Karla Selene Guillén Torres
Expediente 324/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Karla Selene Guillén Torres
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse, aunado a que no obran documentos originales allegados por la quejosa. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del citado expediente principal. Cuaderno incidental. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a la valoración del cuaderno incidental, al no haber sido tramitado en este expediente. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del citado expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos de la Unidad de Investigación Especializado en Delitos Sexuales de la Delegación Séptima de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico respectivo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 324/2023. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que se deriva de lo previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, de la propia normativa, en el que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". El anterior precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por tanto, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el juez de control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del juez de control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el juez de control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos transcritos, resulta patente que el juez de control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia) y culmina con la etapa de juicio. Además, el artículo 258 citado prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. Por tanto, si en el presente asunto se señala como acto reclamado 'la omisión de no citar al imputado ni realizar actos tendientes de Investigación, dentro de la Carpeta de Investigación 2274/2023 por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar ante la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADO DE DELITOS SEXUALES, de la Delegación Séptima de la Fiscalía General del Estado con Sede en Ciudad Valles, S.L.P:'; resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la quejosa debe acudir ante el juez de control competente e impugnar las omisiones que a su criterio han cometido las autoridades que señala como responsables, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces ya estaría en condiciones de acudir a instar este medio de control constitucional. Lo anterior, toda vez que, aduce la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, presentó escrito de denuncia por el probable delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en contra de Edgar Alejandro Banda Sánchez, el cual se radicó bajo la carpeta de investigación 2724/2023; así como que desde el quince de junio del año en curso, en que lo presentó, las responsables han omitido citar al imputado y realizar actos de investigación, a pesar de que ha acudido en múltiples ocasiones a preguntar por el trámite derivado de su denuncia. En efecto, si conforme a la norma fundamental como la ordinaria, se establece que la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el juez de control para que se investiguen los hechos que se hicieron de su conocimiento, resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, la quejosa debió comparecer ante el juez de control correspondiente a impugnar las omisiones en que a su consideración incurrieron las autoridades que señala como responsables. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la nueva figura del juez de control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima acudiría al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el juez de distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del juez de control. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) (registro digital 2017641) y 1a./J. 28/2018 (10a.) (registro digital 2017640), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y contenidos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con base en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se arriba a la anterior decisión, con apoyo además en lo dispuesto por el numeral 17 de la aludida Carta Fundamental, referente a la celeridad que debe imperar en cualquier juicio, pues a nada práctico conduciría dar trámite a la presente demanda de tutela constitucional. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia J/6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Acceso a expediente electrónico y notificación electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa a los usuarios "********************" y "********************", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Oficial Judicial "A" para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Sin que haya lugar a tenerlo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez que en el párrafo que antecede se autorizó realizar las mismas vía electrónica. Juicio en línea. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dígase al promovente que por el momento no ha lugar a continuar la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, pues no se ha ordenado únicamente la práctica de notificaciones electrónicas, lo que podría permitir que, en su caso, se ordenara la tramitación del presente juicio mediante ese esquema de trabajo. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órgano jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese personalmente a la quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes
- Karina Solís Martínez354/2020
- Karla Faride Haddad Lárraga88/2018
- Karla Faride Haddad Lárraga75/2023
- Karla Galván Guerrero146/2023
- Karla Iveth Paulín Izaguirre146/2021
- Karla Martínez Goméz325/2019
- Karlo Fierro Legarreta665/2010
- Karol Carreón Reyes343/2023
- Karol Guadalupe Flores Quevedo430/2017
- Katia Briseida Rivera Rodríguez256/2023
- Katya Michelle García Muñoz314/2023
- Keila Bibiana García Romero435/2017