Karina Valencia Todd
Expediente 1121/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 34 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1121/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Karina Valencia Todd
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
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III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual se encuentra registrado con el número 209/2023, de su índice; de lo anterior, se adquiere conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remitiendo los autos originales del juicio de amparo 1121/2022-III, del índice de este órgano jurisdiccional por los motivos que expone. Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, mediante oficio que emane del presente acuerdo, notifíquese a la licenciada ******************** Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Tlalnepantla, la sentencia del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, terminada de engrosar el veintinueve de mayo siguiente, así como el proveído del quince de junio del año en curso, mediante el cual la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia en comento; así como se ordena emitir de nueva cuenta el oficio al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, tendente a la notificación que se indica en el oficio de cuenta. Por tanto, una vez que se cuente con las constancias de notificación correspondientes, intégrese debidamente este asunto y sin realizar mayor pronunciamiento remítase de manera inmediata el mismo al Órgano Colegiado oficiante, para que este en posibilidad de acordar lo que en derecho proceda; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintitrés. Téngase a **********, en su carácter de autorizado de la quejosa **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, terminada de engrosar el veintinueve de mayo siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítanse las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes e intégrese por separado el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial "A" de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación de que se trata. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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III. NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo número 1121/202-III. R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós (depósito), remitido por razón de turno el veintiocho del mismo mes y año a este Juzgado de Distrito, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, y otras autoridades. II. Previa aclaración, por auto del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1121/2022-III; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio ******************** de la Federación adscrita; se ordenó emplazar al tercero interesado; y, señaló hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues en el caso los actos reclamados se atribuyen a autoridades del orden penal que tienen su residencia en el lugar donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se hacen consistir en: 1. Del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: - La resolución del ********************, emitida en el Toca ********************por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, en la que dicta auto de vinculación en contra de la quejosa, revocando con ello la determinación del Juez de Control de no vinculación a proceso del ******************** ********************, en la carpeta administrativa ********************2. Del Juez de Control y de la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, ambos de Tlalnepantla, Estado de México: - La ejecución de la resolución reclamada. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla y al Juez de Control del Distrito Judicial, ambos de Tlalnepantla, Estado de México, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados que se les atribuyen. Circunstancia que se acredita con las constancias que cada uno de ellos acompañó a su informe justificado relativas a los discos en formato dvd respectivamente, que contienen el primero de ellos diversas actuaciones que integran la carpeta administrativa ******************** así como videograbaciones relativas a dicha carpeta; y el segundo de los nombrados, remite discos en formato dvd, que contienen constancias relativas al toca penal ********************, discos que además contienen sello y firma correspondientes. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia II.1o. J/6 (10a.), con número de registro 2017095, localizable en la página 2724, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Materia Penal, Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, del rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente.". Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, como lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, las cuales son idóneas para justificar la existencia del acto reclamado. Sustenta lo expresado la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), con número de registro 2004362, visible en la página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Por otra parte, la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su correspondiente informe justificado negó el acto de ejecución que se le reclama, sin embargo, tal negativa se desvirtúa, al atribuirle acto de ejecución, cuya certeza en su emisión aceptó la autoridad ordenadora, de ahí que se tiene como cierto el acto de ejecución que se le reclama. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, es necesario examinar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia en cuanto al acto cuya existencia ha quedado demostrada en el anterior considerando, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia II.1º. J//5 emitida por el primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito página 95, Materia Común, Octava Época, con registro 222780, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Del análisis de autos, no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación; por lo que se procede al estudio del asunto. QUINTO. La quejosa formuló sus conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. Se cita como apoyo, en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, registro 164618, visible en la página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, materia común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En la especie, este Juzgado determina fundados los argumentos de la quejosa, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto de carácter penal, en el que la directa agraviada tiene la calidad de imputada en el expediente de origen. Ahora bien, previo al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa, se procede a resaltar los antecedentes del acto reclamado, de conformidad con las constancias que fueron exhibidas, y de las cuales se advierte lo siguiente: 1. A las ocho horas con treinta y ocho minutos del quince de ********************, se llevó a cabo la audiencia inicial sin detenido, en la que una vez que se individualizaron las partes, el Juez responsable preguntó a la imputada si conocía y entendía sus derechos constitucionales y procesales, respecto de lo cual aseveró que sí, le tuvo nombrado a su defensor particular que designó, le hizo saber a la imputada (aquí quejosa) el objeto de la audiencia; hecho lo anterior, la representación social formuló la imputación correspondiente a la ahora quejosa ******************** posteriormente, se señaló nueva fecha para la continuación de la audiencia inicial el dieciocho de ********************. 2. A las ocho horas con treinta y ocho minutos del dieciocho de ********************, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial sin detenido, una vez individualizadas las partes, el Juez le hizo saber a la inculpada el motivo de la continuación de la audiencia inicial y le explicó el motivo de su comparecencia, le reitero si conocía y entendía sus derechos constitucionales y procesales, a lo que respondió que sí, y ratificó la designación de su defensor particular. Enseguida la Ministerio ******************** expuso los argumentos vinculatorios; el Juez le hizo saber a la imputada el derecho con el que cuenta para rendir su declaración y al preguntar el ella refirió que no era su deseo declarar y con la asesoría de su defensa privada, solicitó se resolviera su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, asimismo, se fijó fecha y hora para la continuación de la audiencia inicial y se resolvió lo conducente a la medida cautelar. 3. El ******************** ********************, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que una vez que se individualizaron las partes, se abrió el debate relativo a la contestación de los argumentos vinculatorios y una vez cerrado éste, a las ********************, el juez responsable resolvió la situación jurídica de la imputada ********************, y dictó Auto de NO vinculación a proceso en favor de dicha imputada, al no reunirse los requisitos del artículo 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el hecho delictuoso de ********************(en la hipótesis de que la madre impida al otro progenitor ver y convivir con su menor hijo), previsto y sancionado por los artículos 263, con relación a los diversos 6, 7, 8, fracciones I y IV, y 11, fracción I, inciso "c", del Código Penal del Estado de México. 4. Inconforme con la citada determinación, el agente del Ministerio ******************** interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, quien lo registró con el número de toca ********************. 5. Mediante resolución dictada el ********************, dicho Tribunal revocó el auto de no vinculación a proceso dictado en favor de la quejosa ********************, decretándole auto de vinculación a proceso por el hecho delictuoso de ********************(en la hipótesis de que la madre impida al otro progenitor ver y convivir con su menor hijo), previsto y sancionado por los artículos 263, con relación a los diversos 6, 7, 8, fracciones I y IV, y 11, fracción I, inciso "c", del Código Penal del Estado de México. 6. En cumplimiento a lo ordenado a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 451/2021, del índice de este Juzgado, misma que en su oportunidad fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el Amparo en Revisión 239/2021, el ********************, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, emitió nueva resolución en el toca ********************, revocando la determinación del Juez de Control de no vinculación a proceso del ******************** ********************, en la carpeta administrativa ********************En efecto, como se anticipó, los actos reclamados consisten en la resolución emitida el ********************, en el Toca ********************por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa, revocando con ello la determinación del Juez de Control de no vinculación a