Karina Morales Aranda
Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Karina Morales Aranda
- Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos
Actuaciones
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 360/2022, promovido por Karina Morales Aranda contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Karina Morales Aranda solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".Omitir realizar el acuerdo en el cual otorgue termino a las partes para formular alegatos, dicte el cierre de instrucción al no quedar prueba pendiente por desahogar y como consecuencia dictar el laudo en el juicio." SEGUNDO. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 360/2022, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar el acuerdo que otorga a las partes término para formular alegatos, cierre de instrucción, y por ende el proyecto de resolución en forma de laudo, lo anterior en el juicio laboral 01/546/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Así, se tiene que la autoridad responsable, si bien aceptó el acto que la parte quejosa reclama en su contra, no obstante remitió en apoyo a su informe justificado, copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/546/2019, de las cuales se desprende que el acto reclamado no existe. Es por lo anterior que se indica que no puede tenerse como omisión reclamada la de dictar el acuerdo que otorga a las partes término para formular alegatos, el cierre de instrucción, y por ende el proyecto de resolución en forma de laudo, lo anterior en el juicio laboral 01/546/2019, en atención a que ello corresponde a una etapa distinta dentro del mismo procedimiento laboral. Tal consideración se sustenta en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral; criterio que a continuación se transcribe para pronta referencia: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Ahora es importante destacar que, dentro del procedimiento ordinario laboral previsto en la Ley Federal del Trabajo, la certificación tocante a que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, término para formular alegatos, cierre de la etapa de instrucción y el dictado del proyecto de resolución en forma de laudo, dentro del juicio laboral de origen, corresponden a dos etapas distintas en atención a que esas diligencias se llevan a cabo en momentos diferentes. En efecto, para estar en posibilidad de dictar el laudo correspondiente, es menester certificar con anterioridad que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, dictar el cierre de instrucción y remitir los autos para proyecto de resolución en forma de laudo, pues de lo contrario, la autoridad laboral no se encuentra en posibilidad de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral. Lo anterior se corrobora de la lectura a los numerales 685, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." "Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. "Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. "Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." Con base en lo anterior, si se toma en consideración que la parte quejosa reclama de la responsable la omisión de dictar el acuerdo que otorga a las partes término para formular alegatos, cierre de instrucción, y por ende el proyecto de resolución en forma de laudo, lo anterior en el juicio laboral 01/546/2019, el estudio de este juzgador al resolver el presente asunto debe centrarse en la continuidad de la secuela procesal dentro del juicio laboral, esto es que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la autoridad responsable no se encontraba en posibilidad de dictar el acuerdo que otorga a las partes término para formular alegatos, cierre de instrucción, turnar los autos a proyecto de resolución, y por ende dictar el laudo correspondiente, ello pues dentro del juicio laboral 01/546/2019 a la presentación de la demanda de amparo esto es el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, no se habían terminado de desahogar la totalidad de las pruebas dentro del juicio laboral de origen, para posteriormente, estar en posibilidad de certificar que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, turnar a alegatos, dictar cierre de instrucción y remitir los autos para proyecto de resolución en forma de laudo. Ello es así, pues se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó lo siguiente: Así, del proveído antes reproducido se advierte la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se pronunció respecto de la prueba de informe de autoridad rendida por el Instituto Mexicano del Seguir Social, recibida ante la responsable el veintiuno de abril del presente año; a su vez, en el auto de referencia la responsable certificó que visto el estado procesal que guardan los autos del juicio laboral 01/546/2019 se advierte no quedan pruebas pendientes por desahogar, y concedió a las partes término de dos días a efecto de que formularan sus respectivos alegatos. Es por lo anterior, que se indica que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo esto es el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable no había desahogado la totalidad de las pruebas y realizado la certificación correspondiente, para estar en posibilidad de turnar a alegatos, dictar cierre de la etapa de instrucción, y en consecuencia estar en posibilidad de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo, al encontrarse el expediente laboral en actuaciones subsecuentes que no podrán materializarse hasta en tanto se lleven a cabo las primeras, pues es necesario que la fase en la que se encuentra el procedimiento de origen se concluya para así dar paso a la siguiente, y de acontecer una nueva violación procesal en esa etapa subsecuente, esta será impugnable a través de un nuevo juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". (Énfasis añadido) Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que la autoridad responsable si bien aceptó la existencia del acto reclamado, lo cierto es que debe tenerse por no cierto el mismo toda vez que de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, se observa que el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se pronunció respecto de la prueba de informe de autoridad rendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y realizó la certificación tocante a que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, concediendo a las partes el término de dos días a efecto de que formularan sus respectivos alegatos, por tanto, es inconcuso que el acto reclamado no existe, ni existía a la fecha de presentación de la presente demanda constitucional, tal y como se puede observar de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe. En ese orden de ideas, aunado al hecho de que no existe el acto reclamado debe decirse que tocaba al promovente de amparo la carga procesal de desvirtuar la inexistencia del acto reclamado; esto es, correspondía a Karina Morales Aranda, desvirtuar dicha negativa. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Karina Morales Aranda. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintidós Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su celebración las diez horas con diecinueve minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Isaac Rafael Mejía Torres y/o a su autorizado, el contenido de la determinación de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 231/2020 del índice de este Juzgado de Distrito, tres anexos, y el testimonio de la ejecutoria dictada por ese cuerpo Colegiado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión administrativo 339/2021 en la cual en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente: ".PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 231/2020 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Lo anterior comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes, glósese el cuaderno de antecedentes y en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Superioridad se repone el procedimiento de amparo en los términos que refiere el citado órgano jurisdiccional, por tanto se provee lo siguiente: Se deja sin efectos la sentencia definitiva dictada en el presente juicio el treinta de abril de dos mil veintiuno y la audiencia constitucional de cuatro de diciembre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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