Karla Elizabeth Heredia Ramirez

Expediente 375/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
375/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Karla Elizabeth Heredia Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista la sentencia de treinta de octubre de este año, se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de ley de amparo, en virtud de no haber comparecio a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal a la parte quejosa, que dice: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 375/2023-VII; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés1, en el buzón judicial habilitado para la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibida el tres de abril del mismo año, en este Juzgado de Distrito, Karla Elizabeth Heredia Ramírez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por los actos y autoridades siguientes: "En contra de los actos reclamados identificados como: a) Auto que declara Improcedente solicitud de la incorporación de medios de prueba dentro de la causa penal 5433/2021. b) Auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 5433/2021. c) Auto que ordena restitución provisional de bien inmueble dentro de la causa penal 5433/2021. . Como autoridades responsables señalo al juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad."2 SEGUNDO. Trámite del juicio. El tres de abril de dos mil veintitrés3, el escrito se radicó bajo el número de expediente 375/2023-VII y se admitió a trámite la demanda; se requirió el informe justificado y se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación. 1 Páginas 2 a 35 del juicio de amparo. 2 Transcripción literal de las fojas 2 y 3 de la demanda de amparo. 3 Foja 37 a 40. Por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés4 se recibió el informe justificado de la autoridad responsable y derivado de ello, se reconoció con el carácter de terceros interesados a Rocío Rubio Sánchez5 y al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Baja California6. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. En virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de 4 Foja 52 y 54. 5 Quien fue llamada a juicio, como consta a foja 66. 6 Quien fue llamada a juicio, como consta a foja 64. la ley de la materia7, toda vez que el acto reclamado se emitió por una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado y sus consecuencias tienen efectos en la misma. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan: Autoridades responsables Actos reclamados 1 Jueza de Control Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California 1. El dictado del auto de vinculación a proceso en audiencia de 28 de marzo de 2023. 2. La determinación tomada en esa misma audiencia de no incorporar los medios de prueba ofrecidos por la quejosa. 3. La medida de restitución con carácter provisional de un bien inmueble a favor de la víctima, decretada en la misma audiencia. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, la autoridad responsable, que se enuncia a continuación, rindió su informe de la siguiente manera: 7 Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Autoridades responsables Sentido del informe Fojas 1 Jueza de Control Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California Cierto 47 y 48 Atento a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable con el carácter, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, por ende, este se tiene plenamente probado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Tomo VI; Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la Jueza de Control Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con su informe justificado, de las que se advierte la existencia de la audiencia celebrada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, no se admitió el desahogó de los medios de prueba ofrecidos por la imputada, hoy quejosa, y el dictado de la medida de restitución provisional de bien inmueble, mismas que adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 226, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."8 Ahora, es necesario precisar que, si bien la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación tomada en audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, relativa a la improcedencia de incorporar medios de prueba, éste no constituye un acto independiente, sino que, forma parte de la propia audiencia en la que la jueza responsable la vinculó a proceso. En efecto, si bien la jueza de control hizo pronunciamiento sobre la incorporación de medios de prueba, ello fue como parte de la audiencia inicial, conforme a lo establecido en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales9, esto es, como una parte integral para resolver sobre la situación jurídica de la imputada, no así como un acto independiente o ajeno a la determinación de vinculación a proceso. Bajo esa línea, no obstante que la parte quejosa lo haya señalado como acto reclamado en específico, éste no se atenderá de tal forma; sin embargo, los 8 Visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995. 9 Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. argumentos o conceptos de violación planteados sobre la incorporación de medidos de prueba que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, serán analizadas como parte de sus conceptos de violación al momento de estudiar la constitucionalidad de la resolución de vinculación a proceso. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En razón que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Cobra aplicación, la jurisprudencia P.J. 22/9110 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Reproducción de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, al resultar aplicable la 10 Página 60, tomo VII, junio de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205800. jurisprudencia número 2a./J. 58/201011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación p/ara el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Desarrollo de la audiencia en la que se dictó el acto reclamado. Del informe justificado rendido por la autoridad responsable ordenadora, en concatenación con las manifestaciones de la parte quejosa se obtiene, en síntesis, que el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés se aperturó la audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la causa penal 5433/2021, instruida en contra de Karla Elizabeth Heredia Ramírez, hoy quejosa. Una vez individualizadas las partes, se concedió el uso de la voz a la fiscalía, quien formuló imputación por hechos que consideró constitutivos del delito de 11 Página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618. fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal para el Estado de Baja California. Posterior a ello, y después de conceder el uso de la voz a la imputada, su defensa, a la víctima y su asesor, se concedió el uso de la voz a la fiscalía quien solicitó la vinculación a proceso, exponiendo los hechos y datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación en contra de Karla Elizabeth Heredia Ramírez, hoy quejosa, y ésta última, peticionó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se fijaron las doce horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés para la continuación de la audiencia inicial. El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se continuó con la audiencia inicial en la que se resolvió vincular a proceso a Karla Elizabeth Heredia Ramírez por su probable participación en el hecho que puede ser constitutivo del delito de fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal para el Estado de Baja California; no se solicitaron medidas cautelares por parte de la fiscalía y se fijó un mes como plazo de investigación complementaria. Por otra parte, se solicitó la restitución del bien inmueble con folio real 1334617, unidad 17, Condominio de Hermosillo, construido sobre el lote 5, manzana 504 del fraccionamiento Villas del Dorado, en Tijuana, Baja California, misma que se autorizó por la jueza responsable a favor de la ofendida Rocío Rubio Sánchez, lo que debía acontecer en un plazo de quince días, que fenecía el once de abril de dos mil veintitrés. Siendo ésta una síntesis de lo acontecido en las audiencias de veintitrés y veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, llevadas por la jueza responsable, en las que se vinculó a proceso a la aquí quejosa y ordenó la restitución del bien inmueble citado en párrafos precedentes. SÉPTIMO. Estudio del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación relativos al dictado del auto de vinculación a proceso son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, conforme lo previsto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. a) Análisis del auto de vinculación a proceso. Como se dijo, los planteamientos de disenso respecto al auto de vinculación a proceso se califican de esa forma, ya que -contrario a lo que sostiene la parte quejosa-, se estima que la resolución reclamada, cumple con los requisitos de forma y fondo que deben contener en términos del artículo 19 constitucional. Estructura y estudio de la sentencia. Para justificar la conclusión apuntada, el desarrollo del estudio de esta sentencia se estructurará de la siguiente manera: I. El estudio relacionado con el auto de vinculación a proceso, para ello, se expondrá lo siguiente: I.I. Se explicarán los requisitos que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso. I.II. Se analizarán las implicaciones de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I.III. Se justificará la decisión adoptada, a partir del análisis de los requisitos de forma y fondo requeridos. I.IV. Se dará contestación a los conceptos de violación formulados en contra del auto de vinculación a proceso, entre los que se incluirán los relacionados con la incorporación de medios de prueba en audiencia. I.I. Requisitos que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso. El artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". De la interpretación literal del precepto constitucional en cita, se advierte que para el dictado de un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. Los requisitos de forma consisten en que debe dictarse dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas (en caso de solicitarse la ampliación del término constitucional), contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; asimismo, deberá expresarse el delito imputado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo consisten en que deben concurrir datos que establezcan la realización de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, el auto de vinculación se emite después de que al imputado se le formuló la imputación y su objeto consiste en que el Juez de Control intervenga en la etapa de investigación para examinar si existe causa probable que justifique la continuación de la investigación en su segunda fase denominada investigación complementaria, esto es, si se cuenta con indicios razonables para suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; lo anterior, tal y como se desprende del contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales12. 