proceso, en la carpeta administrativa en comento. Al respecto, resulta necesario mencionar que este órgano de control constitucional advierte que la Sala responsable, al resolver en los términos que lo hizo vulnera las formalidades esenciales del procedimiento, situación que se constata con el contenido de la audiencia que fuera remitida por el Tribunal de Alzada, lo que trascendió en la defensa de la quejosa; violando en su perjuicio derechos fundamentales, porque la persona que la asistió en su defensa, no acreditó ser profesional en derecho, pues al respecto a ********************, designado por la quejosa en la apelación, la Presidente de la Sala responsable fue omisa en requerir al asistente de la sala respecto de su registro, al haber sido designado como defensor de la quejosa, lo que se traduce en una violación a los derechos fundamentales de debido proceso y defensa adecuada, a la luz de lo establecido en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.), emitido por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, consistente en dejar de verificar la calidad de licenciado en derecho de las personas que fungieron como defensores privadores de la imputada, -aquí quejosa-, dejando constancia de tal circunstancia en audiencia, lo que trasciende en una afectación a su derecho al debido proceso, salvaguardado por el precepto 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De las constancias generadoras del acto reclamado, se desprende que se pasó por alto el deber de cerciorarse que la aquí quejosa, fuera asistida en todo momento por un defensor que estuviera acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Ahora bien, del registro del audio y video de la audiencia llevada a cabo ante el Tribunal responsable, se advierte lo siguiente (minutos 1:53 al 5:46): "Magistrada Presidenta: Para efecto de registro, le pido a las partes procedan a su individualización, comenzando desde luego por la Representación Social. . Inculpada: Buenos días su señoría, ********************, me identifico con credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, en este acto revoco, es cuanto señoría, es cuanto señoría Magistrada Presidenta: Tiene identificación por favor. Inculpada: (muestra INE a la cámara) Magistrada Presidenta: muchas gracias, quien la acompaña. Defensor Privado: Que tal su señoría, muy buenos días, ******************** en calidad de defensor privado, de la señorita ********************, señalando como medio para recibir notificaciones mi correo institucional ********************, asimismo me identifico con cédula profesional ******************** emitida a mi favor por la Dirección General de Profesiones de la SEP, manifestando que es mi primera intervención en este caso y solicitando que en su momento se me permita aceptar y protestar el cargo. Magistrada Presidenta: Bien, me repite su nombre por favor abogado Defensor Privado: ********************. Magistrada Presidenta: Bien muchas gracias, usted no estaba designado, señorita ********************, va a designar al abogado que se encuentra a su lado para que la asista y la asesore en la presente audiencia. Inculpada: Es correcto señoría. Magistrada Presidenta: Muchas gracias, tiene el uso de la palabra abogado por favor para que se pronuncie en relación a la aceptación y protesta del cargo que se le está confiriendo. Defensor ********************: Gracias señoría, acepto y protesto el cargo conferido. Magistrada Presidenta: Muchas gracias, entiendo que ya se encuentra impuesto de las actuaciones que derivan del toca que nos ocupa, es correcto. Defensor ********************: Es correcto. Magistrada Presidente: Muchas gracias, bien pues en ese tenor se tienen por presentes tanto a la Agente del Ministerio ********************, así como a la imputada, así como a la defensa privada quien ha aceptado y protestado el cargo, puntualizando que ya se encuentra impuesto de las actuaciones que derivan del toca que nos ocupa, por reconocida la personalidad jurídica con que acuden a este audiencia y señalando los medios que han puntualizado para efecto de realizar las notificaciones correspondientes que en derecho correspondan (.), en ese tenor le agradezco a la defensa pública su comparecencia ya no va a ser necesaria podría retirarse si usted lo estima pertinente o permanecer en carácter de público en la presente audiencia." De la relatoría anterior, se pone en relieve la violación procesal conculcada durante el desarrollo del procedimiento llevado a cabo ante la Sala responsable, relativa a la falta de verificación en la propia audiencia de la calidad de licenciado en derecho a través de la cédula profesional por parte del defensor privado (********************) de la quejosa en la respectiva audiencia, esto es, con el registro de tal documento, en el sistema de registro o ante los empleados judiciales designados para tal efecto y, con el cuestionamiento que al respecto debe realizar el Titular del órgano que presida la audiencia, como en el caso, la Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México y con la mención correspondiente del funcionario que de ello se haga en audiencia, máxime que, del desahogo de la audiencia no se advierte que se hay exhibido la cédula correspondiente; por lo que, al no verificarse se contraviene lo previsto al artículo 14 Constitucional. Este Juzgado considera oportuno realizar el análisis constitucional, relativo a la falta de la debida verificación de la calidad de