Karina Valencia Todd

Expediente 1203/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1203/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Karina Valencia Todd

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Téngase a la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, comunicando el auto del diecisiete de mayo del año en curso, del que en la parte conducente se advierte la integración a partir del quince de los cursantes del órgano revisor, así como el returno del recurso de revisión 108/2022 de su índice, al magistrado Raúl Valerio Ramírez. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Téngase a la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, acusando recibo del original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, escrito original de expresión de agravios e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa en contra de la sentencia emitida el nueve de marzo del año en curso, el cual registró con el número 108/2022. De igual forma, comunica la integración del órgano colegiado en comento a partir del cuatro de marzo del año en curso. Notifíquese mediante lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintidós. Téngase a la quejosa **********, por conducto de su autorizado **********, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia del nueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias de notificación de las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la aludida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítansele las constancias que integran el original de este juicio de amparo, así como el original del escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con treinta y seis minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1203/2021-II, promovido por **********, por propio derecho, en audiencia pública Juan Manuel Villanueva Gómez Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas las exhibidas en el presente sumario constitucional, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza y que deberán tomarse en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. El Juez de Distrito: Al no existir pruebas pendientes por desahogarse, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. El Juez de Distrito: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1203/2021-II, promovido por Karina Valencia Todd, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O Karina Valencia Todd, por propio derecho, por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, turnado el diecisiete siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Por acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada en el índice de este Órgano Jurisdiccional con el número 1203/2021-II; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveídos de diecinueve y veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo como terceros interesados a Jesús Christian Carranza Gutiérrez y a Denisse Ariela Godínez Sosa, Agente del Ministerio Público actualmente titular de la carpeta de investigación relacionada con la causa de control 2208/2020; asimismo, que al primero de los citados, se tuvo por emplazado mediante el referido acuerdo de veinticinco de noviembre de la presente anualidad y al diverso al momento de recibir la constancia de emplazamiento correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, dado que se reclama un acto atribuido a una autoridad que radica dentro de la jurisdicción que corresponde a este órgano. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste en: - La determinación emitida en audiencia intermedia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa de control 2208/2020, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que decretó improcedente la declaración de nulidad y sobreseimiento de la causa, solicitada por el defensor de Karina Valencia Todd. TERCERO. Es cierto el acto reclamado atribuido al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en virtud de que, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le atribuye y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Lo anterior se corrobora con la copia auténtica de las constancias escritas de la causa de control 2208/2020 y los registros de audio y video de la audiencia llevada a cabo por el Juez de Control, que como apoyo a su informe justificado anexó la autoridad judicial responsable, donde obra el acto reclamado por la parte quejosa, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. No habiéndose invocado causa de improcedencia, ni de oficio advierte este órgano de control constitucional la existencia de alguna, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de los conceptos de violación, es necesario precisar los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. En audiencia inicial para formulación de imputación sin detenido de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Ministerio Público formuló imputación en contra de Karina Valencia Todd, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de sustracción de hijo, cometido en agravio de Jesús Christian Carranza Gutiérrez, previa exposición de los argumentos vinculatorios, la imputada solicitó que su situación jurídica se resolvería en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, imponiéndole una medida cautelar de presentación periódica los primeros tres días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares. 2. El veintitrés de febrero de la presente anualidad, en la audiencia de prórroga de plazo constitucional, se dictó auto de no vinculación a proceso a Karina Valencia Todd, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de sustracción de hijo, cometido en agravio de Jesús Christian Carranza Gutiérrez, por lo que se dejaron sin efectos las medidas cautelares impuestas. 