Karla Moreno Cruz

Expediente 1040/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1040/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Karla Moreno Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 28868 /2023 recibido en línea signado de manera electrónica por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que ACEPTÓ LA COMPETENCIA planteada por este órgano jurisdiccional, por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto, así como el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto, al tratarse de cuaderno auxiliar, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 19, fracción I, inciso b) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula de los expedientes, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que por proveído de nueve de octubre del año en curso, se tuvo al 1, 2, 3, 4 y 5 Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, en representación de las autoridades, informando en relación a la suspensión de plano concedida en autos; asimismo, por el diverso auto de nueve de del mes y año que transcurre, se tuvo diligenciado el exhorto 450/2023-E/V/AADM, orden 1764/2023; de lo anterior, se reservó de proveer lo conducente hasta en tanto se tuviera conocimiento de la aceptación o no de la competencia planteada en autos lo cual ya aconteció, por tanto, se hace del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente asunto; por tanto, instrúyase al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y este en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto, y tenga a bien a proveer lo procedente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la representante común de la parte quejosa el proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio y anexos signado conjuntamente por el Juez y Actuario ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, con el oficio y anexo de cuenta con registro 16900, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    se notifica a la parte quejosa la SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 239/2023 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, María Claudia Alonso Gutiérrez promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; 2. Secretario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; 3. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; 4. Delegado de la Policía Estatal en la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río; y 5. Secretario de Seguridad Pública en Xalapa, Veracruz (fojas 2 a 5). SEGUNDO. Admisión. Mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita; fijar data y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; formar por separado el incidente de suspensión por haber sido solicitado; se tuvo en su carácter de terceros interesados a Aideé López Vázquez y Ciria del Carmen Gamez Martínez (fojas 6 a 10). TERCERO. Trámite. Mediante auto de diez de abril de dos mil veintitrés, se tuvo apersonándose al presente juicio a Aideé López Vázquez, quien no hizo valer causal de improcedencia (fojas 20 y 57). Mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a María Claudia Alonso Gutiérrez ampliando demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 6. Juez de Ejecución de Sentencias adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, y demás autoridades, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita; fijar data y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; proveer sobre la suspensión; emplazar a las terceras interesadas a Aideé López Vázquez y Ciria del Carmen Gamez Martínez (fojas 73 a 78 y 125 a 128). El veinticinco de abril y once de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por emplazadas a Aideé López Vázquez y Ciria del Carmen Gamez Martínez quienes no hicieron valer causales de improcedencia (fojas 146 y 164). Por auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se determinó variar el carácter de autoridad responsable que se le había otorgado al 3. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo (María del Rocío Sánchez Cozar) para tenerla como tercera interesada, así también se tuvo con ese carácter al Fiscal Encargado del Sistema Penal Tradicional o Inquisitivo, dependiente de la Fiscalía Regional Zona Centro del Distrito Judicial XVII en Veracruz, Veracruz (licenciado ********************) por ser quien estuvo presente en la diligencia de entrega y restitución del inmueble de tres de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la Carpeta de Ejecución EST-40/2022, que como justificación de sus actos exhibió la 6. Juez de Ejecución de Sentencias adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz (licenciada Dany Elena Hernández García) a quienes se les emplazo al día siguiente (fojas 183 a 184 y 187). CUARTO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables, quienes no hicieron valer causales de improcedencia (fojas 15, 22, 59 a 60, 137, 138, 165, 171 a 172 y 195) la audiencia constitucional tuvo verificativo el veintisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 214 a 215). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad judicial, que se alega es susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales relativos a la posesión que protege el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, así como las constancias de autos principalmente los informes justificados de las autoridades responsables se tienen que, los actos reclamados en el presente juicio son: Al 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; 2. Secretario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; 4. Delegado de la Policía Estatal en la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río; y 5. Secretario de Seguridad Pública en Xalapa, Veracruz: a) Todo lo actuado en la Causa Penal 730/2017, en donde se le pretende despojar de la posesión del inmueble que refiere es de su propiedad ubicado en local 208 de la calle Úrsulo Galván, Colonia Centro de la Ciudad de Veracruz, Veracruz. Al 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; 2. Secretario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; 4. Delegado de la Policía Estatal en la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río; 5. Secretario de Seguridad Pública en Xalapa, Veracruz y 6. Juez de Ejecución de Sentencias adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz: b) Todo lo actuado en los autos de la Carpeta de Ejecución EST-40/2022, es decir, la diligencia y actuación, con la cual se pretende despojar de la posesión del inmueble de su propiedad ubicado en local 208 de la calle Úrsulo Galván, Colonia Centro de la Ciudad de Veracruz, Veracruz. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Negativa del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; 2. Secretario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; 4. Delegado de la Policía Estatal en la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río; y 5. Secretario de Seguridad Pública en Xalapa, Veracruz, toda vez que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen a) Todo lo actuado en la Causa Penal 730/2017, en donde se le pretende despojar de la posesión del inmueble que refiere es de su propiedad ubicado en local 208 de la calle Úrsulo Galván, Colonia Centro de la Ciudad de Veracruz, Veracruz y b) Todo lo actuado en los autos de la Carpeta de Ejecución EST-40/2022, es decir, la diligencia y actuación, con la cual se pretende despojar de la posesión del inmueble de su propiedad ubicado en local 208 de la calle Úrsulo Galván, Colonia Centro de la Ciudad de Veracruz, Veracruz (fojas 15, 22, 59 a 60, 137, 138 y 171 a 172) y como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar su negativa, lo que procede es sobreseer en este juicio, por lo que hace a esa autoridad responsable, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable en este aspecto la jurisprudencia VI.2o.J/20: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 6. Juez de Ejecución de Sentencias adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 165 y 195). Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas de la Carpeta de Ejecución EST-40/2022 de su índice, que remitió como justificación de sus actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierten los actos reclamados. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que se precisó en el considerando anterior. SEXTO. Regularidad constitucional del acto reclamado (estudio de fondo). Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria; de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con trasgresiones a las formalidades esenciales del procedimiento, a la garantía de fundamentación y motivación, justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita, así también a la figura jurídica de ejecución de la pena a que hacen referencia los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los preceptos 1, 3, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es conveniente referir la regulación constitucional y legal de esos aspectos. Formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 14 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone: "Artículo. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, el cual se desdobla en dos vertientes: 1ª. La referida a las formalidades esenciales del procedimiento (adjetiva) -la que, a su vez, admite dos perspectivas: desde quien es sujeto pasivo de su procedimiento que puede resultar en un acto privativo y desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar el derecho-; y 2ª. La relativa a la vertiente sustantiva, en la que se enlistan determinados bienes constitucionalmente protegidos mediante dichas formalidades esenciales del procedimiento, como la libertad, propiedad, posesión y otros derechos. Por otra parte, es preciso establecer que el procedimiento penal se rige por las formalidades esenciales establecidas legalmente; las cuales se materializan a través de los diversos actos procedimentales que se suscitan con motivo de la actuación de las partes y del juzgador en el ejercicio y aplicación del derecho; lo que implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso específico, es decir, en materia penal, está estrictamente regulado por el principio de tipicidad, en cuanto a que, para que la acción u omisión sea punible, debe adecuarse con los elementos de la hipótesis de la norma violada. Lo anterior encuentra sustento, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante los tribunales previamente establecidos, es decir, autoridad competente, cumpliendo con "... las formalidades esenciales del procedimiento..." que implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos por las partes, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. De ahí que una autoridad al emitir la resolución debe estar facultada para ello, de no ser así constituye una violación a los derechos de las partes, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la garantía de que los particulares cuenten con la seguridad de que en cada procedimiento se cumplan las formalidades esenciales que le son propias, ya que de lo contrario no se estaría administrando justicia en la forma, plazos y términos establecidos en la ley. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Respecto a la garantía de la fundamentación y motivación que requiere el acto reclamado, ésta encuentra su origen en la parte conducente del artículo 16 constitucional que es del contenido siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." Del precepto constitucional transcrito prevé el derecho humano de legalidad, consistente en que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; para cubrir cabalmente con tal imperativo, la autoridad responsable está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos invocados a los hechos de que se trate. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así también, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de fundamentación y motivación es la omisión total de expresar el dispositivo aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al caso; mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien se interpreta en forma errónea. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1964, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley." "Artículo 3. Glosario Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: . XI. Juez de Ejecución: A la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente Ley; ." "Artículo 100. Ejecución de la sentencia El Juez de Ejecución dará trámite a los procedimientos que correspondan a la Ejecución de Sentencia, para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por esta Ley, por el Código y demás leyes penales aplicables." "Artículo 101. Tipos de resoluciones que ejecutará el Juez de Ejecución El Juez de Ejecución deberá cumplimentar las sentencias condenatorias y firmes." "Artículo 102. Puesta a Disposición El Juez o Tribunal de enjuiciamiento, dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, la remitirá al Juez de Ejecución y a la Autoridad Penitenciaria. Cuando el sentenciado se encuentre privado de la libertad, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, lo pondrá a disposición del Juez de Ejecución. Si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo requerirá para que en el plazo de cinco días se interne voluntariamente, y en caso de no hacerlo, ordenará su reaprehensión inmediata. En caso de que el sentenciado se encuentre en libertad y se dicte una sentencia condenatoria con otorgamiento de sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo prevendrá para que en un plazo de tres días manifieste si se acoge a dicho beneficio, bajo el apercibimiento que de no pronunciarse se ordenará su reaprehensión." "Artículo 103. Inicio de la Ejecución La administración del Juzgado de Ejecución al recibir la sentencia o el auto por el que se impone la prisión preventiva, generará un número de registro y procederá a turnarlo al Juez de Ejecución competente, para que proceda a dar cumplimiento a tales resoluciones judiciales. Una vez recibidos por el Juez de Ejecución, la sentencia y el auto que la declare ejecutoriada, dentro de los tres días siguientes dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, y en su caso prevendrá para que se subsanen errores u omisiones en la documentación correspondiente en el plazo de tres días. Se ordenará asimismo la notificación al Ministerio Público, a la persona sentenciada y a su defensor. El Juez de Ejecución prevendrá al sentenciado para que, dentro del término de tres días, designe un Defensor Particular y, sino lo hiciera, se le designará un Defensor Público, para que lo asista durante el procedimiento de ejecución en los términos de esta Ley, de la Ley Orgánica respectiva y del Código. El Juez de Ejecución solicitará a la Autoridad Penitenciaria que en el término de tres días remita la información correspondiente, para la realización del cómputo de las penas y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado." "Artículo 105. Contenido de la carpeta de ejecución La carpeta de ejecución deberá contener cuando menos los siguientes documentos: I. Sentencia definitiva de primera instancia y auto que la declare ejecutoriada; II. Sentencia definitiva de segunda instancia si fuera el caso; III. Sentencia de amparo vinculada a dichas resoluciones, en su caso; IV. Auto de ejecución de la sentencia en el cual se determinen el cómputo de la pena, considerando el tiempo de prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, las condiciones de cumplimiento del pago de multa, la reparación del daño, así como el pronunciamiento respecto del otorgamiento o negativa del sustitutivo penal; V. Plan de Actividades; VI. Actas y acuerdos de cualquier procedimiento de justicia alternativa o restaurativa en su caso; VII. Informe del Centro Penitenciario respecto a procedimientos disciplinarios desde su ingreso hasta la sentencia; VIII. Copia de la ficha signalética y la identificación administrativa; IX. Actas del Comité Técnico de los órganos colegiados, en las que se funden las actuaciones realizadas por cada una de las áreas; X. Documentos que acrediten el pago de la reparación del daño, en su caso; XI. Documentos que demuestren que se han ejecutado otras sanciones penales, y XII. Los demás registros de actividad procesal." "Artículo 106. Cómputo de la pena El Juez de Ejecución deberá hacer el cómputo de la pena y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, con base en la información remitida por la Autoridad Penitenciaria, y de las constancias que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento le notificó en su momento, a fin de determinar con precisión la fecha en la que se dará por compurgada. El cómputo podrá ser modificado por el Juez de Ejecución durante el procedimiento de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. Cuando para el cómputo se establezca el orden de compurgación de las penas impuestas en diversos procesos, se dará aviso al resto de los jueces. El Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrán oponerse al cómputo de la pena, en caso de que consideren, éste se realizó de manera incorrecta; en tal supuesto, deberán aportar los elementos necesarios para realizar la verificación correspondiente. Una vez cumplida la sentencia, el Juez de Ejecución a través del auto respectivo, determinará tal circunstancia." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." "Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia." "Artículo 119. Controversias sobre medidas de seguridad Las controversias sobre la modificación, extinción o cesación de las medidas de seguridad, se resolverán de acuerdo con las normas previstas en el Código para personas imputables con los ajustes razonables que en el caso concreto acuerde el Juez de Ejecución, para garantizar su derecho a la defensa." "Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental." "Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; II. El defensor público o privado; III. El Ministerio Público; IV. La Autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente; V. El promovente de la acción o recurso, y VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, sólo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV y VI, del presente artículo y en este último caso respecto de la reparación del daño. Cuando el promovente no sea la persona privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación." "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia." "Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código." "Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia." "Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados." "Artículo 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes." "Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes." "Artículo 156. Liquidación de la reparación del daño Una vez que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento se haya pronunciado acerca de la reparación del daño, pero no de su monto, el Juez de Ejecución determinará el monto a cubrir e iniciará el procedimiento de liquidación conforme a lo dispuesto por esta Ley y el Código. Una vez determinado el monto, el Juez de Ejecución ordenará al sentenciado que realice el pago correspondiente dentro de los cinco días siguientes a la determinación. Cuando la reparación del daño consista en hacer una actividad, el Juez de Ejecución ordenará que se ejecuten los actos de cumplimiento dentro de los cinco días siguientes a la determinación. En caso de incumplimiento, se observarán las siguientes disposiciones: I. En caso de existir una garantía, se ejecutará la misma; II. Se observarán las disposiciones relacionadas con el procedimiento de ejecución de multa, en el ámbito de la ejecución, previstos por esta Ley; III. Se negará todo beneficio a que tenga derecho el sentenciado, hasta que se cubra el monto de la reparación, y IV. Tratándose del delito de despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien inmueble a la víctima u ofendido el Juez de Ejecución, una vez que reciba la sentencia ejecutoriada, ordenará la comparecencia del sentenciado y lo apercibirá para que en un plazo de tres días haga voluntariamente entrega física y material del inmueble. En caso de negativa de devolverlo, el Juez de Ejecución ordenará se ponga en posesión material a la víctima u ofendido o su representante, utilizando la fuerza pública para el cumplimiento de la sentencia. Cuando la persona privada de su libertad no contase con recursos propios y/o suficientes para liquidar el pago de la reparación del daño y solicite algún beneficio, el Juez en la celebración de la audiencia verificará que efectivamente no se cuenta con la solvencia económica suficiente y podrá dictar un acuerdo para que dicho pago sea garantizado o bien solventado en un plazo razonable, quedando este compromiso establecido como una obligación procesal; en caso de incumplimiento la persona perderá cualquier beneficio que se haya acordado en su favor." De la interpretación sistemática de los dispositivos legales citados la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. El Juez de Ejecución es la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la Ley. Es el operador judicial quien dará trámite a los procedimientos que correspondan a la Ejecución de Sentencia, para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por esta Ley, por el Código y demás leyes penales aplicables. El Juez de Ejecución deberá cumplimentar las sentencias condenatorias y firmes. El Juez o Tribunal de enjuiciamiento, dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, la remitirá al Juez de Ejecución y a la Autoridad Penitenciaria. Cuando el sentenciado se encuentre privado de la libertad, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, lo pondrá a disposición del Juez de Ejecución. Si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo requerirá para que en el plazo de cinco días se interne voluntariamente, y en caso de no hacerlo, ordenará su reaprehensión inmediata. En caso de que el sentenciado se encuentre en libertad y se dicte una sentencia condenatoria con otorgamiento de sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo prevendrá para que en un plazo de tres días manifieste si se acoge a dicho beneficio, bajo el apercibimiento que de no pronunciarse se ordenará su reaprehensión. La administración del Juzgado de Ejecución al recibir la sentencia o el auto por