Karla Vanessa Garcia Valverde
Expediente 1104/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Karla Vanessa Garcia Valverde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero interesada el proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 126-151) se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, en representación de su menor hija, para los efectos siguientes: ".para el efecto que la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, 1). Deje insubsistente la resolución dictada dentro del toca penal ******************** de su índice, de tres de noviembre de dos mil veintidós. 2). Realizado lo anterior, deberá dictar otra, en la que reitere el auto de vinculación a proceso emitido en contra del imputado, pero estableciendo que el periodo de incumplimiento de la obligación alimentaria por la que se le somete a proceso abarca desde quince de diciembre de dos mil once, en que nació su menor hija, ello en términos de lo dispuesto por la Jurisprudencia 1a./J. 10/2011 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, puesto que el auto de vinculación emitido por la misma se encuentra sujeto a lo que en su momento resuelva la alzada y no puede subsistir por sí mismo ante la determinación de aquella." En consecuencia, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (fojas 180 y 181) se requirieron a las autoridades responsables 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz y 2. Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de cinco de julio de dos mil veintitrés (foja 246) se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por las citadas autoridades responsables, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 1863 (foja 196) remitió a este Órgano Jurisdiccional, copia certificada de la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas 197 a 206) de la cual se advierte que mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, por cuanto hace a la quejosa ********************, en representación de su menor hija con clave de identificación numérica ********************, en el toca ******************** de su estadística. En ese sentido, de la nueva resolución se advierte que la Sala responsable en primer lugar, señaló que la determinación combatida lo es el auto de vinculación a proceso que se dictó contra ********************, a quien se le imputó un hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada. Asimismo, estableció que el estudio únicamente versaría respecto de la parte de la resolución apelada en la que el juez del conocimiento consideró que la conducta omisiva que se le atribuye al imputado se originó desde el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (un año atrás de la presentación de la querella), pues dicha parte considerativa, es la única parte que recurrió la ofendida y que ha sido materia de pronunciamiento por este órgano de control constitucional. Así, la Sala responsable precisó que la agraviada en sus motivos de disenso expresó que el juzgador natural violó el contenido de los artículos 16 y 19 constitucionales por la inexacta aplicación e interpretación del artículo 115 del Código Penal Para el Estado de Veracruz, dado que el juzgador estableció que el incumplimiento de la obligación de dar alimentos se verificó desde el siete de mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, dicha omisión se originó a partir del nacimiento de la víctima de identidad resguardada ********************, es decir, el quince de diciembre del dos mil quince; toda vez que, el progenitor, desde esta última fecha no aportó numerario alguno en favor de su descendiente; siendo la quejosa ******************** la única persona que se hizo responsable de proveer los alimentos a la víctima de identidad resguardada, tal como lo expusieron la querellante como los testigos de cargo. Dicho agravio, lo consideró esencialmente fundado, por las razones que a continuación se exponen. En cuanto al tema, la Sala responsable señaló que el juzgador de origen consideró que si bien de la declaración de la querellante se advertía que el lapso de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se originó desde el nacimiento de la niña afectada, sin embargo, arguyó que la querella fue presentada el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, por lo que atendiendo al artículo 115 del código penal, la temporalidad de tal omisión delictuosa únicamente debe considerarse un año anterior a la citada querella, en razón de lo cual -concluyó el resolutor natural- el incumplimiento data del veintisiete de mayo de dos mil dieciocho. Lo anterior lo estimó contrario a derecho, tal como lo alegó la ofendida en su escrito de agravios; puesto que señaló que el delito que se le atribuye al activo (aquí tercero interesado) se actualizó por la omisión injustificada de cumplir con el deber de dar alimentos, obligación que se genera de manera sucesiva y permanente, debido a que los efectos que produce, se prolongan durante el tiempo en que el activo mantiene el estado antijurídico