Karina Molina Figueroa

Expediente 1429/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1429/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Karina Molina Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; se tiene por recibido el oficio suscrito por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el catorce de julio del año en curso, en el recurso queja Q.T.121/2022, interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida; en la que la superioridad determinó: "[...] ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja, interpuesto por KARINA MOLINA FIGUEROA. [.]" De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento, y como por así haberlo solicitado el Tribunal Colegiado acusese de recibo correspondiente. Ahora, en vista de lo resuelto por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Del cuaderno principal. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado al cual se encuentra adscrito, dentro de los autos de la queja 121/2022, por el cual acusa de recibo del informe rendido, así como del escrito original de expresión de agravios y copias; asimismo, comunica que admite dicho recurso; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Victoria Juárez, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita se hagan efectivas las medidas de apremio en contra de la responsable ante la omisión de realizar las gestiones necesarias para emplazar a la demandada al juicio natural 01/596/19; al respecto, se le tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, atendiendo a sus manifestaciones, dígase que por el momento no ha lugar hacer efectivas las medidas de apremio que solicita en su escrito de cuenta, tan es así que dicha Junta sí ha realizado gestiones para su cumplimiento, máxime que se encuentra transcurriendo el término concedido a la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Francisco Antonio Villalobos Adán solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado. "Lo constituye la resolución de fecha 19 de octubre de 2020 mediante la cual se procede a decretar en mi contra la ilegal aplicación de la sanción consistente en multa de hasta quince unidades de medida y actualización decretada como consecuencia de la falta de notificación personal del auto de requerimiento de pago de fecha 13 de noviembre de 2019, en donde se me apercibe con la aplicación de una sanción." SEGUNDO. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad una vez que se subsanó la prevención y radicó el asunto con el número de expediente 245/2021, admitió a trámite la demanda de amparo y requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promoventes del amparo reclama: La resolución de diecinueve de octubre de dos mil veinte, donde se le aplica una multa de quince unidades de medida y actualización dentro del expediente laboral 01/1343/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo reconoció en su informe con justificación, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Causa de improcedencia fundada. Por ser de orden público y estudio preferente, se procede a analizar si en el presente juicio de amparo se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, atenta al artículo 62 de dicha ley. En la especie, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que la promoción del presente juicio de amparo por parte del quejoso con el carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 6° y 7°, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De los artículos anteriores se desprende que el juicio de amparo solo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta el acto reclamado y que las autoridades pueden acudir a dicha vía constitucional únicamente cuando: a) La norma general, el acto u omisión afecten su patrimonio. b) Respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Se colige que de acuerdo al principio de instancia o iniciativa de parte agraviada, la acción de promover el amparo, debe ser ejercida por la persona que ve afectado su interés legítimo o esfera jurídica con motivo de la emisión y/o ejecución de un acto de autoridad. Asimismo, para que una persona jurídica colectiva o particular pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, debe afectar sus derechos humanos el acto o ley que reclama; lo que tratándose de personas jurídicas colectivas oficiales de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Amparo, solo podrá ocurrir en demanda, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte directamente los intereses patrimoniales de aquélla, pero tratándose de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7° de la Ley de Amparo, conforme a la cual, las personas jurídicas colectivas oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; pero, se insiste, cuando haya actuado en un plano de igualdad con los particulares, no así, cuando hayan sido demandados en una contienda, precisamente, en su carácter de autoridad. En este orden de ideas, la quejosa carece de legitimación para acudir al juicio constitucional, en razón de que el acto reclamado se dictó en un juicio contencioso administrativo en el que figura como parte demandada a defender la legalidad de un acto emitido en su carácter de autoridad, es decir, el acto reclamado no derivó de un procedimiento en el que se encontró en un plano de igualdad con el particular (ahora tercero interesado). De manera que aun cuando una persona moral oficial se coloque en un plano de subordinación frente a una autoridad, la procedencia del juicio de amparo no se surte en contra de todos los actos que se emiten en el desarrollo de esa relación, ya que es necesario que se actualice una afectación a sus derechos patrimoniales. Así, cuando una autoridad obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en igual forma que los individuos, entonces, puede estimarse que, actuando precisamente en su plano de gobernado, puede acudir a la instancia constitucional; es decir, cuando el asunto derive de su actuación en el juicio de origen como persona de derecho privado, actora o demandada, pero no como autoridad demandada En cambio, cuando la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo acude, precisamente con dicho carácter a la instancia constitucional, el juicio de amparo es improcedente, ya que en ese caso no puede estimarse que actúa en su carácter de gobernado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.45/2003 por analogía, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 184063, visible en la página 254, tomo XVII, junio de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." Precisado lo anterior, el aquí quejoso Francisco Antonio Villalobos Adán, por propio derecho, y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, reclamó el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro del juicio laboral 01/1343/2016, en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, y se impuso al Presidente Municipal, una multa por la cantidad equivalente a quince unidades de medida y actualización conforme al artículo tercero transitorio del decreto, por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Ahora bien, al imponer la multa la autoridad responsable, se advierte que ésta se aplica a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, y no al Ayuntamiento. Por tanto, el funcionario responsable, es quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto del municipio. En consecuencia, si la multa se dirige a la persona física que en su actuar como funcionario o