Karla Gabriela Ramirez Velez

Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
588/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Karla Gabriela Ramirez Velez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos escrito de cuenta, signado por la peticionaria de amparo Karla Gabriela Ramírez Vélez, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiuno de octubre del año en curso, toda vez que al efecto, precisa los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y Actuaria de su adscripción, los cuales hace consistir en: Lo actos de molestia y hostigamiento en su persona, derivados de posibles notificaciones y/o requerimientos judiciales, sin tener mandamiento legal alguno en su contra y los cuales se llevarían a cabo en su domicilio particular ubicado en calle Aquiles Serdán, número 34, letra "A", colonia Centro, de esta ciudad. De igual manera aclara lo siguiente: "SEGUNDO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que por un error involuntario de redacción manifesté en mi escrito inicial de demanda de garantías en mi pedimento cuarto una situación ajena a mi demanda por lo que por este medio preciso dicho error y solicito no sea tomada dicha manifestación vertida en el número cuarto de los pedimentos". Circunstancia por la que se advierte, que no es su deseo señalar como acto reclamado, lo precisado en el número cuarto del apartado relativo a los puntos petitorios de su escrito inicial de demanda; esto es: "4.- SEGUIDO EL TRÁMITE DEL JUICIO SE ME CONCEDA EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN PARA EL EFECTO DE DEJAR INSUBSISTENTE EL ILEGAL EMBARGO TRABADO SOBRE EL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD.". DESECHAMIENTO Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, fracción I, y 6, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados son de realización futura e incierta. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna a disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, se hace consistir en lo siguiente: Lo actos de molestia y hostigamiento en su persona, derivados de posibles notificaciones y/o requerimientos judiciales, sin tener mandamiento legal alguno en su contra y los cuales se llevarían a cabo en su domicilio particular ubicado en calle Aquiles Serdán, número 34, letra "A", colonia Centro, de esta ciudad. Luego, debe precisarse que los actos que se reclaman es de aquéllos de realización futura e incierta, pues no puede considerarse de ninguna manera de ejecución inminente, esto es así, porque de los datos que arroja la demanda de amparo y escrito aclaratorio, no se advierte la existencia de algún acto que afecte la esfera jurídica de la promovente, toda vez que como expresamente lo manifiesta, las autoridades responsables pretenden ordenar actos tendentes a molestarla y hostigarla en su persona, derivados de posibles notificaciones y/o requerimientos judiciales, sin tener mandamiento legal alguno en su contra, los cuales se llevarían a cabo en su domicilio particular ubicado en calle Aquiles Serdán, número 34, letra "A", colonia Centro, de esta ciudad; lo que significa que dicho acto de molestia, aún no ha sido pronunciado; máxime que tales actos no derivan de la certeza de algún otro acto, dirigido en contra de su persona, por parte de las autoridades responsables. De ahí que, sea válido establecer que no se desprende una ejecución inminente contra su persona y/o domicilio; sino que se trata de una mera especulación de la peticionaria del amparo, por tanto, tiene calidad de futuro e incierto, dado que como ya se estableció, no deriva de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación; por ello, el hecho de que presuma que probablemente se ordene el mandamiento de que se duele, no afecta su esfera jurídica. Lo que además se corrobora con sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda, consistentes en: "PRIMERO: Que con fecha 14 catorce de Octubre del año 2021 dos mil veintiuno, llegó a mi domicilio particular tres personas del sexo masculino y una de ellas se identificó como Actuario del Juzgado Primero de Primer Instancia en materia Civil de Uruapan" al preguntarles el motivo de su visita quien se identificó como actuario judicial me preguntó por el señor Jorge Ramírez, en ese momento le comente que era el domicilio incorrecto ya que ahí era mi casa habitación marcada con el número 34 - A y mismo que estaba rentando desde hace pocos días y que la persona que buscaban vivía a un lado en el número 34 treinta y cuatro justo a un lado, a lo que me refirió que nadie habría por esa puerta y por eso se disponía a tocar en mi domicilio, me comento que venía para intentar notificar al señor Jorge Ramírez una resolución ordenada dentro del expediente 630/2017, en ese momento lo interrumpí al insistirle que no era el domicilio que buscaba y que en mi domicilio no habitaba la persona que refería, sin embargo el referido actuario que no se identificó, dispuso a firmar una serie de documentos frente a mí y me contentó que de todas formas me seguirían llegando notificaciones y visitas de la autoridad competente y que si me negaba a recibirlas vendría con uso de fuerza pública y cerrajero pues asilo tenía ya autorizado con el fin de ejecutar una orden judicial... [.]". Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Por tanto, los actos reclamados que tilda de inconstitucionales, tienen la calidad de futuros e inciertos, dado que no derivan de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación. Pues como se especificó, la promovente se basa en presunciones subjetivas que resultan insuficientes para actualizar el supuesto de procedencia del amparo indirecto, establecido en el artículo 115 de la ley de la materia; motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 6º, éstos interpretados en sentido contrario del citado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio, con alcances universales, que impida de forma absoluta y general la operación de la autoridad señalada como responsable en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, pues su finalidad no consiste en escudar a los particulares para que desarrollen de forma incontrolada las actividades reguladas por el orden jurídico, lo cual funda la obligación del Juez constitucional de analizar, desde la promoción del juicio, su conexión efectiva con la finalidad constitucional pensada para dicho medio de impugnación, que consiste en remediar un exceso concreto proveniente de uno o varios órganos del Estado, lo que orilló al legislador a prever la exigencia a cargo del justiciable de señalar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado en su demanda, cuya ratio