Karla Viridiana González Miranda
Expediente 429/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Karla Viridiana González Miranda
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que a la fecha lo haya hecho valer la parte quejosa; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO. Por último, a efecto de dar cumplimiento al contenido al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veintisiete, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no interpuestas, que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y aquellos que hubiera decretado el sobreseimiento fuera de audiencia; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurra el término a que hace referencia el artículo veintiuno del Acuerdo General, se procederá a su destrucción, pues este asunto carece de relevancia documental. Archívese el presente expediente como concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO.- Se ordena notificar por lista a la quejosa el auto de once de septiembre de dos mil veinte, que a la letra dice: En la Ciudad de México, a once de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual remite el expediente D.C. 231/2020, cinco copias de la demanda de amparo y el toca de apelación 117/2020, en dos cuadernos, debido a que por resolución pronunciada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el juicio de amparo directo D.C. 231/2020, se declaró carente de competencia legal para conocer de la demanda de garantías; en consecuencia, como lo solicita, acúsese recibo al Tribunal oficiante, y con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este juzgado ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de mérito, la que se procede a acordar en los siguientes términos: QUEJOSA ****(demandada en el juicio de origen). PERSONALIDAD La demanda la promueve por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES -Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. -Juez y Actuario notificador adscritos al Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México. No ha lugar a tener como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, en virtud de que tiene funciones de fedatario, sin imperio, ni facultad decisoria, por lo que no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo, en términos de la Jurisprudencia número 1006, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 692, cuyo rubro es: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo y del toca de apelación 117/2020, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la resolución de doce de febrero de dos mil veinte, dictada por la Sala responsable dentro del toca número 117/2020 de su índice, que confirmó la sentencia interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil de esta ciudad, dentro del juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, expediente 1220/2018, seguido por ****, en contra de la quejosa ***; en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento hecho valer por la aquí quejosa después de concluida la controversia natural. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que SE ACTUALIZA la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, EN CONCORDANCIA CON LA FRACCIÓN IV DEL NUMERAL 107, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, que literalmente disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los artículos 107, fracciones III, inciso b), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas de procedencia del juicio de amparo indirecto: 1. El juicio de amparo procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues esa afectación, o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. 2. El juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, fuera de juicio o después de concluido, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Asimismo, se desprende una regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos emitidos en ejecución de sentencia, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando tales actos constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. No obstante, lo anterior, existen algunas excepciones en las que procede el juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando dichos actos gozan de autonomía propia, o bien, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Al respecto, sirve de orientación la tesis III.2o.C.24 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, página 2485, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE, POR EXCEPCIÓN, CONTRA ACTOS O VIOLACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE TENGAN AUTONOMÍA PROPIA Y DESTACADA EN RELACIÓN CON DICHA EJECUCIÓN. Por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; motivo por el cual, cuando el acto reclamado en amparo consiste en el auto dictado en ejecución de sentencia, que niega revocar la resolución a través de la cual el Juez de instancia condiciona el reconocimiento del carácter de cesionaria de derechos litigiosos a la quejosa, al hecho de que se notifique extrajudicialmente la aludida cesión a los demandados, como este requisito impuesto por el Juez de origen se traduce en un desconocimiento implícito de la personalidad de la cesionaria, aquel auto no puede considerarse una simple resolución emitida en dicha fase, pues el proveído en cuestión no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia pronunciada en el procedimiento de origen, sino solamente establecer la legalidad o ilegalidad del punto jurídico a dilucidar; es decir, si fue correcta o no la condición impuesta a la cesionaria de derechos litigiosos de que se trata y, por ende, se considera como una excepción a la regla general para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues no podría ser impugnada mediante el diverso juicio de control constitucional que se promueva contra la última resolución a que se refiere el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Común, página 6, que dice:"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De acuerdo al anterior, se concluye que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, o bien, cuando afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Como ejemplo de la primera regla de excepción mencionada (actos que gozan de autonomía), se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue 03/06/23 10:21:45 objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar para preparar