autoridad incurre en un desacato, dicha multa es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, por lo que tal persona, por derecho propio, es la única legitimada para promover el juicio de amparo; no así en su carácter de autoridad, pues no es al organismo público que representa al que se impuso la multa sino a su persona en su actuar como funcionario. Asimismo, sirve de apoyo por similitud de consideraciones, la jurisprudencia número 2a./J. 3/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 110, tomo XIII, Febrero 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." En tales condiciones, es claro que Francisco Antonio Villalobos Adán, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, carece de legitimación para acudir a la instancia constitucional, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta tendrá que pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado al propio Ayuntamiento. Dadas las consideraciones de mérito, es dable concluir que Francisco Antonio Villalobos Adán, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, carece de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto que nos ocupa, pues la multa impuesta se realizó al servidor público, es decir, a la persona física en su calidad de sujeto de derecho privado que ocupa dicho cargo. En las relatadas circunstancias y para el caso de que el acto reclamado adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicho individuo, por lo que únicamente él está legitimado para controvertir las cuestiones inherentes a éste y no la dependencia de gobierno que representan en su carácter de ente de derecho público; por ende, el juicio de amparo resulta improcedente, al no existir el requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo promovido por personas morales oficiales, establecido en el artículo 7 de la Ley de Amparo, consistente en la afectación a su patrimonio. Resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 92/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 292, tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 45/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254, tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6° y 7° de la citada ley; por lo que en términos de lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de Francisco Antonio Villalobos Adán, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Causa de improcedencia infundada. El Tribunal responsable afirma que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es inatendible este planteamiento. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable omitió expresar los argumentos tendentes a justificar la causa de improcedencia que propone, lo cual era necesario, pues la falta de interés prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo no es de obvia y objetiva constatación, debido a que puede actualizarse por diversos supuestos, es decir, existen varias alternativas para que opere y se requiere el desarrollo de mayores razonamientos para dar respuesta al planteamiento formulado. Máxime que este Juzgado Federal advierte con claridad que el quejoso acredita su interés jurídico para promover el presente juicio de amparo contra la resolución en que se le impuso la multa, pues él es el titular del derecho afectado de manera directa, actual y presente. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, octubre de 2006, tomo XXIV, página 365 cuya síntesis es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa en síntesis expresa como conceptos de violación los siguientes que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 de la Carta Magna, violentando con ello su garantía de audiencia, ya que le impone la multa sin haber sido notificado de manera personal del requerimiento formulado en proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve; argumento que es infundado, por las razones que se expondrán más adelante. Que ello es así, pues la diligencia de requerimiento de pago de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo violando lo dispuesto por los artículos 142, 742, 743 y 744 de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual desconoció el auto de requerimiento de pago del trece de noviembre de dos mil diecinueve, lo que imposibilitó su cumplimiento. Que la notificación practicada por el actuario incumple con lo dispuesto en el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, ya que los acuerdos de apercibimiento deben notificarse personalmente entregando cédula de notificación, sin que la misma haya sido entregada, de ahí que sea nula esa notificación. De igual manera, refiere que el fedatario dejó de observar lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria a la Ley de la materia, ya que no fue notificado de forma personal, no obstante que dichos dispositivos refieren que los acuerdos con apercibimientos deben notificarse personalmente a las partes dejando cédula de notificación como requisito previo al acto privativo. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Debe decirse que los conceptos de violación se estudiarán en su conjunto, dada la estrecha vinculación que existe, pues todos en esencia se refieren a que no se notificó en forma personal el apercibimiento de multa a efecto de poder hacer efectivo dicha medida de apremio, por ende, no se respetaron las formalidades del procedimiento, con base en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente. Como se precisó en párrafos anteriores, la resolución reclamada fue dictada en el procedimiento de ejecución de laudo, mediante cual se impone multa a la quejosa por falta de cumplimiento de éste; por lo que debe acudirse a las reglas especiales de esta etapa procesal. Debe decirse que la ley que rige el acto reclamado, esto es, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no prevé el procedimiento respectivo para la ejecución de un laudo en un juicio laboral burocrático, por ende, debe de aplicarse supletoriamente lo previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tal y como lo establece la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con número de registro 2002143, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. ANTE LA NO PREVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LLEVARLO A CABO, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece: "Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.". Ahora bien, la referida ley en sus artículos 123 y 124, fracciones I y II, estatuye que las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente, y la desobediencia a sus fallos se castigará con multa de hasta 15 salarios mínimos y con destitución del infractor; esto implica que dicho ordenamiento faculta al referido tribunal para hacer cumplir o ejecutar sus resoluciones, así como utilizar los medios de apremio; pero no establece el procedimiento a seguir e, incluso, los artículos 12, fracciones II y XVI y 13, fracción X, de su reglamento interior no lo contemplan. Consecuentemente, conforme al orden supletorio descrito en el aludido artículo 11, es el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el que supletoriamente debe seguirse para la ejecución de un laudo." Ahora, los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevén lo siguiente: "ARTICULO 150.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "ARTICULO 151.