12 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Una vez identificadas las exigencias constitucionales que se requieren colmar para emitir un auto de vinculación a proceso, se estima necesario indicar algunas notas distintivas del Nuevo Sistema de Justicia Penal en torno al dictado del auto de vinculación a proceso. I.II. Implicaciones de la reforma al artículo 19 constitucional Tal y como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 7546/201713, la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, generada a raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil ocho, representa uno de los cambios más relevantes en los ámbitos legislativo e institucional de la historia de México. Lo anterior, ya que se trata de la transición de un esquema procesal mixto, de carácter predominantemente inquisitivo -heredado de la época colonial- a otro modelo de corte acusatorio y oral, respetuoso del debido proceso y de los principios constitucionales que lo orientan, con lo cual se aspira a que la justicia penal evolucione de una concepción monolítica del proceso (que entendió al castigo como la única finalidad, al juicio como el único camino de solución, al Estado como el único decisor y que le dio tratamiento único a todas las conductas consideradas como delito) hacia una racionalidad motivada por la 13 Correspondiente a la sesión de seis de marzo de dos mil diecinueve incorporación de la justicia restaurativa, que privilegia la reparación de daño causado a la víctima. Desde ese enfoque, la reforma constituye un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administra justicia en esta materia: desde las cuestiones relativas a la infraestructura y gestión, hasta los aspectos normativos y de capacitación que exigen los sistemas procesales cuya metodología de trabajo se desarrolla a través de audiencias orales, concentradas, dirigidas por un juez y con puertas abiertas al público. Para conseguirlo, la reforma modernizó el procedimiento penal en el artículo 20 constitucional, al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con la clara intención de "dar cabida a los principios del debido proceso". Así, el referido precepto concentra el mayor número de componentes que diseñan la estructura del proceso penal acusatorio, adversarial y oral; sin embargo, no es el único, ya que dentro del sistema constitucional concurren otros preceptos de la Constitución Federal que contribuyen al mismo propósito, como el artículo 19, párrafo primero, que indica que el auto de vinculación a proceso se emitirá cuando concurran "datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Particularmente sobre el cambio de paradigma del estándar probatorio que ahora se requiere para emitir un auto de vinculación a proceso, debe atenderse a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 87/201614. En efecto, en la referida contradicción de tesis la referida Sala consideró que el texto constitucional vigente contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio poder constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. En ese sentido, la Primera Sala de la Corte enfatizó, que ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, 14 Contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (con número de registro electrónico 2014800) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 360 del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia -puntualizó el Máximo Tribunal Constitucional del país- es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de una sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. I.III. Justificación de la decisión adoptada. Análisis de requisitos de forma y fondo. Establecido el marco normativo y jurisprudencial aplicable, como se adelantó, se estima que los conceptos de violación formulados en contra del auto de vinculación a proceso son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, pues a través de ellos la parte quejosa pretende demeritar las consideraciones sustentadas por la jueza responsable en el auto de vinculación a proceso, a partir de sostener diversas deficiencias. Sin embargo, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, para el dictado de un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que exista causa probable que justifique la continuación de la investigación en su segunda fase denominada investigación complementaria, esto es, que se cuentan con indicios razonables para suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participaron en su comisión, sin que en esta etapa del procedimiento sea la correspondiente a realizar un ejercicio de valoración y contradicción entre los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía y los de la defensa, ya que ello es propio de la etapa de juicio oral. Pues bien, una vez establecido el estándar de prueba requerido para dictar el auto de vinculación a proceso, enseguida se examinará el acto reclamado para justificar que no contiene vicios de forma o fondo y, por ende, que resultan infundados los motivos de inconformidad planteados. Requisitos de forma 1. La persona imputada debe contar con un defensor con la calidad de licenciado en derecho. Este requisito se encuentra colmado, en razón de que en audiencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal 5433/2021, se advierte que la jueza de control corroboró que la persona que fungía como defensor de la imputada, esto es, Gilberto Rodríguez Barriga contaba con cédula profesional, quien proporcionó el número de la misma15 y que se hizo constar que sus datos ya obraban en la carpeta de investigación y causa penal, esto es que se encontraba debidamente registrado ante el órgano jurisdiccional; defensor que igualmente asistió a la imputada en la audiencia inicial y su continuación celebradas el veintitrés y veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, se estima que la aquí quejosa Karla Elizabeth Heredia Ramírez sí contó con un defensor que tuviera la calidad de licenciado en derecho. Lo que colma la primera de las exigencias analizadas. 15 00:03:09 de la audiencia de 23 de enero de 2023. 2. Debe pronunciarse por autoridad judicial dentro del plazo que haya elegido el imputado o imputados, esto es, en la misma audiencia, en setenta y dos horas o en ciento cuarenta y cuatro horas. En el caso, no existe duda que tal exigencia se satisfizo, porque el auto de vinculación a proceso fue emitido por la jueza responsable dentro del plazo que al efecto establece la constitución, esto es, dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas, conforme a la solicitud que realizó al imputada en la audiencia inicial de veintitrés de marzo de dos mil veintidós16. En efecto, una vez expuesta la solicitud de vinculación a proceso por parte de la fiscalía en la referida audiencia inicial, la jueza de control responsable le hizo saber a la imputada17, aquí quejosa, Karla Elizabeth Heredia Ramírez, su derecho constitucional a que su situación jurídica se resolviera en esa misma audiencia, dentro de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas. Con base en ello, la investigada respondió que era su intención que se resolviera en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. Ahora, la aquí quejosa no fue presentada ante al órgano jurisdiccional, razón por la cual el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas que solicitó para resolver su situación jurídica se contabilizó a partir del momento en que se llevó la audiencia inicial, esto es, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, y fenecía el veintiocho del mismo mes y año. 16 01:29:26 de la audiencia de 23 de marzo de 2023. 17 Tiempo de la audiencia: 20:30:16 horas de la audiencia inicial. Por tal motivo, si la autoridad judicial resolvió la situación jurídica de la aquí quejosa el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, este requisito de forma se encuentra colmado, en atención a que el dictado del auto de vinculación reclamado se emitió dentro del plazo constitucional ampliado. 3. Que la representación social haya formulado imputación en su contra. Esta exigencia constitucional se encuentra igualmente colmada, ya que en la audiencia inicial de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal 5433/2021, la fiscalía formuló imputación18 en contra de la aquí quejosa, por su probable participación en el hecho que se clasifica como constitutivo del delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal en el Estado de Baja California19. Ilícito que la fiscalía consideró fue realizado por la imputada en su carácter de autora de manera dolosa, en términos de los artículos 10 y 14, fracción I del Código Penal del Estado de Baja California20. Asimismo, la fiscalía estimó que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la imputada lo cometiera o participara en su comisión, con base en que, a juicio de la agente del Ministerio Público, Karla Elizabeth Heredia Ramírez, simuló un acto jurídico, en contra de Rocío Rubio 18 00:05:53 de la audiencia de 23 de marzo de 2023. 19 00:12:56 de la audiencia de 23 de marzo de 2023. 20 00:12:56 de la audiencia de 23 de marzo de 2023. Sánchez, consistente en un contrato de cesión de derechos. Esto, por que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, presentó demanda de prescripción positiva respecto del inmueble identificado como unidad 17, condominio Hermosillo, construido sobre el lote 5 de la manzana 504, Fraccionamiento Villas del Dorado, primera etapa en esta ciudad, identificado con folio real 1334617 y registrado bajo partida 5345875, también identificado como calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, y en dicha demanda civil, Karla Elizabeth Heredia Ramírez refirió haber entrado en posesión del predio el veintiocho de agosto de dos mil nueve, derivado de un contrato de cesión de derechos posesorios que celebró con Alfredo Carrizales Valdez, respecto del inmueble en comento. Con lo anterior se originó el juicio ordinario civil de prescripción positiva 82/2019 del índice del Juzgado Quinto Civil en esta ciudad. Manifestando Karla Elizabeth Heredia Ramírez en su demanda, que desde el veintiocho de agosto de dos mil nueve, se hizo cargo de la conservación, mantenimiento y gastos del inmueble, lo que indujo al error a la autoridad judicial y que le generó como beneficio indebido que se autorice la inscripción preventiva a su favor en el inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio, así como la posesión material del inmueble materia de la litis, que es propiedad de la ofendida Rocío Rubio Sánchez. 4. Que se hubiese dado oportunidad a la persona imputada de declarar o manifestado su deseo de no hacerlo. Esta exigencia se encuentra colmada, ya que en la audiencia inicial, la jueza de control informó a Karla Elizabeth Heredia Ramírez, su derecho constitucional de declarar o de no hacerlo, quien manifestó reservarse el derecho a declarar21. 5. Que se hubiese expresado que se ha cometido un hecho considerado como delito. De igual forma, se estima que este requisito constitucional se encuentra satisfecho, en razón de que de la exposición realizada por la fiscalía en la audiencia inicial de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal 5433/2021, imputó a Karla Elizabeth Heredia Ramírez, la comisión del hecho delictuoso precisado en el numeral 3 indicado en párrafos que anteceden. 6. Que se hubiese indicado el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. En lo referente a esta exigencia, se considera colmada, en la medida en que como se precisó en el número 3 de este apartado, la representación social al momento de formular imputación en contra de la imputada, aquí quejosa, precisó las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución, las cuales fueron reiteradas por la jueza de control al emitir el auto de vinculación a 21 00:17:21 de la audiencia de 23 de marzo de 2023. proceso; mismas que se dan por reproducidas para evitar reproducciones innecesarias. Requisitos de fondo 7. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado o imputados lo cometieran o participaron en su comisión. a) La existencia de hechos determinados que la ley señala como delito. Con relación a este requisito constitucional de fondo, se considera que de los datos de prueba ofertados por la fiscalía en la audiencia inicial de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se puede arribar a la conclusión, como lo sostuvo la jueza de control, de la existencia de un hecho determinado que la ley señala como delito y la probabilidad de que la persona imputada lo cometiera o participara en su comisión. Es decir, la existencia del ilícito de delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal en el Estado de Baja California. En efecto, al momento de justificar su solicitud de vinculación a proceso, la fiscalía invocó como datos de prueba los siguientes: 1. La declaración de Rocío Rubio Sánchez de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, recibida ante la agente del Ministerio público orientador del módulo Mariano Matamoros, en la que en lo sustancial refirió que el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, alrededor de las quince horas acudió a su domicilio ubicado en Calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, del fraccionamiento El Dorado residencial, en esta ciudad, vivienda que dijo es de su propiedad y la adquirió mediante crédito ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Para lo cual exhibió copia simple de la documentación relativa al crédito y que en el momento en que presentó la denuncia continuaba pagándolo. Por cuestiones personales tuvo que salir de su vivienda y regresó hasta febrero del año dos mil veinte, que es cuando fue a su casa y se percató que había un vehículo estacionado fuera de la misma, así como, que las cortinas en la ventana y la cerradura se habían cambiado. Tocó en el domicilio y nadie atendió, pero su vecina de nombre Nelly le informó que una persona que se llamaba Karla estaba habitando su domicilio, y que la mamá de Karla, vivía a la vuelta También narró Rocío Rubio Sánchez que fue a una tienda cercana y la persona que la atendía la reconoció y le informó que en su casa vivía una persona de nombre Karla y que la mamá de ésta vivía en la misma privada, pero en el número 57. La ofendida informó que acudió a la casa 57, preguntó por Karla, siendo esta una persona del sexo femenino, complexión delgada, aproximadamente treinta años, un metro sesenta centímetros de estatura, cabello negro, tez blanca, quien se ostentó como dueña del domicilio donde estaba viviendo, esto es, Calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, del fraccionamiento El Dorado residencial, en esta ciudad La denunciante solicitó que desalojara el domicilio, a lo cual Karla Elizabeth Heredia Ramírez se negó y un sujeto del sexo masculino, quien le dijo que era el papá de Karla, dijo que ya se estaba arreglando el asunto de la casa. Karla salió con el teléfono en la mano y le dijo a la ofendida que estaba hablando con su abogado; Rocío Rubio Sánchez les solicitó el número del abogado, se lo proporcionaron, y también les informó que su abogado se pondría en contacto, retirándose del lugar. La ofendida presentó en primera instancia la denuncia y ese día la formalizó por el delito de despojo y lo que resultara en contra de Karla Elizabeth Heredia Ramírez y, anexó a su denuncia inicial, el título de propiedad de la vivienda registrada en la escritura 50189 de seis de octubre de dos mil tres volumen número 1580, en la que consta la celebración del contrato de apertura de crédito entre la ofendida y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y se advierte la descripción del bien inmueble. 2. Ampliación de declaración de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que Rocío Rubio Sánchez hizo hincapié en que ella adquirió el crédito hipotecario a su favor expedido con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en octubre de dos mil tres. También refirió que tomó posesión del bien inmueble desde esa fecha y pues parte de los arreglos que le hizo a la vivienda como propietaria, fueron poner protecciones de herrería, también narró que tuvo que salir en el dos mil trece por cuestiones personales de su casa y que encargó la misma a su vecina de nombre Nelly Viridiana Martínez Cruz, para que estuviera al pendiente de la casa y que cualquier circunstancia se lo hiciera saber por teléfono. Refirió Rocío Rubio Sánchez que no tuvo conocimiento que la casa estuviese ocupada, pero que en ese momento ya sabía que la habitaba Karla Elizabeth Heredia Ramírez y también refirió que en el domicilio ubicado en Calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, del fraccionamiento El Dorado residencial, en esta ciudad, había dejado un comedor con cuatro sillas de metal, una sala de dos sillones, dos cuadros de pintura, un árbol artificial, un porta garrafón, así como sus diversos documentos personales y documentos de su domicilio, un refrigerador, su colchón, toda su ropa y artículos personales. Que a la fecha de la ampliación el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) le seguía realizando los descuentos respectivos, para lo cual exhibió cinco comprobantes de nómina, en los cuales advertía el descuento y también presentó el estado de cuenta de su crédito hipotecario, cuatro fotografías de las que se advertía cómo Karla Elizabeth Heredia Ramírez violó las cerraduras de las puertas de su casa, así como la copia del registro ante el Registro Público de la Propiedad, de la que se apreciaba la fecha de inscripción de su contrato de crédito de veintinueve de noviembre de dos mil tres, con el número de partida 5345873, la que corrobora la fecha de adquisición del crédito y que éste se celebró entre Karla Elizabeth Heredia Ramírez y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), este último documento expedido en diciembre de dos mil veinte. De igual forma, agregó la denunciante el número de crédito y con el que expuso que todavía le hacían descuentos en mayo de dos mil diecinueve, de los que también se advertía que la fecha de otorgamiento del crédito fue el diez de febrero de dos mil tres, junto con diversos comprobantes de nómina donde se advierte el descuento del crédito. También en esa ampliación Rocío Rubio Sánchez manifestó que existen dos expedientes en los juzgados civiles que se relacionan con los hechos investigados, siendo el expediente 361/2018 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil y el diverso del Juzgado Quinto Civil, registrado como 82/2019. 3. Ampliación de declaración de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en la que refirió que un día antes llegó al domicilio que estaba habitando en ese momento, una persona del sexo masculino, quien se identificó como actuario del Juzgado Quinto Civil, quien portaba una credencial en el pecho y que le informó que en dicho juzgado existía una demanda de prescripción positiva bajo el expediente 82/2019 respecto del bien ubicado en Calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, del fraccionamiento El Dorado residencial, en esta ciudad, demanda que se presentó por Karla Elizabeth Heredia Ramírez en contra de Rocío Rubio Sánchez, le corrió traslado con la misma y le informó que tenía nueve días hábiles para contestarla; en razón de estos hechos, la ofendida formalizó su denuncia por el delito de fraude procesal en contra de Karla Elizabeth Heredia Ramírez. 4. El escrito que aportó el defensor particular, licenciado Gilberto Rodríguez Barriga, de uno de julio de dos mil veintiuno, con el que se exhibieron los recibos de los servicios de agua y luz, de los que se advertía la fecha en que se inició la prestación de dichos servicios uno de cuatro de diciembre de dos mil catorce (servicio de agua) y de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis y veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (servicio de luz). 5. El oficio de veinte de julio de dos mil veintiuno, signado por el licenciado Abraham Reyes Santiesteban, del departamento de asuntos jurídicos de la zona comercial Tijuana, de la división Baja California de la Comisión Federal de Electricidad, en el que, a petición de la fiscalía informó la fecha de celebración del contrato de luz relativo a la vivienda y del que se obtuvo que el servicio se contrató el veinticinco de junio de dos mil catorce por Karla Elizabeth Heredia Ramírez 6. Copia certificada por la licenciada Laura Elena Guerrero Velloso, secretaria de acuerdos del Juzgado Quinto Civil en esta ciudad, relativo al expediente 82/2019, que es un juicio ordinario civil promovido por Karla Elizabeth Heredia Ramírez en contra de Rocío Rubio Sánchez y Alfredo Canizales Valdés, constante de ciento treinta y cinco fojas útiles, juicio en el que se demanda, entre otras prestaciones, la prescripción positiva y el reconocimiento de que Karla Elizabeth Heredia Ramírez se ha convertido en propietario del bien inmueble ubicado en Calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, del fraccionamiento El Dorado residencial, demanda en la que la actora, manifestó que con fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve, celebró con Alfredo Canizales Valdés un contrato de cesión de derechos de posesión, respecto del bien inmueble en cita por una cantidad de veinte mil dólares, aduciendo que desde esa fecha tomó posesión del inmueble y se hizo cargo de la conservación, mantenimiento y gastos del mismo y exponiendo en la demanda que desconocía el domicilio de los demandados, por lo que solicitaba se les notificara por medio de edictos; demanda que se presentó el veintiuno de enero de dos mil diecinueve. En el mismo expediente civil, el veintiuno de enero de dos diecinueve se solicitó por la actora, como prestación reclamada, que una vez dictada la sentencia se girara oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para que se realizara la cancelación total y definitiva de la partida a nombre de la ofendida y se ordenara la creación de otra nueva inscripción a su favor; también dentro del precitado juicio se ordenaron los oficios de estilo correspondientes para la localización de las partes demandadas y se obtuvo domicilio de la ofendida y como se narró fue emplazada a juicio, sin que hasta ese momento se hubiera dictado sentencia. 