Karla Ivonne Serrano Coria

Expediente 2291/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 38 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2291/2022
Año
2022
Actuaciones
38
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Karla Ivonne Serrano Coria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    ----ELECTRÓNICA TERCERO HSBC AUTO 23-01-2023 -----San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para las partes legitimadas para ello interpusieran el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo en contra del proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Conservación de íntegra del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es conservable una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes para mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializada en Juicios Orales las copias certificadas del expediente de origen, sin que sea necesario acuse de recibo, dado que el oficio por el cual se le notifica el presente proveído hace las veces de éste. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese; y vía electrónica a la parte tercera interesada ********************.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla,******************** y uno de mayo de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa, ********************no ha dado cumplimiento a lo ordenado por auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, al no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los edictos que se dejaron a su disposición en el referido proveído para su respectiva publicación, mediante los cuales se emplazaría a la parte tercera interesada ********************Por lo que, previamente a realizar el pronunciamiento que en derecho corresponde, se precisan algunos antecedentes del presente asunto: Mediante auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************en la que reclamó la falta de emplazamiento al juicio oral mercantil con número de expediente ********************2019, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializado en Juicios Orales con sede en San Andrés Cholula, así como la orden de lanzamiento o desalojo dictada respecto del inmueble ubicado en calle********************, número********************, colonia ********************, código postal********************, en la ciudad de Puebla, Puebla; En acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se recibió el informe justificado de la jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializada en Juicios Orales y del actuario de su adscripción, y se reconoció el carácter de parte tercera interesada a ******************** y a ********************, ordenándose el emplazamiento de esta última mediante exhorto girado al juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno; El ocho de febrero de dos mil veintitrés se recibió sin diligenciar el exhorto citado, por lo que se ordenó el emplazamiento de dicha persona de manera personal en un diverso domicilio ubicado en ciudad de Puebla. Mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés se dio cuenta con la razón actuarial, por la que la persona actuaria de la adscripción manifestó la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento ordenado; en consecuencia, se ordenó una búsqueda oficiosa de la citada parte tercera interesada, y se apercibió a la la parte quejosa que en el supuesto de resultar infructuosa la investigación, el emplazamiento a dicha parte tercera interesada se realizaría por medio de edictos a su costa; En proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés se dio cuenta con la razón actuarial por la que la persona fedataria adscrita a este juzgado federal indicó su imposibilidad para notificar personalmente el proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés a la parte quejosa, por lo que se ordenó notificar por lista el citado auto, así como como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señalara nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, sin que a la fecha en que se emite este acuerdo la parte quejosa haya realizado manifestación al respecto; El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés se recibió el último informe de la búsqueda oficiosa ordenada en auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, y se ordenó el emplazamiento de manera personal a la parte tercera interesada ******************** en tres domicilios proporcionados por las dependencias requeridas; Por acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintitrés se dio cuenta con la razón actuarial, en la que la persona actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional expresó la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento ordenado en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, por lo que se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto donde pueda ser emplazada al presente juicio la parte tercera interesada ********************, o bien, manifestara su imposibilidad para hacerlo, reiterándose que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se haría efectivo el apercibimiento decretado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, esto eso, se realizaría el emplazamiento de la parte tercera interesada mediante edictos a su costa; Finalmente, mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se certificó que la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento contenido en el citado auto de cuatro de abril y, por ello, se hicieron efectivos los apercibimientos; de modo que se ordenó el emplazamiento de ******************** mediante edictos a costa de la parte quejosa. En ese tenor, se tiene que a pesar de las múltiples gestiones efectuadas para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada en cita, la parte quejosa no realizó ninguna manifestación al respecto; lo anterior, implica que dicha parte incumplió con un presupuesto procesal que imposibilita a la suscrita persona juzgadora para pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con motivo de la no publicación de los edictos ordenados en el acuerdo indicado queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, cuestión que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que la falta de interés de la solicitante del amparo entorpece la administración de justicia, por retardarse la resolución del conflicto. En ese sentido, el interés particular de la parte quejosa no puede estar por encima del interés público, ya que éste se encuentra tutelado por el precepto constitucional en cita, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de la parte promovente. Por tal motivo, es claro que su conducta omisiva origina que en la especie se actualice la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; (.)". Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, página 27, del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Asimismo, apoya esta determinación el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XVI, Julio de 2002, Página: 211, que textualmente dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer el juicio sin esperar a la audiencia constitucional, pues la improcedencia del juicio se encuentra acreditada de modo manifiesto e indudable. Resulta aplicable, al caso la Tesis Aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, visible a página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en el asunto; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que recoja y entregue los edictos para su publicación, con el fin de emplazar a la parte tercera interesada Beatriz Hernández Vázquez. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su celebración las once horas con cuarenta minutos del seis de junio de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirven de fundamento, las tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." "TERCERO PERJUDICADO. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EFECTOS. La reposición del procedimiento por no haberse emplazado legalmente al tercero perjudicado trae como consecuencia la anulación del procedimiento cuya reposición se ordenó, a partir de la violación procesal cometida, incluyendo el desahogo de las pruebas rendidas en el mismo, motivo por el que dichas pruebas, en cuyo desahogo no tuvo intervención legal una de las partes, no deben tomarse en cuenta para dictar la nueva resolución que corresponda." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de mayo de dos mil veintitrés. Manifestaciones de parte quejosa. Juan Alberto Rodríguez Sánchez, apoderado de la parte tercera interesada***** realiza manifestaciones y proporciona el registro federal de contribuyentes de la diversa parte tercera interesada Beatriz Hernández Vázquez. Al respecto, se precisa que mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés se ordenó emplazar a dicha persona mediante edictos; por tanto, deberá estarse a lo acordado en esa fecha. Notifíquese.

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