Karla Iliana Alvarez Flores

Expediente 75/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
75/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Karla Iliana Alvarez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo intentada, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: la parte promovente no exhibió documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ****, el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, que a la letra dice: Irapuato, Guanajuato, uno de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO. Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 75/20231 . ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". 2 Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 1 De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo. 2 Época: Novena Época Registro: 186605 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXI/2002 Página: 448 DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se advierte que el acto reclamado fue consentido de manera tácita por la parte quejosa y se entenderá consentido tácitamente un acto cuando no se impugne dentro del plazo de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, por lo que el juicio de amparo promovido en su contra será improcedente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo resaltado es propio) Así es, del último de los preceptos legales invocados se desprende que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma genérica establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. De modo que, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que se advierta en autos la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora, de la lectura de la demanda se desprende que la promovente reclama en el presente juicio de garantías la ilegalidad del emplazamiento al juicio *******, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato sosteniendo violación a su derecho de audiencia y debido proceso y, como efecto, lo actuado en dicho procedimiento, involucrando cuestiones como la falta de escucha de los menores y la cancelación de la pensión alimenticia para sus menores hijos, violando, a su consideración, el interés superior de los menores. De las propias manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad, la promovente dijo tener conocimiento del acto reclamado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, pues en el punto cinco de su escrito de demanda dijo: "5. Fecha de notificación del acto: El acto reclamado. Bajo protesta de decir verdad fue conocido el día 27 de octubre del 2022." Ahora, de la certificación de cuenta se advierte como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en este mismo juzgado de Distrito, la misma quejosa promovió el diverso juicio de amparo 1331/2022 pues de acuerdo con la búsqueda efectuada en el sistema computacional denominado "Sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE)" se advierte que fue promovido por ********* -aquí inconforme-, reclamando la ilegalidad del emplazamiento al mismo juicio ******, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato sosteniendo violación a su derecho de audiencia y debido proceso, en específico, por la cancelación de la pensión alimenticia para sus menores hijos y el hecho de que ellos no habían sido escuchados; incluso en aquella demanda de amparo manifestó la misma fecha de conocimiento del acto reclamado en el juicio en el que se actúa. Manifestaciones que merecen valor pleno como confesión3 , en términos del artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, dado que en la demanda que se provee la propia promovente manifiesta como fecha de conocimiento el veintisiete de octubre de dos mil veintidós pero además existe el previo juicio de amparo indirecto en el cual, precisamente ostentándose como tercera extraña por equiparación, reclamó el ilegal o indebido emplazamiento y las diversas actuaciones del juicio natural, esa es la fecha que debe tomarse como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, el cual, comenzó a correr a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, esto es, del veintiocho de octubre al veinticinco de noviembre, ambos de dos mil veintidós, sin contar los días veintinueve y treinta de octubre, así como uno, dos, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte y veintiuno de noviembre, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, mientras que la demanda fue presentada el veintisiete de enero de año en curso en el buzón de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Así, es evidente que el acto reclamado en estudio fue consentido, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda había transcurrido en exceso el término de quince días que prevé el referido arábigo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera oportunamente el juicio de amparo. 3 Aplicación de la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232213, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193- 198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." No se inadvierte que en el presente caso se encuentran involucrados menores de edad, sin embargo, la oportunidad de la demanda es un requisito de procedibilidad del juicio de amparo y uno de los presupuestos procesales de la acción, necesarios para que válidamente se pueda emitir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia y, por tanto, una de las reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciable. Por lo que aun y cuando la promovente haya señalado en el apartado correspondiente que tuvo conocimiento el veintisiete de octubre del año pasado "de la cancelación de la pensión alimenticia" respecto de sus menores hijos, esa manifestación no actualiza una excepción para desatender que la demanda se presentó en forma extemporánea y que incluso existe una previa demanda de amparo aludiendo a las mismas afectaciones que ahora señala; pues, los juicios de amparo en los que se involucren menores, también deben cumplir con el requisito de la oportunidad, por ser un presupuesto procesal de la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que interesa, la siguiente jurisprudencia sustentada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2023315 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 1604 Tipo: Jurisprudencia