Karla Galván Guerrero

Expediente 146/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
146/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Karla Galván Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la peticionaria del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido mediante proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, para que señalara ante este Tribunal, persona y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en el entendido de que aún las de carácter personal se le harán válidamente en los mismos términos, hasta en tanto subsane tal omisión. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Recepción de despacho Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, téngase recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Tamazunchale, San Luis Potosí y anexo que acompaña, mediante el cual devuelve el despacho ......... del índice de este Juzgado, mismo que fue enviado a fin de notificar a la parte quejosa el auto de cuatro de abril del año en curso. Anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales enviadas y acúsese el recibo de estilo respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Identificación de promovente y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ...... Improcedencia. Del contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia I.13o.A. J/62 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. ...... Actos reclamados. Ahora, el análisis de la demanda de amparo pone de relieve que la parte quejosa señala como actos reclamados: ..... Desechamiento. Por los motivos expuestos a continuación, esta juzgadora federal considera que en el caso concreto, en relación con los mencionados actos reclamados, se actualiza de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: ..... Al respecto, debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de dicha causa de improcedencia del juicio de amparo es necesario que se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos, pues en dichos supuestos, tales actos están sujetos al control constitucional, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad, si se trata de normas generales, o bien, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente, en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, pero siempre que no se refieran estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre el proceso electoral. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 323, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 162431, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. ..... Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, registro digital 168997, del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. ..... De igual forma, la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, ha sostenido que constituyen normas electorales las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; de ahí que el juicio de amparo promovido contra aquéllas resulta improcedente, al versar sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral. Se cita como sustento, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la referida Segunda Sala, publicada en la página 527 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, registro digital 161391, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. ...... Pues bien, de los reseñado con antelación, se estima que el presente juicio de amparo deviene improcedente, debido a que las normas reclamadas, además de que se encuentran inmersas en un ordenamiento electoral, también tienen contenido material electoral, ajeno a la competencia de los juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Se afirma lo anterior, dado que como se puntualizó, el contenido de los numerales cuya inconstitucionalidad se combate por esta vía, se encuentra relacionado con la integración del Instituto Nacional Electoral, atribuciones y facultades de sus servidores públicos, régimen al que éstos se encuentran sujetos, entre otras cuestiones; de ahí que indudablemente aquéllas forman parte de la materia electoral y, por ende, no pueden ser objeto de estudio a través del presente juicio biinstancial. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa argumenta que el Decreto reclamado afecta sus derechos humanos laborales y de permanencia como prestadora de servicios profesionales por honorarios permanentes del Instituto Nacional Electoral, particularmente como operadora de equipo tecnológico "A2", de la Junta Distrital 07 Tamazunchale, San Luis Potosí, en razón de que ese tópico versa también sobre la materia electoral; y en términos del numeral 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su texto anterior al decreto que ahora se reclama, o el artículo 125 septies del ordenamiento aquí combatido, las diferencias o conflictos laborales serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia. Aunado a lo expuesto, atendiendo a las propias manifestaciones de la quejosa se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que se provee no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace también improcedente el presente juicio de amparo, por cuanto hace a las consecuencias jurídicas del Decreto impugnado, porque si bien, aduce que en dicha legislación reclamada se contempla la eliminación de su cargo, lo cierto es que la demanda de amparo se promueve ad cautelam, como una prevención ante el posible despido del que dice pudiera ser objeto con dichas reformas. Además, es un hecho notorio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la Controversia Constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma, ante la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ********************, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Domicilio. Ahora bien, debido a que la quejosa ********************, señaló como lugar para oír y recibir notificaciones en calle ********************; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo segundo, ordene a quien corresponda notifique personalmente a la quejosa el presente auto, diligencia en la que previo cercioramiento de que en el domicilio indicado pueden ser localizada, se asiente la constancia correspondiente y en la misma se le requiera, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, señalen persona y domicilio para oír y recibir notificaciones en Ciudad Valles, San Luis Potosí, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del referido término, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. Datos de contacto. Por otra parte, se tiene a la quejosa proporcionando como datos de contacto la dirección electrónica y el número telefónico los precisados en su ocurso de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; personalmente a la quejosa.

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