a pesar de que radica en su voluntad la facultad de hacer cesar ese efecto, motivo por el cual por su forma de comisión el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se clasifica como un antisocial de los Ilamados continuos o permanentes. En ese sentido estableció que en términos del numeral 115 de la Ley Punitiva en la entidad se infiere el tiempo que la víctima o parte ofendida tiene para ejercer el derecho de acudir ante esa institución, con la finalidad de hacer de su conocimiento la posible comisión de un hecho delictuoso y que se castigue al responsable, prerrogativa que es un derecho público subjetivo que la ley adjetiva de la materia le otorga a un particular para acudir ante la autoridad encargada de la investigación de delitos y solicitarle que inicie las indagaciones pertinentes respecto de aquel o aquellos hechos delictuosos que la ley penal ha considerado perseguibles sólo previa querella de parte afectada y cuyo derecho, tiene dos términos para ejercerse: el primero de un año contado a partir que el ofendido tenga conocimiento del ilícito perseguible : por querella y, el segundo, en tres años, independientemente de esa última circunstancia, es decir, que el pasivo del delito o su representante legal tengan conocimiento del hecho delictuoso. Por otro lado, precisó que en el caso específico, el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se actualiza por la omisión injustificada de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos, la cual se genera de manera sucesiva y permanente dado que los efectos que produce, se prolongan durante el tiempo en el que el agente del delito mantiene el estado antijurídico a pesar de que radica en su voluntad de hacer cesar ese estado antijurídico; por ende el derecho a querellarse por el incumplimiento de dicha obligación se genera cada vez que la conducta omisiva se presenta y si ello es así la prescripción no puede operar en tanto la conducta no cese. Asimismo, la Sala responsable estableció que de la querella que dio origen a la causa penal de origen se advierte con claridad que la madre de la víctima (aquí quejosa) compareció ante el órgano investigador el veintisiete de abril de dos mil diecinueve como lo afirmó el juzgador primario; empero tal data no debe servir de base para establecer la temporalidad en la que el activo incumplió con su carga alimentaria. Lo anterior es así, porque la representante de la víctima señaló que la omisión del imputado inició desde el nacimiento de la agraviada, lo que se corroboró con lo depuesto por ******************** y ********************, quienes coincidieron en que son ellos los únicos que han apoyado a la víctima en lo relativo a los alimentos porque el activo nunca ha cumplido con dicha responsabilidad; dichos datos de prueba se valoraron de conformidad con el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que, la Sala responsable manifestó que era válido considerar que la omisión del activo se verificó desde el nacimiento de su descendiente, entonces si la fiscalía verbalizó como dato de prueba el acta de nacimiento de ésta, que es del quince de diciembre de dos mil once, tal fecha es la que debe tomarse en consideración como el origen de la conducta omisiva del imputado. Dato que igualmente se valoró en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Motivo por el cual la indagación sobre el delito de incumplimiento de obligaciones mencionado, para efectos del proceso penal, debe comprender desde el momento en que comenzó la omisión de cumplir con los alimentos hasta que la fiscalía formuló la imputación, en virtud que los hechos que constituyen el delito siempre deben ser anteriores y a partir de la formulación de la imputación se da a conocer al activo el evento que será materia de investigación y, eventualmente, de juicio oral, de manera que es válido concluir que el activo incumplió con su obligación de dar alimentos del lapso comprendido entre el quince de diciembre de dos mil once hasta el doce de mayo de dos mil veintiuno, que fue cuando se le formuló imputación. Por su parte, la Sala responsable señaló que aún y cuando el imputado ofertó diversos datos de prueba, como lo son las constancias del expediente 653/2020 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, y del diverso.2129/2019, dos fichas de depósito bancario y dos recibos de pago por concepto de colegiaturas de la víctima y contrato de apertura de cuenta de débito; mas, por la forma en la que se verbalizaron en la audiencia inicial no se advirtió que correspondieran al periodo que se le exige. Lo mismo aconteció con un resultado de análisis químico a nombre de la afectada de identidad resguardada, constancia de estudios del activo, impresión de sus calificaciones y una carta escrita de puño y letra de la querellante, pues tales documentales estimó que no tuvieron el alcance de evidenciar que el imputado entregó dinero a la madre de la víctima, para la manutención de ésta. Y si bien es cierto que compareció la madre del