Karina Elizabeth Sanchez Orozco

Expediente 12/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
12/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Karina Elizabeth Sanchez Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    II-Vista la certificación y cuenta que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la quejosa Karina Lizbeth Sánchez Orozco, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de no haber desahogado correctamente la prevención que le fue realizada en auto de quince del referido mes y año. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que tuvo por no presentada la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    II.Agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual, se tiene al Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, devolviendo diligenciado el exhorto 55/2018 (orden 67/2018), derivado del proveído de quince del presente mes y año, enviado con la finalidad de notificar a la parte quejosa la prevención de la demanda de amparo; asimismo, fuese prevenida para la designación de domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones personales. Dése de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Ahora, de las constancias que integran el cuaderno de exhorto en cuestión, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días, concedido a la quejosa Karina Lizbeth Sánchez Orozco, en el referido auto de prevención, a efecto de que designara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones de carácter personal; plazo que transcurrió del veintidós al veinticuatro del mes actual, sin que lo haya hecho, como se advierte del inciso b) de la cuenta secretarial. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento con que se le previno, por lo que las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, practíquense por lista de acuerdos publicada en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. En el entendido que, a la fecha, a la parte promovente le encuentra transcurriendo el término de cinco días hábiles, otorgado para el desahogo de la prevención del libelo constitucional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    II-Agréguese el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por Eduardo Moreno García, quien se ostenta representante legal de la quejosa Karina Lizbeth Sánchez Orozco, mediante el cual, pretende cumplir con la prevención de la demanda, realizada en proveído de quince de enero del año en curso. Al respecto, no ha lugar a tener por desahogada la prevención de la demanda, en razón de que Eduardo Moreno García, quien inicialmente remitió y firmó vía electrónica la demanda de amparo, no acredita con documento idóneo la personalidad con que se ostenta, lo que le impide gestionar como pretende hacerlo. Sin que pase inadvertido que el ocursante refiere tener acreditada dicha personalidad en los autos del juicio de amparo 1039/2017, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, lo que pretende acreditar con la transcripción del proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la referida Karina Lizbeth Sánchez Orozco, así como con la resolución de catorce del propio mes y año, dictada dentro del respectivo incidente de suspensión; sin embargo, de tales constancias no se advierte que al promovente le haya sido reconocida la personalidad de representante legal de la agraviada, habida cuenta que en el auto de admisión del libelo constitucional en cuestión, respecto del párrafo correspondiente a la consulta de expediente electrónico, únicamente se asentó: "Como lo solicita la promovente, bajo el nombre de usuario que proporciona, en su demanda, se autoriza la consulta del expediente electrónico, únicamente para fines de difusión, a partir del día hábil siguiente de emisión de los acuerdos; sin que surta efectos jurídicos de notificación; lo anterior, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto, de la Ley de Amparo." Lo que evidentemente no constituye un reconocimiento del promovente como representante legal de la quejosa, en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo. A más de que, acorde con lo previsto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, que establece que quien comparezca en el juicio de amparo en nombre del quejoso o del tercero interesado y afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido; lo que en la especie no se satisface, toda vez que la autoridad jurisdiccional que conoce del indicado juicio de garantías 1039/2017, dentro del cual el promovente refiere tener acreditada dicha personalidad, no fue señalada como tal en el escrito de la demanda origen del presente asunto. Consecuentemente, hágase del conocimiento del promovente del amparo, que el término de cinco días concedido en acuerdo de quince de los actuales, para los efectos ahí expuestos, no se suspende y continúa transcurriendo; plazo que con la presentación del escrito en cuestión queda interrumpido y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice del presente proveído. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía jurídica, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 39/2012, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    II-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Eduardo Moreno García, remitiendo y firmando vía electrónica, la demanda de amparo promovida por KARINA LIZBETH SÁNCHEZ OROZCO, por su propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Lo anterior, se considera así, en virtud de que como se apuntó, la demanda fue remitida y firmada vía electrónica por Eduardo Moreno García, según se aprecia de la respectiva evidencia criptográfica-transacción, y de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 3° de la Ley de Amparo, ésta produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; además el libelo constitucional no fue firmado de ninguna forma por la referida agraviada. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 12/2018-II. A fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento del libelo constitucional, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el numeral 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al remitente, para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes de éste para correr traslado a las partes e integrar los cuadernos del incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite se realiza por cuerda separada y duplicado, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda, respecto de lo siguiente: a) Exhiba documento idóneo del que se desprenda que Eduardo Moreno García, tiene el carácter de representante legal de la quejosa Karina Lizbeth Sánchez Orozco. Lo anterior, toda vez que el autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es quien remite y firma electrónicamente la demanda de amparo, de ahí que, se estima necesario que éste documente la personalidad de representante legal de la agraviada, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 6° de la ley de la materia, el cual establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de tal legislación; pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en aquellos casos que establecen los artículos 15 y 109, de la ley de la materia. Además, es de explorado derecho que el aludido autorizado no puede actuar como si fuera él quien resintiera un agravio personal y directo, lo que repercute también en la promoción del juicio de amparo, pues esa facultad sólo está reservada para quien tiene a su favor el principio constitucional de instancia de parte agraviada, esto es, la parte quejosa. Lo que pone de relieve que, el firmar la demanda de amparo, sólo incumbe a la peticionaria de amparo y no a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque éste únicamente cuenta con facultades para realizar actos posteriores a la tramitación del juicio de garantías, ajenos a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la interesada e influya en la configuración de la litis constitucional. En apoyo a la anterior consideración, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, Materia Común, que dispone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, cobra sustento a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68 Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." b) Proporcione el domicilio y residencia de la quejosa, toda vez que el indicado en el preámbulo del escrito de la demanda, lo es de carácter procesal. c) Indique de manera precisa la fecha exacta en que se tuvo conocimiento de los actos reclamados; lo anterior, al no advertirse ese dato en el contexto de la demanda. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 161/2013 (10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Apercibido que de no dar cumplimiento con lo requerido en los incisos a) y c), se tendrá por no presentada la demanda de amparo; y, de no desahogar lo prevenido en el apartado b), se determinará lo conducente, de resultar procedente la admisión del libelo constitucional. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Por otra parte, toda vez que el domicilio proporcionado por la promovente para oír y recibir notificaciones pertenece a la Ciudad de México, el cual no puede tenerse como tal; dígasele que hasta en tanto señale uno en esta ciudad para tal efecto, las subsecuentes notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. No obstante, a efecto de evitar dejar en estado de indefensión a la agraviada, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto, vía electrónica, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda notifique el presente auto a la quejosa Karina Lizbeth Sánchez Orozco, personalmente o por conducto de sus referidos autorizados, en el domicilio ubicado en calle El Teul, número 24, colonia El Rodeo, Delegación Iztapalapa, código postal 09860, de esa ciudad. (teléfono 55 76 14 40 67). De igual manera, la prevenga para que en ese acto, o bien, dentro de los tres días siguientes, contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcione domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán ordenadas por medio de lista, como lo establece el precepto legal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el entendido de que se faculta al juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para la realización de la diligencia encomendada. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto. Por otra parte, en relación con la designación de personas autorizadas para efectos de oír y recibir notificaciones personales, así como con la petición realizada por la promovente en el sentido de que se autorice la presentación de promociones o recursos y el acceso al presente expediente vía electrónica y recibir notificaciones a través de tal medio, a través de su autorizado Eduardo Moreno García, en razón de contar con registro para esos efectos con el nombre de usuario "LIC.MORENO 77"; hágasele saber, que una vez que acredite la personalidad de dicho autorizado como su representante legal, se determinará lo conducente respecto de dichas manifestaciones. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA POR MEDIO DE EXHORTO.

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