Karla Diaz de Leon Arestegui
Expediente 117/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 26 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karla Diaz de Leon Arestegui
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de amparo, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó el citado acuerdo a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintisiete de mayo del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional, pero se dejó sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los presentes cuadernos incidentales, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional considera importante traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que la menor quejosa Karla Díaz de León Arestegui, fuera inoculada con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa se duele, en esencia, de la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que la menor quejosa Karla Díaz de León Arestegui, sea inoculada con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Debiéndose precisar que la menor quejosa Karla Díaz de León Arestegui, cuenta con la edad de doce años, de conformidad con el acta de nacimiento, cuyo original fue adjuntado al escrito de demanda de amparo que nos atañe. Ahora bien, en ese sentido, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, que el veintiocho de abril anterior, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los adolescentes de doce a diecisiete años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo adolescente, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre doce a diecisiete años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del cinco de mayo del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a jóvenes de doce a diecisiete años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciséis horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Ello, como es dable advertir del link https://coronavirus.yucatan.gob.mx, el cual deriva de la página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual aparece el comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de Yucatán, mismo en el que se señala que, como se asentó supralíneas, a partir del cinco de mayo en curso, inició en el Estado de Yucatán la vacunación de adolescentes de entre doce y diecisiete años de edad. E incluso, en las redes sociales tanto de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, como del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, se advierte informan el calendario en que los citados adolescentes habrían de ser vacunados en la entidad, iniciando el cinco de mayo de dos mil veintidós en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en lo que respecta a los nacidos en los meses de enero a abril, el seis correspondió a los nacidos en los meses de mayo a agosto, y el siete a los nacidos de septiembre a diciembre; mientras que en los restantes municipios, también inició la vacunación el cinco de mayo de dos mil veintidós, conforme al calendario específico para dichas localidades. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso a estudio, han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, cuenta habida que, como quedó evidenciado, las autoridades federales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad de entre doce a diecisiete años (rango de edad en el que se encuentra la menor quejosa), con la vacuna Pfizer/BioNTech, e incluso, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de la primera dosis de la vacuna, inició el cinco de mayo en curso. De lo que se sigue que la omisión de las responsables de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que el citado menor quejoso, fuera inoculado con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, ha cesado, precisamente porque se ha autorizado la inoculación de los menores en cuyo rango de edad se encuentra el directo quejoso, aunado a que la ejecución de dicha autorización ya ha tenido verificativo, en su primera dosis, cuenta habida que en esta entidad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y que es donde radica la menor quejosa, inició el cinco de mayo en curso. Por lo tanto, se reitera, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haber sido autorizada a nivel federal la vacunación de los menores de entre doce a diecisiete años (rango de edad en que se ubica la menor quejosa), y estarse materializando ya la aplicación de la vacuna en el Estado de Yucatán a partir del cinco de mayo en curso, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS a las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS. Asimismo, déjense sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, así como la celebración de la audiencia incidental señalada para el DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, se advierte que hasta la presente fecha las autoridades responsables foráneas que tienen su sede en la Ciudad de México, no han rendido sus informes previos, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con los que se les requirió. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que las citadas autoridades responsables tienen su residencia fuera de la ciudad en la que este órgano jurisdiccional tiene su asiento; lo anterior, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós Agréguese a los presentes autos el escrito remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por Mario Alberto Cardona Flores, con el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de nueve de mayo del año en curso, y proporciona la denominación correcta de la autoridad señalada como responsable. Por tanto, téngase a la parte quejosa desahogando en tiempo la prevención efectuada en proveído de nueve de mayo del año en curso, quedando la autoridad responsable en su denominación correcta, de la siguiente forma: "Presidente del Consejo de Salubridad General." Con domicilio ubicado en Liega, número siete, piso dos, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06600 y/o Avenida Homero número doscientos trece, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, código postal 11571. En consecuencia, gírese el oficio correspondiente a la autoridad responsable, en su denominación correcta, anexándole copia de la demanda y del auto de diecisiete de enero del presente año. Ahora bien, con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a la autoridad responsable y pídanse su informe previo, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 238, en armonía con el diverso 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, los informes requeridos podrán rendirlos vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Indicándoles que para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTINU MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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