el que se impone la prisión preventiva -el auto que la declare ejecutoriada- generará un número de registro y procederá a turnarlo al Juez de Ejecución competente, para que proceda a dar cumplimiento a tales resoluciones judiciales. Una vez recibidos el Juez de Ejecución, dentro de los tres días siguientes dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, y en su caso prevendrá para que se subsanen errores u omisiones en la documentación correspondiente en el plazo de tres días. Se ordenará asimismo la notificación al Ministerio Público, a la persona sentenciada y a su defensor. Prevendrá al sentenciado para que, dentro del término de tres días, designe un Defensor Particular y, sino lo hiciera, se le designará un Defensor Público, para que lo asista durante el procedimiento de ejecución en los términos de la Ley, de la Ley Orgánica respectiva y del Código. Solicitará a la Autoridad Penitenciaria que en el término de tres días remita la información correspondiente, para la realización del cómputo de las penas y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado. Para lo cual se integrara una carpeta de ejecución que deberá contener cuando menos con la sentencia definitiva de primera instancia y auto que la declare ejecutoriada; sentencia definitiva de segunda instancia si fuera el caso; sentencia de amparo vinculada a dichas resoluciones, en su caso; auto de ejecución de la sentencia en el cual se determinen el cómputo de la pena, considerando el tiempo de prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, las condiciones de cumplimiento del pago de multa, la reparación del daño, así como el pronunciamiento respecto del otorgamiento o negativa del sustitutivo penal; plan de actividades; actas y acuerdos de cualquier procedimiento de justicia alternativa o restaurativa en su caso; informe del Centro Penitenciario respecto a procedimientos disciplinarios desde su ingreso hasta la sentencia; copia de la ficha signalética y la identificación administrativa; actas del Comité Técnico de los órganos colegiados, en las que se funden las actuaciones realizadas por cada una de las áreas; documentos que acrediten el pago de la reparación del daño, en su caso; documentos que demuestren que se han ejecutado otras sanciones penales, y los demás registros de actividad procesal. El Juez de Ejecución deberá hacer el cómputo de la pena y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, con base en la información remitida por la autoridad penitenciaria, y de las constancias que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento le notificó en su momento, a fin de determinar con precisión la fecha en la que se dará por compurgada. El cual podrá ser modificado durante el procedimiento de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, cuando se establezca el orden de compurgación de las penas impuestas en diversos procesos, se dará aviso a los demás jueces. El Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrán oponerse al cómputo de la pena, en caso de que consideren, éste se realizó de manera incorrecta; para lo cual deberán aportar los elementos necesarios para realizar la verificación correspondiente. Una vez cumplida la sentencia, el Juez de Ejecución a través del auto respectivo, determinará tal circunstancia. Por otra parte, se establece de forma taxativa que los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Señala que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; la impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto el informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; la determinación sobre la reducción acumulada de la pena; la sustitución de la pena por los motivos previstos en la Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal y la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; el incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; la adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; la prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; el cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Controversias sobre medidas de seguridad Las controversias sobre la modificación, extinción o cesación de las medidas de seguridad, se resolverán de acuerdo con las normas previstas en el Código para personas imputables con los ajustes razonables que en el caso concreto acuerde el Juez de Ejecución, para garantizar su derecho a la defensa. Los principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; en tanto que la autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. Las partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia la persona privada de la libertad; el defensor público o privado; el Ministerio Público; la autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente; el promovente de la acción o recurso, y la víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, podrán intervenir las personas señaladas a excepción del promovente de la acción o recurso, En el caso de que el promovente no sea la persona privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la data fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en la Ley y el Código. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: el Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados, verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; verificará que las partes conozcan sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; el Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; declarará cerrado el debate, y emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la que deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. Liquidación de la reparación del daño Una vez que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento se haya pronunciado acerca de la reparación del daño, pero no de su monto, el Juez de Ejecución determinará el monto a cubrir e iniciará el procedimiento de liquidación conforme a lo dispuesto por esta Ley y el Código. Una vez determinado el monto, el Juez de Ejecución ordenará al sentenciado que realice el pago correspondiente dentro de los cinco días siguientes a la determinación. Cuando la reparación del daño consista en hacer una actividad, el Juez de Ejecución ordenará que se ejecuten los actos de cumplimiento dentro de los cinco días siguientes a la determinación. En caso de incumplimiento, se observarán las siguientes disposiciones: en caso de existir una garantía, se ejecutará la misma; se observarán las disposiciones relacionadas con el procedimiento de ejecución de multa, en el ámbito de la ejecución, previstos por esta Ley; se negará todo beneficio a que tenga derecho el sentenciado, hasta que se cubra el monto de la reparación, y tratándose del delito de despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien inmueble a la víctima u ofendido el Juez de Ejecución, una vez que reciba la sentencia ejecutoriada, ordenará la comparecencia del sentenciado y lo apercibirá para que en un plazo de tres días haga voluntariamente entrega física y material del inmueble, en caso de negativa de devolverlo, el Juez de Ejecución ordenará se ponga en posesión material a la víctima u ofendido o su representante, utilizando la fuerza pública para el cumplimiento de la sentencia. Cuando la persona privada de su libertad no contase con recursos propios y/o suficientes para liquidar el pago de la reparación del daño y solicite algún beneficio, el Juez en la celebración de la audiencia verificará que efectivamente no se cuenta con la solvencia económica suficiente y podrá dictar un acuerdo para que dicho pago sea garantizado o bien solventado en un plazo razonable, quedando este compromiso establecido como una obligación procesal; en caso de incumplimiento la persona perderá cualquier beneficio que se haya acordado en su favor. ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, en relación con las constancias procesales que integran las copias certificadas del Proceso Penal 730/2017, Toca Penal 345/2021, así como la Carpeta de Ejecución EST-40/2022, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo; Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; y Juez de Ejecución de Sentencias adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, que adquieren el carácter de premisa menor, que las autoridades responsables remitieron en justificación de sus actos, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia dentro Proceso Penal 730/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo, instruido en contra de Aideé López Vázquez por el delito de despojo cometido en agravio de Ciria del Carmen Gamez Martínez, en el que se le impuso una pena corporal de un año de prisión, por concepto de multa como sanción pecuniaria, la cantidad de $68.28. (sesenta y ocho pesos 28/100 moneda nacional) al pago de la reparación del daño proveniente del delito, esto es, restituir a la agraviada, la entrega material de la parte correspondiente del local situado en la calle Úrsulo Galván número doscientos ocho, de la Colonia Centro de esta Ciudad, así como al pago de la cantidad de $600.00. (Seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 7 a 27, cuaderno de pruebas). b) Mediante resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, emitida en el Toca Penal 345/2021, del índice de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; se modificó la sentencia condenatoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo en el Proceso Penal 730/2017, instruida en contra de Aideé López Vázquez por el delito de despojo cometido en agravio de Ciria del Carmen Gamez Martínez, para determinar que la pena privativa de libertad se deberá compurgar en el sitio que al efecto designe la autoridad judicial de ejecución en materia penal (fojas 24 a 47, juicio de amparo y 45 a 68, cuaderno de pruebas). c) Por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la Juez de Ejecución de Sentencias adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, radicó la Carpeta de Ejecución EST-40/2022, para lo cual señaló las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de celebrar la audiencia de ejecución en términos de los artículos 25 fracción I y II y 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (fojas 74 a 75, cuaderno de pruebas). d) En audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, ante la Juez de Ejecución de Sentencias adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, en uso de la voz, la defensa refirió que por cuanto hace a la restitución del inmueble, bajo protesta de decir verdad no lo tiene en posesión, ya que lo rentaba y mediante orden de lanzamiento y desalojo, fue lanzada del mismo hace aproximadamente un año, por lo que se encontraba en imposibilidad para restituirlo; por lo que la autoridad de ejecución señaló las doce horas del tres de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que tenga verificativo la diligencia en la que habría de cerciorarse que Aideé López Vázquez no se encuentra en posesión del inmueble situado en la calle Úrsulo Galván número doscientos ocho, de la Colonia Centro de esta Ciudad (fojas 87, cuaderno de pruebas). e) Diligencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, en la que se hizo constar que la persona que habita el inmueble lo