Katia Dayana Ángeles Álvarez
Expediente 961/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Katia Dayana Ángeles Álvarez
- Juez Décimo de lo Familiar del Proceso Oral de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de la materia, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 961/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 961/2021, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Familiar de proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que la responsable violó en su perjuicio los artículos 14 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. Previa aclaración del acto reclamado, la demanda se admitió el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. En ese acuerdo se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirió informe justificado a la autoridad responsable, se designó a la parte tercera interesada y se ordenó su emplazamiento a juicio; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, las terceras interesadas fueron emplazadas; la representación social no formuló intervención, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un asunto planteado contra actos derivados de un procedimiento del orden familiar, seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de la materia, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: Todo lo actuado en el procedimiento de jurisdicción voluntaria ... seguido ante el Juzgado Décimo Familiar Oral de la Ciudad de México, como tercera extraña auténtica. En dicho procedimiento, se aprobó la solicitud de ... de acreditación de concubinato entre ella y el difunto ..., padre de la hoy quejosa. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado la responsable aceptó el acto que se le reclama; lo que se corrobora con las constancias certificadas remitidas, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2º. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente toda vez que la quejosa carece de interés jurídico al comparecer a la presente instancia por propio derecho; ya que las acciones en defensa de los intereses del autor de una sucesión (su herencia), corresponde al titular del albaceazgo. Por ende se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo. De los preceptos referidos deriva que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por tal la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción constitucional exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la impetrante, es decir que lesione directamente los intereses jurídicos de la persona demandante. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, de la demanda de amparo y su aclaración se obtiene que la accionante señala ser hija del difunto señor ... y haber vivido con él; que por esa calidad tiene derecho a ser reconocida como tercera interesada al procedimiento de origen, pues se fundó en hechos no verídicos y que no pudieron controvertirse, dando como resultado un ilegal reconocimiento de concubinato con el ánimo de lucrar. Sin embargo, esa posición como hija que ostenta la quejosa, (e incluso la posible calidad heredera por el vínculo filial conforme al artículo 1602 del Código Civil para esta ciudad) por sí misma, no la hace titular de un derecho subjetivo que constituya un interés jurídico para oponerse a lo actuado dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria donde se declaró la existencia de un concubinato entre su padre y la tercera interesada; ello es así porque los asuntos del orden familiar por regla general son de carácter personal; y en caso de que llegasen a tener incidencia dentro la sucesión, la relativa defensa corresponde al albacea. En efecto, la primera razón que informa la falta de interés jurídico en esta instancia radica en que el elemento consistente en la existencia de un derecho subjetivo directamente afectado por el acto de autoridad (tramitación de un asunto donde se obtuvo declaración de concubinato de terceras personas) es inexistente, pues no hay derechos individuales de la demandante de amparo que se hayan definido en la jurisdicción voluntaria, pues únicamente inciden en la situación reconocida entre su difunto padre y la parte tercera interesada correspondiente; sin que existan mandamientos dirigidos a afectar la esfera de la quejosa como hija en dicho procedimiento. Lo anterior se explica porque de conformidad con los artículos 24 y 25 del Código de Procedimientos Civiles de esta ciudad, en relación con el diverso numeral 291 bis de la relativa ley sustantiva, la declaración de concubinato importa solo a los implicados por ser meramente de carácter personal, pues se vincula estrictamente a las relaciones del estado civil como se colige de las citadas disposiciones que establecen: "ARTICULO 24 Las acciones de estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas, al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, tutela, adopción, concubinato, divorcio y ausencia, o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen. (...) ARTICULO 25 Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto. ARTICULO 291 Bis.