licenciado en derecho del defensor del imputado, que trasciende en una afectación al derecho del debido proceso en agravio de la parte quejosa, en concordancia con el actual criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a dicho tópico, según se desarrollará en párrafos subsecuentes del presente estudio. De modo tal, que las actuaciones por parte de los defensores privados, implican tácitamente la manifestación de su voluntad en la aceptación del encargo conferido en favor de su defendida; incluso, resulta necesario mencionar que existe constancia en audio y video del requerimiento realizado a la quejosa por parte de la Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, respecto a si era su deseo designar a la persona mencionada a efecto de que llevara su defensa y de la que se tomó conocimiento era si primer intervención; voluntad que fue expresada en la respectiva audiencia por la parte quejosa. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 5/91, con número de registro 206188, visible en la página 65 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Agosto de 1991, Octava Época, sustentado por la propia Primera Sala del alto tribunal, del rubro y texto siguientes: "DEFENSOR. RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER DE. PARA ELLO DEBE CONSTAR FEHACIENTEMENTE SU ACEPTACIÓN. YA SEA EXPRESA O TACITA. Entre la tesis registrada con el número TC011021-PEN del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito intitulada "DEFENSOR. ACEPTACIÓN DEL CARGO" y la tesis registrada con el número TC012083-PEN del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, intitulada "DEFENSOR. RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER DE. PARA ELLO ES NECESARIO ACEPTAR Y PROTESTAR DICHO CARGO", subyace una contradicción en el sentido de que el Segundo Tribunal Colegiado sostiene que la aceptación del cargo del defensor no es un acto de tácito efecto en tanto el criterio que sustenta el Primer Tribunal Colegiado es en el sentido de que si el defensor nombrado realiza actos de defensa, tales actos implican tácitamente aceptación del cargo. La contradicción debe resolverse en favor de la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado, en virtud de que para que los actos de defensa en los juicios del orden criminal principien a tener vigencia, es indispensable que el defensor acepte el cargo, lo cual hará ante el órgano correspondiente tan pronto se le de a conocer su designación. Esta aceptación deberá constar fehacientemente, ya sea de manera expresa o tácita para que surta sus efectos legales. Se llega a esta conclusión en virtud de que el defensor independientemente de tener la obligación de obrar por ministerio de ley, es el asesor técnico que presta sus servicios profesionales al acusado y como tal el artículo 2547 del Código Civil para el Distrito Federal, que contempla disposiciones relativas al contrato de mandato que se otorga para el ejercicio de una profesión, establece que su aceptación puede ser expresa (de palabra, por escrito o por signos inequívocos) o tácita, cuando el mandatario ejecuta los actos que le encomienda el mandante, sin que declare que acepta el mandato." (Lo resaltado no es de origen). Ahora bien, retomando la premisa inicial de la trasgresión al debido proceso acaecida dentro del procedimiento de primera instancia, debe decirse que dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. En cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra el derecho fundamental de "garantía de audiencia", la cual permite que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), con número de registro 2005716, visible en la página 396 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Décima Época, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, de rubro y texto: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.". Bajo ese contexto, cabe mencionar que el mencionado artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone todo acto de autoridad que entrañe afectación o privación de derechos, sólo puede ocurrir mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, aquellas que garantizan una adecuada y oportuna defensa. Formalidades que se traducen -de manera genérica- en: a) Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) Oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) Oportunidad de alegar; d) Dictado de resolución que dirima las cuestiones debatidas y la existencia de un medio de impugnación. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P. /J. 47/95, con número de registro 200234, localizable en la página 133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia(s): Constitucional, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". Es decir, la garantía de debido proceso legal interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas en su defensa y obtener resolución que dirima las cuestiones debatidas atendiendo las condiciones fundamentales a satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. Este primer elenco de formalidades esenciales del procedimiento se complementa, en la materia procesal penal, entre otras, con la relativa a la defensa adecuada libremente elegida, consagrada por los artículos 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Federal, 8.2, incisos d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la cual se hace consistir en otorgar a toda persona inculpada la oportunidad de que sea asistida por un defensor de su elección, quien, a