KARLA RODRÍGUEZ DÍAZ y Otros.
Expediente 1027/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- KARLA RODRÍGUEZ DÍAZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios remitido por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que solicita se le permita la vinculación del presente asunto, así como del incidente de suspensión que deriva del mismo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se pueda consular vía electrónica. Atento a lo anterior se instruye a la Oficial Judicial A, realice la vinculación respectiva, a efecto de que se pueda visualizar electrónicamente el contenido del presente expediente y su incidente. Notifíquese y personalmente a la Oficial Judicial A.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada Rosa Marlene Ávila García, Titular de la Cédula C-I-5 Zona Norte de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Norte en la Ciudad de México. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1027/2021-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. El citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la lectura integral de la demanda, se observa que los actos que por esta vía impugna la parte quejosa, consisten en: a) El acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad ministerial responsable, a través del cual determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/CDMX/SZN/5676/2019. En ese sentido, el suscrito considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.).". El análisis del precepto legal transcrito, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso, antes de la presentación de este medio extraordinario de defensa, no agotó el recurso ordinario establecido en la ley que rige el acto reclamado, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; es decir, el juicio de amparo, por regla general, es procedente en contra de actos definitivos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, respetándose de esta forma el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Esto es, la improcedencia en cita se manifiesta al no haber interpuesto la parte quejosa contra la determinación de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a través de la cual se estableció el no ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público en la carpeta de investigación FED/CDMX/SZN/5676/2019, el medio ordinario de defensa contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, conviene señalar que el artículo 20 constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que permiten impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, el no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación innominado a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. Por lo que, se pone de manifiesto que el acto que por esta vía se combate, no tiene aún firmeza legal, puesto que, contra esa determinación, la parte quejosa estuvo en aptitud de inconformarse. Recurso que se traduce en un medio de defensa legal, por virtud del cual como ya se dijo en párrafos que anteceden, puede ser modificado, revocado o nulificado, lo que implica que el acuerdo de no ejercicio de la acción penal reclamado carece de definitividad, presupuesto necesario para que proceda el juicio de amparo. De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrá -en su caso- impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el territorio nacional, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad y, en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, proceda el juicio de amparo. Ello, ya que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que son impugnables ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas a las víctimas u ofendidos, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En este sentido, de una interpretación sistemática, funcional y extensiva de los preceptos citados, se desprende que las determinaciones de la representación social en el desempeño de su labor investigadora deben sujetarse a control judicial, las cuales no pueden limitarse de manera taxativa a las hipótesis antes descritas, sino en general, a toda actuación que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, dentro de las cuales se encuentra la determinación del no ejercicio de la acción penal. En tal virtud, la determinación de no ejercicio de la acción penal de dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por la autoridad responsable, resulta impugnables mediante el recurso previsto en el artículo 258 del código invocado, pues ese precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima para recurrir en sede ordinaria cualquier acto de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, con la finalidad de que sea un Juez de Control, quien en audiencia establezca si la actuación del órgano investigador es o no legal. Por tanto, si en la especie la parte quejosa reclama la determinación de no ejercicio de la acción penal de dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por la autoridad responsable, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo. Encuentra apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y textos siguientes: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado.". Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, con las facultades que ahí precisa. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Se toma conocimiento de los datos proporcionados por la parte quejosa. Notifíquese; y, personalmente.
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