KARYME MICHELLE ESQUIVEL SERVIN y Otros.

Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
242/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • KARYME MICHELLE ESQUIVEL SERVIN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil veintidós. Aspectos Generales Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho y en representación de Sandra Guadalupe Esquivel Servín, contra el acto del Director del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 242/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la Litis Del ocurso en comento se advierte que las quejosas señalan como acto reclamado el siguiente: La orden de traslado del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. a diverso centro de reclusión de *********. Improcedencia Ahora bien, previo a realizar cualquier otro pronunciamiento, debe analizarse la procedencia del juicio de amparo, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Desechamiento respecto a ********** Este juzgador determina desechar la demanda de amparo, respecto a Sandra Guadalupe Esquivel Servín, por propio derecho; lo anterior es así, pues luego de analizar el escrito de demanda de amparo, resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta respecto al acto reclamado antes precisado, ya que no afecta su interés jurídico. En relación con el interés jurídico, cabe precisar que los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o. fracción I, 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.).". Ley de Amparo. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.).". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que de la demanda de amparo, se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así, el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En el caso que nos ocupa, la quejosa ********, según se desprende de la demanda de amparo, en esencia se duele del traslado de *************, con quien refiere tiene el parentesco de hija. Sin embargo, de lo expuesto se advierte que la citada quejosa no tiene interés jurídico para reclamar el aludido acto, ya que la orden de traslado que reclama no afecta su esfera jurídica sino, en todo caso, sería ********** quien directamente pudiese sufrir el agravio personal y directo que se reclama. De ahí que, se afirma que *********n, carece de interés jurídico respecto del acto reclamado en comento. Desechamiento por ********* Por otro lado, es menester precisar que el acto combatido no corresponde a alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 15 de la Ley de Amparo o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, porque el precisado acto que en la especie se reclama, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa con el que puede ser combatido, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, al ser un acto dictado dentro del procedimiento establecido en esa propia norma, no es de los que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; tal como lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento.". Además de lo anterior, cabe señalar que, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en lo que interesa, establece: "(. .) CUARTO. (...) Se propone la modificación del precepto del Acuerdo General aludido para que los asuntos en los cuales se impugnan las ordenes de traslado no sean considerados asuntos urgentes para tumo, en tanto que corresponde a la autoridad administrativa su determinación, en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente y no requerir autorización previa del juez. Además dicha determinación puede ser recurrida, y en su caso confirmada o revocada, conforme al artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, el artículo 161 de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que el traslado no se lleve a cabo; de ahí que sea posible, excluir la orden de traslado de los casos urgentes de turno. Por lo anterior, se propone modificar el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a efecto de eliminar las órdenes de traslado de los supuestos de asuntos urgentes para su turno. Por lo anterior, se expide el siguiente ACUERDO ÚNICO. Se reforma el artículo 48, fracciones IV, VI, IX, X y XI del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue: Artículo 48. I a III. IV Solicitudes de orden de cateo; V. VII a VIII IX. Demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión, X. Declaración de inexistencia de huelga; XI. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; XII. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación." De esa transcripción, se sigue que fue modificado el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales para eliminar las órdenes de traslado de los supuestos de asuntos urgentes para su turno, el cual entró en vigor el día de su publicación, esto es, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve Además, en el Comunicado de Prensa No 100/2021 publicado en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en lo que interesa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió mediante jurisprudencia, que cuando una persona privada de su libertad reclame una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales, conforme a lo previsto en el artículo 117, fracción lll, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De ahí que la orden de traslado a diverso centro de reclusión, son actos que se encuentran dentro de un procedimiento que revisa el juez de control o ejecución y como se adelantó no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de la materia. En la especie, al no encontrarnos ante uno de los supuestos antes referidos y del análisis de la demanda de amparo, se advierte que ésta carece de firma autógrafa de la promovente Sandra Guadalupe Esquivel Servín; por lo que, resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el citado numeral 6o., ambos de la Ley de Amparo, que rezan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente". (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, como se advierte de lo anterior, el escrito de demanda carece de firma autógrafa de Sandra Guadalupe Esquivel Servín, por tanto, no contiene la voluntad de su autora en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptora; toda vez que la firma autógrafa no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento, por ello, la demanda de amparo que se plantea resulta improcedente Ahora bien, aun y cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, lo correcto es que procedería su desechamiento, al actualizarse motivos diversos. En concreto, se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que las justiciables no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de traslado referida el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados de los quejosas Se tiene como domicilio de las quejosas para recibir notificaciones el que mencionan en la demanda de amparo. Por autorizadas a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión, apercibidos que de no acreditar la facultad de ejercicio de la profesión únicamente se les tendrá por autorizados en términos del arábigo 24 de la referida ley. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese y personalmente.

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