Kary Selene González Flota
Expediente 1179/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Kary Selene González Flota
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos al escrito signado por Luis Roberto Herrera Alcocer, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del documento que adjuntó a su demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución del citado documento, autorizando para recibir el mismo, a la persona que señala en el escrito de cuenta, previa identificación y razón de recibo que otorguen en autos. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja en aptitud a la parte quejosa de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, ya sea la quejosa o el citado autorizado, para estar en aptitud de acudir al Juzgado y recoger el documento de referencia que anexó a su demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Ilse Alpuche Aguilar, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; siete de julio de dos mil veintidós. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el único punto resolutivo que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL veinte de junio de dos mil veintidós, día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1179/2022-VI promovido por Kary Selene González Flota, estando en audiencia pública, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Miguel Alejandro Patrón Ballote, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid-19). El Secretario hace relación de las constancias de autos y da cuenta con la demanda, auto admisorio, las constancias de notificación a las autoridades responsables, así como su informe justificado y la notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguidamente, la Jueza acuerda: se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado rendido a nombre de las responsables, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa, así como por la autoridad responsable al rendir su informe de ley. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las probanzas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración como corresponda, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, en el periodo de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna por lo que se cierra esta etapa. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1179/2022-VI, promovido por Kary Selene González Flota contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y el Encargado del Depósito Vehicular de dicha dependencia, ambos con sede en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado, y turnado a este órgano el mismo día Kary Selene González Flota solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de diez de mayo del año en curso, se admitió la demanda de amparo; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama un acto con ejecución dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar los actos que por esta vía se reclaman. En ese sentido, la parte quejosa reclama: La retención del vehículo marca JEEP GRAND CHEROKEE, modelo 2000, tipo van de seis cilindros, con número de serie 1J4GW48S2YC328258, placas ZBF-311-B. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Secretario de Seguridad Pública del Estado y del Encargado del Depósito Vehicular de dicha dependencia, pues así lo aceptó su Director Jurídico al rendir su informe con justificación. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Asimismo, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la suscrita juzgadora estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no acreditó el interés jurídico para instar el presente juicio de amparo por lo que se refiere al acto reclamado consistente en la retención del vehículo marca JEEP GRAND CHEROKEE, modelo 2000, tipo van de seis cilindros, con número de serie 1J4GW48S2YC328258, placas ZBF-311-B, que afirma es de su propiedad. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la apuntada causa de improcedencia, ya que la aquí quejosa no aportó medio de convicción eficaz para acreditar fehacientemente el derecho de propiedad sobre el vehículo antes descrito, no obstante que así lo afirmó en su demanda de amparo. Se afirma lo anterior, porque a tal efecto, únicamente exhibió la factura 1226 F, de catorce de octubre de dos mil diez, expedida por Jesús Manuel Ornelas Herrera a favor de Rosbe Gandaria Garza, la cual, como se verá a continuación carece de valor probatorio pleno, por sí sola, para acreditar el extremo pretendido. Esto, pues si bien dicha factura, al tratarse de un documento privado, hace prueba respecto a lo que en el mismo se contiene, conforme a lo previsto en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, cuyo valor queda al arbitrio judicial, es por sí sola insuficiente para acreditar el interés jurídico de la quejosa, esto es, que es propietaria del vehículo que pretende defender. Lo anterior es así, pues la factura presentada, se encuentra a nombre de diversa persona, y no resulta idónea para acreditar el interés jurídico de la impetrante; pues por sí mismo, sólo constituye un indicio, el cual al no estar concatenado con otro medio de prueba, no genera certeza en este juzgador, para acreditar el derecho subjetivo que enarbola la amparista. En efecto, por regla general se considera que la factura del vehículo es la prueba idónea para comprobar la propiedad del mismo pues en ella se desprende quien tiene la actual titularidad sobre el automotor que se defiende; empero, la factura que se exhibió, no se encuentran a su nombre, sino a nombre de otra persona, sin denostar que al reverso de la factura se observa una leyenda que dice "Yo Miguel Ángel Flota Salazar Cedo los derechos de este Gran Cherokee Laredo a la sra Kary Selene González Flota", seguida de una rúbrica. Sin embargo, de la revisión de dicha documental