Karla Marín Rodríguez
Expediente 218/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/03/2022
Partes del expediente
- Karla Marín Rodríguez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de marzo de dos mil veintidós. 1. Primera adscripción de Jueza de Distrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en lugar del ahora magistrado Israel Flores Rodríguez, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1073/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 2. Modificación de los efectos de la primera adscripción. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, acordó modificar los efectos de mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a fin de que sea a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1192/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 3. Jurisprudencia de la SCJN para asuntos en cumplimiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las recusaciones por impedimentos pueden hacerse valer en cualquier estado del proceso de amparo porque la función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada la sentencia, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de imparcialidad durante todo el procedimiento, incluyendo los que están en ejecución. 4. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi primera adscripción como Jueza de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Tribunal Colegiado resuelve recurso de revisión. Agréguese el oficio de la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito mediante el cual remite el expediente original del juicio de amparo 983/2020-IV, dos tomos anexos de pruebas, así como el testimonio de la ejecutoria del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 323/2021 de su índice, que en sus puntos resolutivos establece: *** Acúsese de recibo al Tribunal oficiante respecto del original del juicio de amparo 983/2020-IV, dos tomos anexos de pruebas, así como el testimonio de la ejecutoria del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 323/2021 de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es procedente requerir el cumplimiento. Efectos de la concesión. Es necesario recalcar, que el presente juicio el amparo se concedió para que la autoridad responsable: *** En consecuencia, requiérase a la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Apercibimiento. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. No se requiere superior jerárquico. Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico de la Sala responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y otras. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 218/2022-IV. Del análisis de la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Litis constitucional. Quejoso: ..., por propio derecho. Tercero interesado: No existe. Autoridades responsables: a) Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. b) Congreso del Estado de Puebla. c) Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Puebla. Actos reclamados: a) El artículo 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. b) Acto de aplicación: la suspensión temporal del cargo que desempeña la quejosa como trabajadora de base del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Desechamiento. El marco normativo que rige el desechamiento de plano de la demanda se ubica en el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará la demanda y la desechará si estima actualizada de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Por manifiesto e indudable se entiende aquello que se advierte en forma clara y patente; resulta obvio, es innegable e indiscutible y su existencia no puede sustentarse en una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un análisis profundo para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causa de improcedencia respectiva se advierte de manera manifiesta e indudable como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, en que el juzgador se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, no implica que dicho estudio se encuentre vedado, siempre que la improcedencia resulte clara y manifiesta dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican. En el caso concreto, el desechamiento de la demanda de amparo deriva, esencialmente, de que la procedencia del juicio se encuentra supeditada a que el acto que se reclame constituya un acto de autoridad, tal como lo disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En el caso concreto, este juzgado federal considera que el acto de aplicación que reclama la parte quejosa, se encuentra inscrito en el marco de una relación privada de coordinación, esto es, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre el Ayuntamiento del Municipio de Puebla y sus trabajadores y, por lo tanto, no es idóneo para impugnarlo a través de este juicio. Para sustentar la actualización de la causa de improcedencia que nos ocupa, es necesario precisar, en principio, que la SCJN ha estimado en varios precedentes que para impugnar una ley por virtud de un acto concreto de aplicación es menester que se cumplan ciertos presupuestos, a saber: La existencia de un acto concreto de aplicación de la ley. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificación siguientes: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, febrero de 1999, tesis 1a./J. 4/99, página 103). En esa tesitura, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el gobernado reclama una ley con motivo de un acto de aplicación, debe entenderse que de manera expresa o tácita se actualizaron las hipótesis normativas relativas, de forma que se generen en relación con el particular los efectos de la norma legal regulando o sancionando una situación jurídica concreta. Que el acto concreto de aplicación de la ley cause un perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado, tal como lo prevé el siguiente criterio: "LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO. Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, tesis P. LVII/96, página 124). Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. En relación con este presupuesto el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el siguiente criterio: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal "acto posterior" de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente." (Tesis número VI/89, publicada en la página ciento sesenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve). Que el referido acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de amparo. Al respecto, es ilustrativo el siguiente criterio: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, diciembre de 1998, tesis P. LXXXV/98, página 220). Conforme a los criterios sustentados por el Alto Tribunal, el primer acto de aplicación de una norma puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades, concrete tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado, como en la actualización de tales disposiciones por el propio particular constreñido a cumplir con la obligación relativa, o bien, aquel sujeto que, actuando en auxilio de dichas autoridades, aplique las disposiciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia visible en la página 84 del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, así como la diversa jurisprudencia localizable en la página 169 del volumen 205-216 primera parte, Séptima Época, cuyos rubros y textos establecen lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respeto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en el dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." Como puede verse, la aplicación concreta de una disposición puede acontecer sin que exista un acto específico o directo de la autoridad encargada de ejecutar la norma, como sucede en los casos en que es el propio gobernado quien se la aplica, o bien cuando la aplicación la lleva a cabo una tercera persona que actúa como auxiliar de la administración pública. Conviene puntualizar que no cualquier aplicación de una ley constituye un acto concreto de aplicación que permita promover el juicio de amparo, ya que el acto realizado entre particulares en una relación privada de coordinación conduce a la improcedencia del juicio de amparo. Por ejemplo, cuando en un pagaré el deudor se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado sin que así lo establezca la ley relativa, no podría concluirse que se suscitó un acto de aplicación que autorice cuestionar la norma, si la legislación fiscal no le impone dicha obligación, ni ordena que se le traslade dicha contribución, ya que en este caso sólo se patentiza la voluntad de las partes, no un verdadero acto de aplicación tácito o expreso de la ley que actualice sus hipótesis, a grado tal que se generen los efectos de la norma regulando o sancionando una situación jurídica concreta. En ese contexto, el acto de aplicación de la norma realizado por particulares debe cumplir con requisitos mínimos para que sea útil en la impugnación de leyes en el juicio de amparo, los cuales son los siguientes: 1. No debe dimanar de una relación privada de coordinación o sobre situaciones jurídicas individuales basadas en derechos y obligaciones contractuales mediante concurrencia de voluntades. 2. Debe aplicarse imperativamente, es decir, se trata de una exigencia, mandato o deber inexcusable, por lo que debe aplicarse contra la propia voluntad del particular y sin su consentimiento. 3. Debe constituir un acto unilateral que se pueda imponer de forma obligatoria y ante la renuencia del particular la autoridad actuará coercitivamente para hacer cumplir ese deber. Los anteriores parámetros, implícita o expresamente, se han tenido en cuenta por la SCJN para determinar si la aplicación proveniente del particular afecta la esfera jurídica del quejoso que lo habilita para reclamar una norma de carácter general: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DE UNA LEY FISCAL. NO PUEDE DERIVARSE DE LA AUTOAPLICACIÓN DE AQUÉLLA, REALIZADA EN UN ACTO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. El consentimiento tácito de una ley fiscal por no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término legal, que como causal de improcedencia consigna el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, no puede derivarse de la aceptación de la aplicación o de la autoaplicación de las normas tributarias en un acto celebrado entre particulares en una relación privada de coordinación, como lo es la traslación de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios al realizarse una compraventa, pues aun cuando este acto faculta a los particulares afectados para promover el juicio de amparo si estiman violatorias de garantías las leyes fiscales que se aplicaron, ello no significa que de no hacerlo consientan las normas relativas, dado que aún no existe una relación entre el particular y la autoridad exactora propia del derecho tributario, por lo que para que tal consentimiento pueda darse es necesario que el acto de aplicación, en torno al cual no se promueva el juicio de garantías dentro del término legal, se realice por la autoridad fiscal, o bien, por el particular ante dicha autoridad en cumplimiento de las obligaciones que le imponen las normas tributarias, ya sea mediante la determinación por la autoridad de un crédito fiscal al particular, aplicando los preceptos reclamados o a través de la declaración o el entero que éste efectúe ante la autoridad exactora en acatamiento de las normas fiscales respectivas." (Novena Época, Instancia Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, noviembre de 2000, tesis 2a. CXLI/2000, página 354). "CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNA LEY. NO SE ACTUALIZA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SU HIPÓTESIS FUE ACEPTADA POR EL QUEJOSO EN UN CONTRATO. De lo dispuesto en los artículos 4o. y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, deriva