Karla Francisca Moreno Urbina

Expediente 274/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
274/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Karla Francisca Moreno Urbina
  • Fiscal de Distrito Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se negó la suspensión es destruible; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales, previa destrucción, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión negada, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es destruible. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "NUMERAL VIGÉSIMO", del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 274/2020-II, promovido por Karla Francisca Moreno Urbina, a través de su defensor, contra actos del Agente del Fiscal de Distrito Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con residencia en esta ciudad; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en el buzón de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el cuatro de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa promovió demanda de amparo en contra de actos de las autoridades, Fiscal de Distrito Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, a quienes la parte quejosa les reclama lo siguiente: El aseguramiento del vehículo marca Lincoln, línea Navigator, modelo 1999, serie 5LMPU28LOXLJ13302, con placas de circulación 534SHX9. SEGUNDO. Mediante proveído de seis de agosto de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitándose a las autoridades responsables sus informes previos; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental y una vez llegada la fecha de la audiencia de ley, ésta se inició en los términos de la actuación precedente; por lo que, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, fueron omisos en rendir su informe previo, no obstante de encontrarse notificados para ello, por ende, el acto que les es reclamado debe tenerse por cierto. Ahora bien, para determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. b) Que exista la solicitud del quejoso. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo previsto en el artículo 157, en relación con el diverso 146, fracción I, ambos de la Ley de Amparo1, resulta necesario, en principio, establecer el acto reclamado respecto del cual se solicita la medida cautelar que, en esencia, consiste en lo siguiente: La orden de aseguramiento emitida dentro de la Carpeta de Investigación 37-2020-7115, respecto del vehículo marca Lincoln, línea Navigator, modelo mil novecientos noventa y nueve, con número de serie 5LMPU28LOXLJ13302, con placas de circulación 534SHX9, que refiere la quejosa es de su propiedad; La ejecución de la citada orden. Fijados los actos reclamados, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se satisfacen. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En cuanto al primero de los actos reclamados, por su naturaleza, ya aconteció (se ordenó su aseguramiento), tales actuaciones se han realizado total e íntegramente. Por tal motivo, no procede conceder la suspensión definitiva, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios a la medida cautelar que, por regla general, son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia, lo cual ya se hizo, empero, no ha causado ejecutoria. Por tanto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, lo que procede es negar la suspensión definitiva. En ese orden, respecto al segundo de los actos reclamados, por su naturaleza, tiene el carácter de positivo, pues se presenta con la imposición de obligaciones al individuo que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades, esto es, implica una acción, una orden, una privación o una molestia. En esas condiciones, por su naturaleza, el acto reclamado es susceptible de suspenderse, en sus efectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y efectividad que exige la medida cautelar. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar se continúa con el estudio de los requisitos legales establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. El aludido precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará: "cuando la solicite el quejoso". Lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés jurídico o en su interés legítimo por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviada con el acto reclamado, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, existe una orden de aseguramiento respecto del vehículo marca Lincoln, línea Navigator, modelo mil novecientos noventa y nueve, con número de serie 5LMPU28LOXLJ13302, con placas de circulación 534SHX9, derivado de la carpeta de investigación 37- 2020-7115, del que la parte quejosa refiere es de su propiedad; por tanto se trata de la persona que con el dictado de dicha determinación resiente una afectación en su patrimonio. Además, la parte quejosa acredita de manera presuntiva su interés suspensional con las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (.)" Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, respecto del daño que se pretende evitar con la suspensión del acto, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Ahora bien, con relación a la suspensión provisional que solicita el impetrante de amparo, cabe aclarar que de acuerdo con la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión solicitada en un juicio de amparo sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Ahora bien, el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; (.)." Por tanto, con apoyo en los artículos precitados, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado en estudio, toda vez que no se satisface el requisito que prevé la fracción II de dicho numeral, aunado a que conforme al artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, se considera entre otros casos que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. De esta manera, es indudable que al tratarse de medidas decretadas por la autoridad persecutora de conductas constitutivas de delitos, la sociedad y el estado están plenamente interesados en que se tomen las providencias necesarias, como en la especie, para asegurar los bienes objeto o producto de delito, pues bajo la custodia de la autoridad investigadora se evitaría la posibilidad de ocultar los instrumentos o efectos de cualquiera clase, que pudiesen no estar a la vista de la autoridad dentro de ese vehículo y que fundamentalmente pudieran tener relación con la perpetración de un delito. En consecuencia, conforme al análisis de los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 en relación con los diversos 129, fracción III y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva respecto del acto antes referido. En caso de ser de interés para la parte quejosa, expídasele copia de esta determinación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 138, 139, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Karla Francisca Moreno Urbina, por conducto de su defensor, respecto de las autoridades precisadas en el considerando único, por las razones y motivos expuestos en el mismo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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