Karla Janeth Silva Guerrero
Expediente 638/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Karla Janeth Silva Guerrero
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el dieciséis de agosto del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por -------------, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni documentos originales exhibidos por las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado el dieciséis de agosto de la presente anualidad, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve -------, por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 638/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En la especie este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las razones que en seguida se exponen. El citado precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del texto anterior se advierte que la procedencia del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, está condicionada a que el gobernado agote los recursos legales establecidos en la ley que regula el acto que reclama. Esto es, que previamente a la promoción del juicio de amparo, se deben substanciar todos los medios ordinarios de defensa que se tengan al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. Además, se especifican los casos de excepción al citado principio. Ahora bien, de la referida demanda se advierte que la parte quejosa reclama la negativa de dictar sentencia escrita en relación a la audiencia de veintidós de julio del año en curso, relativa al procedimiento abreviado en la causa penal ------, del índice del Juez de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región, con residencia en esta ciudad, instruida en contra de ------. En ese contexto, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado, no constituye un acto con carácter definitivo, ya que en contra de esa decisión procede el recurso de apelación, en términos de los artículos 465, en relación con el 466, fracción III, ambos de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, pues se trata de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, la cual indica la quejosa no fue emitida por escrito por parte de la autoridad responsable conforme lo establece el diverso numeral 413 del mismo cuerpo normativo. Medio ordinario de defensa que tiene como propósito que un órgano superior al que emitió una decisión jurisdiccional, la revise para que la revoque o modifique, al estimarse que deriva de un incorrecto análisis jurídico de la cuestión a ella sometida, de una deficiente valoración de la prueba o de inobservancia de normas procesales. Ello es así, pues el artículo 413 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, establece lo siguiente: "Artículo 413. Terminado el debate, en la misma audiencia el juez emitirá sentencia expresando su sentido absolutorio o condenatorio y, de manera sintética, las consideraciones de hecho y de derecho que la motivaren. La redactará y explicará públicamente, dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas. En caso de ser condenatoria, resolverá lo procedente con respecto a la reparación del daño que deberá soportar el inculpado. Si se hubiere presentado demanda sobre daños y perjuicios, la sentencia no se pronunciará al respecto y la acción civil contra el tercero civilmente responsable se podrá deducir nuevamente ante el tribunal competente." Del numeral antes transcrito se aprecia que el Juez de la causa, terminado el debate en la misma audiencia deberá emitir sentencia, expresando el sentido de la misma, así como redactarla y explicarla públicamente, dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas, por lo que el acto aquí reclamado constituye una inobservancia a las normas procesales, las cuales deben ser combatidas al momento de impugnar la sentencia, como lo establece el multicitado artículo 466, fracción III, Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, esto es, a través del recurso de apelación. En ese orden de ideas, al no haberse hecho valer contra de la negativa que se reclama el recurso de apelación previsto en el artículo 466, fracción III, de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, desde el momento en que se emitió la sentencia definitiva en la causa penal de referencia, es claro que no se satisfizo por parte de la impetrante del amparo el principio de definitividad que regula el juicio de garantías, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser sustituida por otra que la modifique o revoque; atento a lo cual, es incuestionable que la quejosa, al ser parte en la causa penal, pues le asiste el carácter de ofendida, debió agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudo haber logrado lo pretendido a través del juicio de Amparo. Atento a lo anterior, si en términos de la ley del acto que reclama, procede en contra del señalado acto, el recurso de apelación, mismo que no se agotó antes de acudir ante este instancia de garantías, queda de manifiesto que el juicio de amparo que ahora se promueve es improcedente por no cumplir con el principio de definitividad. En consecuencia, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, de la ley de amparo vigente, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; de igual forma, se le tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ----- y ------, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, así como en términos restringidos a -----, ------, -----, ----- y -----, por no contar con tal registro. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Hágase saber al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por los numerales 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, se hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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