Karla Aguirre Galván
Expediente 1168/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Karla Aguirre Galván
Actuaciones
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, se da trámite por duplicado al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1168/2019-VII, promovido por ***********, contra actos del Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio con sede en Guanajuato capital y otras autoridades. Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercíbaseles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida de Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción I, del citado ordenamiento legal. En términos del numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las once horas con cinco minutos del siete de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia en el presente incidente de suspensión, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Ahora bien, a efecto de proveer lo referente a la suspensión, primeramente, es menester señalar que la quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña en sentido estricto y, señalando como acto reclamado las órdenes de desalojo, remate, subasta, adjudicación y/o toma de posesión del inmueble ubicado en la calle *********** número ***********, colonia y/o fraccionamiento *********** de Villagrán, Guanajuato, respecto del cual aduce es de su propiedad. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), vigente a partir del cuatro de octubre de ese año, en lo que interesa dispone: "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) "X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." (.) Del artículo anterior, en relación con los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que de colmarse la exigencia anterior, se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. En relación con la primera de las exigencias, se estima que se encuentra satisfecha, pues la medida es solicitada por la quejosa en este juicio, quien esgrime se pretende practicar una diligencia de carácter judicial sobre bienes de su propiedad. En lo que atañe al segundo de los requisitos, se estima que se encuentra cubierto, dado que como el acto que reclama la parte quejosa es de carácter positivo, ya que se traduce en la decisión o ejecución de las autoridades; es decir, en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o no querer hacer, y que implica una acción, una privación o una molestia; se estima que el acto reclamado sí es susceptible de suspenderse. La tercera de las exigencias, acerca de que se compruebe la apariencia del buen derecho, también se estima colmada. Se afirma lo anterior, ya que como las violaciones aducidas en la demanda de amparo tienen vinculación con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución para su protección, existen probabilidades de que en sentencia definitiva se le conceda la protección de la Justicia de la Unión. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad de lo estimado en el presente incidente de suspensión. Respecto a la cuarta de las exigencias, atinente a que se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida, se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, pues en todo caso a quien se pudiera llegar ocasionar un perjuicio con la suspensión es a la parte tercera interesada, en el supuesto de que la sentencia definitiva no fuera favorable a los intereses de la aquí quejosa, pero con el otorgamiento de garantía bastante se podrían reparar éstos, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 125 de la legislación en consulta. De ahí que con la concesión de la medida no se afecte al interés social. Bajo dichas directrices, se advierte que se encuentran colmadas las exigencias que prevé el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del mismo ordenamiento, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, en los siguientes términos: A) En caso de que sea parte en el juicio natural, no se ejecuten las consecuencias jurídicas del acto reclamado, tales como la adjudicación y la posesión del bien inmueble que aduce es de su propiedad a favor de terceros, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. En términos de los numerales 132 y 136 de la ley reglamentaria, la medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la quejosa no otorga dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte que resulte tener el carácter de tercera interesada de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo, suma que fija de manera discrecional, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del citado artículo 132 de la Ley de Amparo. La garantía exigida podrá exhibirla en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pudiendo hacerlo en su caso a través de billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y en la inteligencia que si opta por garantizar en póliza de fianza, el documento respectivo deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si vence antes, la medida suspensional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido de que con la sola expedición y exhibición del certificado de depósito respectivo, implícitamente se tendrá al depositante aceptando los términos a que se refieren los artículos 883 y 899, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, que disponen: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 899. Los titulares de los órganos jurisdiccionales, que por cualquier motivo reciban una garantía en efectivo o en valores, además de lo que se establezca en las disposiciones respectivas y en las Reglas de Operación del Comité, observarán lo siguiente: I. Que los depósitos se constituyan ante la o las instituciones bancarias autorizadas por el Comité; II. Cuando las garantías se constituyan en certificados de depósito, éstas se emitan por separado, es decir, una por cada uno de los conceptos y montos que fijen; III. Que las garantías en dinero o en valores que reciban y que no hayan sido puestas a disposición de un órgano jurisdiccional les sean transferidas para estar en posibilidad de incorporarlas al Fondo de Apoyo; IV. Coordinarse con la secretaría técnica del Fondo, para que, con apoyo de la Dirección General de Estadística Judicial, y con independencia de otros controles, se lleve a cabo el registro y supervisión de la documentación que ampare los depósitos realizados; y V. Dejar constancia en los expedientes judiciales, de los documentos a través de los cuales se hayan efectuado, hecho efectivos o cancelado depósitos." B) En caso de que la quejosa no sea parte en el contradictorio de origen, la suspensión se concede para el efecto de que no se embargue el bien inmueble que refiere, siempre y cuando acredite que es de su propiedad al momento de practicarse la diligencia respectiva, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Dado el sentido de lo acordado en este inciso, no se fija garantía para que continúe surtiendo efectos la medida, pues se estima que no se causarán daños o perjuicios a quienes pudieran tener el carácter de terceros interesados. En ambos casos, la medida cautelar concedida no surtirá ningún efecto si ya se llevó a cabo el embargo o desposeimiento del bien de la quejosa, toda vez que se estaría ante actos consumados y de concederse la suspensión se le darían efectos restitutorios, que son propios de las sentencias que conceden la protección constitucional. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno si el acto reclamado tiene por objeto el cumplimiento de una ejecutoria de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe ***********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se les hizo en providencia de doce de diciembre del año en curso. En ese sentido, SE ADMITE la demanda de amparo que promueve por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio con sede en Guanajuato capital y otras autoridades. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de QUINCE DÍAS contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan su informe justificado, en el entendido que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieren, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a las autoridades responsables para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las diez horas con cincuenta minutos del treinta de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Dese al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Por separado y duplicado tramítese el incidente de suspensión; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley de Amparo. Se reserva proveer lo conducente respecto al emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto obren en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza las documentales que se anexan, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Asimismo, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1168/2019-VII. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, el quejoso tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca ello, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bajo las consideraciones anteriores, del capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado, la promovente indico "Desconozco si existe alguien que pudiera tener dicho carácter"; sin embargo, no lo manifestó bajo protesta de decir verdad, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirlo para que subsane tal omisión. Ante la irregularidad advertida es que, con fundamento en los artículos 108, fracción II, en relación con el 114, fracciones II, ambos de la ley de la materia, se determina prevenirla para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, el desconocimiento del tercero interesado y su domicilio, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeta a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Además que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, en virtud de obrar sus cedulas profesionales números *********, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a Hilario *********, por así haberlo solicitado. Por otra parte, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1168/2019-VII. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, el quejoso tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca ello, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bajo las consideraciones anteriores, del capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado, la promovente indico "Desconozco si existe alguien que pudiera tener dicho carácter"; sin embargo, no lo manifestó bajo protesta de decir verdad, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirlo para que subsane tal omisión. Ante la irregularidad advertida es que, con fundamento en los artículos 108, fracción II, en relación con el 114, fracciones II, ambos de la ley de la materia, se determina prevenirla para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, el desconocimiento del tercero interesado y su domicilio, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeta a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Además que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, en virtud de obrar sus cedulas profesionales números *********, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a Hilario *********, por así haberlo solicitado. Por otra parte, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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