Karla Esmeralda Sagrero Novelo
Expediente 1969/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1969/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karla Esmeralda Sagrero Novelo
- Gabriel Antonio Ortega Novelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de las que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es DEPURABLE por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 1969/2021, promovido por Karla Esmeralda Sagrero Novelo, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y a la tercero interesada; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental exhibida por la Juez responsable como anexo a su informe. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Téngase por ofrecida la prueba con la que dio cuenta la Secretaría, misma que, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1969/2021-VII; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Karla Esmeralda Sagrero Novelo, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, el que hizo consistir en la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 970/2015, en la que se aprobó la planilla de liquidación presentada en dicho controvertido. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, lo que se realizó oportunamente, como consta de las constancias que integran el cuaderno de amparo; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: - La determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por la Juez responsable en el expediente 970/2015, en la que se aprobó la planilla de liquidación presentada en dicho controvertido. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, porque así lo afirmó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias conducentes del expediente 970/2015, misma que remitió la Juez responsable como justificación de su informe. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de fondo. Por cuanto al acto combatido, no se actualiza, en criterio de la suscrita, alguna causa de improcedencia que se advierta de oficio, por tanto, es procedente estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Empero, a fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado: 1. En el juicio de origen, el cinco de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva en cuyo resolutivo tercero se condenó a la parte demandada, aquí tercero interesada, al pago de las siguientes prestaciones: a) La cantidad de diecisiete mil novecientos setenta y nueve pesos con noventa centavos, moneda nacional, en concepto de honorarios por realización de CPRE del doctor Jorge Alberto García Silva y gastos de estancia en la "Clínica Mérida"; b) El estudio de la colangiografía en el "Centro Radiológico San Cristóbal", por la cantidad de novecientos pesos, moneda nacional; c) El traslado de la ambulancia de "Servicios de Emergencia Médico Prehospitalario", por la cantidad de setecientos pesos, moneda nacional; d) La cantidad de dieciocho mil pesos, moneda nacional, en concepto de honorarios médicos del doctor Luis Fernando Peniche Gallareta, por realización de una CPRE; e) La cantidad de un mil quinientos pesos, moneda nacional, de tres estudios de ultrasonido realizados por "Diagnóstico Radiológico Pensiones"; f) La cantidad de doce mil trescientos ochenta y siete pesos con ocho centavos, en concepto de gastos generados por servicios de hospitalización, laboratorios, medicamentos y material de curación de la "Clínica Pensiones"; g) La cantidad de siete mil cincuenta pesos, moneda nacional, en concepto de honorarios del cirujano Enrique Ortega Pacheco y del doctor Josué Ramírez; y, h) La cantidad de ciento cincuenta y seis pesos con setenta y nueve centavos, moneda nacional, en concepto de material de curación. Asimismo, en el resolutivo cuarto, se condenó a la "parte actora" al pago de los gastos y costas que se hubieren originado con motivo del juicio. 2. Por escrito de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la parte actora planteó incidente de liquidación de intereses, añadiendo diversos gastos presuntamente supervenientes, mismos que no habían sido reclamados en su demanda primigenia; así como los gastos y costas erogados con motivo del juicio respectivo. 3. Incidencia que se admitió a trámite y seguida la secuela procedimental, el veintiocho de septiembre anterior, se resolvió procedente, por lo cual se reguló y aprobó la planilla exhibida con las modificaciones y reducciones señaladas en dicha determinación. Siendo que dicha decisión constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Sentado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, son infundados, atentas las consideraciones siguientes. En su primer concepto de violación, la peticionaria alega, en esencia, que el acto reclamado, contraviene lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, pues la Juez responsable omitió tomar en consideración los gastos supervenientes que planteó en la planilla de liquidación correspondiente, los cuales fueron erogados con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al juicio natural y que fueron aceptados como pruebas supervenientes. A ese respecto, debe decirse que, en la resolución reclamada, la Juez responsable, en relación a las nuevas sumas expuestas por la parte actora en su planilla de liquidación respectiva, indicó que no había lugar a decretar su pago, en virtud de que en la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen 970/2015, únicamente se había condenado al pago de las cantidades primigeniamente reclamadas en la demanda inicial, siendo que al no haber formado parte las nuevas cantidades que se pretendió liquidar, de las condenadas en el punto tercero de la citada sentencia definitiva, no era dable ordenar su pago, ya que resultaría contrario a derecho decretar el pago de cantidades que no formaron parte de la condena respectiva. Tal proceder, en criterio de la suscrita, se estima correcto y ajustado a derecho, cuenta habida que, opuesto a lo que sostiene la parte quejosa, la Juez responsable, acertadamente, determinó que se actualizaba un impedimento técnico para liquidar las cantidades a que hizo alusión la ahora amparista