su vez, deberá tener la posibilidad de aportar pruebas, promover medios de impugnación, exponer argumentos de derecho y utilizar los beneficios procesales que la legislación correspondiente establezca para la defensa. Ahora bien, específicamente en el sistema de justicia penal acusatorio, tal derecho fundamental sólo puede considerarse satisfecho si los órganos jurisdiccionales que intervengan en las diversas etapas e instancias del proceso penal, corroboran en la propia audiencia que la persona que funge como defensor del imputado cuenta con la competencia técnica de licenciado en derecho, a través de su cédula profesional expedida por la autoridad legalmente competente. Lo anterior, conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.), con registro 2020892, visible en la página 959, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y contenido: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal. En ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) en el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado." (Lo destacado no es de origen). En efecto, la Primera Sala del máximo tribunal del país, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 405/2017, de la que emana el criterio jurisprudencial transcrito, al retomar diversos precedentes del sistema penal de corte mixto anterior, sostuvo que la capacidad técnica del defensor que asiste al inculpado se acredita con el instrumento público que lo avale como licenciado en derecho (título o cédula profesional expedido por institución autorizada), por lo que de no identificarse con dicho instrumento no es factible presumir que cuenta con los conocimientos en la rama del derecho. De cuyas consideraciones derivó la tesis aislada 1a. CCCXXVIII/2015 (10a.), con registro 2010350, visible en la página 966 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, de rubro y texto siguientes: "DEFENSA TÉCNICA. NO DEBE PRESUMIRSE POR EL HECHO DE QUE SE ASIENTE EN LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN INCULPADO QUE QUIEN LO ASISTE ES DEFENSOR DE OFICIO, SI NO EXISTE SUSTENTO ALGUNO DE ESA CALIDAD. Esta Primera Sala determina que es violatoria del derecho fundamental de defensa adecuada, la afirmación de que la capacidad técnica para fungir como defensor de oficio debe presumirse por el hecho de que se asiente en la declaración ministerial del inculpado que la persona que lo asiste es defensor de oficio, si no existe sustento alguno de esa calidad, aun cuando la normatividad correspondiente exija como requisito para ejercer esa función que dichos defensores deben contar con la cédula profesional de licenciado en derecho, incluso bajo el argumento de que correspondió a dicha dependencia verificar esa situación, puesto que el cumplimiento de este derecho humano debe quedar total y plenamente acreditado y no sujetarse a presunciones de ninguna especie, aunado a que constituiría una afirmación carente de contenido constitucional el señalar que debe presumirse que una persona es licenciada en derecho, por el hecho de que se afirme que recibió un nombramiento por alguna autoridad.". Así también, puntualizó las consecuencias jurídicas que se actualizan en los casos que el órgano jurisdiccional no cerciore fehacientemente que el defensor fuera licenciado en derecho con el documento expedido al efecto por institución autorizada, o ante la duda de su existencia, se actualizaría una violación procesal que impondría reponer el procedimiento a fin de que se investigara la calidad profesional del defensor, y en caso de que se probara la violación a la defensa adecuada del imputado, lo procedente sería decretar la invalidación de las diligencias en las hubiere participado dicho defensor. Por lo que después de acotar la doctrina que al respecto estableció la Corte en el tema del derecho del imputado a contar con una defensa técnica adecuada, ajustando tales consideraciones a las peculiaridades que exige el sistema de justicia penal acusatorio, destacó que en los artículos 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reconoce expresamente el derecho fundamental a una defensa adecuada y técnica en todas las etapas del procedimiento, la cual será proporcionada a través de un defensor que elija libremente la parte imputada; asimismo, se establece que es necesaria la formalidad de que el defensor sea licenciado titulado en derecho, con cédula profesional. En ese sentido, la Corte estableció que en el caso de que no se cumplan los deberes a cargo del defensor, previstos en el numeral 117 del citado ordenamiento legal, el órgano jurisdiccional está obligado a proveer lo necesario para que se observen, por lo que el juzgador deberá constatar que aquél esté presente en todas las audiencias, y en caso de que el imputado no cuente con un defensor le tendrá que asignar uno público. En ese contexto, con propósito de las formalidades que se deben cumplir para corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, para la Primera Sala adquirió especial relevancia el precepto 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al disponer expresamente que dicha calidad se acredita directamente ante el órgano jurisdiccional desde el inicio del procedimiento, así como que en el artículo 54 de la citada legislación, se regula la figura del auxiliar de sala o asistentes de constancias y registros, los cuales están facultados para auxiliar en la recolección previa de la información general de aquellas personas que