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da (sic) que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." De la transcripción de los artículos referidos se aprecia que el Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo correspondiente. Asimismo, para efecto de precisar las formalidades en la diligencia de requerimiento de pago, es necesario aplicar supletoriamente lo dispuesto en el artículo 951 de la Ley Federal de Trabajo de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que dice: "Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: I. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta Ley; II. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente; III. El Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa el mismo procederá al embargo; IV. El Actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia; V. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado; y VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución." Dicho precepto refiere que la diligencia de requerimiento de pago y embargo se entenderá con el deudor, pero en caso de que no se encuentre la diligencia se practicara con cualquier persona que se encuentre presente. Bajo esa óptica debemos establecer que en el presente asunto si bien la diligencia de requerimiento de pago decretada mediante auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, con apercibimiento de multa, de la cual deriva el acto reclamado, debe entenderse con el demandado, que en este caso es el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, personal moral oficial, a través de su Presidente Municipal, también lo es que si no se llegare a encontrar a dicho Presidente se podrá realizar la diligencia encomendada con cualquier persona que esté presente en el domicilio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. Por tanto, si la notificación que dio origen al acto reclamado en el presente asunto, no se realizó o notificó directamente con el Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, sino por conducto del director jurídico, persona que se encontraba presente en el domicilio de la demandada, no por ello ha lugar a sostenerse que la notificación no se haya realizado en forma personal y se hayan vulnerado las leyes del procedimiento, como lo pretende hacer ver la quejosa. Es decir, la parte quejosa realiza sus conceptos de violación bajo premisas falsas, en razón de que considera en esencia que en el presente asunto se violaron las leyes del procedimiento, ya que tratándose de un diligencia de requerimiento de pago con apercibimiento de multa, para que se tenga por hecha dicha notificación en forma personal debió entenderse únicamente con el quejoso y no con diversa persona. Dentro de los dispositivos que rigen el acto reclamado, es decir, los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, se aprecia que una diligencia de requerimiento de pago y embargo, se entenderá con el deudor, a falta de él se entenderá con cualquier persona que se encuentre presente, como aconteció en el presente asunto. Por ende, al existir claramente los dispositivos que establecen la ejecución del laudo y la forma en que debe realizarse la notificación de dicha diligencia, los argumentos de la parte quejosa se sustentan en premisas falsas a partir de una suposición no verdadera, en razón de que lo que pretende es que se considere una notificación personal únicamente con la parte quejosa, sin observar lo dispuesto en las leyes aplicables al presente asunto, de ahí lo inoperante de sus motivos de inconformidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1326, con número de registro 2001825, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Por otra parte, contrario a lo que refiere la parte quejosa, la autoridad responsable no vulneró lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículos 742, 743, 744 y 751, fracciones IV y V, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, preceptos los primeros que dicen: "ARTICULO 142.- La demanda, la citación para absolver posiciones, la declaratoria de caducidad, el laudo y los acuerdos con apercibimiento, se notificarán personalmente a las partes. Las demás notificaciones se harán por estrados. Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento." ARTÍCULO 742.- Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; II. El auto de radicación del juicio, que dicten las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los expedientes que les remitan otras Juntas; III. La resolución en que la Junta se declare incompetente; IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento; cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; VI. El auto que cite a absolver posiciones; VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio; VIII. El laudo; IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado; X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones; XI. En los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta Ley; y XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la Junta. ARTÍCULO 743.- La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. "Artículo 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario; si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. El actuario asentará razón en autos." "Artículo 751. La cédula de notificación deberá contener, por lo menos: (.) IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula." Esto, pues de las constancias que obran en autos, en específico de la diligencia de seis de octubre de dos mil veinte, que dio origen a la resolución reclamada, se puede apreciar que se entendió con Patricia Flores Onofre en su carácter de auxiliar jurídico, sin que se haya controvertido la veracidad de tal cuestión. Asimismo, contrario a lo que refiere el inconforme, de la diligencia de dieciocho de seis de octubre de dos mil veinte, que dio origen al acto reclamado, se aprecia que el requerimiento iba dirigido al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de su Presidente, y sí se corrió traslado al quejoso con la copia autorizada del auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, tal y como quedó asentado en la constancia de notificación por el actuario adscrito al Tribunal responsable el cual tiene fe pública. De igual forma, sí se cumplió lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal al Servicio del Estado, de aplicación supletoria, en razón de que la diligencia de seis de octubre de dos mil veinte, que dio origen al acto reclamado, se aprecia que el actuario adscrito al Tribunal responsable asentó que comparecía por el actor Melisa Estela Romero Ávila, es decir, el actuario adscrito al Tribunal responsable a efecto de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, iba asociado de la parte que obtuvo el laudo favorable. Toda vez que son inoperantes en una parte y en otra infundados los conceptos de violación, sin que se actualice motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, procede a negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Antonio Villalobos Adán, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, respecto del acto reclamado y autoridad precisados en el primer resultando de esta sentencia de conformidad con lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Francisco Antonio Villalobos Adán, respecto del acto y autoridad responsable señalados en el primer resultando de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el último considerativo de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy ocho de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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