7. Informe de investigación suscrito por el agente investigador Javier Herrera Montoya, de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el que adjuntó: a. Acta de inspección de veinte de abril de dos mil veintiuno del inmueble referido con antelación y que describe como una edificación de aproximadamente diez metros frontales, con tres ventanas con protección de herrería color negra y una puerta principal color negra de herrería, con una construcción de un nivel con cerco y malla, marcado en el exterior el número diecisiete y en donde tocó y fue atendido por Karla Elizabeth Heredia Ramírez, después llegó una persona del sexo masculino, quien dijo llamarse Claudio Heredia Balderas, que manifestó haber contratado un abogado para que su hija Karla Elizabeth Heredia Ramírez, pudiera quedarse con el domicilio; inspección a la que se anexaron seis impresiones fotográficas, de las personas con las que tuvo contacto y las que registró en su acta de inspección. b. Dos actas de entrevista de veinte de abril de dos mil veinte, la primera realizada a Nelly Viridiana Martínez Cruz, quien manifestó vivir en la misma privada, pero en el número 18, quien tiene diecinueve años de edad, y todos su vida habitando ese domicilio y que informó que la casa con el número diecisiete es de Rocío Rubio Sánchez, quien compró el inmueble, que cuando Rubio Sánchez salió de su casa, esta se la dejó encargada al papá de la entrevistada. También le informó al oficial que, aproximadamente en el año dos mil catorce, Karla Elizabeth Heredia Ramírez se metió al domicilio de Rocío Rubio Sánchez, y que el padre de la entrevistada le dijo a Karla que no se metiera en la casa, ya que tenía dueño. Y que la imputada pues no le no le hizo caso y con la ayuda de un vecino rompieron las cerraduras de la puerta, para ingresar al domicilio 8. Entrevista en sede ministerial de catorce de julio de dos mil veintiuno, a Nelly Viridiana Martínez Cruz quien corroboró la información aportada al oficial investigador, esto es, que es vecina de la Rocío Rubio Sánchez, a quien conoce como propietaria de la casa, que ella tiene toda su vida viviendo ahí y que se encargó de hacer la reparaciones a la casa, le puso las protecciones correspondientes. Así también que Rocío Rubio Sánchez le pedía de favor a José Santos Martínez (padre de la entrevistada) que estuviera al pendiente de la casa, para que cualquier cosa le hablara por teléfono. Y que eran ellos quienes se encargaban de la limpieza de la casa ubicada en Calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, del fraccionamiento El Dorado residencial, en esta ciudad También refirió en la entrevista que llegó Rocío Rubio Sánchez, junto con su esposo e hijos, para habitar la casa y que contaban con diversos muebles, y por cuestiones familiares, Rocío Rubio Sánchez se retiró de su casa y fue cuando le pidió de favor a José Santos Martínez se quedara a cargo de ella, por lo que le entregó la llave de la casa por si requerían acceder, misma que nunca se utilizó. De igual forma la entrevistada informó que muchas personas se interesaron en la casa con el interés de habitarla pero que su papá siempre los enfrentaba y les decía que no, que la casa estaba encargada con él y que no podían ocuparla; sin embargo, el catorce de junio de dos mil catorce escuchó voces en la parte de afuera en donde vio Karla Elizabeth Heredia Ramírez, a quien conoce porque estudiaban en la secundaria técnica Cuarenta y cinco, esto en el dos mil catorce, la que estaba acompañada de sus papás, rompiendo la cerradura, la entrevistada y su papá no pudieron intervenir para que no se metieran en problemas, pero que tomó fotografías de ese momento y unos quince o veinte minutos después, se percató que Karla Elizabeth Heredia Ramírez con su familia, traían enseres para la limpieza. Cuando saliera emparejaron las puertas, el papá de la entrevistada, no se encontraba para poder oponerse a esto, ya que estaba trabajando y que cuando él llegó, pues le dijo lo que pasó y le pidió, se comunicara con Rocío Rubio Sánchez para avisarle de lo sucedido. La entrevistada manifestó que como a los dos días posteriores a la ocupación por parte de Karla Elizabeth Heredia Ramírez, empezaron a sacar las cosas de Rocío Rubio Sánchez y las pusieron en la banqueta, sin saber que les sucedió porque después ya no vio nada. En el transcurso del tiempo en que Karla Elizabeth Heredia Ramírez ya habitaba el inmueble, llegaron varias personas que se identificaran como trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quienes preguntaban por Rocío Rubio Sánchez y Karla Elizabeth Heredia Ramírez les decía, que ya no vivía ahí, que ella era la dueña; después, en el dos mil dieciocho, se pudo percatar que volvieron personas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a buscar a Rocío Rubio Sánchez y Karla les dijo que ya había presentado una demanda para adquirir la propiedad y que lo estaba viendo con su abogado. También dijo la entrevistada que en noviembre de dos mil veinte, Rocío Rubio Sánchez acudió a su casa para hablar con su papá, y fue cuanto le explicaron lo que sucedió con Karla, ya que ésta había colocado un cerco de malla ciclónica, que se habían tratado de comunicar con ella, sin éxito. 9. Entrevista por parte de la fiscalía a Nelly Viridiana Martínez Cruz de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se le preguntó si conocía Alfredo Canizales Valdez quien dijo no conocerlo; que nunca ha vivido ahí, ni sabía de quién se trata. 10. Entrevista en sede ministerial a Claudia Ivette Alcalá de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno quien vive en el número 19 de la misma privada que Nelly Viridiana Martínez Cruz y Rocío Rubio Sánchez, quien dijo tener en ese momento cuarenta años, que conoce a Rocío desde el año dos mil tres, toda vez que fue su vecina y vivía a una a dos casas de la suya, que sabe que Rocío llegó a su casa con su esposo y su hijo y le hizo los arreglos, puso herrería a las cuatro ventanas y a la puerta. También informó que Rocío Rubio Sánchez estuvo viviendo en esa casa como ocho o nueve años y que de repente, pues ya no vivía ahí, pero que siguieron yendo a revisar que todo estuviera bien; que en el dos mi catorce, por la tarde, la declarante estaba en su casa y escuchó mucho ruido, se asomó a la puerta y se pudo percatar que estaban abriendo la puerta de herrería de la casa de Rocío Rubio Sánchez, el número 17; que era una persona que vivía en el fraccionamiento, junto con su esposo y que su hija es Karla Elizabeth Heredia Ramírez, así como el de nombre Benjamín, quien era guardia de seguridad de la privada. Manifestó que se percató que abrieron la puerta de herrería y entraron a la casa, pusieron una cerradura nueva y al día siguiente, se dio cuenta que en la parte de afuera de la casa estaban las cosas de Rocío se dirigió a la tienda y de regreso se topó con Karla Elizabeth Heredia Ramírez y su mamá, las que llevaban material de limpieza y que pues ya traían llave para abrir la puerta. De la misma forma, dijo que se percató cuando Karla Elizabeth y su mamá tiraron a la basura las cosas de Rocío, y que poco a poco la Karla fue metiendo sus cosas a la casa para empezar a habitarla junto con su esposo, de quien desconoce su nombre. La declarante también manifestó que ya no pudo contactar a Rocío porque no tenía su teléfono para marcarle; que Karla se estaba robando la luz, ya que cuando mandaron limpiar un canal donde cae el agua de la lluvia, en la parte de atrás del fraccionamiento, se percató que había cables que salían de la casa que estaba invadiendo Karla y estaban conectados a los medidores de la Comisión Federal de Electricidad y, respecto del agua, la declarante veía que todos los días el esposo de Karla cambiaba botes de agua de la casa de la mamá de ésta al domicilio que invadió, lo que estuvieron haciendo como por un año. A la fecha en que rindió su declaración expuso que Karla Elizabeth Heredia Ramírez, su esposo y sus tres hijos seguían dentro de la casa de Rocío, que son personas problemáticas, conflictivas y que han tenido problemas con diversos vecinos de la privada y que la mayoría la identifican como la invasora porque se metió a la casa de Rocío. 11. Entrevista por parte de la fiscalía a Claudia Ivette Alcalá de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se le preguntó si conocía a Alfredo Canizales Valdez quien dijo no conocerlo, pues que nunca ha vivido ahí, ni saber de quién se trata. 12. Investigación en sede ministerial, en la que se abocó a la búsqueda de Alfredo Canizales Valdez con la finalidad de poder corroborar si dicha persona había celebrado el contrato de cesión de derechos posesorios con Karla Elizabeth Heredia Ramírez, para lo cual se solicitaron a diversas fuentes de información sin obtener respuesta positiva. 13. Entrevista por parte de la fiscalía a Salvador Rubio Magaña, de catorce de julio de dos mil veintiuno, quien es el papá de la ofendida, quien reiteró todo lo manifestado por Rocío Rubio Sánchez, refiriendo que su hija adquirió la casa por medio de un crédito en el dos mil tres, que ella hizo reparaciones al mismo, y que su hija tuvo que salir de la ciudad, pero que estuvo al pendiente de la misma; que en el mes de noviembre fueron a la casa y se percataron de la ocupación de la misma por parte de la imputada. Conclusión. Con lo anterior, se concluye que, tal y como resolvió la jueza responsable, se advierten datos de prueba útiles para presumir la existencia del delito de delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal en el Estado de Baja California. Para demostrar lo anterior, es importante tener en cuenta el contenido del citado artículo que es: "ARTÍCULO 325.- Tipo y punibilidad.- Al que simule un acto jurídico, o un acto o escritos judiciales o altere elementos de prueba y los presente en procedimiento jurisdiccional, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa de la que derive un beneficio indebido para sí o para otro, se le impondrá prisión de un año a seis años y hasta doscientos días multa. Si del juicio que se sigue en contra de un depositario judicial, resultare como consecuencia el secuestro de una cosa embargada o depositada con anterioridad, cualquiera que sea la persona contra la cual se sigue el juicio, se presumirá que éste fue simulado." Del numeral en cita se obtiene que, realiza la conducta denominada como el delito de fraude procesal, la persona que simula ya sea un acto jurídico, un acto o escrito judicial o que altere elementos de prueba, y que éstos se presenten en un procedimiento jurisdiccional o; que se realice cualquier acto tendente a inducir a error a la autoridad jurisdiccional o administrativa y que de ello derive un beneficio indebido para sí o para otro. Con base en ello, para que quede acreditada la existencia de la conducta denominada como el delito de fraude procesal, se parte de la existencia de un procedimiento jurisdiccional, lo que se demostró con las copias certificadas del expediente 82/2019 del índice del Juzgado Quinto Civil en esta ciudad, mismo que es trata de un juicio ordinario civil promovido por Karla Elizabeth Heredia Ramírez, imputada en la causa penal, hoy quejosa, en contra de Rocío Rubio Sánchez y Alfredo Canizales Valdés. En dicho juicio se demandó, entre otras prestaciones, la prescripción positiva y el reconocimiento de que Karla Elizabeth Heredia Ramírez se ha convertido en propietaria del bien inmueble ubicado en Calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, del fraccionamiento El Dorado residencial. Por lo que hace a la simulación del acto que se presentó ante la autoridad, en este caso jurisdiccional, consiste en el documento base de la acción presentado en el juicio 82/2019 del índice del Juzgado Quinto Civil en esta ciudad, esto es, el contrato de cesión de derechos de posesión que celebró Karla Elizabeth Heredia Ramírez con Alfredo Canizales Valdés, el veintiocho de agosto de dos mil nueve, respecto del inmueble ubicado en Calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, del fraccionamiento El Dorado residencial, por una cantidad de veinte mil dólares. Aunado a ello, se concatena con la manifestación de Karla Elizabeth Heredia Ramírez, asentada en su demanda en la que manifestó que tomó posesión del inmueble el veintiocho de agosto de dos mil nueve, y que desde esa fecha se hizo cargo de la conservación, mantenimiento y gastos del mismo. Información que se contrapone con la obtenida en la declaración que rindió la ofendida Rocío Rubio Sánchez, relacionada con las diversas declaraciones de Nelly Viridiana Martínez Cruz, Claudia Ivette Alcalá y Salvador Rubio Magaña, mismas que analizadas en su conjunto, permiten concluir que en la posesión del bien inmueble materia de la Litis civil no ocurrió conforme a la narrativa de la imputada, hoy quejosa, pues en el dos mil nueve todavía lo habitaba Rocío Rubio Sánchez y, conforme a las declaraciones la posesión