que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el reglamento o el acto que se reclame y, en términos de la fracción XI del artículo 73 del propio ordenamiento, es improcedente el juicio de garantías promovido contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento y que, tratándose del amparo contra leyes, debe derivar, en todo caso, del hecho de que teniendo el gobernado la posibilidad actualizada de acudir a dicho juicio, opte por someterse a los efectos perjudiciales de la ley o al acto de aplicación que le causen perjuicio. Por ello, al celebrar un contrato y aceptar las partes las consecuencias jurídicas que de él emanen -lo cual acontece en una relación privada de coordinación-, el contenido de los preceptos legales en él aplicados no perjudica la esfera jurídica del gobernado y, consecuentemente, no se actualiza la causa de improcedencia por consentimiento expreso de la ley." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1997, tesis P./J. 95/97, página 7). "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respeto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTUA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. La obligación de retener un impuesto a cargo de compradores y posteriormente su entregó a las oficinas hacendarias respectivas, son deberes impuestos a terceros que corresponden a la facultad que el fisco tiene para el más eficaz control de los impuestos y hacer rápida y efectiva su recaudación; esta facultad se encuentra implícita en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que al conceder atribuciones a la Federación para establecer contribuciones, no consigna una relación jurídica simple en la que el gobernado tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que de ese precepto se deriva un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones, que forman el contenido del derecho tributario, y entre éstas se halla la de imponer medidas eficaces para la recaudación del tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros. Esta actividad, puede catalogarse como una cooperación o colaboración de los particulares en la realización de los fines del Estado. "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Por estas razones, la aplicación de una norma de carácter general llevada a cabo en una relación privada de coordinación, no puede ser idónea para controvertir la norma general, en tanto no se trata de un deber inexcusable o de índole imperativo, porque interviene en ella la voluntad de una de las partes que no desea cumplir con la obligación contractual o reconocer el derecho pactado. Es decir, se trata de una exigencia excusable que no tiene sanción más que la posibilidad de alguna de las partes de exigir su cumplimiento o nulidad en la jurisdicción ordinaria, en donde la autoridad podrá aplicar la norma general para decidir las pretensiones. Bajo ese panorama, para evidenciar el contexto en el que surgió el primer acto de aplicación de la norma que cuestiona la parte quejosa, es conviene traer a colación los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad: 1. En la Sexagésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, se aprobó el Dictamen por el que se Aprueba Otorgar Nombramientos de Base a Diversos Trabajadores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y sus Entidades, y entre los beneficiarios se encontraba la quejosa, razón por la cual actualmente le asiste la calidad de trabajadora de base. 2. El trece de enero de dos mil veintidós, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, le informó a la quejosa que el dictamen precisado en el punto anterior fue revocado mediante estudio de dictamen 2021/324 y que se había decretado la suspensión temporal de su nombramiento, por haber incurrido en el supuesto que prevé el artículo 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. En esas condiciones, este juzgado federal encuentra que el acto de aplicación que reclama la parte quejosa [suspensión temporal de su empleo], se encuentra inscrito en el marco de una relación privada de coordinación, esto es, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre el Ayuntamiento del Municipio de Puebla y sus trabajadores; es decir, esa determinación la asumió el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento del Municipio de Puebla como patrón -equiparado- y no como autoridad y, por lo tanto, ese acto de aplicación no es idóneo para controvertir la regularidad constitucional del artículo 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Se afirma lo anterior, en virtud de que, para los efectos de procedencia del amparo contra normas generales, cuando se controvierte por virtud de su primer acto de aplicación, es básico acreditar que la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en perjuicio de la parte quejosa, situación que, sin duda alguna, no puede depender de indicios generados o afirmaciones realizadas sobre el particular, sino del estudio sobre el entorno en que nació aquel acto de aplicación y la persona que lo actualizó. Entonces, si en el presente caso, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, determinó la suspensión temporal del empleo que desempeña la quejosa, es claro que su actuar deriva de una relación privada de coordinación, esto es, con el carácter de patrón, específicamente en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y sus trabajadores. Al respecto, son aplicables, por identidad de razones, los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral." (Tesis 2a. C/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo X, julio de 1999, página 370, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Esta decisión no significa dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla establece que los conflictos laborales serán resueltos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del municipio de Puebla. En ese contexto, se tiene que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla es el