Karina Vargas Miramontes

Expediente 697/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
697/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Karina Vargas Miramontes
  • Lic. Jose Guadalupe Sigala Andrade, Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, En Tijuana Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción I del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Cuaderno incidental. Se precisa que el incidente de suspensión aperturado en un solo cuaderno, es conservable, al haberse concedido la suspensión definitiva; lo anterior de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años transfiérase el expediente único del incidente de suspensión. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de documentos. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, se obtiene que la parte quejosa allegó diversas documentales, mismas que se consideran innecesarias conservar, debido a que el presente asunto se encuentra totalmente concluido; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución a la parte quejosa de los documentos que presentó en el juicio; en consecuencia, requiérasele para que en el plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichos documentos, apercibida que en caso de no hacerlo, los mismos serán destruidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese; personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Revoca autorizados, usuario y domicilio para oír y recibir notificaciones. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por la quejosa Karina Vargas Miramontes; y en atención a su contenido y como lo solicita, se le tiene revocando el nombramiento realizado a Gina Ivethe Villalobos González y Mónica Alfaro Reyes, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Laura Elizabeth Rubalcaba González, para oír y recibir notificaciones. Asimismo, toda vez que una de las profesionistas que revoca fue autorizada para acceder al expediente electrónico; se le tiene por desautorizada el acceso al expediente electrónico al usuario "LicGinaV"; por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, a fin de que la dé de baja en el expediente electrónico. Revoca domicilio para oír y recibir notificaciones y señala otro. Por otra parte, se tiene a la quejosa revocando el domicilio señalado anteriormente para oír y recibir notificaciones, y en su lugar se le tiene señalando el ubicado en calle Tercera, número 8116, (entre Revolución y Constitución), interior 206, Zona Centro de esta ciudad; lo anterior para los efectos legales conducentes. Señala autorizados. Por otra parte, se tiene a la quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Aracely Elías Vaca; en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación de cuenta y la constancia glosada en autos; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Daniel Alberto Chávez Armenta, David Isaí Ayala Alcántar y Leslie Carolina Silva Vargas. Pretende subsanar. Finalmente, la quejosa pretende subsanar el requerimiento formulado en proveído de cinco de julio pasado, respecto a la denominación de la autoridad responsable que señaló como Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Patrimoniales de esta ciudad; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad en virtud de que el ocho de agosto del presente año, se tuvo por inexistente a dicha autoridad. Notifíquese.

  3. Incidental

    Certificación. Se hace constar que en el acta de audiencia constitucional de fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el expediente principal del que deriva este incidente, se tuvo por inexistente a la autoridad denominada por la promovente como Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Patrimoniales, de esta ciudad, ya que la parte quejosa no corrigió la denominación, ni tampoco acreditó su existencia, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Acuerdo. Vista la certificación que antecede y acorde a lo dictado en el acta de audiencia constitucional de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el expediente principal del que deriva este incidente, respecto a la autoridad mencionada, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por inexistente, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Lectura de constancias. A continuación, la secretaria da lectura de las constancias existentes en el presente asunto entre las que se encuentran: a) escrito de demanda y anexos; b) escrito aclaratorio de demanda; y, c) informe previo rendido por la autoridad responsable como se advierte del siguiente recuadro: Autoridad responsable Sentido del informe Páginas Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad. Cierto 53 y 54 Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio, y se hace constar que la parte quejosa ofreció las pruebas siguientes: Parte Prueba Fojas Admitidas y desahogadas Quejoso Documentales 8 a la 23 28 de junio de 2023 (fojas 30 a la 37) Acuerdo. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las referidas documentales por su propia y especial naturaleza; con lo anterior, sin más pruebas pendientes que desahogar, se cierra el periodo probatorio. Alegatos. Se pasa a la etapa de alegatos, haciéndose constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento alguno y que ninguna de las partes los formuló. Acuerdo. Con lo anterior, se tiene por precluido ese derecho y se da por concluida la presente etapa. Asimismo, se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Cierre de audiencia. Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los siguientes términos: Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 697/2023-V, promovido por Karina Vargas Miramontes, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos B. A. A. V.; K. A. V.; D. Z. V. M.; y J. O. V. V., contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y recibida el mismo día en este Juzgado de Distrito, Karina Vargas Miramontes, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos B. A. A. V.; K. A. V.; D. Z. V. M.; y J. O. V. V., solicitó el amparo y la protección de la justicia federal. Segundo. Trámite. Previa aclaración de la demanda de amparo, por acuerdo de veintiocho de junio del presente año, se admitió a trámite y a petición de la parte quejosa se ordenó formar por separado el incidente de suspensión, en el que se solicitó su respectivo informe previo a las autoridades responsables y se proveyó respecto a la suspensión provisional del acto reclamado materia de este incidente. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 101/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: Del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad: La orden de desposesión del bien inmueble ubicado en calle Misión San Ignacio, número 5227, Colonia Salvatierra de esta ciudad, identificado como Lote 10, Manzana 76 de la Colonia Salvatierra de esta ciudad. Efectos para los que solicita la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de no ser desposeída del bien inmueble ubicado en calle Misión San Ignacio, número 5227, Colonia Salvatierra de esta ciudad, identificado como Lote 10, Manzana 76 de la Colonia Salvatierra de esta ciudad, el cual ocupa en calidad de arrendataria. En esa tesitura, ya establecido el acto reclamado y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse; sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe previo de la manera siguiente: Autoridad responsable Sentido del informe Páginas Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad. Cierto 53 y 54 Como se ve del recuadro anterior, la autoridad responsable manifestó que es cierto el acto reclamado, ya que en la causa penal 2511/2023 que se instruye en contra de Evangelina Vargas Miramontes se decretó la restitución provisional del predio ubicado en Misión San Ignacio número 5227, de la colonia Salvatierra en esta ciudad, identificado como lote 10, manzana 76, con clave catastral SV076010, en favor de las víctimas Martha Alicia Amezcua Vega y Gustavo García Ramírez. Cuarto. Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; c) Los que la suspensión origine a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Interés suspensional. La parte quejosa demostró su interés suspensional en forma indiciaria con motivo de que exhibió: i) Contrato privado de arrendamiento celebrado entre Evangelina Vargas Miramontes y Karina Vargas Miramontes. ii) Actas de nacimiento de los menores B. A. A. V., K. A. V., D. Z. V. M. y J. O. V. V.. iii) Una boleta de calificaciones del menor K. A. V.. iv) Una boleta de calificaciones del menor D. Z. V. M.. v) Una boleta de calificaciones del menor J. O. V. V.. vi) Un recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad en favor de Evangelina Vargas Miramontes, respecto del inmueble MISIÓN DE SAN IGNACIO M10 MISIÓN DE GPE SALVATIERRA. C.P. 22607 TIJUANA, B.C. vii) Tres recibos por concepto de renta expedidos por Evangelina V. en favor de Karla Vargas Miramontes, valiosos por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional). viii) Dos credenciales expedidas por la escuela primaria "Rafael Ramírez" en favor de los menores K. A. V. y D. Z. V. M.. Con base en lo expuesto y los hechos narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda, en el sentido de que manifiesta que desde el dieciocho de agosto de dos mil veintidós tiene la posesión del bien inmueble, concatenados con la documental descrita en el inciso i), se considera que la promovente acredita de manera indiciaria el interés suspensional. Lo anterior, al advertirse que la parte quejosa probablemente cuenta con la posesión del inmueble, que afirma se ve afectada con la orden de restitución provisional decretada por el juez responsable. Por tanto, estima que con la ejecución de los actos reclamados y sus consecuencias, le genera un agravio que la legitima para solicitar la medida cautelar que pretende obtener. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 4/20092 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Concesión de la suspensión. No obstante lo manifestado por la autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la constitución, así como los numerales 147 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado para que, la quejosa no sea desposeída del bien inmueble ubicado en Calle Misión San Ignacio, número 5227 (antes número 10), Colonia Salvatierra, también conocido como Lote 10 de la Manzana 76, de la Colonia Salvatierra de esta ciudad, el cual ocupa en calidad de arrendataria, si es que ello no ha ocurrido a la fecha. La medida cautelar no paraliza la continuidad del procedimiento, por ser de orden público y por tanto insuspendible; por lo cual, la autoridad responsable sin suspender el procedimiento, únicamente deberá abstenerse, de ordenar el desalojo o desocupación del inmueble materia del juicio, que ocupa en calidad de arrendataria la quejosa. Supuestos en que no surtirá efectos. La medida cautelar concedida no producirá sus efectos en los casos siguientes: a) Que el Agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación estime que existen diligencias y/o actos de investigación que realizar; b) Que el acto reclamado derive del aseguramiento del bien inmueble con motivo o derivada de una orden de cateo dictada por un Juez de control. c) Si el acto reclamado deriva de una orden de restitución dictada en el procedimiento penal, siempre y cuando la quejosa sea parte. d) Si los actos reclamados derivan del cumplimiento a una ejecutoria de amparo, tomando en consideración, que deben ser cumplimentadas sin demora por la autoridad responsable, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, y estimarlo de otra forma, sería contrario a los fines del juicio de amparo y ello alteraría la jerarquía de las normas jurídicas. Sustenta a lo anterior, por analogía, la tesis PC.I.P. J/66 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y contenido: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEVOLVERLO DERIVA DE LA EXISTENCIA DE DILIGENCIAS MINISTERIALES PENDIENTES. Conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, lo que converge con el esclarecimiento de los hechos, que es uno de los objetivos del proceso penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la misma Constitución. Por su parte, el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales cataloga el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial y su objeto, durante el desarrollo de ésta, es mantener el bien en el estado en que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. En este sentido, como el aseguramiento es de un vehículo automotor, los