Karla Gisela Cervantes Arciniega

Expediente 442/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
442/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Karla Gisela Cervantes Arciniega

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto, se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia yhttp://sise.cjf.gob.mx/Sise/Images/Calendar_scheduleHS.png Acceso a la información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo signada por Karla Gisela Cervantes Arciniega, y anexos que acompaña, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotarlo en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el juicio de amparo 442/2022-I-B. Previo a resolver sobre el sentido del auto inicial, resulta oportuno determinar que del análisis integral de la demanda, se desprende lo siguiente: Que la inconforme de garantías, señala como actos reclamados, por omisión, los que se sintetizan, de la siguiente manera: --- La violación a sus derechos humanos respecto a los principios de igualdad y no discriminación previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de los actos que se evidencian en el capítulo de hechos. --- La amenaza inminente que atenta contra la salud de la quejosa y del producto de su embarazo, igualmente derivado de los actos que se evidencian en el ulterior capítulo de hechos. --- Que la quejosa cuenta con 32 semanas de embarazo, situación que solicita tomar en cuenta como caso urgente, atribuible a la empresa que señala como responsable la persona moral denominada "PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ", con domicilio en Boulevard Internacional número 888, colonia San Gerónimo, Cd. Juárez Chihuahua. De lo expuesto en la demanda en estudio la quejosa precisa bajo protesta de decir verdad que: La promovente manifiesta que es trabajadora de la empresa denominada "PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ", a quien le atribuye los actos omisivos, que realiza funciones de operadora de producción, desde el inicio de su relación laboral dos de julio de dos ml veintiuno, teniendo un horario de trabajo de viernes a domingo de 8:30 a 20:00 horas y contando en este momento con un embarazo de treinta y dos (32), semanas de gestación. Que el pasado viernes veintiuno de mayo del año en curso, fue informada por la Encargada de Recursos Humanos de la empresa moral responsable, que, a partir del lunes veintitrés de mayo del año en curso, tendría que cubrir un horario diferente al en el que actualmente venía desempeñando, siendo el nuevo horario laboral de lunes a viernes de las 6:30 a.m. a las 17:00 horas, diciéndole que de no presentarse este lunes a laborar, sería dada de baja, explicándole la suscrita que necesita conservar el horario de viernes a domingo en razón de que es la forma en que su esposo y la promovente pueden contar con el tiempo para el cuidado de su menor hijo y la hija que se encuentra gestando actualmente, ya que él trabaja los demás días de la semana, que la empresa ignoró tales razones. Que tales hechos narrados, atentan contra su derecho a la salud y del producto de su gestación, en virtud de que, de ser rescindida su relación laboral con la responsable, inmediatamente causaría baja como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, privándola también de un salario que la situaría en una imposibilidad de contar con recursos para cubrir los gastos de parto en cualquier Hospital particular. Ahora puntualizado lo anterior, tenemos que el concepto de autoridad establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales; es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Lo anterior se desprende de la tesis aislada número P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Atento a lo anterior, si bien a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existe un nuevo concepto de autoridad responsable, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción 112/2015 de la que derivó la tesis: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", determinó que conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiere las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídica. En ese contexto, la persona moral que se constituye como patrón de la quejosa, no realiza actos equivalentes a los de autoridad, ya que no se está ante una relación de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, patrón-trabajador, pero no lleva a cabo actos de autoridad. Además, como patrón no ha quitado el estatus de derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social a la promovente, lo que nada le impide acudir a la Institución médica que le corresponda a atenderse en esas Institución de Salud y verificar con sus médicos que horarios le son favorables o convenientes acorde a sus padecimientos de salud como mujer embarazada, siendo entonces que la empresa continúa como titular de la obligación de prestar ese servicio de salud como parte patronal. Atento a lo anterior, contrario a lo argumentado por la parte recurrente, no se cumplen los requisitos para considerar a la persona moral "PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ", como autoridad responsable ni realiza actos equivalentes a los de autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque su relación con la ahora recurrente no es de supra a subordinación, pues a pesar de que conforme a las referidas normas generales actúa de manera unilateral al realizar una relación laboral con la promovente del amparo en la cual interviene solamente en brindar la prestación del servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la retención y entero de los descuentos al salario de la trabajadora para tales pagos, empero, la citada persona moral no crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de la trabajadora, al no tomar la decisión de su actuación de manera unilateral. Por otra parte, el auto recurrido no transgrede en perjuicio de la parte quejosa, ahora recurrente, el derecho de acceso a la justicia, toda vez que dicho derecho es limitado y para que pueda ser ejercido, tratándose de la demanda de amparo, es necesario cumplir con los presupuestos formales, materiales y las prevenciones realizadas por el Juez Federal para la admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, es que en la especie se advierte, la actualización de la causa que hace inviable el juicio de amparo en estudio, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II, del artículo 5º, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo anterior, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, es por lo que se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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