era Liliana (fojas 86, cuaderno de pruebas). f) Auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a Aideé López Vázquez y asesor jurídico a efecto de que en el término de tres días presente copias certificadas de la orden de lanzamiento y desalojo que a su dicho se realizó hace un año en la vía civil del inmueble situado en la calle Úrsulo Galván número doscientos ocho, de la Colonia Centro de esta Ciudad (fojas 88 a 89, cuaderno de pruebas). g) El dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la Juez de Ejecución de Sentencias adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, suspendió la ejecución de las sanciones impuestas en los autos de la Carpeta de Ejecución EST-40/2022, con motivo del presente juicio de amparo (fojas 198, juicio de amparo). h) Auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tiene a Aideé López Vázquez exhibiendo copias simples de la orden de lanzamiento y desalojo de veinte y veintinueve de octubre de dos mil veinte, por lo que se le requirieron las copias certificadas, sin embargo, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, se continuaría con la secuela procesal de ejecución (fojas 203 a 204, juicio de amparo). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable, infringió en su perjuicio sus derechos fundamentales relativos a las formalidades esenciales del procedimiento, garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sin existir mandamiento que funde y motive la causa legal del desalojo en su contra, por no ser requerida y haberse decretado sin que tuviera conocimiento del mismo, además de no agotarse las demás medidas de apremio, dado que la tercera perjudicada Aideé López Vázquez, ya no ocupa el inmueble arrendado al haber sido lanzada del mismo. En ese orden de ideas, son infundados los conceptos de violación que aquí se analizan, sin que se advierta queja que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Ello es así, porque los actos reclamados aquí destacados, no están fundados en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; aunado a ello, en el caso, no están involucrados derechos de menores o incapaces y el acto reclamado no afecta el orden y desarrollo de la familia. Tampoco se advierte que ha habido en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley y menos aún, se advierten circunstancias que permitan concluir al suscrito que la parte quejosa se encuentra en condición de pobreza o marginación que la haya dejado en clara desventaja social para su defensa en el juicio de origen. Cobra puntual aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.) que se lee: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sentado lo anterior, debe decirse que no le asiste la razón a la parte quejosa, en virtud de que, contrario a lo que sostiene se cumplieron las formalidades del procedimiento de ejecución y no se advierte carezca de fundamentación, argumentación y motivación. Se afirma lo anterior, ya que en ese sentido, no se soslaya que la autoridad responsable juez de ejecución realizó actos tendientes a la ejecución de una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial para lo cual requirió a la sentenciada Aideé López Vázquez para que haga voluntariamente la entrega material de la parte correspondiente del local situado en la calle Úrsulo Galván número doscientos ocho, de la Colonia Centro de esta Ciudad, ordenado en sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida dentro Proceso Penal 730/2017, que se le instruyó en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz con sede en Medellín de Bravo, por el delito de despojo cometido en agravio de Ciria del Carmen Gamez Martínez. Lo anterior, al ser el operador judicial especializado para dar trámite a los procedimientos que correspondan a la ejecución de sentencia condenatoria y firme dentro de la carpeta de ejecución. Por lo que tratándose del delito de despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien inmueble a la víctima u ofendido el Juez de Ejecución, está facultado para apercibir a la sentenciada para que haga voluntariamente la entrega física y material del inmueble materia de la sentencia. En caso de negativa de devolverlo, ordenará se ponga en posesión material a la víctima u ofendido o su representante, utilizando la fuerza pública para el cumplimiento de la sentencia. Y si bien el inmueble materia de la ejecución de la sentencia penal, se refiere al que la quejosa sostiene detenta la posesión y propiedad, no es por esta instancia constitucional por medio del cual se debe hacer valer sus derechos, pues no se advierte aún de las constancias remitidas por la autoridad responsable se haya ordenado la utilización de la fuerza pública para el cumplimiento de la sentencia y así estar en capacidad de instar a este órgano de control constitucional. Además de que puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución quien es la autoridad judicial especializada competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal y ser el operador judicial quien dará trámite a los procedimientos que correspondan a la Ejecución de Sentencia, a través de alguna de las partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia. CONCLUSIÓN Por tanto, se considera que no se vulneran los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción IV, 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Claudia Alonso Gutiérrez, en contra de los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a María Claudia Alonso Gutiérrez, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.

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