- Las concubinas y los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. (...)" Por ello es que el procedimiento de origen resulta declarativo y descansa en el reconocimiento de una situación estrictamente personal basada en un vínculo entre aquellos que pueden integrar un concubinato; y por esto no es un asunto al cual deben ser llamadas otras personas; o del que pueda considerarse que las determinaciones que se dicten les pueda parar perjuicio en lo individual, ya que en su caso, ello corresponde solo al albacea de la sucesión respectiva. Ilustra lo anterior, por sus consideraciones, la tesis III.4o.C.50 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3008, que establece: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE CONCUBINATO. SU DECLARATORIA ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA CONCUBINA NO LLAMADA A ESE TRÁMITE Y, AL IMPLICAR UNA INTRUSIÓN AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, DEBE LLAMARSE A LA ALBACEA DE LA POSIBLE CONCUBINA DEL PROMOVENTE PARA QUE EJERZA SU DERECHO DE OPOSICIÓN, EN ATENCIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Hechos: En el amparo indirecto se reclamó la resolución dictada en diligencias de jurisdicción voluntaria, mediante la cual se resolvió la declaratoria de concubinato de una persona fallecida, a cuyo trámite no se llamó a su representante legal. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al estimar que no se afecta el interés jurídico de la quejosa, sobre la base de que la jurisdicción voluntaria no tiene por objeto reconocer derechos sustantivos y lo determinado en ella no causa ejecutoria. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, por una parte, que la sola declarativa de concubinato en las diligencias de jurisdicción voluntaria, acredita el interés jurídico de la quejosa, pues es claro que afecta a la declarada concubina no llamada a dicho trámite, en este caso, a la de cujus, ya que tiene por efecto atribuir una condición que tiene como eje central la voluntad de los concubinos y que implica una intrusión a su derecho de libre personalidad. Y por otra, que en respeto al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución General, en dicha jurisdicción debe darse intervención a la posible concubina del promovente, en este caso, a través de su albacea, para que esté en condiciones de ejercer, en su caso, su derecho de oposición a ese procedimiento que tiene por objeto, precisamente, la acreditación del concubinato, en virtud de diversas cuestiones que conlleva esa clase de vida. Justificación: Lo anterior, porque las diligencias de jurisdicción voluntaria, por regla general, se confeccionan unilateralmente y por su naturaleza no se suscita controversia alguna; sin embargo, la ley establece la obligación de llamar a quien resultara perjudicado con el fin de que, en su caso, haga valer el derecho de oposición, según lo dispuesto en los artículos 956 y 959 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Por su parte, son deberes de los albaceas, entre otros, defender en juicio y fuera de él tanto la herencia como la validez del testamento y representar a la sucesión en todos los juicios en que deba comparecer. El concubinato constituye un plan o estilo de vida, al que se opta de manera libre y autónoma, cuya elección es objeto de tutela del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, por lo que la voluntad de los concubinos se erige como un elemento esencial en este modelo; de ahí que en atención al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución General debe darse intervención a la albacea de la posible concubina del promovente de la jurisdicción voluntaria, para que esté en condiciones de ejercer el derecho de oposición, dado que la sola declaratoria de concubinato impacta en el derecho fundamental a la libre determinación de la personalidad." También se invoca el criterio con registro digital: 291522, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, en Materias(s): Civil, que define: "ACCION PERSONAL. No puede ejercitarse sino contra el mismo obligado, contra su fiador, o contra los que legalmente le suceden en la obligación." En efecto, en lo que corresponde a la defensa de los bienes de la sucesión, quien está facultado para representar y defender en juicio los intereses de la persona difunta, lo es el albacea, por lo que cualquier acción ejercida por los hijos por sí mismos, (o inclusive herederos) para defender los bienes del acervo hereditario será improcedente al carecer de la legitimación para ello; y es así, pues de conformidad con el artículo 1706, fracción VII del Código Civil para esta ciudad, una de las obligaciones inherentes al albaceazgo, es la defensa y representación en juicio. "ARTÍCULO 1,706.- Son obligaciones del albacea general: [...] VII.- La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; [...]" Por analogía se invoca la tesis II.2o.C.395 C, de la novena época, con registro: 184859, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia(s): Civil, página: 1082, que dispone: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual." También se cita la tesis de la Séptima Época, con registro: 248429. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Sexta Parte, en materia(s): Civil, página: 87, que dispone: "HEREDEROS. CARECEN DE LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE ACTOS QUE AFECTEN EXCLUSIVAMENTE BIENES DE LA HERENCIA. El quejoso carece de legitimación procesal para intentar la acción constitucional, cuando la demanda de amparo la promueve en su carácter de heredero de una sucesión, si la sentencia que impugna afecta exclusivamente bienes de la herencia, pues conforme a los artículos 2478 y 2479, ambos del Código Civil del Estado de Yucatán, la defensa de los bienes de la sucesión corresponde únicamente al albacea y no a los herederos." Así, en el procedimiento de origen no puede exigirse jurídicamente alguna conducta en lo individual a terceros ajenos a la relación, como es la quejosa por su carácter de hija; sin que pase desapercibido que alegue que la intención de la promovente de la jurisdicción voluntaria es hacerse de un lucro, ya que se itera, para la defensa de los bienes que conforman la herencia, el derecho procesal prevé que el legitimado para accionar es el albacea. Siendo así, la parte quejosa no acredita la afectación directa, personal, real y actual que exige el interés jurídico; y que debe ser el acreditado plenamente en procesos de carácter judicial, de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Federal, cuyo contenido es: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...) Ello obedece a que el interés jurídico debe probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Máxime que la promovente del amparo, aunque indicó en su ocurso inicial que ella y su hermana iniciaron el proceso sucesorio el trece de agosto de dos mil veinte, no externó razón alguna de porqué el albacea no compareció a la presente instancia ni refirió la imposibilidad que hubiera para tal fin; por tanto, no se actualiza alguno de los dos supuestos previstos en la tesis 1a./J. 73/2018 (10a.) intitulada: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)". En estas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y por ende procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, en relación con el su diverso 63, fracción V. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley referida, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Familiar de proceso Oral de la Ciudad de México, por las razones indicadas en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy, veintidós de marzo de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL 24 DE MARZO DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN TERMINADA DE ENGROSAR EL 22 DE MARZO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 961/2021, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Familiar de proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que la responsable violó en su perjuicio los artículos 14 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. Previa aclaración del acto reclamado, la demanda se admitió el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. En ese acuerdo se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirió informe justificado a la autoridad responsable, se designó a la parte tercera interesada y se ordenó su emplazamiento a juicio; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, las terceras interesadas fueron emplazadas; la representación social no formuló intervención, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un asunto planteado contra actos derivados de un procedimiento del orden familiar, seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de la materia, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: Todo lo actuado en el procedimiento de jurisdicción voluntaria ... seguido ante el Juzgado Décimo Familiar Oral de la Ciudad de México, como tercera extraña auténtica. En dicho procedimiento, se aprobó la solicitud de ... de acreditación de concubinato entre ella y el difunto ..., padre de la hoy quejosa. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado la responsable aceptó el acto que se le reclama; lo que se corrobora con las constancias certificadas remitidas, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2º. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente toda vez que la quejosa carece de interés jurídico al comparecer a la presente instancia por propio derecho; ya que las acciones en defensa de los intereses del autor de una sucesión (su herencia), corresponde al titular del albaceazgo. Por ende se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo. De los preceptos referidos deriva que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por tal la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción constitucional exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la impetrante, es decir que lesione directamente los intereses jurídicos de la persona demandante. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, de la demanda de amparo y su aclaración se obtiene que la accionante señala ser hija del difunto señor ... y haber vivido con él; que por esa calidad tiene derecho a ser reconocida como tercera interesada al procedimiento de origen, pues se fundó en hechos no verídicos y que no pudieron controvertirse, dando como resultado un ilegal reconocimiento de concubinato con el ánimo de lucrar. Sin embargo, esa posición como hija que ostenta la quejosa, (e incluso la posible calidad heredera por el vínculo filial conforme al artículo 1602 del Código Civil para esta ciudad) por sí misma, no la hace titular de un derecho subjetivo que constituya un interés jurídico para oponerse a lo actuado dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria donde se declaró la existencia de un concubinato entre su padre y la tercera interesada; ello es así porque los asuntos del orden familiar por regla general son de carácter personal; y en caso de que llegasen a tener incidencia dentro la sucesión, la relativa defensa corresponde al albacea. En efecto, la primera razón que informa la falta de interés jurídico en esta instancia radica en que el elemento consistente en la existencia de un derecho subjetivo directamente afectado por el acto de autoridad (tramitación de un asunto donde se obtuvo declaración de concubinato de terceras personas) es inexistente, pues no hay derechos individuales de la demandante de amparo que se hayan definido en la jurisdicción voluntaria, pues únicamente inciden en la situación reconocida entre su difunto padre y la parte tercera interesada correspondiente; sin que existan mandamientos dirigidos a afectar la esfera de la quejosa como hija en dicho procedimiento. Lo anterior se explica porque de conformidad con los artículos 24 y 25 del Código de Procedimientos Civiles de esta ciudad, en relación con el diverso numeral 291 bis de la relativa ley sustantiva, la declaración de concubinato importa solo a los implicados por ser meramente de carácter personal, pues se vincula estrictamente a las relaciones del estado civil como se colige de las citadas disposiciones que establecen: "ARTICULO 24 Las acciones de estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas, al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, tutela, adopción, concubinato, divorcio y ausencia, o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen. (...) ARTICULO 25 Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto. ARTICULO 291 Bis.- Las concubinas y los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. (...)" Por ello es que el procedimiento de origen resulta declarativo y descansa en el reconocimiento de una situación estrictamente personal basada en un vínculo entre aquellos que pueden integrar un concubinato; y por esto no es un asunto al cual deben ser llamadas otras personas; o del que pueda considerarse que las determinaciones que se dicten les pueda parar perjuicio en lo individual, ya que en su caso, ello corresponde solo al albacea de la sucesión respectiva. Ilustra lo anterior, por sus consideraciones, la tesis III.4o.C.50 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3008, que establece: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE CONCUBINATO. SU DECLARATORIA ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA CONCUBINA NO LLAMADA A ESE TRÁMITE Y, AL IMPLICAR UNA INTRUSIÓN AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, DEBE LLAMARSE A LA ALBACEA DE LA POSIBLE CONCUBINA DEL PROMOVENTE PARA QUE EJERZA SU DERECHO DE OPOSICIÓN, EN ATENCIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Hechos: En el amparo indirecto se reclamó la resolución dictada en diligencias de jurisdicción voluntaria, mediante la cual se resolvió la declaratoria de concubinato de una persona fallecida, a cuyo trámite no se llamó a su representante legal. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al estimar que no se afecta el interés jurídico de la quejosa, sobre la base de que la jurisdicción voluntaria no tiene por objeto reconocer derechos sustantivos y lo determinado en ella no causa ejecutoria. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, por una parte, que la sola declarativa de concubinato en las diligencias de jurisdicción voluntaria, acredita el interés jurídico de la quejosa, pues es claro que afecta a la declarada concubina no llamada a dicho trámite, en este caso, a la de cujus, ya que tiene por efecto atribuir una condición que tiene como eje central la voluntad de los concubinos y que implica una intrusión a su derecho de libre personalidad. Y por otra, que en respeto al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución General, en dicha jurisdicción debe darse intervención a la posible concubina del promovente, en este caso, a través de su albacea, para que esté en condiciones de ejercer, en su caso, su derecho de oposición a ese procedimiento que tiene por objeto, precisamente, la acreditación del concubinato, en virtud de diversas cuestiones que conlleva esa clase de vida. Justificación: Lo anterior, porque las diligencias de jurisdicción