Karla Ivonne Alcántar Torres

Expediente 424/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
424/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Karla Ivonne Alcántar Torres
  • Carlos Maldonado Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Firmeza del cumplimiento de la ejecutoria de amparo Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que la parte quejosa y terceros interesados se inconformaran con el proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hiciera; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Archivo Previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que, al haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de DEPURACIÓN, al haberse otorgado la protección constitucional, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia; y, por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE, dado que, en la especie, se concedió la suspensión solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Documentos o garantía No se hace pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, en virtud de que no fue exhibida en el incidente de suspensión del acto reclamado. En cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la parte quejosa y la autoridad tercera interesada para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan personalmente o, bien, por conducto de alguno de sus autorizados o delegados, debidamente identificado a recoger los documentos que aportaron en este asunto, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será destruido, igual que el resto de constancias que no son depurable de este expediente. Devolución de tomo de pruebas En virtud de que se considera innecesaria su retención, se ordena devolver el tomo de pruebas que la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán adjuntó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo respectivo, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de tres días, contados a partir de la recepción de las constancias, éstas se tendrán por recibidas a su entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Constancia en cuadernos incidentales Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA AL TERCERO INTERESADO: GENARO PAREDES ROSALES. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, a través de su Delegado, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 55 a 76), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Carlos Maldonado Mendoza y Karla Ivonne Alcantar Torres . Por auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 86 a 89), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, a través de su Delegado remitió copia certificada de la resolución del recurso de reconsideración de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 91 a 154). Bajo ese contexto, por auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 155), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo, para el efecto de que la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad realizara lo siguiente: 1. "Deje insubsistente la resolución de veinte de marzo de dos mil diecinueve por la cual se confirma el auto dictado el trece de julio de dos mil dieciocho , en el que se les impuso una multa en cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán y la titular de la Dirección General de Operación de Fondos y Valores de la secretaría antes señalada; y, 2. En su lugar emita otra, en la que: a. Reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo; b. Prescinda de considerar que los recurrentes, aquí quejosos, alegaron imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia, sobre la premisa consistente en que "existía falta de liquidez para realizar el pago correspondiente". c. Con plenitud de jurisdicción, se pronuncie sobre la totalidad de los argumentos que conforman el agravio "SEGUNDO" del recurso de reconsideración, mismos que se sintetizan a continuación: i. Que mediante oficio DGJ-DC-3580/2018 de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, presentado ante la Sala el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, expresaron los argumentos a través de los cuales consideraron que se encontraban imposibilitados material y jurídicamente para cumplir con la sentencia definitiva, sin embargo, la responsable no tomó en cuenta lo manifestado en dicho oficio, por lo que se considera, el requerimiento es ilegal ya que les requieren realizar acciones que están fuera de sus atribuciones. ii. Se había considerado erróneamente que la parte quejosa se encontraba obligada a cumplir con la sentencia, ya que su atribución de ministrar recursos a las diversas dependencias se encuentra contenida en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Michoacán; sin embargo, dicho precepto legal dispone que es atribución de la Secretaría de Finanzas y Administración darle a las dependencias los dineros programados de acuerdo al calendario y presupuestos aprobados a cada ejercicio presupuestal. iii. El ejercicio de sus atribuciones se encuentra condicionado al ejercicio de las atribuciones a cargo de las dependencias ejecutoras del presupuesto, esto es, dicha facultad está a cargo de la autoridad demandada en virtud de que es una atribución de la Delegación Administrativa que le está adscrita, en términos del artículo 17, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Estado de Michoacán. iv. Se considera erróneamente que los extremos contenidos en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Michoacán, fueron satisfechos mediante la tramitación del documento de ejecución presupuestaria y de pago 16000398, sin embargo, si bien dicho documento se encuentra tramitado ante la Secretaría de Finanzas, la realidad es que no cumple con el segundo de los requisitos establecidos en el precepto legal citado, a saber, que dicha programación no estaba contemplada para el presupuesto aprobado para el ejercicio dos mil dieciocho. v. La ministración que les requiere la instructora