de Karla Elizabeth Heredia Ramírez inició en el dos mil catorce, lo que permitía suponer que se simuló la existencia del contrato de sesión de derechos de posesión que celebró Karla con Alfredo Canizales Valdés, el veintiocho de agosto de dos mil nueve, máxime que los declarantes, que son vecinas del lugar, refirieron que no conocían a Alfredo, que nunca habían oído de él y que la posesión siempre fue de Rocío Rubio Sánchez. La propiedad del inmueble se acreditó por parte de la ofendida con copia del registro ante el Registro Público de la Propiedad, de la que se aprecia la fecha de inscripción de su contrato de crédito de veintinueve de noviembre de dos mil tres, con el número de partida 5345873, la que corrobora la fecha de adquisición del crédito y que éste se celebró entre Karla Elizabeth Heredia Ramírez y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), este último documento expedido en diciembre de dos mil veinte. Y para hacer notar que Karla Elizabeth Heredia Ramírez no contaba con la posesión desde el dos mil nueve, como lo refirió en su demanda, se hizo referencia al escrito que aportó el defensor particular, licenciado Gilberto Rodríguez Barriga, de uno de julio de dos mil veintiuno, con el que se exhibieron los recibos de los servicios de agua y luz, de los que se advertía la fecha en que se inició la prestación de dichos servicios uno de cuatro de diciembre de dos mil catorce (servicio de agua) y el otro de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis y veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (servicio de luz). Información, que atinadamente concatenó la jueza de control, para concluir que alguien simuló la celebración de un contrato de cesión de derechos, mismo que se presentó ante un juzgado de lo civil, a sabiendas que esto no aconteció, lo que produjo una resolución en el inicio del proceso civil que afectó los intereses de la parte ofendida, como fueron anotaciones en el registro público de la propiedad, de ahí que se advierta el beneficio indebido obtenido, situación que hizo extensiva la jueza de control, a la posesión del bien, pues, conforme a la narrativa de los atestes, la forma en que adquirió Karla Elizabeth Heredia Ramírez la posesión del inmueble, fue distinta a la planteada ante el juez civil, esto a fin de configurar el supuesto jurídico demandado, esto es, la prescripción del bien. Antecedentes que, tal como lo argumentó la juez responsable, son suficientes para motivar su decisión de vinculación a proceso. b) La existencia de la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión. Por otro lado, respecto al segundo de los requisitos de fondo, de igual forma, se considera adecuada la argumentación realizada por la jueza responsable, al estimar que, con los datos de prueba aportados por la fiscalía existía la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, sea la persona que en las relatadas circunstancias de tiempo, lugar y modo participó en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de fraude procesal. Todo lo anterior, lleva a concluir a esta autoridad que el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con las exigencias constitucionales requeridas para su emisión, por lo que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, no se estima que sea inconstitucional. I.IV. Conceptos de violación contra el auto de vinculación a proceso. Una vez establecido el por qué se estima que el auto de vinculación a proceso emitido en contra de la imputada, aquí quejosa, se encuentra apegado a las exigencias constitucionales, se procede a dar contestación a los conceptos de violación formulados de manera frontal22, los cuales se estudiarán de manera conjunta y por grupos en los que se relacionan entre sí, como lo permite el artículo 7623 de la Ley de Amparo24. I. No se ordenó la incorporación de medios de prueba de la defensa por parte de la jueza de control. En el concepto de violación identificado en la demanda de amparo como primero, la parte quejosa sostiene, en esencia, que fue incorrecta la determinación de la jueza de control de no incorporar los medios de prueba que ofreció el defensor a cargo de Rocío Rubio Sánchez (ofendida) y su defensor particular, consistentes en desahogar una entrevista en presencia judicial. Asevera lo anterior la parte quejosa, porque considera que se vulnera el principio de contradicción, ya que no se le permitió confrontar los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía y, que sus medios de prueba resultaban idóneos y pertinentes, porque se pretendía obtener información directamente de las personas que atribuyen la conducta delictiva. Asimismo, arguye que fue incorrecta la determinación de la jueza de control de no incorporar sus medios de prueba partiendo de que el delito no amerita prisión preventiva oficiosa, porque ello rompe el equilibrio entre las partes, siendo que la jueza debió constreñirse a valorar su los medios eran idóneos y pertinentes, para 23 "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda". 24 Al efecto se invoca la jurisprudencia 2o.J/5 (con número de registro electrónico 2011406), sustentada por del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en la página 2010 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". ordenar su incorporación, criterio de la quejosa que sustenta en la tesis (II Región)1o.9 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región de rubro: "MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR PARA SU INCORPORACIÓN EN LA AUDIENCIA INICIAL. SU DESECHAMIENTO NO PUEDE SUSTENTARSE A PARTIR DEL ESTÁNDAR DE PRUEBA REDUCIDO QUE RIGE EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, EN ESPECÍFICO, RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA ATINENTE AL ÁMBITO FÁCTICO."25. Calificativa. Los motivos de inconformidad son infundados. Consideraciones. Para demostrar lo infundado del argumento de la parte quejosa, se debe tener en cuenta la diferencia entre un dato de prueba, un medio de prueba y una prueba como tal, para lo cual es necesario tener en cuenta el contenido del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: 25 Registro digital: 2023148; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Undécima Época; Materias(s): Penal; Tesis: (II Región)1o.9 P (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2502; Tipo: Aislada MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR PARA SU INCORPORACIÓN EN LA AUDIENCIA INICIAL. SU DESECHAMIENTO NO PUEDE SUSTENTARSE A PARTIR DEL ESTÁNDAR DE PRUEBA REDUCIDO QUE RIGE EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, EN ESPECÍFICO, RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA ATINENTE AL ÁMBITO FÁCTICO. Hechos: Los quejosos promovieron juicio de amparo indirecto contra la determinación de la Sala de confirmar, en vía de apelación, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Tanto el Juez de Distrito como la autoridad responsable convalidaron, implícitamente, que la Jueza de Control desechara la testimonial de la víctima del delito que la defensa pretendió incorporar en la audiencia inicial; lo anterior, entre otras razones, bajo la consideración de que para la vinculación a proceso rige un estándar probatorio mínimo. Inconformes con la negativa de la tutela federal, aquéllos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el desechamiento de los medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor para su incorporación en la audiencia inicial, no puede sustentarse a partir del estándar de prueba reducido que rige el dictado del auto de vinculación a proceso, en específico, respecto de la problemática atinente al ámbito fáctico -que es diversa a la que corresponde al ejercicio de subsunción-, pues para resolverla se requiere que el Juez de Control, a partir de la información que aquéllos arrojen y los restantes datos de prueba, pondere si es dable suponer la realización de un acontecimiento delictivo y si en éste intervino, a título de probable, el sujeto a quien se le atribuye. "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación." Del numeral que se transcribe, se desprende que: a) El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, que no se ha desahogado ante un órgano jurisdiccional. b) El medio o elemento de prueba es toda aquella fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. c) La prueba, es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Bajo esa línea de pensamiento, se obtiene que los datos de prueba son aquellas referencias que hacen las partes a algún medio de convicción, que se expone ante el juez de control; los medios de prueba, son aquellos que se desahogan en presencia de un juez de control y que se encuentran sujetos a las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para tal efecto; y, finalmente, las pruebas, que son aquellas que se desahogan exclusivamente ante un tribunal de enjuiciamiento. Con ello en cuenta, si se toma en consideración que en el caso concreto se trata del desahogo de la audiencia inicial, es necesario acudir al contenido del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla sobre las formalidades para incorporar datos y medios de prueba en el plazo constitucional, y que es del siguiente contenido: "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente." Del análisis del numeral en cita, se obtiene que tanto el imputado como su defensa pueden aportar durante el plazo constitucional o su ampliación los datos de prueba que consideren necesarios y, sólo para los delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, se admitirá el desahogo de medios de prueba, cuando éstos se justifiquen. En esa línea de pensamiento, a fin de saber si era procedente ofrecer medios de prueba en la continuación de la audiencia inicial, como era la intención de la defensa de la imputada, hoy quejosa, era necesario que el delito por el que se solicitó la vinculación a proceso, se encontrara en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que no sucede así. En efecto, tanto el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales26, como el diverso 19 constitucional27, no señala que el hecho que la ley señala como el delito de fraude procesal, sea considerado como de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con las premisas planteadas, se puede concluir que, contrario a lo aducido por la parte quejosa, fue correcta la determinación que tomó la jueza de control 26 Artículo 167. Causas de procedencia . Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325; XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; Fracción adicionada DOF 19-02-2021 XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y Fracción adicionada DOF 19-02-2021 XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII. 27 Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de en audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, relativa a no incorporar los medios de prueba28 por no estar en los supuestos previstos en el artículo 314 del código procesal penal, esto es, que el delito por el que se formuló imputación y se solicitó la vinculación, no es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Determinación que, contrario a lo aseverado por la quejosa, no vulnera en su perjuicio el principio de contradicción29, puesto que dicho principio implica que las partes conozcan, controvierta o confronten los medios de prueba, situación que en el caso si sucedió, ya que en audiencia de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés se hizo del conocimiento de la imputada, hoy quejosa y de su defensa, los datos de prueba que tomó en consideración la fiscalía para justificar su petición de vinculación a proceso. Con ese conocimiento, la defensa pudo realizar y desarrollar su teoría del caso, y en el supuesto de que necesitara aportar medios de convicción, puedo hacerlo a través de datos de prueba, no así de medios de prueba, a fin de respetar las reglas procedimentales y si bien, los actos de investigación que pretendía, consistían en entrevistar a la ofendida y su defensor, y éstos, no hubieran cooperado para que se desahogara la entrevista, conforme a lo estipulado en el artículo 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales30, la abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 28 00:11:41 de la audiencia de 28 de marzo de 2023. 