activo de nombre Clara Norma Hidalgo Rosete, empero su dicho en cuanto a que su descendiente cumplió con la carga que se le exige, no se encuentra corroborada con alguna documental que soportara tal aseveración, en tal virtud dichas afirmaciones resultaron aisladas y por ende carecían de validez jurídica; de ahí que la sola negativa del imputado en cuanto a los hechos que se le atribuyen, es insuficiente considerar que aportó lo necesario para su hija durante el periodo ya señalado. Consecuentemente, al ser estimar fundado el motivo de inconformidad expuesto por la parte agraviada la Sala responsable resolvió que lo procedente, con fundamento en el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era modificar el auto de vinculación de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado a ********************, por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en los autos del proceso penal ********************, por un hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada, para el único efecto de precisar que el periodo omisivo abarca desde el quince de diciembre de dos mil once, hasta el doce de mayo de dos mil veintiuno, que fue el momento en el que se le formuló imputación. Finalmente mediante oficios 427/2023 de veintiséis de abril y 695/2023 de veintiocho de junio del año en curso, la diversa autoridad responsable 2. Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz informó que al ser extensivo el acto que le fuera reclamado quedó en espera de lo resuelto por la Sala responsable, por lo que en proveído de uno de junio de la presente anualidad, tuvo por recibido el oficio 1861 de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por el cual le fue notificada la resolución de esa propia fecha dictada en el toca ******************** del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con Xalapa, en la que modificó el auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir a la quejosa en el goce de sus garantías individuales, la Sala responsable dejó insubsistente la resolución dictada dentro del toca penal ******************** de su índice, de tres de noviembre de dos mil veintidós, y en su lugar dictó otra, en la que reiteró el auto de vinculación a proceso emitido en contra del imputado, pero estableció que el periodo de incumplimiento de la obligación alimentaria por la que se le sometió a proceso abarca desde quince de diciembre de dos mil once, en que nació su menor hija, ello en términos de lo dispuesto por la Jurisprudencia 1a./J. 10/2011 (10a.). Por su parte la diversa responsable Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz informó quedó impuesto de lo resuelto por la Sala responsable en el que modificó el auto de vinculación en los términos antes señalados y adherido a ese cumplimiento por tratarse de ser extensiva la concesión al acto que le fuera atribuido. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de diez de enero de dos mil veintitrés (fojas 65-67), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1104/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 126-151) se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, en representación de su menor hija, para los efectos siguientes: ".para el efecto que la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, 1). Deje insubsistente la resolución dictada dentro del toca penal ******************** de su índice, de tres de noviembre de dos mil veintidós. 2). Realizado lo anterior, deberá dictar otra, en la que reitere el auto de vinculación a proceso emitido en contra del imputado, pero estableciendo que el periodo de incumplimiento de la obligación alimentaria por la que se le somete a proceso abarca desde quince de diciembre de dos mil once, en que nació su menor hija, ello en términos de lo dispuesto por la Jurisprudencia 1a./J. 10/2011 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, puesto que el auto de vinculación emitido por la misma se encuentra sujeto a lo que en su momento resuelva la alzada y no puede subsistir por sí mismo ante la determinación de aquella." En consecuencia, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (fojas 180 y 181) se requirieron a las autoridades responsables 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz y 2. Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de cinco de julio de dos mil veintitrés (foja 246) se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por las citadas autoridades responsables, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 1863 (foja 196) remitió a este Órgano Jurisdiccional, copia certificada de la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas 197 a 206) de la cual se advierte que mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, por cuanto hace a la quejosa ********************, en representación de su menor hija con clave de identificación numérica ********************, en el toca ******************** de su estadística. En ese sentido, de la nueva resolución se advierte que la Sala responsable en primer