artículos 236 y 237 del citado Código Nacional prevén que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución con o sin reservas, después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Ahora, si el Ministerio Público niega la solicitud de devolución, porque faltan diligencias y/o actos de investigación que realizar, esta contestación forma parte de las circunstancias fáctico-jurídicas que el órgano jurisdiccional de amparo debe ponderar como parte de la naturaleza del acto reclamado, al resolver sobre la suspensión provisional a petición de parte. En este orden, en atención a la naturaleza del acto reclamado, es improcedente conceder la suspensión provisional con los efectos restitutorios provisionales que prevé el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que el vehículo automotor asegurado sea entregado temporalmente al quejoso que acreditó su propiedad en la carpeta de investigación, si de los datos contenidos en la demanda de amparo y los documentos que la acompañan, se colige que el Ministerio Público negó su devolución porque existen diligencias ministeriales pendientes; pues de concederse la suspensión provisional con esos efectos, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. Lo anterior no implica soslayar los intereses del quejoso en el incidente de suspensión, ya que la resolución de la suspensión provisional deberá tener efectividad como medida cautelar instrumental, en términos del artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, para conservar la materia del juicio, impidiendo que el acto se consume irreparablemente; aunado a que, como lo dispone el párrafo segundo de ese precepto, podrá modificarse y operar también con efectos restitutorios provisionales, cuando se cumplan las condiciones que prevén los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así se demuestre en el incidente de suspensión, ante el órgano jurisdiccional de amparo." Así como la diversa XVII.1o.P.A.17 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de título y contenido: "ASEGURAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y DE LOS MUEBLES LOCALIZADOS EN SU INTERIOR CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE CATEO DICTADA POR UN JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, AL TRATARSE DE UNA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DECRETADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. De conformidad con los artículos 128, fracción II y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe atender a las características de cada asunto en particular para determinar si la suspensión de los actos reclamados solicitada sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, así como efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el numeral 129 del propio ordenamiento prevé cuándo se actualizan los primeros dos aspectos, lo que no implica que el juzgador tenga vedada la posibilidad de valorar, en cada caso concreto, si se actualizan o no las afectaciones que el ordenamiento pretende evitar pues, incluso, puede conceder la medida cautelar si a su juicio, con la negativa, puede causarse mayor afectación al interés social. Ahora, si el acto reclamado consiste en el aseguramiento de un bien inmueble y de los muebles localizados en su interior con motivo de una orden de cateo dictada por un Juez de control, debe negarse la suspensión provisional, aunque el quejoso haya acreditado el interés suspensional con la copia certificada de la escritura pública que demuestra su derecho de propiedad porque, de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social e, incluso, se actualiza la hipótesis de improcedencia de la suspensión, contenida en el párrafo tercero del numeral 128 mencionado, dado que el aseguramiento reclamado es una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa que se encuentra en ejecución, derivada de una medida cautelar como lo es la orden de cateo, en términos de los preceptos 229, 230, 233, 252, fracción II y 288, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales." Fijación de la garantía. La medida suspensiva surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la quejosa no exhibe garantía dentro del término de cinco días a disposición y satisfacción de este Juzgado, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos), de conformidad a los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, misma que servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con la concesión de tal medida, en caso de que la sentencia que se dicte en el fondo del amparo le sea favorable a la quejosa y que se fija de manera discrecional al no contar de momento con mayores elementos en relación al valor actual del inmueble, en relación con el juicio combatido. Concepto. Con la precisión de que si la parte quejosa opta por exhibir la garantía señalada a través de billete de depósito, éste deberá contener en el rubro de concepto la siguiente leyenda: "garantía fijada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 697/2023, para garantizar la suspensión definitiva concedida". Asimismo, el importe que ampare deberá ser exacto. Todo lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Por lo expuesto y fundamentado y con apoyo además en los artículos 144 y 146, de la Ley de Amparo; se, Resuelve: Único. Se concede a Karina Vargas Miramontes, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos B. A. A. V.; K. A. V.; D. Z. V. M.; y J. O. V. V., la suspensión definitiva respecto a la autoridad señalada en el considerando tercero por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos y autoridad inexiste. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la audiencia incidental se encuentra programada para el día de hoy; asimismo, que a la fecha la parte quejosa no se encuentra notificada del proveído de cinco de julio del presente año, dictado en el expediente principal del que deriva este incidente, en el que se le dio vista para que dentro del plazo de tres días, aclarara la denominación, o bien, acreditara la existencia de la autoridad responsable que denominó como Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Patrimoniales, en esta ciudad. Diferimiento. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

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