29 Artículo 6o. Principio de contradicción Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código. 30 Artículo 126. Entrevista con otras personas imputada y su defensa podían solicitar el auxilio judicial para tal efecto. Del mismo modo, la determinación de la jueza responsable, contrario a lo aducido por la quejosa, no rompió el equilibrio entre las partes, esto porque, las reglas de incorporación de datos pruebas y medios de prueba, resultan aplicables para todas las partes y, la única parte que tiene posibilidad de hacerlo en audiencia inicial o su ampliación es la quejosa, pero, bajo las reglas que se establecieron para ello. Sin que resulte aplicable al caso concreto la tesis que cita la parte quejosa, con número de identificación (II Región)1o.9 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región de rubro: "MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR PARA SU INCORPORACIÓN EN LA AUDIENCIA INICIAL. SU DESECHAMIENTO NO PUEDE SUSTENTARSE A PARTIR DEL ESTÁNDAR DE PRUEBA REDUCIDO QUE RIGE EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, EN ESPECÍFICO, RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA ATINENTE AL ÁMBITO FÁCTICO.", pues dicho criterio se emitió -conforme al apartado de hechos- en un caso en que el órgano jurisdiccional penal que conoció del asunto, desechó la testimonial de la víctima del delito ofrecida por la defensa, bajo la consideración de que para la vinculación a proceso rige un estándar probatorio mínimo, lo que en el caso no Si antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el Defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o interviniente del procedimiento que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio judicial, explicándole las razones por las que se hace necesaria la entrevista. El Órgano jurisdiccional, en caso de considerar fundada la solicitud, expedirá la orden para que dicha persona sea entrevistada por el Defensor en el lugar y tiempo que aquélla establezca o el propio Órgano jurisdiccional determine. Esta autorización no se concederá en aquellos casos en que, a solicitud del Ministerio Público, el Órgano jurisdiccional estime que la víctima o los testigos deben estar sujetos a protocolos especiales de protección. sucede porque aquí el pronunciamiento se sustentó en que no se cumplieron las exigencias formales para la incorporación de los medios de prueba. Lo que demuestra lo infundado del argumento hecho valer por la parte quejosa. II. El auto de vinculación a proceso se fundó en hechos materia de un juicio civil que no ha concluido. En su segundo concepto de violación, la parte quejosa sostiene que la jueza responsable no debió dictar auto de vinculación a proceso porque sólo se tomó en consideración los hechos narrados en el escrito inicial de demanda que dio origen al juicio civil 82/2019 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil en esta ciudad, puesto que dicho juicio se encuentra en etapa de emplazamiento. Esta situación, a juicio de la quejosa, demuestra que los hechos no han sido sometidos a prueba y contraprueba, y menos aún valorados por el juez civil, por lo que, la mención de una fecha en que se tomó posesión del inmueble por parte de la quejosa, está sujeto a valoración y no desvirtúa el contrato mismo o que éste sea simulado, lo que torna incorrecta la determinación de la jueza de control, puesto que se está sujetando al derecho penal, un reclamo de orden civil. Calificativa. Los motivos de inconformidad son infundados. Consideraciones. Se arriba a tal conclusión, porque del análisis que se realizó con antelación al momento de establecer que se colmó el requisito sobre la probable existencia de la conducta que la ley señala como el delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal en el Estado de Baja California, no se advierte como requisito para la actualización de la acción que el procedimiento jurisdiccional esté concluido o se haya dictado sentencia. En ese sentido, se debe recordar que la conducta delictiva establecida en dicho numeral, exige que una persona simule ya sea un acto jurídico, un acto o un escrito judicial o que altere elementos de prueba, y que éstos se presenten en un procedimiento jurisdiccional o; que se realice cualquier acto tendente a inducir a error a la autoridad jurisdiccional o administrativa y que de ello derive un beneficio indebido para sí o para otro. Traducido lo anterior al caso concreto, la jueza de control, de manera acertada, consideró al resolver sobre la vinculación, que le fueron aportados los elementos suficientes para considerar actualizada, en grado de probabilidad, la conducta delictiva, pues partió de la existencia de un procedimiento jurisdiccional (82/2019 del índice del Juzgado Quinto Civil en esta ciudad), en el que se exhibió por parte de Karla Elizabeth Heredia Ramírez un contrato de cesión de derechos de posesión que dijo haber celebrado con Alfredo Canizales Valdés, el veintiocho de agosto de dos mil nueve, respecto del inmueble ubicado en Calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, del fraccionamiento El Dorado residencial, por una cantidad de veinte mil dólares y en su demanda expuso que tomó posesión del inmueble el veintiocho de agosto de dos mil nueve, y que desde esa fecha se hizo cargo de la conservación, mantenimiento y gastos del mismo; situación que contrapuso con la obtenida en las declaraciones de la ofendida y las atestes Nelly Viridiana Martínez Cruz, Claudia Ivette Alcalá y Salvador Rubio Magaña, que analizadas en su conjunto, permitieron concluir que la posesión del bien inmueble materia de la litis civil no ocurrió en el dos mil nueve, lo que produjo una resolución en el inicio del proceso civil que afectó los intereses de la parte ofendida, como fueron anotaciones en el registro público de la propiedad. Y, si bien, como lo refiere la defensa, no se ha resuelto el juicio civil, y lo ahí alegado está sujeto a prueba, se reitera, la conducta posiblemente constitutiva de delito, no necesita que, como es el caso, el procedimiento jurisdiccional esté concluido a fin de que se actualice. Del mismo modo, debe recalcarse que la determinación de la jueza no sólo se basó en la mención de una fecha en que se tomó posesión del inmueble por parte de la quejosa, como lo pretende hacer notar esta última, sino que fue la conjunción de elementos como las entrevistas a los vecinos, la información de cuándo inicio la prestación de los servicios de agua y luz, circunstancias que hasta este momento no son suficientes para realizar un pronunciamiento categórico respecto del contrato de cesión de derechos, pero que, para la etapa en que se encuentra la causa penal, es suficiente para contar con elementos que permiten arribar a la conclusión de la probable comisión de la misma y la participación de la imputada, hoy quejosa. Sin que ello implique restringir el acceso a la justicia de la parte quejosa en el juicio civil, puesto que la condicionante para que se actualice el fraude procesal es que a través de alguna acción intencional se lleve al error al juez para obtener un beneficio, situación que se castiga a través del derecho penal, pero que, exige ciertos requisitos, mismos que fueron superados al momento de analizarse por la jueza de control y éstos razonamientos no infieren en el resultado de la pretensión elevada por la actora en el juicio civil. En ese orden, lo infundado del argumento que hace valer en este juicio de amparo la parte quejosa, deviene de considerar una exigencia que no forma parte de la conducta constitutiva del delito de fraude procesal, esto es, para que esta se configure no resulta necesario que el juicio en el que se indujo al error y se obtuvo el beneficio se haya dictado sentencia. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 96/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación31, de rubro y contenido: "FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y VERACRUZ). Conforme a los artículos 266 del Código Penal del Estado de Guanajuato y 272 del Código Penal del Estado de Veracruz (vigente hasta el 31 de diciembre de 2003), se configura el delito de fraude procesal cuando el sujeto activo altera o simula cualquier elemento de prueba con la finalidad de provocar una resolución judicial de la que derive un beneficio o perjuicio indebido. Ahora bien, si por resolución judicial se entiende cualquier determinación 31 Registro digital: 177295; Instancia: Primera Sala; Novena Época; Materias(s): Penal; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 115; Tipo: Jurisprudencia emitida por un juzgador, ya sea en el desarrollo de un proceso sometido a su conocimiento, o bien al decidir sobre el fondo del conflicto, es indudable que para tener por acreditado el delito referido es innecesario que exista una sentencia que resuelva el fondo del asunto, pues basta con que el sujeto activo obtenga un beneficio indebido mediante cualquier acuerdo dentro del proceso." II. Estudio relacionado con la medida de restitución provisional del bien inmueble. Una vez analizados los elementos necesarios para que se estime legal el auto de vinculación a proceso, así como los motivos de inconformidad planteados en su contra, lo procedente es analizar el diverso acto que se señaló como reclamado en este juicio de amparo, consistente en la medida de restitución provisional del bien inmueble con folio real 1334617, unidad 17, Condominio de Hermosillo, construido sobre el lote 5, manzana 504 del fraccionamiento Villas del Dorado, en Tijuana, Baja California, misma que se autorizó por la jueza responsable a favor de la ofendida Rocío Rubio Sánchez. Dicha medida se solicitó por parte del asesor jurídico de la parte ofendida, en los siguientes términos: "Señoría con fundamento en el artículo 1°, 17, 20, apartado C, fracciones cuarta y sexta de la constitución federal, en relación a los diversos, 1, 7° fracción II, 26, 27, fracción I, 61, fracción VIII de la Ley General de Víctimas, en relación a los artículos, también 109 fracción XXIII, 111 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la víctima que se conceda la restitución provisional del bien inmueble. En virtud de que ha quedado evidenciado que la víctima acreditó ser legítima propietaria del bien inmueble descrito como como sabe el registro público folio real 1334617 unidad 17, condominio de Hermosillo, pues construido sobre el lote 5 de la manzana 504 del fraccionamiento Villas del Dorado, primera etapa de esa ciudad, materia de este juicio, el domicilio, situación que no se encuentra aislada. Pues ha sido corroborado en reiteradas ocasiones tanto por la ofendida, los testigos de la propia imputada, bueno, el abogado, los documentos que fueron proporcionados durante la investigación inicial, además que se han aportado datos de prueba para establecer la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude procesal previsto