no se aplicó por parte de la entidad ejecutora [Secretaría de Seguridad Pública] en el ejercicio presupuestal dos mil dieciséis, por lo que era evidente que dicha ministración no se encontraba considerada en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho a cargo de la dependencia citada, pues los presupuestos se aprueban a las dependencias cada ejercicio fiscal y el pago que se le requiere mediante la tramitación del documento 16000398, no resulta factible, pues dicho pago se autorizó únicamente con la disponibilidad presupuestaria de dos mil dieciséis. vi. Ante la falta de programación del pago de la sentencia en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, los recurrentes se encuentran material y jurídicamente imposibilitados para realizar el pago requerido; ello toda vez que el cumplimiento de la sentencia debe realizarse con cargo al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al ser la directamente responsable del cumplimiento, y si no lo consideró en el presupuesto dos mil dieciocho, al ser ella la responsable de realizar las acciones de programación de pago, entonces la quejosa no contaba con posibilidades para cumplir con la sentencia al no estar facultada para sustituir las facultades de la autoridad demandada. vii. De acuerdo al contenido de los artículos 2º y 27, fracción I, del Decreto que Contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, cada dependencia es directamente responsable del ejercicio de los recursos que se aprueben dentro del presupuesto de egresos, y que es obligación de éstas con cargo a su presupuesto cubrir sus obligaciones, realizando las acciones necesarias para priorizar el pago de dichas obligaciones. viii. Al requerir a los recurrentes para que realicen una ministración que no está programada y presupuestada para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se está tratando de obligarlas a actuar fuera de sus atribuciones, siendo el caso que están obligadas a realizar las acciones necesarias dentro del límite de sus atribuciones. ix. De conformidad con los artículos 19, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, 42 y 17 fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, 35, segundo párrafo de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán y 8º, segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y sus Municipios, las entidades ejecutoras del gasto son las que se encuentran obligadas a presupuestar y programar el gasto relativo al pago de las sentencias, con independencia de que en dos mil dieciséis se haya aprobado un documento de ejecución presupuestaria y pago, ya que el mismo sólo tiene vigencia durante el año dos mil dieciséis. 3. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda." (fojas 73 vuelta a 75). Al respecto, la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, a través de su Delegado remitió lo siguiente: ? Resolución de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en la cual se determinó lo siguiente: Efectos de la concesión de amparo. Resolución de cumplimiento. 1. Deje insubsistente la resolución de veinte de marzo de dos mil diecinueve por la cual se confirma el auto dictado el trece de julio de dos mil dieciocho , en el que se les impuso una multa en cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán y la titular de la Dirección General de Operación de Fondos y Valores de la secretaría antes señalada Dejó insubsistente la resolución emitida el veinte de marzo de dos mil diecinueve (foja 104 vuelta y 105). 2.-En su lugar emita otra, en la que Emitió otra en la que: (foja 105). a. Reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo; Reiteró lo que no fue materia de la concesión, es decir, las consideraciones realizadas respecto del primer agravio el cual resultó infundado (foja106), los agravios tercero y cuarto en el mismo sentido, ya que no fueron materia de la concesión (fojas 140 y 145 vuelta). b. Prescinda de considerar que los recurrentes, aquí quejosos, alegaron imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia, sobre la premisa consistente en que "existía falta de liquidez para realizar el pago correspondiente". Prescindió de considerar que los recurrentes alegaron la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia, sobre la premisa de que existía falta de liquidez para realizar el pago correspondiente (foja 107 vuelta). c. Con plenitud de jurisdicción, se pronuncie sobre la totalidad de los argumentos que conforman el agravio "SEGUNDO" del recurso de reconsideración, mismos que se sintetizan a continuación: Se pronunció con plenitud de jurisdicción sobre los argumentos del agravio SEGUNDO en el sentido siguiente: i. Que mediante oficio DGJ-DC-3580/2018 de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, presentado ante la Sala el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, expresaron los argumentos a través de los cuales consideraron que se encontraban imposibilitados material y jurídicamente para cumplir con la sentencia definitiva, sin embargo, la responsable no tomó en cuenta lo manifestado en dicho oficio, por lo que se considera, el requerimiento es ilegal ya que les requieren realizar acciones que están fuera de sus atribuciones. Que dicho argumento resultaba infundado, ya que sí se valoró y tomó en cuenta lo manifestado en el oficio DGJ-DC-3580/2018 de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, específicamente en los puntos 1 y 2 del auto recurrido (fojas 113 a 117). ii. Se había considerado erróneamente que la parte quejosa se encontraba obligada a cumplir con la sentencia, ya que su atribución de ministrar recursos a las diversas dependencias se encuentra contenida en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Michoacán; sin embargo, dicho precepto legal dispone que es atribución de la Secretaría de Finanzas y Administración darle a las dependencias los dineros programados de acuerdo al calendario y presupuestos