voluntaria, por regla general, se confeccionan unilateralmente y por su naturaleza no se suscita controversia alguna; sin embargo, la ley establece la obligación de llamar a quien resultara perjudicado con el fin de que, en su caso, haga valer el derecho de oposición, según lo dispuesto en los artículos 956 y 959 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Por su parte, son deberes de los albaceas, entre otros, defender en juicio y fuera de él tanto la herencia como la validez del testamento y representar a la sucesión en todos los juicios en que deba comparecer. El concubinato constituye un plan o estilo de vida, al que se opta de manera libre y autónoma, cuya elección es objeto de tutela del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, por lo que la voluntad de los concubinos se erige como un elemento esencial en este modelo; de ahí que en atención al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución General debe darse intervención a la albacea de la posible concubina del promovente de la jurisdicción voluntaria, para que esté en condiciones de ejercer el derecho de oposición, dado que la sola declaratoria de concubinato impacta en el derecho fundamental a la libre determinación de la personalidad." También se invoca el criterio con registro digital: 291522, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, en Materias(s): Civil, que define: "ACCION PERSONAL. No puede ejercitarse sino contra el mismo obligado, contra su fiador, o contra los que legalmente le suceden en la obligación." En efecto, en lo que corresponde a la defensa de los bienes de la sucesión, quien está facultado para representar y defender en juicio los intereses de la persona difunta, lo es el albacea, por lo que cualquier acción ejercida por los hijos por sí mismos, (o inclusive herederos) para defender los bienes del acervo hereditario será improcedente al carecer de la legitimación para ello; y es así, pues de conformidad con el artículo 1706, fracción VII del Código Civil para esta ciudad, una de las obligaciones inherentes al albaceazgo, es la defensa y representación en juicio. "ARTÍCULO 1,706.- Son obligaciones del albacea general: [...] VII.- La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; [...]" Por analogía se invoca la tesis II.2o.C.395 C, de la novena época, con registro: 184859, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia(s): Civil, página: 1082, que dispone: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual." También se cita la tesis de la Séptima Época, con registro: 248429. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Sexta Parte, en materia(s): Civil, página: 87, que dispone: "HEREDEROS. CARECEN DE LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE ACTOS QUE AFECTEN EXCLUSIVAMENTE BIENES DE LA HERENCIA. El quejoso carece de legitimación procesal para intentar la acción constitucional, cuando la demanda de amparo la promueve en su carácter de heredero de una sucesión, si la sentencia que impugna afecta exclusivamente bienes de la herencia, pues conforme a los artículos 2478 y 2479, ambos del Código Civil del Estado de Yucatán, la defensa de los bienes de la sucesión corresponde únicamente al albacea y no a los herederos." Así, en el procedimiento de origen no puede exigirse jurídicamente alguna conducta en lo individual a terceros ajenos a la relación, como es la quejosa por su carácter de hija; sin que pase desapercibido que alegue que la intención de la promovente de la jurisdicción voluntaria es hacerse de un lucro, ya que se itera, para la defensa de los bienes que conforman la herencia, el derecho procesal prevé que el legitimado para accionar es el albacea. Siendo así, la parte quejosa no acredita la afectación directa, personal, real y actual que exige el interés jurídico; y que debe ser el acreditado plenamente en procesos de carácter judicial, de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Federal, cuyo contenido es: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...) Ello obedece a que el interés jurídico debe probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Máxime que la promovente del amparo, aunque indicó en su ocurso inicial que ella y su hermana iniciaron el proceso sucesorio el trece de agosto de dos mil veinte, no externó razón alguna de porqué el albacea no compareció a la presente instancia ni refirió la imposibilidad que hubiera para tal fin; por tanto, no se actualiza alguno de los dos supuestos previstos en la tesis 1a./J. 73/2018 (10a.) intitulada: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)". En estas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y por ende procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, en relación con el su diverso 63, fracción V. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley referida, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Familiar de proceso Oral de la Ciudad de México, por las razones indicadas en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.
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