de sancionado, como lo había mencionado en el artículo 325, así como la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión . Conducta presuntamente delictiva que trajo como consecuencia directa que la parte ofendida de Rocío Rubio Sánchez se le viera perturbada en la posición material del inmueble en su totalidad. Quiero reiterar también lo relacionado con la sesión de derechos que se me hace increíble, yo que me dedico a la materia mercantil, corporativa y financiera, pues, todas estas sesiones de derechos, la única persona moral que puede vender una sesión de derechos, quiero reiterarlo es la financiera o en este caso del Infonavit o el Banco directamente. Otra vez otra solicitud que quisiera hacerle también su Señoría, que se gire un oficio al registro público de la propiedad de Comercio para la cancelación de la partida número 6163776 de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, de la inscripción preventiva solicitada en la demanda de prescripción positiva en contra de la víctima, de nombre Rocío Rubio Sánchez. El cual fue solicitado mediante oficio número 3356 de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, girado por la Licenciada Erika Michelle Segura Covarrubias, juez provisional en ese momento del Juzgado Quinto Civil y por último, también me gustaría solicitar el auxilio de la fuerza pública para que en caso de que la imputada se niegue a revisar la entrega material de línea inmueble multicitado en materia voluntaria a la víctima, Rocío Rubio Sánchez, que nos apoyan a la entrega del bien inmueble sin y sin más por el momento su Señoría es cuánto."32 Respecto de tal petición la fiscalía manifestó que estimaba era adecuada y justificada porque la imputada se había negado a entregarlo, ya que asegura ser la propietaria del mismo. Por su parte la defensa manifestó lo siguiente: "Sí, en cuanto a la solicitud de restitución provisional del bien inmueble identificado como vivienda número 17, quiero manifestar que pues considero que es improcedente, toda vez que lo que está actualmente en debate es, como usted lo refiere la administración de Justicia, entonces le pido, 32 01:20:53 de la audiencia de 28 de marzo de 2023. pues que considere eso, que se está en debate o lo que se está es el bien jurídico tutelado es la administración de Justicia y no, no, no es un bien jurídico tutelado que. Directamente y de manera primordial se esté cuestionando que la propiedad o una cuestión patrimonial, como pudiera ser un despojo, entonces yo considero que no se debe de proveer de conformidad sobre esta restitución del bien inmueble, toda vez que como usted, ya lo ya lo hizo ver en su resolución, es una cuestión el bien jurídico tutelado, pues es la administración. De Justicia y por lo tanto, no, no se debe considerar. Procedente la solicitud de restitución del bien inmueble"33 En réplica, se concedió el uso de la voz a la fiscalía que expuso: "Su Señoría, pues le hago de su conocimiento al defensor, pues usted ya tiene conocimiento, le hago ese conocimiento al defensor privado con todo el respeto que me merece, abogado el delito de fraude procesal, efectivamente, hay una tesis jurisprudencial con número de registro, permítame, deme un segundo por favor, con número de registro digital 179023, es una tesis de tipo aislada, con un criterio orientador donde hace referencia a que efectivamente el delito de fraude procesal protege principalmente como usted lo ha manifestado la administración de justicia y en forma secundaria el patrimonio, en este caso el patrimonio de la parte ofendida; refieren que el mismo es un delito, es un delito de peligro patrimonial, no precisamente de resultado; sin embargo, la tesis que la anteriormente le he mencionado señala que efectivamente el patrimonio es una cuestión protegida por el delito de fraude procesal de manera secundaria, entonces sus manifestaciones realizadas no están acordes a derecho y la petición de la restitución de forma provisional, la cual pueden hacerla en forma definitiva en el mes que tenemos de plazos de investigación para poder concluir el presente proceso."34 Cerrado el debate, la jueza de control se pronunció de la siguiente forma: "Bien procedo a resolver sobre la solicitud que hace el asesor jurídico y la fiscalía, en cuanto a que solicitan la restitución del bien inmueble materia del juicio, en el cual pues se establece o se acaba de vincular a proceso por fraude procesal a su representada. El artículo 111 del Código Nacional de procedimientos penales establece que en cualquier estado la víctima ofendido podrá solicitar al órgano jurisdiccional ordene 33 01:26:45 de la audiencia de 28 de marzo de 2023 34 01:28:27 de la audiencia de 28 de marzo de 2023 como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permite, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado en que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Analizada la solicitud de la fiscalía y el hecho considerado por la ley por el cual acaba de ser vinculada a proceso y el derecho que tiene la víctima a una reparación del daño integral que va directamente relacionado con este delito, en donde, pues si bien es cierto, como lo dice la defensa y como yo me pronuncié al momento de mi argumento, que el bien jurídico tutelado por el delito es el de fraude procesal, es el de la administración de justicia, pero aquí hay una persona que se afectó sus bienes, sus bienes jurídicos, su bien jurídico, que es su patrimonio, como consecuencia de esa acción que llevó a cabo la imputada en esta circunstancia, la víctima u ofendida en este caso la señora Rocío tiene derecho a que se le restituyan las cosas en el Estado que se encontraban antes de que sucediera este evento, es una consecuencia la obligación que tengo en términos del artículo primero constitucional y el artículo donde se establece que yo debo de proteger los derechos fundamentales de las partes, no nada más de la parte ofendida, pero y también de la imputada, en este caso la imputada acaba de ser de vinculada a proceso por un hecho delictivo, el fraude procesal, pero la ofendida, pues fue la que inició esta denuncia y esta impulsó esta investigación, puesto que ella está afectada en su bien jurídico tutelado como es el patrimonio. Se le afectó como consecuencia de eso, incluso hay una inscripción, del bien en el registro público de la propiedad que afecta esta propiedad, de otra forma también, de la información que me da la fiscalía, existe que la señora Rocío es la propietaria de este bien inmueble y en ese sentido, considera este tribunal que es procedente la solicitud que hace la Fiscalía y el asesor jurídico, dado que ella tiene de acuerdo a Ley de Atención a Víctimas, de acuerdo al artículo 111 del Código Nacional de procedimientos penales, de acuerdo al artículo primero constitucional tiene derecho a que se le restituya el bien jurídico tutelado en el momento en que sucedió este evento y que resultó afectado. No hay un solo dato que me especifique, no puedo reconocer derechos a la parte a la imputada, toda vez que acaba de ser vinculada a proceso por un hecho delictivo relacionado con el bien inmueble en materia del mismo. Por lo tanto, es procedente la solicitud de la Fiscalía y se requiere a la imputada para que en un plazo no mayor a 15 días haga entrega de la restitución provisional del bien inmueble."35 Determinación que la parte quejosa estima incorrecta, conforme a los razonamientos que plantea en su tercer concepto de violación, en el que, en esencia aduce que la jueza de control fundó y motivo de manera incorrecta su determinación, pues la orden de restitución del bien afecta la continuidad sobre la posesión del bien inmueble que detenta la quejosa. Si bien, aduce la promovente del juicio de amparo, que el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, autoriza a la jueza a devolver los bienes a quien acredite o demuestre derechos sobre los bienes, lo cierto es que ambas partes han exhibido documentación que demuestra algún derecho sobre el bien, lo que se debió ponderar. Del mismo modo, la parte quejosa refiere en su concepto de violación que la jueza no siguió las reglas para la imposición de medidas cautelares, ya que sólo se permite el embargo, no así la restitución del bien inmueble, lo que no se justificaba. Calificativa. El motivo de inconformidad planteado en su primer argumento suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, es en una parte fundado y suficiente para conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal. Esto es así, dado que la determinación de la jueza de control parte de una premisa equivocada. Para demostrar lo anterior, es necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es: Artículo 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo. En cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Del numeral que se cita, se advierte que los jueces de control se pronunciarán sobre la petición de la víctima u ofendido que solicite como medida provisional la restitución de sus derechos, ello previo a comprobar que: a) La naturaleza del hecho lo permita; b) Que haya elementos suficientes para decidirlo; y, c) La reposición o restablecimiento de las cosas es en el estado que tenían antes del hecho. En el caso, se estima que no se colman los requisitos enunciados con antelación, al partir de la base que el delito por el cual se vinculó a proceso es el de fraude procesal; mismo que protege como bien jurídico tutelado la administración de justicia. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 134/2004-PS, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, actualmente en Materias Administrativa y de Trabajo, concluyó: a) Que el delito de fraude procesal se encuentra dentro de los delitos previstos en contra de la procuración y la administración de justicia, es decir, es ese el bien jurídico tutelado. b) Que el objeto del legislador al prever tales conductas como delictivas es garantizar la correcta administración de justicia y, en consecuencia, el fin primordial es evitar que por medios ilícitos se obtenga un beneficio indebido dentro de un proceso instado por quien, con interés, ha sometido un conflicto a la consideración de una autoridad competente. La contradicción que se cita dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 90/2012 (10a.) de rubro "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"36. Ya determinado el bien jurídico tutelado que se protege con la tipificación del delito de fraude procesal, 36 Registro digital: 2002149; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Penal; Tesis: 1a./J. 90/2012 (10a.); Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, página 767; Tipo: Jurisprudencia FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El referido delito de fraude procesal contiene como elementos típicos que: 1. Alguien simule actos jurídicos o altere elementos de prueba, 2. Se obtenga una resolución jurisdiccional; y 3. De ésta derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido. Ahora bien, este delito fundamentalmente protege como bien jurídico la correcta administración de justicia, pues busca evitar que en un juicio las partes realicen acciones que induzcan al error judicial, como la simulación de actos jurídicos y la alteración de elementos de prueba, para generar el dictado de una resolución jurisdiccional de la que derive un perjuicio para alguien o un beneficio indebido. Sin embargo, la tutela se extiende a la protección de la pluralidad de bienes jurídicos que pueden ponerse en peligro con la consumación de la conducta típica, en virtud de la declaratoria formal que deriva