aprobados a cada ejercicio presupuestal. Determinó que la Sala recurrida estuvo en lo correcto al considerar que sí están obligadas a cumplir con la sentencia, ya que las autoridades recurrentes tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, por lo que para que existiera imposibilidad jurídica o material, era necesario que las autoridades acreditaran los factores externos, imprevisibles o ajenos a su control que impidieran cumplir con lo establecido en la sentencia, por lo que dicho argumento también resultó infundado (foja 119). iii. El ejercicio de sus atribuciones se encuentra condicionado al ejercicio de las atribuciones a cargo de las dependencias ejecutoras del presupuesto, esto es, dicha facultad está a cargo de la autoridad demandada en virtud de que es una atribución de la Delegación Administrativa que le está adscrita, en términos del artículo 17, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Estado de Michoacán. Respecto a este argumento, reiteró que las autoridades vinculadas al cumplimiento tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional, asimismo, que a la citada Secretaría le correspondía administrar, ejecutar y controlar el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado con base en los programas de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de acuerdo a las políticas, objetivos y lineamientos aprobados en colaboración con la Coordinación General de Gabinete y Planeación, por lo que es su atribución y obligación dar cumplimiento a la sentencia, cuando ya fue vinculado a ello (fojas 120 y 121). iv. Se considera erróneamente que los extremos contenidos en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Michoacán, fueron satisfechos mediante la tramitación del documento de ejecución presupuestaria y de pago 16000398, sin embargo, si bien dicho documento se encuentra tramitado ante la Secretaría de Finanzas, la realidad es que no cumple con el segundo de los requisitos establecidos en el precepto legal citado, a saber, que dicha programación no estaba contemplada para el presupuesto aprobado para el ejercicio dos mil dieciocho. En relación a lo argumentado, la autoridad responsable precisó que el documento de ejecución presupuestaria y pago DEPP número 16000398, no fue controvertido por dicha secretaría, en el sentido de que careciera de algún requisito legal para su autorización, y si bien no fue ejercido en el ejercicio presupuestal del año correspondiente, tampoco fue cancelado para su debido cobro, pues reiteró que eso era parte de sus atribuciones (fojas 121 a 124). v. La ministración que les requiere la instructora no se aplicó por parte de la entidad ejecutora [Secretaría de Seguridad Pública] en el ejercicio presupuestal dos mil dieciséis, por lo que era evidente que dicha ministración no se encontraba considerada en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho a cargo de la dependencia citada, pues los presupuestos se aprueban a las dependencias cada ejercicio fiscal y el pago que se le requiere mediante la tramitación del documento 16000398, no resulta factible, pues dicho pago se autorizó únicamente con la disponibilidad presupuestaria de dos mil dieciséis. En relación a este argumento, la autoridad responsable refirió que era incorrecto, ya que si la demandada tenía autorizado un presupuesto para efectuar un pago, las autoridades vinculadas -recurrentes- no tenían impedimento para dar cumplimiento a un mandato estipulado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ya que no podía condicionarse a la determinación de si se aprobara o no una partida presupuestal, ya que se llegaría a un absurdo de tener que realizar un DEPP por cada ejercicio fiscal que transcurra sin que las autoridades vinculadas realizaran el pago respectivo, lo que haría que la ejecución de las sentencias sea interminable (fojas 124 y 125). vi. Ante la falta de programación del pago de la sentencia en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, los recurrentes se encuentran material y jurídicamente imposibilitados para realizar el pago requerido; ello toda vez que el cumplimiento de la sentencia debe realizarse con cargo al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al ser la directamente responsable del cumplimiento, y si no lo consideró en el presupuesto dos mil dieciocho, al ser ella la responsable de realizar las acciones de programación de pago, entonces la quejosa no contaba con posibilidades para cumplir con la sentencia al no estar facultada para sustituir las facultades de la autoridad demandada. Este argumento también resultó incorrecto, ya que era obligación de la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado programar los recursos necesarios para el debido cumplimiento del fallo definitivo, sin que se haya advertido que materialmente aplicara los recursos solicitados en afectación, ya que desde el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado tuvo como operada dicha solicitud de afectación, por tanto, se encontraba colmado el requisito establecido en el artículo 36 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, motivo por el cual, las autoridades vinculadas podían aplicar la afectación presupuestaria solicitada y fueron omisas al respecto (fojas 125 y 126). vii. De acuerdo al contenido de los artículos 2º y 27, fracción I, del Decreto que Contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, cada dependencia es directamente responsable del ejercicio de los recursos que se aprueben dentro del presupuesto de egresos, y que es obligación de éstas con cargo a su presupuesto cubrir sus obligaciones, realizando las acciones necesarias para priorizar el pago de dichas obligaciones. Contrario a lo que manifestaron las autoridades vinculadas al cumplimiento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sí realizó las gestiones necesarias para priorizar el pago de las prestaciones a que fue condenada, ya que presentó