Karla María López Mendieta

Expediente 277/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
277/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Karla María López Mendieta
  • KARLA MARÍA LÓPEZ MENDIETA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó notificación personal a las partes, y en atención a que el tercero interesado ****, no ha señalado hasta la fecha domicilio para oír y recibir notificaciones, no obstante de estar emplazado a este juicio constitucional; en consecuencia, se ordena notificar por lista al tercero interesado indicado la resolución, cuyo resolutivo dice: "ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, y las menores de iniciales N.H.L. y K.YH.L., por conducto de su representante especial ****, contra actos del Juez trigésimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia." Asimismo, las subsecuentes por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por medio de lista al tercero interesado

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito electrónico de cuenta, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, presentado por XXXXXXXXXXXXX, en su carácter de representante especial de los menores quejosos, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se le autorizó un periodo vacacional que corre del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con el oficio DG/638/2021, de veintinueve de junio del año en curso, suscrito por el Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, que para tal efecto exhibe; de su conocimiento queda enterado el suscrito. Asimismo, téngase como autorizado al profesionista que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese vía electrónica las menores quejosas de identidad reservada N. H. L. y K. Y. H. L., por conducto de su representante especial XXXXXXXXXX, y por medio de lista a las demás partes, con excepción de la autoridad responsable.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado por ******************* Cano, representante especial de los menores quejosos ******** y ***********, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, mediante el cual solicita se actualice el expediente electrónico, específicamente la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo indirecto, misma que no le ha sido notificada. Ahora bien, por cuanto hace a su solicitud de actualizar el expediente electrónico, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en autos de quince y veintisiete de abril del año en curso, en el que se proveyó lo relativo a su escrito de cuenta. Sin embargo, a efecto de evitar posibles nulidades y no dejar en estado de indefensión a las menores quejosas de identidad reservada *********** y *************, se ordena notificarles vía electrónica el contenido de la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por conducto de su representante especial ***************, cuyo contenido es el siguiente: "VISTOS, ...R E S U L T A N D O:...C O N S I D E R A N D O: ...SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación se examinarán en su conjunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, porque la causa de pedir radica en que el Juez responsable debió decretar de plano, sin vista al padre de las menores quejosas, la guarda y custodia provisional a favor de la madre de éstas, al existir riesgo en su integridad física y sexual, así como omitió decretar las medidas necesarias para evitar un daño irreparable a las menores indicadas. Lo anterior es infundado, por lo siguiente. El artículo 941 Bis, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, dispone: "Artículo 941 BIS. Cuando a petición de parte interesada, se deba resolver provisionalmente sobre la custodia y la convivencia de las niñas y los niños con sus padres, previamente se dará vista a la parte contraria y, en caso de desacuerdo, se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia que resolverá sobre la custodia y la convivencia de los menores misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes. [...]" Del artículo transcrito, se advierte la norma que establece que cuando a petición de parte interesada, se deba resolver provisionalmente sobre la custodia de las niñas y los niños con sus padres, previamente se dará vista a la parte contraria y, en caso de desacuerdo, se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia que resolverá sobre la custodia de las o los menores misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes. En el caso, contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa, el Juez responsable no tenía la obligación de decretar de plano, sin vista al padre de las menores quejosas, lo relativo a la guarda y custodia provisional de éstas, ya que, el articulo 941 Bis mencionado, establece que, cuando deba resolverse sobre la custodia provisional, previamente se dará vista a la parte contraria, sin que esa disposición, contemple alguna cuestión para excepcionar de la vista indicada, lo que en el juicio de origen fue debidamente observado por el juzgador de origen. Además, la obligación de aplicar en beneficio de los justiciables los derechos humanos, debe decirse, que si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizarlos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, ello no aplica de esa manera. Lo anterior, según interpretación de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), de rubros y texto siguientes: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto." "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento." Así, como de las jurisprudencias 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), que dicen: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados." Las anteriores tesis evidencian, que el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen, como lo es LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES AL JUICIO DE ORIGEN y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos. Tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Sin embargo, para aplicar estas reglas, debe atenderse a los principios que rijan al juicio de origen, en especial, a las normas aplicables que el legislador implemento en el procedimiento de otorgamiento de guarda y custodia provisional a alguno de los padres. Además, contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa, el Juez responsable sí observó el interés superior de las menores, ya que, en el mismo auto reclamado concedió la diversa medida provisional solicitada en el escrito inicial de demanda consistente en requerir a Alberto Hernández Sánchez la restitución y puesta a disposición de la quejosa de las menores mencionadas por encontrarse en riesgo su integridad física, psicológica y sexual; puesto que, al respecto ordenó al hoy tercero interesado dar cumplimiento, al momento de dar contestación a la demanda, a la medida provisional referida y en diverso auto de veinticinco de mayo de dos mil veinte, en complemento al auto reclamado, se determinó que Karla María López Mendieta detentaría los cuidados y atenciones de sus menores, por lo que se ordenó su restitución y se requirió a Alberto Hernández Sánchez para que entregará a las niñas, hijas de las partes, apercibido que, en caso de no hacerlo, se le impondría un arresto por treinta y seis horas. En esas condiciones, se estima, que el Juez responsable no dejó de observar el interés superior de las menores, así como su protección física y psicológica, pues en el caso, aun cuando, no resolvió de forma expresa sobre la guarda y custodia provisional de las menores quejosas, adoptó las medidas para integrar a dichas infantes al seno familiar de su madre, determinación que dictó con base en la violencia que le hizo saber en las manifestaciones y pruebas que se allegaron al juicio en el escrito inicial de demanda. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no observar motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ***************, y las menores de iniciales ************* y ************, por conducto de su representante especial Julio Alberto Salgado Cano, contra actos del Juez Trigésimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *************, y las menores de iniciales *********** y ************, por conducto de su representante especial ****************, contra actos del Juez Trigésimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia." Notifíquese vía electrónica las menores quejosas de identidad reservada ************ y **************, por conducto de su representante especial ******************, y por medio de lista a las demás partes, con excepción de la autoridad responsable.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado por *************, representante especial de los menores quejosos ************ y *************, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, mediante el cual solicita se actualice el expediente electrónico, específicamente la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo indirecto, misma que dice, no le ha sido notificada; consecuentemente, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, se ordena se notifique vía electrónica al representante especial de los menores quejosos *************, la sentencia firmada el veintiséis de febrero del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, por cuanto hace a su solicitud de actualizar el expediente electrónico, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de quince de abril del año en curso, en el que se proveyó respecto al contenido de su escrito de cuenta. Notifíquese vía electrónica al representante especial de los menores quejosos ***********, por medio de lista a las demás partes, con excepción de la autoridad responsable.

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