legis es evitar el goce ilícito de beneficios cautelares o restitutorios mediante una demanda de amparo sustentada en la narración de hechos apartados de la realidad. Por lo que el carácter excepcional de una promoción de ese grado justifica que su tramitación requiera de la aportación, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la intervención de la autoridad que teme el particular, considerando que una demanda sustentada en hechos de realización incierta, cuya suscitación se aparta de las reglas de la lógica y de la experiencia judicial, no puede gozar, como el común de los casos, de presunción de veracidad, si se atiende a principios de racionalidad, destacando que el acceso de la parte quejosa a los tribunales se vería afectado, en ese caso, por cuestiones imputables a ella. Sustenta la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia 26, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V y 4° de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Asimismo, resulta aplicable por analogía, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 56, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICIÓN FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados". Finalmente tiene aplicación sobre el particular la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS.- Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 6, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 del citado ordenamiento legal, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, en relación a su solicitud en el ocurso de cuenta, en el sentido de que se le autorice el uso de la reproducción digital, así como de fotografías del presente asunto, hágase del conocimiento de la promovente, que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintiuno de octubre del año en curso, en que se autorizó el uso de medios electrónicos en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente a la promovente, por cualquier medio electrónico autorizado conforme al acuerdo general 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos escrito de cuenta, signado por la peticionaria de amparo Karla Gabriela Ramírez Vélez, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiuno de octubre del año en curso, toda vez que al efecto, precisa los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y Actuaria de su adscripción, los cuales hace consistir en: Lo actos de molestia y hostigamiento en su persona, derivados de posibles notificaciones y/o requerimientos judiciales, sin tener mandamiento legal alguno en su contra y los cuales se llevarían a cabo en su domicilio particular ubicado en calle Aquiles Serdán, número 34, letra "A", colonia Centro, de esta ciudad. De igual manera aclara lo siguiente: "SEGUNDO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que por un error involuntario de redacción manifesté en mi escrito inicial de demanda de garantías en mi pedimento cuarto una situación ajena a mi demanda por lo que por este medio preciso dicho error y solicito no sea tomada dicha manifestación vertida en el número cuarto de los pedimentos". Circunstancia por la que se advierte, que no es su deseo señalar como acto reclamado, lo precisado en el número cuarto del apartado relativo a los puntos petitorios de su escrito inicial de demanda; esto es: "4.- SEGUIDO EL TRÁMITE DEL JUICIO SE ME CONCEDA EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN PARA EL EFECTO DE DEJAR INSUBSISTENTE EL ILEGAL EMBARGO TRABADO SOBRE EL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD.". DESECHAMIENTO Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, fracción I, y 6, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados son de realización futura e incierta. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna a disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, se hace consistir en lo siguiente: Lo actos de molestia y hostigamiento en su persona, derivados de posibles notificaciones y/o requerimientos judiciales, sin tener mandamiento legal alguno en su contra y los cuales se llevarían a cabo en su domicilio particular ubicado en calle Aquiles Serdán, número 34, letra "A", colonia Centro, de esta ciudad. Luego, debe precisarse que los actos que se reclaman es de aquéllos de realización futura e incierta, pues no puede considerarse de ninguna manera de ejecución inminente, esto es así, porque de los datos que arroja la demanda de amparo y escrito aclaratorio, no se advierte la existencia de algún acto que afecte la esfera jurídica de la promovente, toda vez que como expresamente lo manifiesta, las autoridades responsables pretenden ordenar actos tendentes a molestarla y hostigarla en su persona, derivados de posibles notificaciones y/o requerimientos judiciales, sin tener mandamiento legal alguno en su contra, los cuales se llevarían a cabo en su domicilio particular ubicado en calle Aquiles Serdán, número 34, letra "A", colonia Centro, de esta ciudad; lo que significa que dicho acto de molestia, aún no ha sido pronunciado; máxime que tales actos no derivan de la certeza de algún otro acto, dirigido en contra de su persona, por parte de las autoridades responsables. De ahí que, sea válido establecer que no se desprende una ejecución inminente contra su persona y/o domicilio; sino que se trata de una mera especulación de la peticionaria del amparo, por tanto, tiene calidad de futuro e incierto, dado que como ya se estableció, no deriva de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación; por ello, el hecho de que presuma que probablemente se ordene el mandamiento de que se duele, no afecta su esfera jurídica. Lo que además se corrobora con sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda, consistentes en: "PRIMERO: Que con fecha 14 catorce de Octubre del año 2021 dos mil veintiuno, llegó a mi domicilio particular tres personas del sexo masculino y una de ellas se identificó como Actuario del Juzgado Primero de Primer Instancia en materia Civil de Uruapan" al preguntarles el motivo de su visita quien se identificó como actuario judicial me preguntó por el señor Jorge Ramírez, en ese momento le comente que era el domicilio incorrecto ya que ahí era mi casa habitación marcada con el número 34 - A y mismo que estaba rentando desde hace pocos días y que la persona que buscaban vivía a un lado en el número 34 treinta y cuatro justo a un lado, a lo que me refirió que nadie habría por esa puerta y por eso se disponía a tocar en mi domicilio, me comento que venía para intentar notificar al señor Jorge Ramírez una resolución ordenada dentro del expediente 630/2017, en ese momento lo interrumpí al insistirle que no era el domicilio que buscaba y que en mi domicilio no habitaba la persona que refería, sin embargo el referido actuario que no se identificó, dispuso a firmar una serie de documentos frente a mí y me contentó que de todas formas me seguirían llegando notificaciones y visitas de la autoridad competente y que si me negaba a recibirlas vendría con uso de fuerza pública y cerrajero pues asilo tenía ya autorizado con el fin de ejecutar una orden judicial... [.]". Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Por tanto, los actos reclamados que tilda de inconstitucionales, tienen la calidad de futuros e inciertos, dado que no derivan de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación. Pues como se especificó, la promovente se basa en presunciones subjetivas que resultan insuficientes para actualizar el supuesto de procedencia del amparo indirecto, establecido en el artículo 115 de la ley de la materia; motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 6º, éstos interpretados en sentido contrario del citado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio, con alcances universales, que impida de forma absoluta y general la operación de la autoridad señalada como responsable en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, pues su finalidad no consiste en escudar a los particulares para que desarrollen de forma incontrolada las actividades reguladas por el orden jurídico, lo cual funda la obligación del Juez constitucional de analizar, desde la promoción del juicio, su conexión efectiva con la finalidad constitucional pensada para dicho medio de impugnación, que consiste en remediar un exceso concreto proveniente de uno o varios órganos del Estado, lo que orilló al legislador a prever la exigencia a cargo del justiciable de señalar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado en su demanda, cuya ratio legis es evitar el goce ilícito de beneficios cautelares o restitutorios mediante una demanda de amparo sustentada en la narración de hechos apartados de la realidad. Por lo que el carácter excepcional de una promoción de ese grado justifica que su tramitación requiera de la aportación, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la intervención de la autoridad que teme el particular, considerando que una demanda sustentada en hechos de realización incierta, cuya suscitación se aparta de las reglas de la lógica y de la experiencia judicial, no puede gozar, como el común de los casos, de presunción de veracidad, si se atiende a principios de racionalidad, destacando que el acceso de la parte quejosa a los tribunales se vería afectado, en ese caso, por cuestiones imputables a ella. Sustenta la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia 26, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V y 4° de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Asimismo, resulta aplicable por analogía, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 56, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICIÓN FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados". Finalmente tiene aplicación sobre el particular la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS.- Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 6, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 del citado ordenamiento legal, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, en relación a su solicitud en el ocurso de cuenta, en el sentido de que se le autorice el uso de la reproducción digital, así como de fotografías del presente asunto, hágase del conocimiento de la promovente, que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintiuno de octubre del año en curso, en que se autorizó el uso de medios electrónicos en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente a la promovente, por cualquier medio electrónico autorizado conforme al acuerdo general 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Karla Gabriela Ramírez Vélez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA electrónico respectivos bajo el número 588/2021-IV; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 921 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Ahora, previo a proveer sobre la admisibilidad de la demanda de amparo que nos ocupa, con apoyo en el artículo 108, fracción IV, en relación con el numeral 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente del amparo para que dentro del término de cinco 1 Artículo 92. No formaran parte del expediente electrónico y , por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponde a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA días, computados legalmente, y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar los cuadernos del incidente de suspensión solicitado, regularice la demanda en cuanto a lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa el acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior, tomando en consideración que de un análisis integral del contenido de la demanda de amparo, se advierte que en el capítulo relativo al acto reclamado, realiza diversas manifestaciones sin especificar de manera clara y precisa cuál es el acto que tilda de inconstitucional. Asimismo, en el apartado relativo a los puntos petitorios, en específico en el arábigo cuarto, refiere: "4.- SEGUIDO EL TRÁMITE DEL JUICIO SE ME CONCEDA EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN PARA EL EFECTO DE DEJAR INSUBSISTENTE EL ILEGAL EMBARGO TRABADO SOBRE EL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD.". 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Lo anterior, a fin de estar en condiciones de fijar la litis en el presente juicio de amparo y solicitar el informe de ley a las responsables y estén en aptitud de rendirlo adecuadamente, de resultar procedente su admisión. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis XX.57 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 871, Registro 202853, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo requerido se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. PRECISIÓN. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la parte quejosa, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia (común) 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL".2 USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, 2 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XI, Marzo de 2000; Pág. 24. P./J. 22/2000 . 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda3 . CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al 3 Calle Aquiles Serdán, número 34, letra "A", colonia Centro, de esta ciudad. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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