Karla Valentina Beltrán Sánchez
Expediente 949/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Karla Valentina Beltrán Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente auto informen sobre el cumplimiento que den a la resolución de referencia, remitiendo copia certificada de las constancias respectivas con las que lo acrediten, en las que se advierta el nombre y firma de los servidores públicos que intervinieron en su emisión, así como el sello de publicación debidamente requisitado, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Amén que de no acatar lo señalado, se procederá en términos del artículo 192 párrafo segundo del ordenamiento legal citado. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 949/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Eduardo Hernández Sánchez, asistido de Joceline Hernández Rodríguez, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 949/2023, promovido por *** contra actos de la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra un acto de la citada autoridad, por considerarlo violatorio de los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 23 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Previa aclaración, este Juzgado de Distrito, admitió la demanda; y en consecuencia, el suscrito dio intervención la representación Ministerial adscrita, se dio vista con el informe justificado, y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, ****, de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 ****, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza *****, seguido en un **** con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama la sentencia de tres de julio de dos mil veintitrés emitida en el toca ***** del índice de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la interlocutoria relativa al Incidente de Objeción e Impugnación de la Rendición de Cuentas deducido del Juicio Sucesorio Testamentario ***** tramitado ante el Juzgado Trigésimo Séptimo de lo familiar de esta ciudad. En la resolución primigenia no se aprobó la cuenta de administración rendida por el aquí tercero interesado; se dejaron a salvo los derechos de la quejosa en cuanto a las prestaciones a, b, c, e, para que las hiciera valer en la vía y forma correspondiente; y se absolvió a la condena en costas. TERCERO. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado, la Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las documentales anexas al informe, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se narran los antecedentes procesales del acto reclamado. I. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, el albacea de la sucesión rindió cuentas de administración en términos del artículo 851 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, aludiendo a las que le fueron a él entregadas por la administradora asignada de común acuerdo; y a que la quejosa se ha abstenido de entregar un departamento que tiene ocupado y las consecuencias de ello; asimismo se presentaron los estados financieros presentados por contador público respecto de una moral. Con los señalamientos y documentación relativa, se dio vista a todos los coherederos por autos de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. II. Por escrito presentado el dos de agosto del referido año, la aquí quejosa presentó escrito de objeción e impugnación a la rendición de cuentas del albacea; y a modo de prestación, reclamó: ************ III. El asunto se admitió por auto de once de agosto de dos mil veintiuno como incidente de objeción de impugnación de la rendición de cuentas, dando vista a ***** por tres días. IV. Contestada la incidencia y seguidos las fases procesales correspondientes, se dictó sentencia interlocutoria el catorce de marzo de dos mil veintitrés, con los siguientes resolutivos: "PRIMERO.- Ha procedido la presente vía incidental DE OBJECIÓN DE IMPUGNACIÓN (sic) DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN donde la parte actora incidentista ****** demostró parcialmente su pretensión y el demandado incidentista ******* no (sic) acreditó defensa, en consecuencia; SEGUNDO.- No se aprueba la cuenta de administración exhibida por el señor ****, con base en los razonamientos esgrimidos en la presente resolución. TERCERO.- Por lo que hace a las prestaciones marcadas con los incisos a, b, c, e se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que en derecho corresponda. *CUARTO.- No se hace especial condena en gastos y costas procesales por no encontrarse el presente asunto en ninguno de los supuestos que establece del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles [.]." *Cabe precisar que respecto de las prestaciones expresamente planteadas por la actora, en el considerando VI. se les dio tratamiento en los siguientes términos: "VI.- Por lo que hace a las prestaciones marcadas con los incisos a, b, c, e se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que en derecho corresponda." *V. Inconforme con esta determinación, la actora incidentista y aquí quejosa, interpuso recurso de apelación; cabe mencionar que en torno a las prestaciones no resueltas, externó el siguiente agravio: "4.- ME CAUSA AGRAVIO que la determinación del A quo de dejar a salvo los derechos para las prestaciones a, b, c, en razón de que se acudió al Juzgado familiar correspondiente para deducir mis derechos y que de los hechos narrados y agravios mencionadas (sic) se aprecia que todas las prestaciones son procedentes y por tanto deben ser declaradas como tales y condenar al albacea de la sucesión de mi señor padre a todas y cada una de estas prestaciones reclamadas y sobre todo al pago de la cantidad que refiere en primer lugar haber entregado, en segundo lugar haber retenido y en tercer lugar el haber entregado a la empresa de la masa hereditaria, además de referir que no es el administrador y no saber al respecto." VI. El tres de julio de dos mil veintitrés la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia en el toca *****, confirmando la interlocutoria recurrida. Esta decisión constituye el acto reclamado. QUINTO. Violaciones procesales. En el presente caso se reclama una sentencia interlocutoria que sin ulterior recurso, resuelve un incidente dentro de un proceso sucesorio; por lo que este constituye el momento oportuno para hacer valer y examinar las violaciones procesales acaecidas en el trámite de dicho asunto, aplicando analógicamente las reglas jurídicas propias para el amparo directo; debiendo abordarse éstas primeramente por ser una cuestión de estudio preferente. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cuarenta y cuatro del Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "PROCEDIMIENTO, PREFERENCIA DEL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES AL.". También se invoca la jurisprudencia I.6º.C. J/28, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, en Materias(s): Civil, Común, intitulada: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SON IMPUGNABLES, JUNTO CON LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, EN AMPARO INDIRECTO." *En el caso, la parte quejosa no expone alguna violación procesal específica, ni refiere la manera en que la preparó para ser examinada en la sede constitucional, por lo que ante esta ausencia de cuestionamientos respecto del trámite que culminó con el fallo reclamado, se concluye que no hay cuestión procedimental que reparar, por lo que el trámite del incidente queda indemne, pasándose al análisis de la determinación reclamada. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. La quejosa sostiene que se violentaron sus derechos fundamentales porque equivocadamente la Sala confirmó la interlocutoria omitiendo pronunciarse sobre las conductas dolosas del albacea [quien incluso inició una carpeta de investigación en su contra] y respecto de la entrega de cantidades producto de rentas. Contrario a lo que sostiene la autoridad, sí se me causa un agravio porque no se configuraron las consecuencias legales inherentes a las conductas que atribuyó al albacea y la falta de entrega de dinero. *Decisión: Es de acogerse la acción de amparo, supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, en términos de lo previsto en el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo; pues es criterio de este Juzgador que injustificadamente a la quejosa se le privó del derecho a acceder a una respuesta judicial sobre sus pretensiones. La suplencia es procedente pues en forma evidente la sentencia violenta las fases del derecho de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, particularmente lo relativo a la posibilidad de plantear una pretensión con el fin de que se decida sobre ésta, conforme a lo establecido en la jurisprudencia obligatoria del Máximo Tribunal del País. Lo anterior, se apoya en la tesis 1a./J. 103/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1ª./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." En efecto, aun cuando la impetrante instó un recurso de apelación que a la postre dio lugar al acto reclamado, la expresión "lo haya dejado sin defensa", a que se refiere esa porción normativa, no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente a la parte quejosa en su defensa, siendo esta la intelección que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre dicho aspecto. Al respecto se invoca la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, en Materia(s): Común, Civil, Página: 1417, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." En la especie, la afectación sustancial a la defensa de la quejosa no se disipa solo por haber podido recurrir en la alzada, sino porque aún en esa instancia, la Sala omitió advertir que materialmente, ese derecho de acceder efectivamente a la jurisdicción para que se le resuelvan sus pretensiones fue vedado por la autoridad al no haber dado causa fundada y motivada del porqué dejó de resolver en dicha instancia la procedencia de todas las prestaciones; y ante la Alzada, el agravio correspondiente fue eludido bajo un argumento falaz, y que se desaparta del contenido de lo establecido en los artículos 31 y 83 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establecen: "ARTICULO 31. Cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa, deben intentarse en una sola demanda; por el ejercicio de una o más, quedan extinguidas las otras. No pueden acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o contradictorias; ni las posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la otra. Tampoco son acumulables acciones que por su cuantía o naturaleza, corresponden a jurisdicciones diferentes. Queda abolida la práctica de deducir subsidiariamente acciones contrarias, o contradictorias. ARTICULO 83. Los jueces y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, salvo los casos previstos por la ley.". En esta tesitura, visto desde una óptica de derechos fundamentales, una violación al principio de legalidad [por dejar de resolver sobre las prestaciones, sin dar una explicación fundada y motivada] trascendió al derecho de acceso a la justicia en las fases establecidas en la citada jurisprudencia obligatoria 1a./J. 103/2017 (10a.) de la Suprema Corte. El principio de legalidad está reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, se aprecia de la sentencia de primera instancia, que para resolver sobre las prestaciones reclamadas [a, b, c, e] por la actora y aquí quejosa, la autoridad primigenia se limitó a dejar a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma correspondiente, ello, sin justificar la razón por la cual dejó de resolverlas, pues la argumentación del sexto considerando sencillamente es inexistente, y sin haberse pronunciado sobre la prestación d) relativo al pago de cantidades no devengadas por el albacea incoado, pues ningún resolutivo la define y en los considerandos el juez se encauzó al tema de la desaprobación de rendición de cuentas. Es