la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto mencionado, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, ya que, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. Por su parte, como ejemplo de la segunda regla de excepción (actos que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada), tenemos el caso de la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque con ella se pretende vencer la contumacia de una de las partes y, al mismo tiempo, se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Asimismo, otro ejemplo de esa regla es la interlocutoria que en segunda instancia ordena reponer el procedimiento de remate, en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial, pues afecta directamente el derecho sustantivo derivado de la determinación judicial de adjudicación, que es ajeno a los que pueden afectarse por la ejecución de la sentencia. Ahora bien, como ya se vio, si el acto reclamado consiste en la resolución de doce de febrero de dos mil veinte, dictada por la Sala responsable dentro del toca número 117/2020, que confirmó la sentencia interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil de esta ciudad, dentro del juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, expediente 1220/2018, seguido por José Jesús Mena López, en contra de la quejosa Karla Viridiana González Miranda; en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento hecho valer por la aquí quejosa después de concluida la controversia natural. En esas condiciones, dicho acto reclamado no puede considerarse dentro de los supuestos de excepción precisados, pues además de que no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, se advierte que no goza de autonomía propia, ya que no constituye una resolución mediante la cual se pretenda preparar la ejecución de la sentencia, ni se advierte que con su emisión se pretenda impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. Además, aun cuando pueda considerarse que la resolución reclamada no constituye un acto que se encuentre encaminado directamente a la ejecución de la sentencia definitiva, lo cierto es que, en la especie, resulta evidente que la pretensión de la quejosa es impedir que se ejecute la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de lo actuado en procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis I.2o.C.33 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1070, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN ESE PROCEDIMIENTO. Conforme a lo previsto en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se pedirá ante el Juez de Distrito: "Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.-Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.". Luego, si el acto reclamado consiste en una resolución dictada por el tribunal de alzada, por medio de la cual confirmó la interlocutoria que declaró infundado el incidente de nulidad de embargo, que se practicó en el procedimiento de ejecución de sentencia ejecutoriada, resulta evidente que el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación o resolución del citado procedimiento, pues no reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. En la inteligencia de que no es aplicable el diverso supuesto previsto en la fracción IV del citado artículo 114 de la ley de la materia, que establece: "Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que a los actos dictados después de concluido el juicio no pueden aplicárseles las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto que rigen para los actos realizados dentro de juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas." De igual forma, la tesis VII.2o.C.23 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1947, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." Asimismo, no se advierte que con tal acto se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, pues el hecho de que la responsable haya declarado improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento que hizo valer la quejosa después de concluida la controversia de arrendamiento inmobiliario de origen, sólo tiene como efecto que se continúe precisamente con la ejecución de la sentencia definitiva y, que por tanto, la parte actora en el juicio de origen se encuentre en aptitud de recibir el inmueble arrendado derivada de un fallo que constituye cosa juzgada. Por tanto, el acto que por esta vía combate la quejosa, debe impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se promueva contra la última resolución emitida en la fase de ejecución, entendida ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues como ya se dijo, no puede considerarse dentro de los casos de excepción a que se ha hecho referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, se cita por analogía e identidad, la jurisprudencia número 1a./J. 19/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 34, tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." En consecuencia, con fundamento en los numerales invocados y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su demanda de amparo, y se tienen por autorizadas a las personas que menciona únicamente en términos de la última parte del artículo 12, en relación con el segundo párrafo del artículo 24, ambos de la Ley de Amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvase a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los autos originales del toca de apelación 117/2020, en treinta y tres (33) fojas, y su cuaderno de constancias en cuatrocientas noventa y tres fojas (493) fojas, requiriéndole para que en el término de tres días, acuse el recibo respectivo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se ordene hacer efectiva tal medida, en términos de los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios, del Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con base en lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55-40-24-64-83, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por oficio al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y personalmente a la quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil veinte. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se le devolvieron en cumplimiento al proveído de once de septiembre del año en curso. NOTIFÍQUESE por medio de lista a la parte quejosa.
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