Karla Jazmín Ramírez Esteban
Expediente 1213/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1213/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez de Control y Enjuiciamiento del distrito judicial de Morelia Michoacán
- Karla Jazmín Ramírez Esteban
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Devolución de constancias. De la certificación que antecede y del estado de autos se aprecia que mediante auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Publico Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad remitiendo un legajo de copias certificadas de la carpeta investigación ******************** -en cumplimiento a un requerimiento de este juzgado; por tanto, ya que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución a su lugar de origen, en el entendido de que como certeza de su recepción se tendrá el acuse que para tal efecto se obtenga.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con trece minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, en el juicio de amparo 1213/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. La Secretaria relaciona, como principales constancias, la demanda de amparo, informes justificados y emplazamientos a los terceros interesados; y al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta que obran las documentales de la parte quejosa y las que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, con lo cual se cierra esta fase de la audiencia. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna parte los formuló.; a lo que el Juez acuerda: téngase asentada la anterior constancia, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 1213/2021, promovido por Karla Jazmín Ramírez Esteban, por conducto de su defensor Said Gerardo Tercero Ramírez, por alegada violación de los artículos 1o., 14 , 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: De la (1) juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y (2) agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, licenciado César Segura Zarzosa, con residencia en esta ciudad. La orden de cateo dictada en el cuaderno de antecedentes 1006/2021, formado con motivo de la carpeta de investigación número único de caso 1003-2021-45844, en el inmueble ubicado en calle Felipe Arriaga, sin número, entre las calles El Llano y José Alfredo Jiménez, de la Colonia Lago I, de esta ciudad. La orden de detención. La ejecución de ambos actos. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de esta ciudad negó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de detención y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. Por tanto, respecto de dicho reclamo, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente asunto. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral y agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, licenciado César Segura Zarzosa, ambos con residencia en esta ciudad de esta ciudad, aceptaron la existencia del acto que se les reclamó, consistente en la emisión y ejecución de la orden de cateo; por tanto, se tiene como cierto. Asimismo el referido agente responsable aceptó la existencia de la detención de la quejosa al momento de ejecutar el cateo reclamado. Lo que se corrobora con el disco en formato versátil digital (DVD), que contiene el registro de audio y video de la audiencia de solicitud de orden cateo en el cuaderno de antecedentes 1006/2021, formado con motivo de la carpeta de investigación número único de caso 1003-2021-45844, así como la copia certificada de la carpeta de investigación referida, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior porque la información contenida en el disco versátil digital, tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Orden de cateo. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la orden de cateo realizada en el inmueble ubicado en calle Felipe Arriaga, sin número, entre las calles El Llano y José Alfredo Jiménez, de la Colonia Lago I, de esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61, relacionado con los diversos 5o. y 6o., todos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad que no produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del particular, ya sea porque éste cuente con un derecho subjetivo protegido (interés jurídico), o bien, posea un interés legítimo individual o colectivo. Al respecto, es importante precisar que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Así las cosas, la parte quejosa está obligada a demostrar la titularidad del derecho que estima violado, esto es, que las prerrogativas que en su caso pudieran verse afectadas a través de los actos reclamados, le corresponden. En esa medida, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se concibe como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la Constitución o por la ley; y, la existencia de un acto de autoridad que lo vulnere o restrinja. Ahora bien, para demostrar la afectación a la esfera jurídica del quejoso, cuando se reclaman actos como el precisado por este, se requiere que del juicio de amparo se despendan elementos que acrediten plenamente el interés jurídico (ser titular del derecho subjetivo alegado) y no inferirse éste a base de presunciones; por tanto, corresponde al impetrante demostrar la afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así, de conformidad con las premisas vertidas en párrafos precedentes, la impetrante debía acreditar fehacientemente (en términos de la ley de la materia) ser titular de un derecho real de posesión o propiedad o alguno otro de carácter sustantivo que se hubiera infringido con el aseguramiento reclamado. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título, la causa generadora de esa posesión. Precisado lo anterior, se tiene que en el presente juicio de amparo la quejosa no acreditó tener un derecho legítimo sobre el bien respecto del que las autoridades aceptaron haber ordenado y ejecutado el cateo; lo que se estima así virtud de que no ofreció ningún medio de convicción con el cual se probara el derecho subjetivo respecto del inmueble que defiende en este juicio constitucional. Máxime, que es a la quejoso a quien correspondía la carga de probar que, efectivamente, el predio motivo de esta litis constitucional fue afectado con la determinación de la autoridad responsable, ya que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, circunstancia que en el presente asunto no sucede. Sin que pueda servir para tener por acreditado el referido interés jurídico la sola aceptación de existencia del acto reclamado por parte de las autoridades responsables, al no probarse ni advertirse de las constancias que integran el expediente de origen que la peticionaria tenga algún derecho de posesión jurídicamente tutelado respecto del inmueble en cuestión. Resulta aplicable a lo expuesto, la tesis VI.2o.C.692 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO LO ACREDITA LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTE SE HACE CONSISTIR EN EL LANZAMIENTO DECRETADO EN LA CAUSA DE ORIGEN RESPECTO DE LA CUAL EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO. El hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado acepte la existencia del acto reclamado, cuando éste se hace consistir en el lanzamiento decretado en la causa de origen, respecto de la cual el quejoso es tercero extraño, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, ya que tal reconocimiento no demuestra su interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues aun con esa aceptación no se acredita que dicho inconforme efectivamente esté en posesión del inmueble objeto de la referida desocupación." Luego, si la promovente de este juicio no demostró la propiedad ni posesión del inmueble aludido, puesto que no aportó ninguna prueba al efecto, es evidente que tampoco justificó que el acto reclamado vulneró su esfera jurídica, puesto que correspondía a la parte quejosa acreditar la procedencia de la acción constitucional, y que el acto reclamado afectó los derechos que estimó conculcados, de ahí que se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo. Orden de detención. Por lo que ve a dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) - - - XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). En efecto, para la actualización de esta hipótesis de improcedencia es necesaria la revocación del acto reclamado o que la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional, en los términos ordenados por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. De modo que exista la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En el caso, como lo refiere la parte quejosa y se corrobora con el informe justificado y constancias relativas al acto reclamado remitidos por el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se realizó la diligencia de cateo en el domicilio ubicado en calle Felipe Arriaga, sin número, de la Colonia Lago I, de esta ciudad, en la que se llevó a cabo la detención de Karla Jazmín Ramírez Esteban, por su probable responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y en esa propia fecha se decretó su retención en flagrancia; no obstante, el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable en referencia decretó su libertad durante la investigación, por lo que en esa data fue puesta en libertad. En consecuencia, si la quejosa reclama la detención realizada al momento de la diligencia de cateo referido y del informe justificado y constancias remitidas por el agente del Ministerio Público responsable se advierte que la quejosa obtuvo su libertad, es evidente que, en la especie, sobrevino la causa de improcedencia es estudio, por haber cesado en sus efectos el acto reclamado, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida como si no hubiera existido; pues la quejosa se encuentra gozando de su libertad personal. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de rubro y contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, al sobrevenir las causas de improcedencia estudiadas, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que los mismos constituyen el problema de fondo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Karla Jazmín Ramírez Esteban, por conducto de su defensor, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones establecidas en las consideraciones tercera y quinta de esta sentencia.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Remite constancias. Se tiene al Agente del Ministerio Publico Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento formulado el catorce de los actuales, ya que remite copia autentificada de las constancias de donde derivan los actos reclamados, las cuales se tienen como prueba de su parte. Con lo que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes y formar por separado tomo de pruebas. 2. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional y, se fijan las once horas con trece minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, para su verificativo.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia certificada de las constancias de las que derivan los actos reclamados. Ahora, los actos reclamados en el presente juicio, consisten en la orden de cateo y la detención de que fue objeto la quejosa; sin embargo, la referida autoridad únicamente remitió las constancias relativas al cateo y en relación a la detención únicamente exhibió la diligencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, así como del examen médico que se le práctico a la quejosa. Por tanto, a fin de resolver el juicio en que se actúa, es necesario contar con la totalidad de las documentales relativas a la detención de la quejosa efectuada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, del seguimiento dado a la misma, así como conocer la situación actual de la solicitante del amparo. 1.1. Requerimiento. Atento a lo anterior, requiérase al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que sea notificado de este proveído, remita copia certificada completa y legible de las constancias mencionadas en el párrafo que antecede e informe la situación jurídica actual que guarda la quejosa, en el entendido que de no hacerlo o no informar el impedimento que tenga para ello, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno. 2. Se difiere la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
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