Karina Zugeyri Velázquez Calderón
Expediente 870/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Karina Zugeyri Velázquez Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 5604/2023 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de veintiocho de abril pasado y se le enviaron las constancias del expediente **********, de su estadística.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de abril del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, al haberse considerado que la autoridad responsable transgredió su derecho fundamental previsto en el artículo 14 constitucional. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada (así como las consecuencias jurídicas); y Dictara una nueva en la que prescindiera de la aplicación supletoria de la ley que utilizó, para determinar que el plazo prudente con el que cuenta el endosatario en procuración para seguir interviniendo después de la muerte del endosante es de seis meses, tomando en cuenta las consideraciones señaladas en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el tres de marzo del año en curso. 2) En auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio. 3.) El diecisiete de abril del dos mil veintitrés, se recibió en este órgano jurisdiccional oficio mediante el cual el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, remitió copia del acuerdo de fecha catorce de abril del año en curso, en el que dejó insubsistente la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, y dictó una nueva, en la que resolvió lo siguiente: "Que el mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, entonces aún y cuando en autos se encuentra demostrado que Luis Ángel Gámez Balderas falleció, la facultad del endosatario de proseguir el juicio subsiste, porque el mandato conferido por virtud del endoso en procuración no termina con la muerte, de ahí que el licenciado Pablo Contreras Ramos, goza de legitimación procesal para continuar los trámites correspondientes del Juicio Ejecutivo Mercantil, hasta lograr el pago de lo reclamado, mientras que el endoso no sea revocado por quien demuestre tener adjudicación de esos derechos hereditarios sin que para ello tenga que considerarse una temporalidad límite para que el ejercicio de ese mandato continúe siendo válido, dado que el legislador no estableció un plazo perentorio para el ejercicio del endoso después de acaecido el fallecimiento del endosante, de ahí que debemos considerar que este subsiste, como ya se indicó mientras no sea revocado por quien tenga facultades para ello, inclusive si el albacea de la sucesión se apersona al juicio ejecutivo mercantil. En las apuntadas condiciones, dado que el supuesto esgrimido por el actor incidental no se subsume a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se determina improcedente el incidente de nulidad planteado por *************, respecto de los actos jurídicos desplegados por el licenciado ***************." Dictando un nuevo auto para lo siguiente: "TERCERO: El incidente de nulidad respecto de los actos jurídicos desplegados por el licenciado ***********, planteado por Isidro Jaramillo Moreno, resulto improcedente. CUARTO: Se condena a la parte actora incidental del pago de las costas procesales a favor de su contraria. Lo anterior, con fundamento en los artículos 1321, 13222, 1323, 1324, 1325 y 1404 del Código de Comercio, 47, 108 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado." 4. Con motivo de lo anterior, en diecinueve de abril del dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Remitió copia de la resolución, dictada el catorce de abril del año en curso, dejando insubsistente la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, y dictó una nueva acatando los lineamientos precisados por esta autoridad, en el que concluyó que era improcedente el incidente de nulidad planteado por Isidro Jaralillo Moreno, respecto de los actos jurídicos desplegados por el licenciado Pablo Contreras Ramos y, condenó a la parte actora incidental del pago de las costas procesales a favor de ********************. En esas condiciones, el suscrito estima que el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que dejó insubsistente el auto de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, y ordenó dictar uno nuevo, acatando lo lineamientos precisados por esta autoridad y condenó a la parte actora incidental del pago de las costas procesales a favor de su contraria, con fundamento en los artículos 1321, 1322, 1323, 1324 1325 y 1404 del Código de Comercio, restituyéndolo así en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Por otra parte, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias que integran el expediente número M07/2019, que como justificación a su informe anexó el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, devuélvasele y solicítese el acuse de recibo correspondiente. En razón que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de abril del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, al haberse considerado que la autoridad responsable transgredió su derecho fundamental previsto en el artículo 14 constitucional. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada (así como las consecuencias jurídicas); y Dictara una nueva en la que prescindiera de la aplicación supletoria de la ley que utilizó, para determinar que el plazo prudente con el que cuenta el endosatario en procuración para seguir interviniendo después de la muerte del endosante es de seis meses, tomando en cuenta las consideraciones señaladas en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el tres de marzo del año en curso. 2) En auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio. 3.) El diecisiete de abril del dos mil veintitrés, se recibió en este órgano jurisdiccional oficio mediante el cual el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, remitió copia del acuerdo de fecha catorce de abril del año en curso, en el que dejó insubsistente la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, y dictó una nueva, en la que resolvió lo siguiente: "Que el mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, entonces aún y cuando en autos se encuentra demostrado que Luis Ángel Gámez Balderas falleció, la facultad del endosatario de proseguir el juicio subsiste, porque el mandato conferido por virtud del endoso en procuración no termina con la muerte, de ahí que el licenciado Pablo Contreras Ramos, goza de legitimación procesal para continuar los trámites correspondientes del Juicio Ejecutivo Mercantil, hasta lograr el pago de lo reclamado, mientras que el endoso no sea revocado por quien demuestre tener adjudicación de esos derechos hereditarios sin que para ello tenga que considerarse una temporalidad límite para que el ejercicio de ese mandato continúe siendo válido, dado que el legislador no estableció un plazo perentorio para el ejercicio del endoso después de acaecido el fallecimiento del endosante, de ahí que debemos considerar que este subsiste, como ya se indicó mientras no sea revocado por quien tenga facultades para ello, inclusive si el albacea de la sucesión se apersona al juicio ejecutivo mercantil. En las apuntadas condiciones, dado que el supuesto esgrimido por el actor incidental no se subsume a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se determina improcedente el incidente de nulidad planteado por *************, respecto de los actos jurídicos desplegados por el licenciado ***************." Dictando un nuevo auto para lo siguiente: "TERCERO: El incidente de nulidad respecto de los actos jurídicos desplegados por el licenciado ***********, planteado por Isidro Jaramillo Moreno, resulto improcedente. CUARTO: Se condena a la parte actora incidental del pago de las costas procesales a favor de su contraria. Lo anterior, con fundamento en los artículos 1321, 13222, 1323, 1324, 1325 y 1404 del Código de Comercio, 47, 108 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado." 4. Con motivo de lo anterior, en diecinueve de abril del dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Remitió copia de la resolución, dictada el catorce de abril del año en curso, dejando insubsistente la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, y dictó una nueva acatando los lineamientos precisados por esta autoridad, en el que concluyó que era improcedente el incidente de nulidad planteado por Isidro Jaralillo Moreno, respecto de los actos jurídicos desplegados por el licenciado Pablo Contreras Ramos y, condenó a la parte actora incidental del pago de las costas procesales a favor de ********************. En esas condiciones, el suscrito estima que el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que dejó insubsistente el auto de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, y ordenó dictar uno nuevo, acatando lo lineamientos precisados por esta autoridad y condenó a la parte actora incidental del pago de las costas procesales a favor de su contraria, con fundamento en los artículos 1321, 1322, 1323, 1324 1325 y 1404 del Código de Comercio, restituyéndolo así en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Por otra parte, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias que integran el expediente número M07/2019, que como justificación a su informe anexó el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, devuélvasele y solicítese el acuse de recibo correspondiente. En razón que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia dictada el seis de marzo del año en curso, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ***********, no fue recurrida en el término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, solicítese atentamente al Juez Único de Partido Civil y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acredite.
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