del dictado de una resolución judicial, pues el tipo penal de referencia, al ser pluriofensivo o plurilesivo, puede afectar bienes jurídicos diversos al de la administración de justicia. debe tenerse en cuenta los hechos por los que se vinculó a proceso a la imputada, que en esencia consistente en que Karla Elizabeth Heredia Ramírez, simuló un acto jurídico en contra de Rocío Rubio Sánchez, consistente en un contrato de cesión de derechos posesorios que celebró con Alfredo Carrizales Valdez, respecto del inmueble identificado como unidad 17, condominio Hermosillo, construido sobre el lote 5 de la manzana 504, Fraccionamiento Villas del Dorado, primera etapa en esta ciudad, identificado con folio real 1334617 y registrado bajo partida 5345875, también identificado como calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17. Esto porque, la imputada presentó el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, demanda de prescripción positiva respecto del citado inmueble, misma que originó el juicio ordinario civil de prescripción positiva 82/2019 del índice del Juzgado Quinto Civil en esta ciudad y en el escrito inicial, la imputada Karla Elizabeth Heredia Ramírez refirió haber entrado en posesión del predio el veintiocho de agosto de dos mil nueve, derivado del citado contrato de cesión de derechos posesorios que celebró con Alfredo Carrizales Valdez, respecto del inmueble en comento y manifestó que desde el veintiocho de agosto de dos mil nueve, se hizo cargo de la conservación, mantenimiento y gastos del inmueble, lo que indujo al error a la autoridad judicial y que le generó como beneficio indebido que se autorice la inscripción preventiva a su favor en el inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio. En ese sentido, conforme a la narrativa que realizó la agente del ministerio público de los datos de prueba, se obtiene que la imputada manifestó en su demanda de prescripción que obtuvo la propiedad del inmueble controvertido en el año dos mil nueve, mientras que los declarantes y la ofendida refirieron que eso ocurrió en el dos mil catorce y la denuncia sucedió en el año dos mil veinte, información que resulta trascendente, por que define que la naturaleza de los hechos no permitía la restitución del bien inmueble. Esto es así, porque el objetivo de la restitución es volver las cosas al estado que guardaban; por tanto, el propio hecho delictivo debe permitir que las cosas regresen al estado en que se encontraban, y en el caso, el hecho consiste en la obtención de un beneficio con la presentación de un hecho simulado ante una autoridad judicial, no así, la posesión del bien inmueble. En efecto, el acto que se generó con motivo de la probable comisión del hecho delictivo es la inscripción preventiva que recayó al inmueble materia de la litis civil, acto que podría ser materia, en su caso, de la restitución que contempla el precepto 111 del Código Nacional de Procedimientos penales, no así, como lo resolvió la jueza de control, la posesión que detenta Karla Elizabeth Heredia Ramírez respecto del bien inmueble. Se puede arribar a esa conclusión, porque el acto que asevera la fiscalía se simuló, sólo tuvo el efecto ante el juzgado civil, de ordenar la inscripción preventiva de la demanda, no así generar la posesión del bien inmueble a favor de la imputada, pues esa situación ya acontecía, ya sea desde el dos mil nueve como lo afirma Karla Elizabeth Heredia Ramírez o en el dos mil catorce, como lo asevera la ofendida. Por tanto, la orden de restituir el bien inmueble no resulta compatible con la narrativa de hechos y el delito por el cual se vinculó a proceso a la hoy quejosa, situación que sería diferente si el delito por el que se hubiera autorizado la investigación complementaria fuera de carácter netamente patrimonial, como el hecho que la ley señala como despojo, pues, en este caso la consecuencia directa de la comisión de tal hecho, implica privar de la posesión a la víctima del delito, lo que en este supuesto no sucede. Si bien, la fiscalía pretendió justificar que el hecho constitutivo del delito de fraude procesal puede proteger dos bienes jurídicos tutelados, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 90/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.", lo cierto es que el supuesto previsto en dicha jurisprudencia es diverso al aquí planteado y por ello no resulta aplicable. En efecto, dicha jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el delito de fraude procesal, aparte de proteger el bien jurídico de administración de justicia, puede darse el caso, en ocasiones, que también defienda el patrimonio de la parte ofendida, pero, para ello, alguien debe simular un acto jurídico o alterar elementos de prueba, y con ello obtener una resolución jurisdiccional con la cual se genere el perjuicio de alguien o un beneficio indebido, entendiendo este último como la afectación en el patrimonio de la parte ofendida. Bajo esa línea argumentativa, es necesario relacionar que la determinación de la autoridad a la que se presentaron los documentos o pruebas alterados, es la que genera la afectación en el patrimonio, y a fin de que la restitución por parte del juez sea concordante con el mismo, debe existir esa relación entre el acto de la autoridad que fue engañada con la afectación del patrimonio, lo que en el caso no sucede, pues no resulta congruente que, el acto judicial que se emitió como beneficio, sólo ordenó la inscripción de la demanda, pero no fue éste el que generó la posesión del bien inmueble a favor de Karla Elizabeth Heredia Ramírez. Atendiendo a ello, que la jueza de control ordenara la restitución de la posesión del bien inmueble resulta incorrecta, al no atender a lo establecido en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No se desatiende que en la determinación que se analiza, la jueza refirió que, al quedar demostrada la propiedad de Rocío Rubio Sánchez, se estaba reparando el daño generado por la conducta que posiblemente sea constitutiva del delito de fraude procesal; sin embargo, ello tampoco resulta correcto, puesto que la condena de la reparación del daño es una cuestión exclusiva de la sentencia en que se determina que quedó plenamente demostrada tanto la conducta como la responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en Conclusión. Por tal motivo, la determinación de la jueza de restituir a la ofendida de la posesión del bien inmueble identificado como unidad 17, condominio Hermosillo, construido sobre el lote 5 de la manzana 504, Fraccionamiento Villas del Dorado, primera etapa en esta ciudad, identificado con folio real 1334617 y registrado bajo partida 5345875, también identificado como calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, no es correcta ya que no atendió a lo establecido en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se estima que debe ser otorgada la protección constitucional. Sin que esa determinación, impida de forma alguna, que la parte ofendida en la causa penal y demandada en el juicio civil, pueda solicitar en el juicio de prescripción, de resultar improcedente la acción, la restitución del bien inmueble, o, en su caso, demandar la reivindicación del mismo. Decisión. Consecuentemente, al no advertir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo y resultar infundados los conceptos de violación que se hacen valer en contra del auto de vinculación a proceso lo procedente es negar el 37 Artículo 206. Sentencia Concluido el debate, el Juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración. No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. El juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima u ofendido. amparo y, por otro lado, respecto de la orden de restituir el bien inmueble a favor de la ofendida Rocío Rubio Sánchez, identificado como unidad 17, condominio Hermosillo, construido sobre el lote 5 de la manzana 504, Fraccionamiento Villas del Dorado, primera etapa en esta ciudad, identificado con folio real 1334617 y registrado bajo partida 5345875, también identificado como calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, al ser fundado uno de los argumentos de su tercer concepto de violación, suplido en su deficiencia, se debe conceder la protección constitucional. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Jueza de Control en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, realice lo siguiente: ? Dejando intocado el auto de vinculación a proceso en la causa penal 5433/2021, así como lo resuelto con relación a la imposición de medidas cautelares y plazo de investigación. ? Cite a las partes para una nueva audiencia, en la que dejará sin efecto la determinación de restitución del bien inmueble identificado como unidad 17, condominio Hermosillo, construido sobre el lote 5 de la manzana 504, Fraccionamiento Villas del Dorado, primera etapa en esta ciudad, identificado con folio real 1334617 y registrado bajo partida 5345875, también identificado como calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17 a favor de la parte ofendida Rocío Rubio Sánchez, y en su lugar emita una nueva determinación conforme a los lineamientos planteados en esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Karla Elizabeth Heredia Ramírez, en contra de la autoridad responsable respecto del acto reclamado consistente en el dictado del auto de vinculación a proceso en la audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal 5433/2021, conforme al análisis que se realizó en el considerando séptimo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Karla Elizabeth Heredia Ramírez, en contra de la autoridad responsable respecto del acto reclamado consistente en la orden de restituir el bien inmueble a favor de la ofendida Rocío Rubio Sánchez, identificado como unidad 17, condominio Hermosillo, construido sobre el lote 5 de la manzana 504, Fraccionamiento Villas del Dorado, primera etapa en esta ciudad, identificado con folio real 1334617 y registrado bajo partida 5345875, también identificado como calle Trinidad Rodríguez, Privada Hermosillo, número 17, conforme al análisis que se realizó en el considerando séptimo para los efectos contenidos en último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con el secretario Isaac Fabela León, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el presente juicio aun no transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercero interesada Rocío Rubio Sánchez, se imponga del contenido de los autos, pues la misma fue emplazada el quince del presente mes y año. Diferimiento de audiencia. Por tanto, se procede a diferir la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y se programan las doce horas del catorce de junio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Constancia actuarial. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, téngase por hecho el emplazamiento de la tercero interesada Rocío Rubio Sánchez, ordenado en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Domicilio. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngasele por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado la constancia actuarial de referencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de abril de dos mil veintitrés. Consulta electrónica. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por ********************autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita), realice la autorización respectiva para la consulta del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario ******************** Notifíquese.

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