desde este momento en que a la parte actora se le limitó el derecho a acceder a una respuesta judicial, que al menos, de manera fundada y motivada diera cuenta de la razón por la cual se dejó de resolver lo relativo a las prestaciones que hizo valer; y no obstante ello, tampoco hubo una reparación en la Alzada, aun cuando el tema fue expuesto -sin perjuicio de que fuera insipientemente- conforme a la referencia hecha en los antecedentes de este fallo. En efecto, al abordar la cuestión sobre la manera en que el juez se pronunció sobre las prestaciones específicas, la Sala responsable incurrió en la falacia ignoratio elenchi [eludir la cuestión] dado que el agravio relativo se declaró inoperante por insuficiente, exigiendo a la recurrente una explicación sobre el perjuicio causado, y falta de esclarecimiento y precisión sobre hechos o agravios habrían de atenderse [véase foja 17 de la sentencia reclamada]. Sin embargo, es criterio de este Juzgador que enfocarse en la exigencia de demostrar o referir un hecho -cuando es patente que diversas prestaciones, aun planteadas y admitidas no fueron resueltas y sin dar causa explicativa de ello desde la primera instancia-, fue desviar la atención de lo que verdaderamente causa lesión a los derechos fundamentales de la quejosa, por inatención al contenido del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad [con trascendencia al derecho fundamental de acceso efectivo a la jurisdicción para plantear una pretensión] al exigir elementos que disocian del problema apuntado -que radica sencillamente definir si causa o no agravio la falta de resolución sobre las pretensiones-, cuando el estudio de éstas califica como una cuestión de oficio a cargo de las autoridades, precisamente por ser, subyacentemente, la manera de atender el mandato que impone el artículo 17 de la Constitución Federal. Por analogía, se cita la jurisprudencia 1a./J. 23/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Civil, que dispone: "ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. SU ESTUDIO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, ESTÁ LIMITADO POR EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. Acorde con el citado precepto, el tribunal de alzada debe examinar de oficio los elementos de la acción, con la salvedad de que, ya sea de oficio o porque exista agravio del apelante, el estudio del tribunal ad quem estará limitado por el principio "non reformatio in peius"." También se invoca, la tesis de jurisprudencia con número de registro 195706, Materia(s): Administrativa, Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Tesis: I.1o.A. J/9, Página: 764. *"PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. En consecuencia, la autoridad deberá reasumir su jurisdicción y resolver las prestaciones hechas valer por la parte quejosa, y que desde la primera instancia fueron materialmente desatendidas; determinado con plenitud de jurisdicción lo que proceda, de manera fundada y motivada si son de acogerse o no; o en su caso, si fueran improcedentes tales reclamos por no ser acumulables; o cuál habría sido la excepción para no definirlas en términos de lo que prevé el citado artículo 83 de la legislación procesal para esta ciudad. Al efecto, se invoca la tesis jurisprudencial I.11o.C. J/7 C (10a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, en Materias(s): Civil, intitulada: "TRIBUNAL DE APELACIÓN. AL SER QUIEN TIENE LA JURISDICCIÓN ORIGINARIA PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA, NO PUEDE REENVIAR EL ASUNTO AL JUEZ DE PRIMER GRADO, SALVO QUE SE ORDENE REPONER EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." Consecuentemente, al quedar evidenciada la violación a derechos fundamentales, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que: La Sala deje insubsistente la sentencia reclamada; y en su lugar, dicte otra en la que reasuma su jurisdicción y resuelva de forma fundada y motivada sobre procedencia de las prestaciones [a, b, c, d y e] planteadas en el escrito de demanda incidental; y en caso de no ser justiciables, justifique la causa y razón de ello. Cabe precisar que esta concesión no implica, bajo ninguna circunstancia, que se reconozca que la quejosa tiene razón en cuanto a lo que demanda, pues este órgano no se sustituye en el caso en las funciones que corresponden a la Alzada, pues es criterio del suscrito que ante la diversidad de posibles respuestas que podrían ser operantes para resolver lo relativo a las prestaciones omitidas, la autoridad conserva en todo la plenitud de jurisdicción que le permita definir el sentido de su decisión. Por analogía, se invoca la tesis 1a. I/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, que establece: AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, ya que los principios federal, de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos; por tanto, ante la omisión lo que procede es el reenvío y no la sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que al emitirse una nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión. El tribunal de amparo debe considerar que a medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas. Por tanto, los jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****** contra actos de la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; vistas las constancias que remite en apoyo a su informe justificado la Sala responsable, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el plazo que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Con las documentales allegadas y conforme a la certificación de cuenta, fórmense los cuadernos auxiliares I al V, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para la autoridad responsable, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, es innecesario enviarle oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarle por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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