahí, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplido, sin excesos ni defectos, el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; por ende, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por Guadalupe Vázquez Quiroz, autorizada legal de la parte quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en su atención dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio 979/2019, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, y anexo; toda vez que mediante proveído de cuatro de julio de esta anualidad (foja 344), se tuvo por recibido el citado oficio y anexo que acompaña.
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