habrán de participar en el desarrollo de la audiencia respectiva. Sin que pase inadvertido la circunstancia que conforme a las atribuciones de los centros de justicia penales, se encuentra la vertiente administrativa que permite llevar el control y registro de los diversos intervinientes en los procedimientos penales que se están realizando en dicho centro. Bajo esas premisas, el alto tribunal concluyó que al llevar a cabo la individualización de las partes intervinientes durante la audiencia inicial, o en las posteriores que intervenga por primera vez el abogado correspondiente, ya sea por tratarse de otra etapa o por cambiarse a éste, los órganos de jurisdicción penal tienen la obligación de recabar sus datos generales y, después de obtenerlos, cuestionar en la audiencia al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según se denomine, sobre si esos datos fueron cotejados con las identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, destacando desde luego el número de cédula profesional que corresponde al o los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado; todo lo cual podrá ser debatido por los actores procesales. Es así, según lo reiteró la Corte, porque la calidad de licenciado en derecho del defensor debe acreditarse directamente ante el órgano jurisdiccional desde el inicio del procedimiento, por lo que es obligación del defensor exhibir la cédula profesional respectiva, así como realizar los trámites de registro correspondientes ante el aparato administrativo del Poder Judicial, documento del cual debe quedar copia auténtica en los registros de la causa penal y que previamente habrá sido entregada, cotejada y verificada por el asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala. De lo que se puntualiza que es necesario que en la videograbación de la audiencia respectiva al menos quede registrado lo siguiente: - La manifestación del defensor de ser licenciado en derecho y la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro del Poder Judicial y el correspondiente a su cédula profesional, así como del documento con el que se identifica plenamente, de ser el caso, pues debe tenerse presente que actualmente existe un formato de cédula profesional que se emite en línea y no contiene imagen fotográfica de la persona. - El momento en que el órgano de jurisdicción penal cuestiona al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, sobre si esos datos proporcionados por la persona que ejerce la defensa fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, así como con las bases de datos respectivas, destacando desde luego el número de cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho; lo que debe constar en la propia audiencia y no antes o de manera posterior, es decir al finalizar la misma. - En el mismo sentido, si durante el desarrollo o celebración de audiencias posteriores, el imputado decide libremente cambiar de defensor -como en el caso-, quien en su lugar sea designado deberá exhibir el mismo documento que lo acredita para tal efecto, lo cual igualmente deberá constar en el registro del expediente penal en los términos aludidos, es decir, realizar los trámites de registro correspondientes ante el aparato administrativo del Poder Judicial, documento del cual debe quedar copia auténtica en los registros de la causa penal y que previamente habrá sido entregada, cotejada y verificada por el asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de Sala, respecto de lo cual, el Titular o Presidente del órgano jurisdiccional correspondiente, una vez abierta la audiencia, debe cuestionar al asistente, auxiliar o encargado de sala, según corresponda, sobre si esos datos fueron cotejados con las identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia; lo que debe constar en la misma diligencia. No se soslaya el hecho de que ante las autoridades, se aduzca que previamente a la audiencia respectiva se hubiera tenido registrada la cédula y obtenido el número de identificación personal que les proporciona el Poder Judicial del Estado de México, respecto del registro de su cédula profesional, y por tanto que se considere que se acreditó ante tal institución que la cédula profesional con la que se ostentan, efectivamente le corresponde y cuentan con la patente para ejercer la licenciatura en derecho, por conducto del auxiliar de sala, y que esta cédula se encuentra debidamente registrada en la página oficial de la Dirección General de Profesional, Registro Nacional de Profesionistas. Sin embargo, como se advierte de lo precisado en párrafos precedentes, resulta necesario que en la videograbación de la audiencia respectiva quede registrado, entre otros aspectos que el órgano de jurisdicción penal cuestione al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, sobre si esos datos proporcionados por la persona que ejerce la defensa fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, así como con las bases de datos respectivas, destacando desde luego el número de cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho; lo que debe constar en la propia audiencia y no antes o de manera posterior, es decir al finalizar la misma. Lo anterior, para que quede constancia que permita verificar el respeto al derecho fundamental del imputado de contar con una defensa técnica adecuada, y los datos necesarios a efecto de que, si alguna de las partes considera necesario objetar la calidad del defensor, se encuentre en condiciones de