3. Inconforme con dicha determinación, el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, quien lo registró con el número de toca 83/2021, sin que las partes hayan solicitado audiencia de exposición oral de alegatos aclaratorios sobre los agravios expuestos, por lo que mediante resolución dictada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dicho Tribunal revocó el auto de no vinculación a proceso dictado en favor de la quejosa Karina Valencia Tood, decretándole auto de vinculación a proceso por el hecho delictuoso de sustracción de hijo (en la hipótesis de que la madre impida al otro progenitor ver y convivir con su menor hijo), previsto y sancionado por los artículos 263, con relación a los diversos 6, 7, 8, fracciones I y IV, y 11, fracción I, inciso c), del Código Penal para el Estado de México, en agravio del menor de identidad reservada con iniciales C.A.C.V. en calidad de víctima y Jesús Christian Carranza Gutiérrez, como ofendido. 4. Así el diez de septiembre de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público, formuló acusación en contra de la quejosa Karina Valencia Todd; sin embargo, toda vez que se encontraba fuera del plazo de quince días que prevé el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad responsable dio vista al Fiscal General de Justicia del Estado de México, para que se pronunciara al respecto. 5. El veinte de septiembre de la anualidad que transcurre, Alma Delia Sandoval Rodríguez, Coordinadora Territorial del Valle de México, de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, presentó acusación en contra de Karina Valencia Todd, por el hecho que la ley señala como delito de sustracción de hijo en la hipótesis de que la madre impida al otro progenitor ver y convivir con su menor hijo, cometido en agravo del menor de sexo masculino de identidad resguardada de iniciales C. A. C. V. en calidad de victima, y de Jesús Christian Carranza Gutiérrez, como ofendido, señalándose las catorce horas del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de celebrar la audiencia intermedia, misma que fue suspendida ante la inasistencia del Agente del Ministerio Público, señalándose de nueva cuenta el día cinco de noviembre de dos mil veintiuno, para su celebración. 6. En audiencia intermedia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable dio uso de la palabra al agente ministerial a fin de que formulara su acusación, sucedido lo anterior, al dar uso de la voz al defensor a efecto de que manifestara si advertía algún vicio formal, el cual hizo patente que el escrito de acusación, carecía del hecho circunstanciado, mismo que la citada agente solicitó que se tuviera por subsanado como vicio formal, oponiéndose a tal circunstancia la defensa, argumentando que al carecer del hecho la acusación, dejaba a su representada en estado de indefensión, a lo cual el juez de control consideró como un vicio formal la omisión de especificar el hecho en el escrito de acusación, manifestando que la acusada ya conocía del mismo, dada la secuela procesal de la causa de control; de igual forma, el citado defensor manifestó que no obraba en autos la constancia del acuerdo por el cual el Fiscal General de Justicia del Estado de México, delegó sus funciones a la Coordinadora Territorial del Valle de México de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de conformidad con lo estatuido en el arábigo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que pudiera presentar escrito de acusación, motivo por el cual al ser un acto emitido por una autoridad que no tenía facultad suficiente, era un acto inexistente; por tanto, al no existir acusación se debía decretar el sobreseimiento de la causa, a lo que el juez de control determinó que no le asistía la razón al defensor, toda vez que la citada servidora pública se ostentaba como Subalterna del Fiscal General de Justicia del Estado de México, con facultad suficiente para presentar el multicitado escrito de acusación, por lo anterior, no era procedente su solicitud. Dicha determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de disenso se tienen por reproducidos en este considerando como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Pese a lo anterior, se precisa que la quejosa aduce, en esencia, lo siguiente: Que el juez responsable al tener por subsanado como vicio formal la omisión de precisar en el escrito de acusación el hecho a solicitud de la fiscalía, incurrió en una violación al principio de igualdad entre las partes, pues rompió con el equilibrio procesal, permitiendo que la corrección de vicios formales del escrito de acusación lo realizara la misma fiscalía, en razón de que dicha facultad únicamente corresponde a la víctima, a su asesor jurídico, en la etapa intermedia y al imputado o a su defensa, en la fase oral en audiencia intermedia. Que la ausencia del hecho atribuido dentro del escrito de acusación, se convierte en una violación a su derecho fundamental a una defensa adecuada al no comunicarse previa y detalladamente la acusación formulada en su contra, así como a su garantía de seguridad jurídica, trasgrediendo con ello los artículos 8.2.b. de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que el juez de control responsable vulneró y desconoció en su perjuicio el principio de legalidad al validar las facultades de la Coordinadora Territorial del Valle de México, de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, para presentar el escrito de acusación en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, sin la acreditación del acuerdo delegatorio del Procurador. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los motivos de disenso son infundados, los cuales se analizaran en su conjunto dada la estrecha relación que guardan entre sí, atendiendo a las siguientes consideraciones: Cabe precisar que de conformidad con 334, 337, 340, 342, 344 al 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia es un momento procesal de suma importancia, porque ahí la autoridad ministerial presenta su acusación, la cual establecerá el objeto del juicio oral y las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. También es la oportunidad para el ofrecimiento de pruebas, su admisión, la celebración de los acuerdos probatorios y el establecimiento de aquellos hechos que serán debatidos en la audiencia de juicio oral; además, la audiencia intermedia cumple funciones propias de saneamiento procesal, dado que, será el momento en que el juez de control, de oficio o a petición de parte, requiera al Ministerio Público para que corrija los errores formales que presenta su acusación y examine a través de las excepciones interpuestas por la defensa, la existencia de vicios o defectos que invaliden la relación jurídico procesal. Asimismo, será el instante idóneo para depurar aquellos medios de prueba impertinentes, ilícitos o que busquen acreditar hechos notorios o públicos. Por lo anterior, podemos concluir que el fin de la etapa intermedia es controlar jurisdiccionalmente la acusación ministerial, en un sistema que observa los principios de igualdad procesal y dispositivo; además, depurar los medios de prueba ofrecidos, ya sea excluyéndolos o admitiéndolos; y, subsanar los hechos controvertidos, mediante el debate y a través de los acuerdos probatorios. Así, la fase intermedia constituye un filtro que purifica pruebas y hechos a fin de que en el juicio se debata sólo lo que es susceptible de debate, atendiendo a la teoría del caso de cada una de las partes. En ese sentido, de conformidad con el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia intermedia inicia con la formulación de acusación por parte del Ministerio Público, seguida de las exposiciones de la víctima, ofendido o asesor jurídico y el acusado por sí o por conducto de su defensor. Concluidas las exposiciones de las partes, que implica que se ha puesto sobre la mesa de debate lo que comprenderá la audiencia intermedia, el punto siguiente es resolver las incidencias que consideren relevantes presentar. Por no haber otro momento procesal, siendo aquí cuando las partes deben debatir respecto de los vicios formales de la acusación, señalados tanto por la víctima, ofendido o asesor jurídico, como por el imputado o su defensor, ya que la etapa intermedia, como ya se dijo, tiene como fin, entre otros, la depuración de los hechos controvertidos. Una vez hecho lo anterior; es decir, que fueron resueltas las incidencias propuestas por las partes, es factible que la defensa promueva las excepciones que procedan. Así, una excepción, doctrinariamente, constituye un obstáculo procesal que de declararse fundada, constituye una causa que lleva al sobreseimiento del proceso. Entonces la etapa intermedia tiene importancia en cuanto a que en ella se puede esclarecer, que no existe alguna razón de procedibilidad que pueda causar un error que genere la ilegalidad del juicio, convirtiéndose en uno de sus temas centrales. En el entendido, que su petición de conformidad con el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales corresponde a la defensa, por ser la parte con interés para que se dicte una resolución en la que se sobresea la causa. El Código Nacional de Procedimientos Penales expresamente no prevé cuáles son esas excepciones, pero si estás, desde un plano procesal, llevan al sobreseimiento de la causa, debemos recurrir a dicha figura para poder determinar si es posible alegarla en la etapa intermedia. En ese sentido, el numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé las causas de sobreseimiento en el proceso penal del tipo acusatorio, adversarial y oral, al referir que dicha figura jurídica se actualiza cuando surge alguna de las siguientes hipótesis: El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley. De los supuestos antes establecidos, se advierte que sólo algunos constituyen un verdadero obstáculo procesal que impedirían abordar el estudio de fondo de la acusación; esto es, los señalados en las fracciones VI a IX del artículo 327 del citado ordenamiento nacional. Por tanto, por exclusión, las hipótesis señaladas en las fracciones I a V, a juicio del suscrito no son excepciones procesales que puedan alegarse en la etapa intermedia del proceso penal, porque