AMPARO DIRECTO. SI LA DEMANDA RESULTÓ EXTEMPORÁNEA AL HABERSE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE CONFORME A LA REGLA DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE EXAMINARSE EL FONDO DE LA LITIS BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EN EL JUICIO ESTÁN INVOLUCRADOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron, respectivamente, de una demanda de amparo directo que resultaba extemporánea conforme a la regla establecida en el artículo 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativa a que su presentación ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe el plazo que para su promoción establece la ley. Ante dicho escenario, sostuvieron criterios discrepantes en torno a la posibilidad de que, pese a ello, se pudieren pronunciar sobre el fondo de la controversia en el amparo, pues aunque uno admitió que de acuerdo con dicha regla, la demanda se encontraba fuera del plazo legal, determinó que era dable examinar el fondo de la litis constitucional, porque estaban involucrados derechos fundamentales de menores de edad que era necesario proteger conforme al principio del interés superior de la infancia; mientras que el otro estimó que al ser la oportunidad de la demanda de amparo un requisito de procedencia, no había posibilidad de que la materia del fondo de la controversia pudiera tomarse en cuenta para conocer de una demanda extemporánea, aun cuando involucrara derechos de menores de edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando una demanda de amparo directo resulte extemporánea conforme a la regla legal establecida en el segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no puede admitirse o validarse su admisión, atendiendo a la materia del fondo del juicio de amparo ni al carácter del promovente, aun cuando estén involucrados derechos de menores de edad. Justificación: Es cierto que el principio del interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva que, en sí misma considerada, se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, para efectos del proceso de que se trate, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, ello, bajo una consideración abstracta de ese principio en todos los casos en que se dilucidan derechos de este grupo de edad; o bien, permite al juzgador hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado del interés superior del menor involucrado, cuando advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica de dicho menor. Sin embargo, la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo no puede verse como una regla de procedimiento innecesaria, injustificada o desproporcionada, que obstaculice el ejercicio de los derechos de los justiciables, incluidos quienes son menores de edad y que, por ello, amerite inaplicarse o excluirse, como medida de protección reforzada de los derechos de éstos. La oportunidad de la demanda es un requisito de procedencia del juicio de amparo, por ende, corresponde al ámbito de los presupuestos procesales de la acción, necesarios para que válidamente se pueda emitir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia. El estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por tanto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad; de ahí que, establecida la extemporaneidad de la demanda de amparo directo bajo la regla del segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no podrá ser resuelto el fondo en ningún caso." En las relatadas condiciones, queda plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, procede desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías; ello, en virtud de que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada. APERCIBIMIENTO PARA QUE SE CONDUZCA CON PROBIDAD. Por otra parte, como se detalló, se ha advertido que la quejosa ********, promovió diversa demanda de amparo por los mismos actos reclamados y en contra de las mismas autoridades, la que se radicó en este juzgado de Distrito con el número de expediente 1331/2022 y que se tuvo por no presentada por auto de dos de diciembre del dos mil veintidós; no obstante, en la demanda que ahora se provee, la quejosa omitió mencionar que previamente promovió. Faltando así a la probidad con que debe conducirse al solicitar la protección constitucional, pues se percibe que se pretendía que ese desconocimiento opere en su beneficio, aunado a que como pudiera ser un motivo de improcedencia, tenía la obligación de informarlo al órgano de amparo de conformidad con lo que establece la ley de la materia. En ese orden de ideas, se apercibe a la quejosa para que en lo subsecuente se conduzca con apego a la verdad y evite ese tipo de prácticas que, al menos de una primera vista, se advierte pretenden confundir y omitir datos al órgano jurisdiccional en beneficio propio y en detrimento de la correcta impartición de justicia. En caso de que por algún motivo se presente la misma situación o alguna similar, se le conmina a que manifieste los antecedentes que puedan influir en la decisión del órgano jurisdiccional pues, como se indicó, dicha situación incluso está directamente relacionada con el estudio de las causas de improcedencia que pudieran suscitarse y cuyo estudio es de orden público, por lo que, de no hacerlo, se podrá hacer acreedora a una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente4 , con apoyo en el artículo 236, en relación con el 249, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR. Conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país. NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ********** y *****, se les tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley Amparo, y a las personas restantes en términos restringidos, atendiendo a la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO En otro orden, se tiene a la parte promovente proporcionando una cuenta de correo electrónico, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente.5 Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS 5 De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: 1. La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. 2. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. 3. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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