lugar, señaló que la determinación combatida lo es el auto de vinculación a proceso que se dictó contra ********************, a quien se le imputó un hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada. Asimismo, estableció que el estudio únicamente versaría respecto de la parte de la resolución apelada en la que el juez del conocimiento consideró que la conducta omisiva que se le atribuye al imputado se originó desde el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (un año atrás de la presentación de la querella), pues dicha parte considerativa, es la única parte que recurrió la ofendida y que ha sido materia de pronunciamiento por este órgano de control constitucional. Así, la Sala responsable precisó que la agraviada en sus motivos de disenso expresó que el juzgador natural violó el contenido de los artículos 16 y 19 constitucionales por la inexacta aplicación e interpretación del artículo 115 del Código Penal Para el Estado de Veracruz, dado que el juzgador estableció que el incumplimiento de la obligación de dar alimentos se verificó desde el siete de mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, dicha omisión se originó a partir del nacimiento de la víctima de identidad resguardada ********************, es decir, el quince de diciembre del dos mil quince; toda vez que, el progenitor, desde esta última fecha no aportó numerario alguno en favor de su descendiente; siendo la quejosa ******************** la única persona que se hizo responsable de proveer los alimentos a la víctima de identidad resguardada, tal como lo expusieron la querellante como los testigos de cargo. Dicho agravio, lo consideró esencialmente fundado, por las razones que a continuación se exponen. En cuanto al tema, la Sala responsable señaló que el juzgador de origen consideró que si bien de la declaración de la querellante se advertía que el lapso de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se originó desde el nacimiento de la niña afectada, sin embargo, arguyó que la querella fue presentada el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, por lo que atendiendo al artículo 115 del código penal, la temporalidad de tal omisión delictuosa únicamente debe considerarse un año anterior a la citada querella, en razón de lo cual -concluyó el resolutor natural- el incumplimiento data del veintisiete de mayo de dos mil dieciocho. Lo anterior lo estimó contrario a derecho, tal como lo alegó la ofendida en su escrito de agravios; puesto que señaló que el delito que se le atribuye al activo (aquí tercero interesado) se actualizó por la omisión injustificada de cumplir con el deber de dar alimentos, obligación que se genera de manera sucesiva y permanente, debido a que los efectos que produce, se prolongan durante el tiempo en que el activo mantiene el estado antijurídico a pesar de que radica en su voluntad la facultad de hacer cesar ese efecto, motivo por el cual por su forma de comisión el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se clasifica como un antisocial de los Ilamados continuos o permanentes. En ese sentido estableció que en términos del numeral 115 de la Ley Punitiva en la entidad se infiere el tiempo que la víctima o parte ofendida tiene para ejercer el derecho de acudir ante esa institución, con la finalidad de hacer de su conocimiento la posible comisión de un hecho delictuoso y que se castigue al responsable, prerrogativa que es un derecho público subjetivo que la ley adjetiva de la materia le otorga a un particular para acudir ante la autoridad encargada de la investigación de delitos y solicitarle que inicie las indagaciones pertinentes respecto de aquel o aquellos hechos delictuosos que la ley penal ha considerado perseguibles sólo previa querella de parte afectada y cuyo derecho, tiene dos términos para ejercerse: el primero de un año contado a partir que el ofendido tenga conocimiento del ilícito perseguible : por querella y, el segundo, en tres años, independientemente de esa última circunstancia, es decir, que el pasivo del delito o su representante legal tengan conocimiento del hecho delictuoso. Por otro lado, precisó que en el caso específico, el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se actualiza por la omisión injustificada de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos, la cual se genera de manera sucesiva y permanente dado que los efectos que produce, se prolongan durante el tiempo en el que el agente del delito mantiene el estado antijurídico a pesar de que radica en su voluntad de hacer cesar ese estado antijurídico; por ende el derecho a querellarse por el incumplimiento de dicha obligación se genera cada vez que la conducta omisiva se presenta y si ello es así la prescripción no puede operar en tanto la conducta no cese. Asimismo, la Sala responsable estableció que de la querella que dio origen a la causa penal de origen se advierte con claridad que la madre de la víctima (aquí quejosa) compareció ante el órgano investigador el veintisiete de abril de dos