órgano competente para, entre otras cuestiones, conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de las dependencias del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y sus trabajadores, tal como lo establece el artículo 131, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Por lo tanto, la parte quejosa tiene a su alcance esa jurisdicción ordinaria para cuestionar la suspensión laboral de la que fue objeto. En cuyo caso, la sentencia que se dicte en esa jurisdicción ordinaria se podrá controvertir vía amparo directo, en el que la quejosa estará en aptitud de cuestionar [vía conceptos de violación] la regularidad constitucional del artículo 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. En atención a los razonamientos antes expuestos, lo procedente es concluir que, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues si bien existe un acto concreto de aplicación, no es idóneo para controvertir la regularidad constitucional del artículo 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, ya que surgió en un marco de coordinación entre el patrón equiparado y la quejosa, en su calidad de trabajadora, en el que es menester que acuda a la instancia común, y contra la decisión que se asuma, de ser el caso, impugnar la norma general vía juicio de amparo directo, pues si bien los derechos fundamentales están vigentes, aun en las relaciones entre particulares, la vía adecuada para tutelarlos es el juicio de amparo directo. Esta determinación encuentra sustento en el siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO DIRECTO. RESULTA LA VÍA ADECUADA PARA QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONOZCAN DE AQUELLAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS QUE DESCONOZCAN UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDA POR UN PARTICULAR. En la tesis aislada CLI/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 222, cuyo rubro es: "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la posibilidad de que ciertos derechos fundamentales, por su estructura y contenido, se configuren como límites al actuar de los particulares. Así, los tribunales del Poder Judicial de la Federación constituyen el vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto, ya que los juzgadores tendrán que introducir el contenido de los derechos fundamentales respectivos en los litigios que conozcan. Este razonamiento, que no es más que la aceptación lógica del principio de supremacía constitucional, lleva a esta Primera Sala a determinar que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden conocer, a través del juicio de amparo directo, de aquellas sentencias de los tribunales ordinarios, que en última instancia no atiendan a la función de los derechos fundamentales como principios objetivos del ordenamiento jurídico mexicano. Así, en esta hipótesis y cuando se reúnan los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito resultan competentes para declarar si dicha interpretación encuentra cabida en el texto constitucional." Cabe precisar que similar criterio fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 209/2017, derivado del juicio de amparo indirecto 2149/2015, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del Estado de Puebla, en el que concluyó lo siguiente: ".De lo anterior, se concluye que la decisión adoptada por la responsable en el sentido de cesar de sus funciones laborales a la quejosa, deriva de la relación laboral que existe entre la dependencia y la trabajadora, con independencia de que se trate de una trabajadora de confianza, por quedar enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo bajo los principios rectores del artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias al tener su razón de ser en la relación de trabajo y, por tanto, derivan de una determinación de su superior jerárquico en su calidad de patrón. En ese sentido, por lesivo que eventualmente pudiera ser el acto reclamado de los derechos de la quejosa, no es en el juicio de garantías donde debe contrarrestar sus efectos, sino ante la autoridad competente para ello, dado que el acto combatido deriva de una relación laboral, tal como lo sostuvo el juez federal. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 111/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 444, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por la Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y sinopsis siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De ahí que, la recurrente tiene a su alcance la acción laboral que permite previamente acudir a dirimir cualquier controversia ante la autoridad laboral competente, instituida ex profeso para resolver las cuestiones surgidas con motivo del nexo laboral." No se soslaya que la parte quejosa sustenta la procedencia del juicio en la siguiente tesis aislada del entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que establece lo siguiente: "TRABAJADORES DE BASE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. SU DESTITUCIÓN Y SUSPENSIÓN DECRETADAS POR LA COMISIÓN DE FALTAS PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO SIN QUE CONSTITUYA UNA CONTROVERSIA LABORAL QUE DEBA PLANTEARSE ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO. Si bien es verdad que el artículo 43, fracción V y último párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que el nombramiento de un trabajador de base sólo dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para el Estado, entre otros casos, por cese motivado en alguna de las causas que dicho numeral menciona, no es menos cierto que el cese a que alude esa norma deriva de una falta de carácter laboral que no es impuesta previo el seguimiento de un procedimiento determinado, ya que la invocada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado no señala procedimiento alguno para cesar a un empleado; sin que pase inadvertido que el cargo desempeñado por el quejoso recurrente era un puesto de base, pero no por ello le es aplicable la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado en los términos en que lo consideró el Juez de Distrito, establecidos en el artículo 3o. de dicho ordenamiento, que indica: "Artículo 3o. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta ley, se entiende establecida para todos los efectos legales, entre los trabajadores de base del Estado y los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, representados éstos por sus titulares respectivos.", pues independientemente de que ni durante los procedimientos que se instruyeron al quejoso, ni en las resoluciones con que culminaron, se le aplicó precepto alguno de la citada ley, sino de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo cierto es que aun cuando el artículo transcrito alude a los trabajadores de base del Estado, también constriñe su ámbito de aplicación a la relación jurídica de trabajo que surge entre esa clase de trabajadores y los poderes del Estado, aunado al hecho de que en las resoluciones combatidas a través del juicio de amparo, la autoridad responsable sancionó al funcionario con una suspensión de tres meses consecutivos sin goce de sueldo y con la destitución de su cargo en forma definitiva, respectivamente, toda vez que la suspensión se impuso por la comisión de las faltas previstas en los artículos 166, fracciones III y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistentes en haber realizado diversas alteraciones a un expediente tramitado ante el órgano jurisdiccional del cual es titular la responsable, y por lo que ve a la destitución, ésta se apoyó en los artículos 160, fracción III y 162, inciso f), de la mencionada ley orgánica. Los citados numerales disponen lo siguiente: "Artículo 166. Se consideran faltas de los Magistrados, Jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial: ... III. No dar cumplimiento a las ejecutorias, circulares o resoluciones que, expedidas con arreglo a la ley, reciban de sus superiores. ... XI. Dejar de cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes y disposiciones vigentes."; "Artículo 160. Los Magistrados del Tribunal Superior, los Jueces, los empleados y auxiliares podrán ser separados de su cargo o empleo: ... III. Cuando por sus malos servicios o por mala conducta se hayan hecho merecedores a su separación." y "Artículo 162. Salvo lo dispuesto en la fracción VI del artículo 21, los secretarios, auxiliares y empleados del Poder Judicial, deberán ser separados de sus cargos, por la autoridad de quien dependa su nombramiento, por: ... f) Faltas graves en el desempeño de sus funciones.". De lo anterior se desprende que tanto la suspensión como la destitución fueron producto de faltas cometidas por el funcionario sancionado en el desempeño de su cargo, al haber realizado diversas alteraciones en las actuaciones de un expediente, por ende, los actos que reclama de su superior, no pueden equipararse a los de un patrón y que por ello deba ocurrir a reclamarlos ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, en los términos de los artículos 43, fracción V y último párrafo, y 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que se trata de actos de autoridad que no pueden quedar sujetos al control de los tribunales laborales, porque tratándose de la suspensión o destitución de un trabajador burocrático, derivado de una falta administrativa, no puede plantearse la controversia ante el mencionado Tribunal de Arbitraje, en virtud de que dicho tribunal es competente para conocer de controversias emanadas de un acto que tenga naturaleza laboral no así administrativa, atendiendo al hecho de trascendental importancia, consistente en que la destitución y la suspensión fueron impuestas como sanciones administrativas por la comisión de faltas de este mismo carácter, sin perder de vista que la autoridad judicial responsable adoptó el procedimiento previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en tanto levantó el acta correspondiente, otorgó tres días al funcionario para que rindiera su informe con justificación, acordó no admitir las pruebas que aquél ofreció y pronunció la resolución correspondiente, lo que lleva a concluir que no actuó como particular (es decir, como patrón dentro de una relación laboral), sino como autoridad, al haber resuelto una situación jurídica concreta a través de un procedimiento regido por las etapas procesales a que se refiere el precepto últimamente invocado." (Registro digital: 192821; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Novena Época; Materias(s): Administrativa; Tesis: VI.A.32 A; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 794; Tipo: Aislada.) Sin embargo, ese criterio no modifica la decisión de desechar la demanda, por dos razones fundamentales: la primera, ya que no constituye un criterio obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, la segunda, derivado de que el caso que analizó el tribunal colegiado fue la destitución y suspensión de un trabajador del Poder Judicial del Estado derivado de sanciones administrativas por la comisión de faltas de ese mismo carácter, lo cual difiere del caso justiciable, ya que la suspensión temporal del nombramiento de la quejosa derivó de la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y no por una falta de índole administrativa. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio. Por otro lado, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación invocada, se tiene como tal hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- Karla Arroyo Dardon104/2021
- Karla Gonzalez Hernandez411/2022
- Karla Ivonne Serrano Coria2291/2022
- Karla Jaciel Sánchez Henestrosa1425/2019
- Karla Jessica Veláquez Coyotl33/2018
- Karla Lara Rosales106/2018
- Karla Olivia Alcala Ramirez98/2018
- Karla Romero Caballero1105/2019
- Karla Viridiana Diaz Castillo613/2023
- Karlos Zenteno Silva1556/2019
- Karlos Zenteno Silva1917/2019
- Kathya Isaura García Pérez758/2019