se advierte que si bien versa sobre la compraventa del vehículo marca JEEP GRAND CHEROKEE, modelo 2000, tipo van de seis cilindros, con número de serie 1J4GW48S2YC328258; también es cierto que a su reverso cuenta con cuatro endosos de donde destaca que ninguno de ellos cuenta con la fecha de las supuestas transacciones y destaca más aún que en el segundo de ellos no se advierte el nombre de la persona en favor de quien se realizó. Siendo que posterior a dicha actuación existe un endoso más hasta aquél en el que aparentemente se trasladó la propiedad a la ahora peticionaria de amparo. Lo que genera incertidumbre para esta juzgadora a efecto de convalidar la validez de la presunción que pudiera desprenderse de dicha prueba documental ofrecida por la parte quejosa y otorgarle por sí sola los alcances de acreditar su derecho de propiedad ya que además de las irregularidades señaladas, también carece de fecha cierta en su relaización. Así, se tiene que dicha documental constituye únicamente un indicio de la referida cesión de derechos o compraventa, en el sentido de que dicha operación sí existió, siempre y cuando se adminicule con otros medios de convicción, lo que en el caso no ocurrió. Sirve de apoyo a la anterior consideración el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199237, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997 Materia(s): Civil, Tesis: P. XL/97 Página: 136, que a la letra dice: "ENDOSO. LA SOLA FIRMA AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN AUTOMOVIL NO LO CONSTITUYE, PERO SI ES UN INDICIO DE QUE EXISTIO UNA TRASLACION DE DOMINIO. La propiedad de los bienes muebles (automotores) normalmente se transmite por compraventa, donación, permuta, herencia, pago de adeudo o inclusive prescripción, mas no por endoso, pues éste es una forma de transmisión propia de los títulos de crédito y no de los automóviles, según se desprende del contenido de los artículos 26 y 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, no escapa a la consideración de este alto tribunal la práctica comercial reiterada, de firmar al reverso de la factura de un automóvil, una vez que se ha concertado la compraventa; lo cual, si bien técnica y legalmente no constituye un endoso mercantil, en cambio, conforme al uso comercial, constituye un indicio de la cesión de derechos o compraventa, según haya sido la operación concertada. Esta circunstancia, aunada al hecho de que el vehículo se encontró en posesión del quejoso, adquiere particular relevancia si se toma en consideración que conforme al artículo 798 del Código Civil, la posesión da la presunción de ser propietario a quien la detenta, por lo que adminiculados ambos elementos de convicción puede concluirse el interés jurídico del solicitante del amparo para defender la propiedad del automotor." Bajo esa óptica, el Más Alto Tribunal de la Nación ya emitió criterio en el sentido que estos documentos no son idóneos por sí mismos para acreditar la calidad de propietario de quien promueve juicio de amparo ostentándose como tal, dado que solo permite la identificación del vehículo automotriz referidos en ella; sin embargo, al tratarse la factura exhibida de un indicio, y al no estar relacionado con otro medio de prueba, no constituye una fuente de conocimiento para esta juzgadora federal respecto de la propiedad actual del automotor en cita. En esa virtud, al no estar concatenado el indicio contenido en la documental descrita, con otras pruebas que demuestren el derecho que defiende la quejosa, resulta irrebatible que la factura exhibida en este juicio no se consideraría suficiente para arribar a la conclusión que acredita el interés jurídico que le asiste a la peticionaria de amparo sobre el automotor. No pasa inadvertido para quien esto resuelve que la quejosa, en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser la propietaria del vehículo en disputa; sin embargo, esa manifestación en modo alguno trae como consecuencia que se tenga por acreditado su interés jurídico, porque para considerarlo así era necesario que hubiese aportado diversos medios de prueba de fecha cierta que fehacientemente demostrara dicha titularidad previa al embargo, lo cual se insiste, no aconteció. Resulta aplicable a lo anterior el criterio sustentando por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 324, consultable en la página 218, Tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". En esa tesitura, al no haber justificado la aquí quejosa que efectivamente el vehículo retenido sea de su propiedad, ello trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el Juicio de Amparo promovido por Kary Selene González Flota contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y el Encargado del Depósito Vehicular de dicha dependencia, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expresados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el toca 7/2022, relativo al recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; misma ejecutoria de la que aparece que el Tribunal revisor, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de inconformidad de referencia. En ese entendido, háganse las anotaciones correspondientes en el sistema y en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo y hágase del conocimiento de las autoridades responsables el presente proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo anterior, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Asimismo, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que en el mismo se concedió la protección constitucional solicitada, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, se hace la precisión de que este expediente carece de relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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