mil diecinueve como lo afirmó el juzgador primario; empero tal data no debe servir de base para establecer la temporalidad en la que el activo incumplió con su carga alimentaria. Lo anterior es así, porque la representante de la víctima señaló que la omisión del imputado inició desde el nacimiento de la agraviada, lo que se corroboró con lo depuesto por ******************** y ********************, quienes coincidieron en que son ellos los únicos que han apoyado a la víctima en lo relativo a los alimentos porque el activo nunca ha cumplido con dicha responsabilidad; dichos datos de prueba se valoraron de conformidad con el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que, la Sala responsable manifestó que era válido considerar que la omisión del activo se verificó desde el nacimiento de su descendiente, entonces si la fiscalía verbalizó como dato de prueba el acta de nacimiento de ésta, que es del quince de diciembre de dos mil once, tal fecha es la que debe tomarse en consideración como el origen de la conducta omisiva del imputado. Dato que igualmente se valoró en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Motivo por el cual la indagación sobre el delito de incumplimiento de obligaciones mencionado, para efectos del proceso penal, debe comprender desde el momento en que comenzó la omisión de cumplir con los alimentos hasta que la fiscalía formuló la imputación, en virtud que los hechos que constituyen el delito siempre deben ser anteriores y a partir de la formulación de la imputación se da a conocer al activo el evento que será materia de investigación y, eventualmente, de juicio oral, de manera que es válido concluir que el activo incumplió con su obligación de dar alimentos del lapso comprendido entre el quince de diciembre de dos mil once hasta el doce de mayo de dos mil veintiuno, que fue cuando se le formuló imputación. Por su parte, la Sala responsable señaló que aún y cuando el imputado ofertó diversos datos de prueba, como lo son las constancias del expediente 653/2020 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, y del diverso.2129/2019, dos fichas de depósito bancario y dos recibos de pago por concepto de colegiaturas de la víctima y contrato de apertura de cuenta de débito; mas, por la forma en la que se verbalizaron en la audiencia inicial no se advirtió que correspondieran al periodo que se le exige. Lo mismo aconteció con un resultado de análisis químico a nombre de la afectada de identidad resguardada, constancia de estudios del activo, impresión de sus calificaciones y una carta escrita de puño y letra de la querellante, pues tales documentales estimó que no tuvieron el alcance de evidenciar que el imputado entregó dinero a la madre de la víctima, para la manutención de ésta. Y si bien es cierto que compareció la madre del activo de nombre Clara Norma Hidalgo Rosete, empero su dicho en cuanto a que su descendiente cumplió con la carga que se le exige, no se encuentra corroborada con alguna documental que soportara tal aseveración, en tal virtud dichas afirmaciones resultaron aisladas y por ende carecían de validez jurídica; de ahí que la sola negativa del imputado en cuanto a los hechos que se le atribuyen, es insuficiente considerar que aportó lo necesario para su hija durante el periodo ya señalado. Consecuentemente, al ser estimar fundado el motivo de inconformidad expuesto por la parte agraviada la Sala responsable resolvió que lo procedente, con fundamento en el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era modificar el auto de vinculación de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado a ********************, por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en los autos del proceso penal ********************, por un hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada, para el único efecto de precisar que el periodo omisivo abarca desde el quince de diciembre de dos mil once, hasta el doce de mayo de dos mil veintiuno, que fue el momento en el que se le formuló imputación. Finalmente mediante oficios 427/2023 de veintiséis de abril y 695/2023 de veintiocho de junio del año en curso, la diversa autoridad responsable 2. Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz informó que al ser extensivo el acto que le fuera reclamado quedó en espera de lo resuelto por la Sala responsable, por lo que en proveído de uno de junio de la presente anualidad, tuvo por recibido el oficio 1861 de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por el cual le fue notificada la resolución de esa propia fecha dictada en el toca ******************** del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con Xalapa, en la que modificó el auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir a la quejosa en el goce de sus garantías individuales, la Sala responsable dejó insubsistente la resolución dictada dentro del toca penal ******************** de su índice, de tres de noviembre de dos mil veintidós, y en su lugar dictó otra, en la que reiteró el auto de vinculación a proceso emitido en contra del imputado, pero estableció que el periodo de incumplimiento de la obligación alimentaria por la que se le sometió a proceso abarca desde quince de diciembre de dos mil once, en que nació su menor hija, ello en términos de lo dispuesto por la Jurisprudencia 1a./J. 10/2011 (10a.). Por su parte la diversa responsable Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz informó quedó impuesto de lo resuelto por la Sala responsable en el que modificó el auto de vinculación en los términos antes señalados y adherido a ese cumplimiento por tratarse de ser extensiva la concesión al acto que le fuera atribuido. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de diez de enero de dos mil veintitrés (fojas 65-67), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Con esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de catorce de julio del presente año que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 126-151) se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, en representación de su menor hija, para los efectos siguientes: ".para el efecto que la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, 1). Deje insubsistente la resolución dictada dentro del toca penal ******************** de su índice, de tres de noviembre de dos mil veintidós. 2). Realizado lo anterior, deberá dictar otra, en la que reitere el auto de vinculación a proceso emitido en contra del imputado, pero estableciendo que el periodo de incumplimiento de la obligación alimentaria por la que se le somete a proceso abarca desde quince de diciembre de dos mil once, en que nació su menor hija, ello en términos de lo dispuesto por la Jurisprudencia 1a./J. 10/2011 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, puesto que el auto de vinculación emitido por la misma se encuentra sujeto a lo que en su momento resuelva la alzada y no puede subsistir por sí mismo ante la determinación de aquella." En consecuencia, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (fojas 180 y 181) se requirieron a las autoridades responsables 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz y 2. Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de cinco de julio de dos mil veintitrés (foja 246) se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por las citadas autoridades responsables, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 1863 (foja 196) remitió a este Órgano Jurisdiccional, copia certificada de la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas 197 a 206) de la cual se advierte que mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, por cuanto hace a la quejosa ********************, en representación de su menor hija con clave de identificación numérica ********************, en el toca ******************** de su estadística. En ese sentido, de la nueva resolución se advierte que la Sala responsable en primer lugar, señaló que la determinación combatida lo es el auto de vinculación a proceso que se dictó contra ********************, a quien se le imputó un hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada. Asimismo, estableció que el estudio únicamente versaría respecto de la parte de la resolución apelada en la que el juez del conocimiento consideró que la conducta omisiva que se le atribuye al imputado se originó desde el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (un año atrás de la presentación de la querella), pues dicha parte considerativa, es la única parte que recurrió la ofendida y que ha sido materia de pronunciamiento por este órgano de control constitucional. Así, la Sala responsable precisó que la agraviada en sus motivos de disenso expresó que el juzgador natural violó el contenido de los artículos 16 y 19 constitucionales por la inexacta aplicación e interpretación del artículo 115 del Código Penal Para el Estado de Veracruz, dado que el juzgador estableció que el incumplimiento de la obligación de dar alimentos se verificó desde el siete de mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, dicha omisión se originó a partir del nacimiento de la víctima de identidad resguardada ********************, es decir, el quince de diciembre del dos mil quince; toda vez que, el progenitor, desde esta última fecha no aportó numerario alguno en favor de su descendiente; siendo la quejosa ******************** la única persona que se hizo responsable de proveer los alimentos a la víctima de identidad resguardada, tal como lo expusieron la querellante como los testigos de cargo. Dicho agravio, lo consideró esencialmente fundado, por las razones que a continuación se exponen. En cuanto al tema, la Sala responsable señaló que el juzgador de origen consideró que si bien de la declaración de la querellante se advertía que el lapso de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se originó desde el nacimiento de la niña afectada, sin embargo, arguyó que la querella fue presentada el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, por lo que