documentación de la cual se advierte cuáles fueron las gestiones que realizó, entre ellas el escrito presentado el once de julio de dos mil diecisiete en el cual manifestó que había culminado su gestión interna para cumplir con la sentencia y anexó la relación de los juicios que se llevaban en la Tercera Sala Administrativa Ordinaria de dicho Tribunal, así como los números de documentos de ejecución, incluyendo el de la parte actora, los que ya estaban debidamente autorizados y contaban con la documentación correspondiente para su debido pago por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por tanto, los actos posteriores le correspondían a esta última (fojas 126 vuelta a 129) viii. Al requerir a los recurrentes para que realicen una ministración que no está programada y presupuestada para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se está tratando de obligarlas a actuar fuera de sus atribuciones, siendo el caso que están obligadas a realizar las acciones necesarias dentro del límite de sus atribuciones. Este argumento resultó infundado, toda vez que era obligación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, realizar las acciones necesarias para lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia, porque existía una relación correlativa a través de la Dirección de Fondos y Valores (foja 129). ix. De conformidad con los artículos 19, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, 42 y 17 fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, 35, segundo párrafo de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán y 8º, segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y sus Municipios, las entidades ejecutoras del gasto son las que se encuentran obligadas a presupuestar y programar el gasto relativo al pago de las sentencias, con independencia de que en dos mil dieciséis se haya aprobado un documento de ejecución presupuestaria y pago, ya que el mismo sólo tiene vigencia durante el año dos mil dieciséis. Que respecto a dicho argumento, si bien la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán no fue la autoridad demandada y sentenciada en el juicio de nulidad, lo cierto es que tenía una obligación para el debido cumplimiento del fallo, pues constaba tramitado el documento de ejecución presupuestaria 16000398 y el diverso 16003349, que fueron aprobados por dicha secretaría, los cuales debió de tener como preferentes para su debido pago en el ejercicio presupuestal correspondiente, ya que ésta era la institución administrativa terminal. 3 Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda. Por lo que al resultar infundados los agravios, confirmó el auto recurrido (foja 153). Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violentado, en razón de que dejó insubsistente la resolución de veinte de marzo de dos mil diecinueve, emitió otra en la que reiteró las consideraciones que no fueron motivo de la concesión, prescindió de considerar que los recurrentes alegaron imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia sobre la premisa consistente en que "existía falta de liquidez para realizar el pago correspondiente", con plenitud de jurisdicción se pronunció sobre la totalidad de los argumentos que conformaban el agravio segundo del recurso de reconsideración -como se advierte del cuadro inserto con antelación- y resolvió confirmar el auto recurrido. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, cumplió con el fallo protector, pues acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Esto es así, porque la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la resolución de veinte de marzo de dos mil diecinueve, emitió otra en la que reiteró las consideraciones que no fueron motivo de la concesión, prescindió de considerar que los recurrentes alegaron imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia sobre la premisa consistente en que "existía falta de liquidez para realizar el pago correspondiente", con plenitud de jurisdicción se pronunció sobre la totalidad de los argumentos que conformaban el agravio segundo del recurso de reconsideración -como se advierte del cuadro inserto con antelación- y resolvió confirmar el auto recurrido; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y para acreditarlo acompaña a su oficio una serie de constancias de las que se advierte que se dejó insubsistente la resolución emitida el veinte de marzo de dos mil diecinueve pronunciada en el recurso de reconsideración JA-R-0432/2018-I, en la cual se confirmó el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del juicio administrativo número JA-0397/2014-III, y dictó una nueva, donde resultaron infundados los agravios y se confirma el auto recurrido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, plazo en que la parte afectada podrá hacer valer las consideraciones vinculadas con el exceso o defecto; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento con las constancias que obren en autos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA AL TERCERO INTERESADO: GENARO PAREDES ROSALES. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y para acreditarlo acompaña a su oficio una serie de constancias de las que se advierte que se dejó insubsistente la resolución emitida el veinte de marzo de dos mil diecinueve pronunciada en el recurso de reconsideración JA-R-0432/2018-I, en la cual se confirmó el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del juicio administrativo número JA-0397/2014-III, y dictó una nueva, donde resultaron infundados los agravios y se confirma el auto recurrido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, plazo en que la parte afectada podrá hacer valer las consideraciones vinculadas con el exceso o defecto; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento con las constancias que obren en autos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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