precisamente son la materia del juicio en lo principal, dado que atañen al fondo del asunto; es decir, no podrá sostenerse en dicha fase como excepción: que la conducta no existió o que es atípica; o que el imputado no es autor ni participe, ya que tales cuestiones son debatibles, dado que requiere de argumentos y pruebas para demostrarlas, lo que únicamente puede hacerse en la audiencia de juicio; es decir, en presencia del juez (principio de inmediación) y bajo el escrutinio de las partes (principio de contradicción). En ese tenor, podemos concluir que sólo pueden introducirse al debate de la audiencia intermedia, los supuestos de sobreseimiento previstos en las fracciones VI a IX del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque son verdaderos obstáculos procesales, que de estimarse fundados, impedirían la tramitación del juicio en beneficio de la acusada, porque no habría razón para entablarlo si se evidencia, por ejemplo: que el acusado murió, que la ley que preveía el delito materia de la acusación ha sido derogada o que el hecho imputado ya fue materia de una sentencia emitida en otro proceso seguido en su contra (excepciones perentorias); sin olvidar las cuestiones relacionadas con la competencia de la autoridad, que también pueden ser alegadas en la aludida etapa (excepción dilatoria). Si bien de conformidad con los artículos 117, fracción VII y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales es obligación del defensor presentar argumentos o datos de prueba que permitan evidenciar la procedencia de alguna causa de sobreseimiento en la causa en beneficio del imputado; y, que éste o su abogado pueden solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento del juicio; ello no los faculta a promoverlo en todos los casos, ya que dependerá de la hipótesis que consideren actualizada y que ésta constituya un verdadero obstáculo procesal que impida abordar el estudio de fondo de la acusación. Lo antes expuesto nos permite concluir, que aun cuando la quejosa a través de su defensor, promovió el sobreseimiento de la causa y que de conformidad con la normatividad aplicable lo podían hacer en la etapa intermedia, tal facultad está limitada a los casos establecidos (los contemplados en las fracciones VI a IX del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales), pues no en todos los casos será procedente su análisis de fondo por parte del juez de control. Ello debido a que como ya se explicó, la etapa intermedia del proceso penal tiene por objeto que el Ministerio formule su acusación, el ofrecimiento, la exclusión y admisión de pruebas, la depuración de los hechos controvertidos y la emisión del auto de apertura a juicio oral, pero no puede ser materia de tal fase resolver cuestiones inherentes o que tienen que ver con el fondo del asunto. Por virtud de lo anterior, se estima legal la determinación del juez responsable en el sentido de que no le asiste razón a la quejosa, para decretar el sobreseimiento de la causa de control 2208/2020, solicitada por el defensor de Karina Valencia Todd, por permitir que el Ministerio Público subsanara la omisión que presentaba el escrito de acusación, al no referir el hecho y adoptarlo como un vicio formal en el procedimiento; asimismo, al tener por valida la representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por conducto de Alma Delia Sandoval Rodríguez, Coordinadora Territorial del Valle de México, de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, sin la presentación de acuerdo delegatorio correspondiente y tomarlo como un hecho notorio, en virtud de los diversos comunicados recibidos por el juez responsable, donde advertía dicha representación, pues de conformidad con lo expuesto en párrafos precedentes, resulta improcedente su solicitud. Lo anterior, porque de acuerdo con la naturaleza del sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, la etapa intermedia es el momento procesal en la se esclarecerán los hechos que serán debatidos en la audiencia de juicio oral, sin que por el hecho de subsanar un vicio formal, se actualice alguna de las hipótesis para decretar el sobreseimiento de la causa, en términos del artículos 327, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque la etapa intermedia o de preparación de juicio, es donde el Ministerio Público formula su formal acusación contra el imputado, donde el juez de control subsana la deficiencia formal de la acusación, donde resuelve las incidencias y excepciones planteadas por las partes y la defensa, donde habrá oportunidad de llegar a acuerdos probatorios, donde se ofrecerán y admitirán las pruebas (una vez que hayan sido depuradas), para luego concluir con el dictado del auto de apertura a juicio oral, en razón de que no es función del juez de control analizar cuestiones que tiene que ver con el fondo del asunto y estimarlo así, desnaturalizaría el objeto de la etapa intermedia en el proceso penal acusatorio adversarial y oral, que es la preparación del juicio. En consecuencia, ante lo infundado e ineficaces de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, por derecho propio, en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese mediante lista electrónica a las partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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