atendiendo al artículo 115 del código penal, la temporalidad de tal omisión delictuosa únicamente debe considerarse un año anterior a la citada querella, en razón de lo cual -concluyó el resolutor natural- el incumplimiento data del veintisiete de mayo de dos mil dieciocho. Lo anterior lo estimó contrario a derecho, tal como lo alegó la ofendida en su escrito de agravios; puesto que señaló que el delito que se le atribuye al activo (aquí tercero interesado) se actualizó por la omisión injustificada de cumplir con el deber de dar alimentos, obligación que se genera de manera sucesiva y permanente, debido a que los efectos que produce, se prolongan durante el tiempo en que el activo mantiene el estado antijurídico a pesar de que radica en su voluntad la facultad de hacer cesar ese efecto, motivo por el cual por su forma de comisión el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se clasifica como un antisocial de los Ilamados continuos o permanentes. En ese sentido estableció que en términos del numeral 115 de la Ley Punitiva en la entidad se infiere el tiempo que la víctima o parte ofendida tiene para ejercer el derecho de acudir ante esa institución, con la finalidad de hacer de su conocimiento la posible comisión de un hecho delictuoso y que se castigue al responsable, prerrogativa que es un derecho público subjetivo que la ley adjetiva de la materia le otorga a un particular para acudir ante la autoridad encargada de la investigación de delitos y solicitarle que inicie las indagaciones pertinentes respecto de aquel o aquellos hechos delictuosos que la ley penal ha considerado perseguibles sólo previa querella de parte afectada y cuyo derecho, tiene dos términos para ejercerse: el primero de un año contado a partir que el ofendido tenga conocimiento del ilícito perseguible : por querella y, el segundo, en tres años, independientemente de esa última circunstancia, es decir, que el pasivo del delito o su representante legal tengan conocimiento del hecho delictuoso. Por otro lado, precisó que en el caso específico, el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se actualiza por la omisión injustificada de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos, la cual se genera de manera sucesiva y permanente dado que los efectos que produce, se prolongan durante el tiempo en el que el agente del delito mantiene el estado antijurídico a pesar de que radica en su voluntad de hacer cesar ese estado antijurídico; por ende el derecho a querellarse por el incumplimiento de dicha obligación se genera cada vez que la conducta omisiva se presenta y si ello es así la prescripción no puede operar en tanto la conducta no cese. Asimismo, la Sala responsable estableció que de la querella que dio origen a la causa penal de origen se advierte con claridad que la madre de la víctima (aquí quejosa) compareció ante el órgano investigador el veintisiete de abril de dos mil diecinueve como lo afirmó el juzgador primario; empero tal data no debe servir de base para establecer la temporalidad en la que el activo incumplió con su carga alimentaria. Lo anterior es así, porque la representante de la víctima señaló que la omisión del imputado inició desde el nacimiento de la agraviada, lo que se corroboró con lo depuesto por ******************** y ********************, quienes coincidieron en que son ellos los únicos que han apoyado a la víctima en lo relativo a los alimentos porque el activo nunca ha cumplido con dicha responsabilidad; dichos datos de prueba se valoraron de conformidad con el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que, la Sala responsable manifestó que era válido considerar que la omisión del activo se verificó desde el nacimiento de su descendiente, entonces si la fiscalía verbalizó como dato de prueba el acta de nacimiento de ésta, que es del quince de diciembre de dos mil once, tal fecha es la que debe tomarse en consideración como el origen de la conducta omisiva del imputado. Dato que igualmente se valoró en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Motivo por el cual la indagación sobre el delito de incumplimiento de obligaciones mencionado, para efectos del proceso penal, debe comprender desde el momento en que comenzó la omisión de cumplir con los alimentos hasta que la fiscalía formuló la imputación, en virtud que los hechos que constituyen el delito siempre deben ser anteriores y a partir de la formulación de la imputación se da a conocer al activo el evento que será materia de investigación y, eventualmente, de juicio oral, de manera que es válido concluir que el activo incumplió con su obligación de dar alimentos del lapso comprendido entre el quince de diciembre de dos mil once hasta el doce de mayo de dos mil veintiuno, que fue cuando se le formuló imputación. Por su parte, la Sala responsable señaló que aún y cuando el imputado ofertó diversos datos de prueba, como lo son las constancias del expediente 653/2020 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, y del diverso.2129/2019, dos