Karina Rubi Huerta Vera
Expediente 1089/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Karina Rubi Huerta Vera
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo presentado a nombre de ********************, firmado electrónicamente por ******************** (a quien designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo), contra actos del Director de Aduanas de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1089/2023, en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Análisis previo. Sin embargo, previo a proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Actos reclamados. La parte quejosa en esencia señala como actos reclamados los siguientes: i) Actos de molestia por haberme despojo de mi patrimonio sin fundamentación o motivación alguna o una orden de Juez competente que funde o motive el acto reclamado lo que comprueba que violaron mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 1, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 22, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al privarme de mi patrimonio familiar sin una orden o un fundamento suficiente, fundado y motivado para argumentar su conducta dolosa. En el caso a estudio, esta demanda de amparo se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de la quejosa directa ********************. 3.2 Causa de improcedencia manifiesta e indudable. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, y 3, cuarto y quinto párrafo, numeral 107 fracción V, éstos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que legalmente no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional, y el acto reclamado es emitido dentro de juicio y no es considerado de imposible reparación. 3.3 Falta de firma electrónica. De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos y, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con la firma electrónica de la quejosa ********************, debe considerarse que no exteriorizó su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. Conforme a los lineamientos del artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En efecto, la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin que tal requisito pueda suplirse con la firma electrónica de la persona que el quejoso señala como autorizado en su escrito de demanda, ni con la firma autógrafa de la impetrante, en virtud de que dicha acción fue intentada por la vía electrónica. Aunado a que en el caso en particular, no nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual no se requerirá la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, toda vez que, en esencia, los actos que se pretenden reclamar en el presente asunto es despojo de un bien inmueble. 4. Desechamiento. En esas condiciones, resulta patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 3, cuarto y quinto párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se invoca el amparo en revisión ******************** del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo. 5. Autorizado en términos restringidos. Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5.1 Domicilio para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en ******************** es decir, fuera de la ciudad donde se localiza este Juzgado. 5.2 Notificación por lista. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones se le realicen por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos en esta ciudad. 5.3 Comunicaciones no procesales. Se tiene a la parte promovente señalando el correo electrónico y número telefónico que indica en su libelo de cuenta, en el entendido de que el mismo se establecerá para comunicaciones no procesales. 5.4 Consulta vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica a la solicitante con los nombres de usuario "********************" y "********************". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente el usuario respectivo; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 5.5 Instrucción al Oficial Judicial "A". Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad, vincule al usuario antes señalado con este expediente. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria Siva Visnú López González, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
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