en su planilla correspondiente, ya que a través de dicha instancia no era dable analizar cuestiones que no habían sido materia de condena en la sentencia definitiva. Lo anterior, cuenta habida que la institución de la cosa juzgada, relacionada con el efectivo acceso a la tutela jurisdiccional, en su vertiente de protección al derecho fundamental de seguridad jurídica de los gobernados, se traduce en la certeza que tiene un contendiente dentro de una controversia jurisdiccional, de que la sentencia dictada -sea a su favor o en contra- ya no puede ser discutida nuevamente y menos aún modificada, pues ya se han agotado todas las instancias legales procedentes y por ello se coloca en ese estado de inmutabilidad, adquiriendo con ello la certeza de la forma en que ésta habrá de ejecutarse. En ese sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, el incidente de liquidación de sentencia tiene como objeto determinar la condena que no haya sido expresada en cantidad líquida. De este modo, a través del incidente de liquidación es como válidamente puede ejecutarse una sentencia, pero siguiendo sus lineamientos, ya que será como habrán de fijarse las cantidades no determinadas; por ello, en este procedimiento no es posible dilucidar tópicos esenciales no abordados, es decir, no se pueden rebasar o desconocer los lineamientos fijados en la resolución a liquidar. Esto es, en el incidente de liquidación no pueden dilucidarse aspectos que son propios de la sentencia que resolvió la contienda y que constituye cosa juzgada, pues su materia se limita a determinar las cantidades que no hayan sido así decretadas, respetando la firmeza del fallo principal. De ahí que esta Juzgadora Federal estime que los motivos expuestos por la Juez responsable en la resolución reclamada, en cuanto a que en dicha instancia no podían analizarse cuestiones diversas a las analizadas en la sentencia definitiva, la cual ya había adquirido el rango de cosa juzgada, específicamente, en lo relativo a cantidades que no fueron materia de la condena primigenia, son correctas. Ello, pues si las cantidades que pretendió liquidar la parte actora en su correspondiente planilla, no corresponden a las condenadas en la sentencia definitiva, es indefectible que la Juez responsable no estaba en aptitud de ordenar su pago, precisamente porque no formaron parte de la condena primigenia. Resulta dable citar, en apoyo a lo antes ponderado, por identidad de razón, la tesis visible en la página 39, Núm. 79, Julio de 1994, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. MATERIA DEL. La tramitación del incidente de liquidación tiene como función la de cuantificar en cantidad liquida los conceptos de la condena decretada en el laudo definitivo. Por lo tanto, la autoridad responsable al dictar la resolución incidental correspondiente, tiene la obligación, en primer lugar, de verificar que los conceptos contenidos en la planilla de liquidación que presente el actor, coincida con la condena establecida en el laudo, independientemente de que la parte demandada haga valer o no alguna objeción al respecto, pues la omisión de la autoridad de verificar esa situación, es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se obliga al patrón a pagar algo a lo que no fue condenado." De igual forma, en ese mismo sentido, deviene infundado el segundo concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, en el que aduce que la Juez responsable no tomó en cuenta que la parte demandada perdió el derecho sobre la planilla en términos de artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán; lo anterior, cuenta habida que el hecho de que la parte demandada no hubiere hecho manifestación alguna en relación a la planilla de liquidación planteada, no produce, como consecuencia necesaria, que la misma debiera ser aprobada en sus términos. Lo anterior, se reitera, toda vez que los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. En ese orden de ideas, si el Juez es el rector del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, conduce a estimar que el Juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, si la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla. Corolario de lo anterior, no era dable que la Juez responsable aprobara, automáticamente, los conceptos contenidos en la planilla de liquidación, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, como así lo hizo, en razón de que el Juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Y, en ese sentido, al no encontrarse contenidos los conceptos y las cantidades que se pretendió liquidar, entre las prestaciones condenadas en la sentencia primigenia, fue acertado que la Juez responsable denegara su liquidación y, por ende, no accediera a su pago, no obstante la omisión en que incurrió la parte demandada. Resulta dable citar en apoyo a lo antes ponderado, por identidad de razón, la tesis 1a./J. 35/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto rezan: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada." En mérito de lo antes expuesto, se reitera, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por lo que lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetró. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE ÚNICO. No ampara. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Karla Esmeralda Sagrero Novelo, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos y fundamentos plasmados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el alegato ministerial firmado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, mediante el cual, por los motivos que expone, solicita se sobresea por una parte y se niegue por otra el presente juicio de amparo; lo anterior, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la citada Ley de Amparo, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos el oficio firmado por la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y anexo que acompaña, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el informe y anexo de mérito, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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