fichas de depósito bancario y dos recibos de pago por concepto de colegiaturas de la víctima y contrato de apertura de cuenta de débito; mas, por la forma en la que se verbalizaron en la audiencia inicial no se advirtió que correspondieran al periodo que se le exige. Lo mismo aconteció con un resultado de análisis químico a nombre de la afectada de identidad resguardada, constancia de estudios del activo, impresión de sus calificaciones y una carta escrita de puño y letra de la querellante, pues tales documentales estimó que no tuvieron el alcance de evidenciar que el imputado entregó dinero a la madre de la víctima, para la manutención de ésta. Y si bien es cierto que compareció la madre del activo de nombre Clara Norma Hidalgo Rosete, empero su dicho en cuanto a que su descendiente cumplió con la carga que se le exige, no se encuentra corroborada con alguna documental que soportara tal aseveración, en tal virtud dichas afirmaciones resultaron aisladas y por ende carecían de validez jurídica; de ahí que la sola negativa del imputado en cuanto a los hechos que se le atribuyen, es insuficiente considerar que aportó lo necesario para su hija durante el periodo ya señalado. Consecuentemente, al ser estimar fundado el motivo de inconformidad expuesto por la parte agraviada la Sala responsable resolvió que lo procedente, con fundamento en el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era modificar el auto de vinculación de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado a ********************, por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en los autos del proceso penal ********************, por un hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada, para el único efecto de precisar que el periodo omisivo abarca desde el quince de diciembre de dos mil once, hasta el doce de mayo de dos mil veintiuno, que fue el momento en el que se le formuló imputación. Finalmente mediante oficios 427/2023 de veintiséis de abril y 695/2023 de veintiocho de junio del año en curso, la diversa autoridad responsable 2. Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz informó que al ser extensivo el acto que le fuera reclamado quedó en espera de lo resuelto por la Sala responsable, por lo que en proveído de uno de junio de la presente anualidad, tuvo por recibido el oficio 1861 de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por el cual le fue notificada la resolución de esa propia fecha dictada en el toca ******************** del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con Xalapa, en la que modificó el auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir a la quejosa en el goce de sus garantías individuales, la Sala responsable dejó insubsistente la resolución dictada dentro del toca penal ******************** de su índice, de tres de noviembre de dos mil veintidós, y en su lugar dictó otra, en la que reiteró el auto de vinculación a proceso emitido en contra del imputado, pero estableció que el periodo de incumplimiento de la obligación alimentaria por la que se le sometió a proceso abarca desde quince de diciembre de dos mil once, en que nació su menor hija, ello en términos de lo dispuesto por la Jurisprudencia 1a./J. 10/2011 (10a.). Por su parte la diversa responsable Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz informó quedó impuesto de lo resuelto por la Sala responsable en el que modificó el auto de vinculación en los términos antes señalados y adherido a ese cumplimiento por tratarse de ser extensiva la concesión al acto que le fuera atribuido. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de diez de enero de dos mil veintitrés (fojas 65-67), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero interesada el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez de Control de la Sala D del Decimoséptimo Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz; en atención al requerimiento efectuado mediante oficio 18432 de veintisiete de junio del año en curso, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, de autos se advierte que en proveídos de veintisiete de abril y diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se reservó dar vista respecto de las gestiones realizadas por las autoridades responsables, hasta en tanto remitiera las constancias correspondientes al total cumplimiento, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesado, con los oficios y anexos con registros 6520, 7836 y 10718, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 31 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Karla Marissa Zúñiga López686/2021
- Karla Moreno Cruz1040/2023
- Karla Paola Ramírez Santiago359/2019
- Karla Rubini Barradas586/2020
- Karla Susana Verduzco Pimienta258/2022
- Karla Valeria Gallangos Schivre67/2022
- Karla Vanessa García Valverde423/2021
- Karla Yesenia Nieves Nicolas1154/2022
- Karolina Hernández Olvera202/2020
- Katherine Ghiva Fuentes Gómez924/2015
- Kathya Darinka Ferández Azuara161/2020
- Katia Azura Díaz784/2019