Katia Angelica Martin Dorantes

Expediente 1092/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1092/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
20/10/2017

Partes del expediente

  • Katia Angelica Martin Dorantes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en alcance a su oficio 2757/2017 de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete; sin que haya lugar a hacer manifestación legal alguna en razón de que en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia.

  3. Principal

    MESA I. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y un anexo que acompaña, los cuales remitió para acreditar la legalidad de su actuar. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó al oficio de cuenta, relativa a la copia certificada, en un tomo, del juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad 189/2017 de su índice; por tanto, fórmese uno anexo con la misma, la cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido de que se seguirá actuando en el presente expediente. Ahora bien, es de manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: " III.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA DE LAS AUTORIDADES.-La falta de justicia pronta y expedita del escrito presentado por el Licenciado en Derecho JOSÉ ROSENDO SIERRA MARTEL tutor designado a mi hijo menor de edad DAIM GIOVANNI MARTÍN DORANTES en el procedimiento relacionado al Juicio Ordinario Oral Familiar de Reconocimiento de Paternidad, bajo el número de expediente 189/2017 radicado en el Juzgado C. JUEZ CUARTO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIALD EL ESTADO, así como el acuerdo respecto a la contestación de la demanda del señor ADRÍAN AUGUSTO CUEVAS NOLASCO mismo que se reservó mediante auto de fecha 22 de junio 2017, es decir, han pasado más de tres meses sin que a la fecha se haya acordado lo conducente al procedimiento de Juicio Ordinario Oral Familiar de Reconocimiento de Paternidad antes mencionado." Por tanto, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, que disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Para mayor entendimiento, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, para que la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, relativa en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con relación a lo expuesto, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J.9/98, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al momento de rendir su informe con justificación, se advierte que mediante acuerdo de veintidós de junio del años mil diecisiete, ordenó regularizar el juicio ordinario oral familiar, para el efecto de que el tutor especial José Rosendo Sierra Martel, en el término de cinco días contados a partir de que quedara debidamente notificado ejerciera la acción de este procedimiento en representación del menor de edad; toda vez que el procedimiento fue admitido como parte promovente a Katía Angélica Martín Dorantes, madre del menor de edad D.G..D., la cual no se encontraba legitimada para promover el juicio en cuestión, puesto que dicha acción le correspondía al tutor especial ya que se trata de un menor de edad, y por existir un conflicto de intereses entre la referida Katia Angélica Martín Dorantes y Adrián Augusto Cuevas Nolasco, padres del citado menor. Seguidamente, mediante auto de veintiocho de agosto del año en curso, se tuvo al tutor especial ante la autoridad judicial, promoviendo formal demanda en juicio ordinario oral familiar en contra de Katia Angélica Martín Dorantes, Adrián Augusto Cuevas Nolasco, Director del Registro Civil del Estado y e Oficial Número Siete del Registro Civil de la Ciudad de Mérida, Yucatán, de igual forma; se ordenó notificar a los demandados para que en el término legal correspondiente comparecieran a dar contestación a la demanda interpuesta en su contra, y se ordenó dar vista a la representaciones sociales. Asimismo, con fechas catorce y quince de septiembre del año en curso, quedaron debidamente notificados las partes. Finalmente, por acuerdo de veinticinco de septiembre del presente año, se tuvo por presentadas a Katia Angélica Martín Dorantes, Adrián Augusto Cuevas Nolasco, Director del Registro Civil del Estado y e Oficial Número Siete del Registro Civil de la Ciudad de Mérida, Yucatán, contestando al juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad 189/2017, oponiendo las excepciones que relacionaron en sus escritos y ofrecieron las pruebas, de igual forma, en ese propio auto, se resolvió sobre la contestación reservada por el señor Cuevas Nolasco. De lo anterior, puede apreciarse que por acuerdo veintiocho de agosto del año en curso, se dio contestación al escrito presentado por el licenciado José Rosendo Sierra Martel, y por diverso auto de veinticinco de septiembre del presente año, se acordó sobre la contestación de la demanda de Adrián Augusto Cuevas Nolasco; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Luego, si de tales constancias se advierte que la responsable resolvió respecto del acto que se duele la parte quejosa, tal como lo señaló en su apartado de actos reclamados, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que dicha pronunciación de la autoridad responsable respecto a los escritos de referencia, y la notificación de dichos proveídos acontecieron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que fue el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Sirve de orientación, la jurisprudencia que lleva por rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Lo subrayado corresponde a este Juzgado. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Sustenta esta decisión, por analogía, la tesis II.1º C.T. 217 K, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo anterior, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de terceros interesados a...y que no hayan sido emplazados en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. ...

  4. Principal

    MESA I. Vista la demanda de amparo promovida ..contra actos que reclama de la JUEZ CUARTO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, pídase informe con justificación a la única autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces de unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la única autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acredite; apercibida, de que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la Ley de la Materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo en vigor. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo, y como autorizados para tal efecto a Edgar Iván Canto Ortíz, José Eduardo Argáez Castillo, Edgar Iván Canto Torres y José Eligio Medina Rivero en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Carina Santiago Brito, y Marcieileen Sánchez Briceño, con las limitaciones a que se refiere el precepto legal antes citado, en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, en razón de que Edgar Iván Canto Ortíz, autorizado del quejoso, solicita se le tenga por autorizada la firma electrónica emitida y reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del Acuerdo General 1/2015 y registrada en el sistema, para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, presentar promociones y la recepción de notificaciones por vía electrónica, anexando para ello la documentación consistente en el aviso de asignación de cita para el trámite PJF FIREL con clave única de población BUAJ881220HYNSRQ03, aviso de emisión de certificado digital de la FIREL con número de serie: 70.6a.20.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36, y las autorizaciones de los expedientes en el que está autorizado y reconocido en diversos expedientes electrónicos; asimismo, proporciona nuevamente su nombre de usuario que es: ecanto", con correo electrónico: e_canto@hotamail.com. Atento lo anterior, y dado que se encuentra registrada su firma electrónica al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 64 y 67 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al ocursante, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover en el mismo con su nombre de usuario "ecanto", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del usuario. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la Materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. ...

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