Karina Lizeth Ramírez Salazar

Expediente 300/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
300/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Karina Lizeth Ramírez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto cinco de abril del dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control. 6. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa Karina Lizbeth Ramírez Salazar, para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este juzgado a recoger el documento original que acompañó con su escrito de demanda; apercibida que en caso de no hacerlo así, será destruido junto con el expediente, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 20 del aludido Acuerdo General.

  2. Principal

    1. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por ...mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila, con sede en dicha ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 300/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa es el siguiente: El desalojo de la posesión (terreno y casa habitación), relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio entablado por la tercera interesa ...bajo el expediente 250/2021, en contra del concubino de la quejosa ...del predio ubicado en el número 392, de la calle Constitución de la colonia Morelos en ciudad Acuña, Coahuila. Bajo el argumento que hasta el veintinueve de marzo de este año, se enteró de la tramitación del al juicio ordinario civil reivindicatorio 250/2021, Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza y de la sentencia que obliga a su concubino a entregar el citado bien inmueble dentro del plazo de cinco días. Empero, de las constancias que anexó al libelo de demanda, se advierte que el nueve de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa atendió personalmente a la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, quien se ostentó como esposa de ...se identificó con credencial para votar folio 0031087404940 y recibió cédula de notificación original (tinta azul original), que contiene inserto el auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, al que se adjuntó copia de la demanda y sus anexos que dio inicio al procedimiento 250/2021. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo con la causal establecida en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos de los preceptos 17 y 18 de la ley de la materia, el plazo de quince días para promover el amparo se computará a partir del siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o bien, a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 invocado prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: i) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días. ii) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será de ocho años. iii) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. iv) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se podrá presentar en cualquier tiempo. En ese contexto, el plazo para promover el juicio de amparo en contra del acto hoy reclamado es de quince días, ya que no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis de excepción antes señaladas. Ahora, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el plazo aludido se contabilizará: i) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; ii) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclama o de su ejecución; o, iii) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destacan estas formas para computar el plazo de quince días, dentro del cual ha de promoverse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada; todas con características propias y excluyentes entre sí. La primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercera forma establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución, lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. En el caso, de la documental que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, se aprecia la cédula de notificación de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que sin duda, la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado de la tramitación del ordinario civil reivindicatorio 250/2021, pues ese día, la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, notificó el auto admisorio de catorce de julio de dos mil veintiuno y se le corrió traslado a su concubino con la demanda y anexos que motivaron el inicio del mencionado expediente. Bajo esas consideraciones, el plazo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado, transcurrió del diez al treinta de agosto de dos mil veintiuno. Luego entonces, si la demanda se presentó hasta el cuatro de abril de dos mil veintidós, es evidente que habían transcurrido en exceso los quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo para su promoción. De los preceptos citados se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. En esas condiciones, este órgano constitucional determina que el juicio de amparo promovido deviene improcedente, por haberse presentado fuera del término al que se ha hecho referencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.27/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es inconcuso que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción y XIV de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. 3. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en los estrados de este tribunal. Asimismo, se tiene por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Eusebio Arizpe Fernández, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 4. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 5. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 6. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 7. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a los promoventes tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 8. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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