debatirlo. Por tanto, en los términos ahora establecidos en el criterio de jurisprudencia citado, se precisa que es una obligación del tribunal de alzada la constatación en la propia audiencia de la calidad de licenciado en derecho del defensor, que participa en la misma. Siendo en la especie que, la audiencia para resolver recurso de apelación, no se llevó conforme a los términos precisados en la ejecutoria del Alto Tribunal antes analizada, respecto de la persona que compareció en tal audiencia para asistirla en defensa de la imputada -aquí quejosa-, quien dijo llamarse: ******************** como defensor privado, ya que no se dejó registro de audio y video de la circunstancia en el que la Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, corroborara el registro previo de la cédula profesional ante el auxiliar o empleado judicial designado para ello, cuestionando en la propia audiencia a tal funcionario, sobre si esos datos fueron cotejados con la identificación exhibida momentos previos a la celebración de la audiencia y, que esa persona tuviera expedida a su favor título o cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho, es decir, que tal extremo fuera constato por la Presidenta del Tribunal de Alzada, máxime si se tiene en consideración que no fue exhibida la cédula profesional respectiva, en la celebración de la audiencia en que se emitió el acto reclamado. Por tanto, como se dijo en esta sentencia, en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se considera que se violó en perjuicio de la quejosa, el derecho fundamental al debido proceso, porque la Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, incurrió en una violación procesal, como lo fue la constatación en la propia audiencia por conducto del asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de Sala, sobre el documento del cual debe quedar copia auténtica en los registros y que previamente habrá sido entregada, cotejada y verificada por el asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de Sala, con relación al cuestionamiento de la calidad de la persona que fungió como defensor del imputado, con lo cual dejó de satisfacer lo establecido por el artículo 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que conmina a ese órgano jurisdiccional a verificar que la resolución que reclamada, se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes. Consecuentemente, para enmendarse la infracción al deber de cerciorarse que el proceso penal se haya verificado sin violación al derecho de defensa adecuada de la parte imputada, es de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Primera Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: Deje sin efecto la audiencia y resolución del ********************, en el toca penal ********************. Investigue si ******************** cuando asistió a la quejosa en segunda instancia, tenía el carácter de licenciado en derecho; para lo cual, deberá citar a las partes para la celebración de audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de no vinculación a proceso reseñado; para el caso de que el defensor designado en dicha instancia etapa de juicio no acredite tal carácter de licenciado en derecho, el tribunal de alzada deberá designarle a diverso profesionista de oficio que lo acredite fehacientemente en términos de lo establecido en la presente sentencia o podrá designar la quejosa diverso defensor privado, el que de igual forma, deberá reunir tal calidad conforme lo destacado en este fallo. Desahogado lo anterior y siguiente la formalidad prevista para el desahogo de la audiencia respectiva, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, deberá emitir la resolución que corresponda. Ello, porque la falta de verificación de la calidad de licenciado en derecho del abogado que asistió a la quejosa en segunda instancia, per se constituye una violación de derechos fundamentales. Así las cosas, al haber quedado evidenciado que se vulneraron en perjuicio de la quejosa derechos fundamentales, específicamente el de adecuada defensa en segunda instancia sobre los aspectos destacados, es innecesario el estudio de los motivos de inconformidad aducidos en la demanda de amparo, pues el examinado en suplencia de la queja deficiente ha sido suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 394124, Instancia: Segunda Sala, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 168, visibles en página: 113, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO". Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez de Control y Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, ambos de Tlalnepantla, Estado de México, por no reclamarse por vicios propios. Es aplicable al respecto la jurisprudencia VI.2o.J/338 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 69 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 83 (noviembre de mil novecientos noventa y cuatro), Octava Época, registro 209878, del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, de la Ley de Amparo; se, Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede el amparo y protección a la parte quejosa ********************, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, en términos y para los efectos de lo establecido en el último considerando de este fallo. Notifíquese, por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta hoy veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
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