Karina Mora Zúñiga

Expediente 466/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
466/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Karina Mora Zúñiga
  • Magistrado de la Cuarta Sala Civil del S.T.J.E. cd
  • Karina Mora Zúñiga y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Se prescriben billetes de depósito a favor del Erario Federal.Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se desprende que el término de dos años de que disponía la quejosa KARINA MORA ZÚÑIGA, para que compareciera, ante este juzgado a recoger los billetes de depósito números N-816234 y N-818499, valiosos por la cantidad de tres mil pesos, y seis mil pesos, moneda nacional, respectivamente, los que sirvieron para para que surtieran efecto la suspensión provisional y definitiva concedidas en autos, que se dejaron a su disposición en proveído de veinticuatro de abril de mil dieciocho, comenzó a correr, el día veintisiete de abril de dos mil dieciocho y feneció el trece de septiembre de dos mil veinte, ya que la notificación por lista de dicho auto, practicada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, surtió efectos el veintiséis de ese mismo mes y año; lo anterior, tomando en consideración a la suspensión de plazos y términos procesales que prevaleció del dieciocho de marzo al tres de agosto de dos mil veinte (cuatro meses dieciséis días), y del veintiuno de diciembre del año en cita al once de enero de la presente anualidad (veintidós días), de conformidad a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, así como a lo informado a través de la Circular CAP/4/2020, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por lo tanto, a la fecha ha transcurrido, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declara que los citados documentos bancarios han prescrito a favor del Erario Federal, por tanto, efectúense las ordenes de transferencia correspondientes a la Tesorería de la Federación en la Ciudad de México; en el concepto de que la citada autoridad deberá informar a este juzgado dentro de los diez días siguientes a partir de su recibo, el destino que les haya dado a los billetes de depósito aludidos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se impondrá en su contra alguno de los medios de apremio establecidos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal,, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte tercero interesado...ALEJANDRO MORA TORRES... el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, tercera interesada y representante especial del menor, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó el representante especial a través de sus escritos presentados el veinte y veintidós de marzo de este año. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa KARINA MORA ZÚÑIGA, por propio derecho y al menor de edad de iniciales J.M.M., para efectos de que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".para el efecto de que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, deje insubsistente la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación I-67/2017 de su índice, y siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, tome en cuenta los agravios formulados por los apelantes relativos a la pensión alimenticia provisional decretada; asimismo, tome en consideración el interés superior del menor de edad de iniciales J.M.M., a efecto de establecer el régimen de convivencias con el progenitor no custodio; para lo cual queda en libertad de jurisdicción." Trámites para cumplir con el fallo protector En auto de ocho de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en autos y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que la autoridad responsable no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Por oficio presentado trece de marzo del año en curso, el Magistrado responsable allegó copia certificada del proveído de doce de ese mismo mes y año, a través del cual, dejó insubsistente la resolución reclamada. Luego, a través del oficio presentado el quince de marzo de este año, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, exhibió copia certificada de la sentencia dictada en esa propia fecha, dentro del toca número I-67/2017, relativo al recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, a través de la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente. 1. Nuevamente, dejó sin efectos la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación I-67/2017 y dictó una diversa, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. 2. Ordenó al Juez de origen, la reposición del procedimiento, a efecto de recabar las pruebas que resultaran necesarias y suficientes para establecer las condiciones socioeconómicas de las partes y del hijo menor, y de esta manera poder definir la capacidad económica de los progenitores; no obstante, al pronunciar esto el Magistrado responsable, por considerar que las satisfacción de las necesidades del menor tienen la calidad de urgente e inminente, determinó que, en tanto el juez de primer grado recabara las pruebas ordenadas, y así estar en condiciones de emitir un nuevo fallo, el demandado Alejandro Mora Torres deberá cubrir, a favor de su menor hijo una pensión alimenticia provisional, por la suma de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que consideró suficiente para cubrir las necesidades vitales del menor. 3.- Tomó en consideración los agravios vertidos por la amparista relativos a la pensión alimenticia provisional a su favor, argumentando entre otros motivos, que le correspondía una pensión provisional, ya que todo el tiempo se encargó del cuidado del menor, así como de la casa en la que habitaban, motivos por los cuales se encontraba en desventaja y ocasionaba vulnerabilidad en su persona, al no poder laborar en el tiempo que realizó dichas actividades. Respecto de lo cual el magistrado agotó dicha cuestión, pronunciándose y argumentando que no se había revelado una situación de vulnerabilidad ni desventaja, esto, en razón de que la aquí quejosa, disponía de una cuenta bancaria personal, en la que se habían reportado ingresos periódicos, llegando a inferir válidamente que contaba también con capacidad económica para satisfacer sus necesidades e incluso apoyar en los alimentos de sus descendientes. 4.- Asimismo, fijó el régimen provisional de convivencia entre el menor y el progenitor, declarando sin efectos la medida de restricción que se le había impuesto en proveído de ocho de enero de dos mil quince, dictado por el juez natural, toda vez que no se advertía la existencia de situaciones de riesgo o peligro, ello es así, de acuerdo con el dictamen pericial en psicología rendido por la especialista en la materia y realizado al aquí tercero interesado, en el que se estableció que contaba con características de personalidad y crianza adecuados para ejercer el derecho de convivencia. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo anteriormente narrado, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, virtud a que dejó insubsistente la resolución reclamada, dictada en el toca de apelación número I-67/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil 825/2015, sobre divorcio necesario; y, en su lugar, en esa misma fecha, emitió otra en la que atendiendo a los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo determinó reponer el procedimiento en el juicio de origen, fijando una pensión provisional a favor del menor de iniciales J.M.M., hasta en tanto el juez natural se allegara de las pruebas pertinentes para el dictado de una nueva resolución; y en respuesta a los agravios formulados por la apelante y aquí quejosa, consideró que no era susceptible de hacerse acreedora a una pensión provisional, toda vez que de un análisis de las constancias se desprendía que la misma, podía solventar sus necesidades e incluso las de su menor hijo, de igual manera, estableció el régimen provisional de convivencia del menor antes mencionado con su progenitor no custodio, dejando sin efectos la medida de restricción dictada por el juez de origen. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones del repersentante especial del menor Por otra parte, en torno a los escritos presentados por el representante especial del menor, de veinte y veintidós ambos de marzo de esta anualidad, mediante los cuales, desahogó la vista que se ordenó darle con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que, medularmente solicita que se tome en cuenta el interés superior de los menores y se aplique el principio de convencionalidad y principio pro persona, para luego transcribir varias tesis o criterios jurisprudenciales que estima aplicables; al respecto, dígasele que este órgano jurisdiccional cuenta con el imperativo constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, en especial, tratándose de asuntos donde se relacionen a menores, por lo que al momento de dictar la sentencia en el presente asunto, se consideró ese aspecto, y por tanto, al declarar cumplida la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar el nuevo acuerdo dictado por la responsable a la luz de lo resuelto en el fallo protector, por lo cual, se estima que no obstante que el representante especial no realizó manifestaciones en torno al contenido jurídico de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, este órgano jurisdiccional estima que no se vulneran derechos en perjuicio de los menores, ya que el acto emitido por la responsable fue en pleno acato a las observaciones y lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia de amparo, quedando expeditos los derechos de las partes, para que, de considerar que esa resolución irroga algún perjuicio, hagan valer los recursos que estimen necesarios en su contra. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Se autoriza devolución de billete. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito números N-816234 y N-818499, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valiosos por las cantidades de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) y $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron exhibidos por la quejosa a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional y definitiva concedidas en autos; en esa virtud, por resultar innecesaria su retención, se deja a su disposición las cédulas bancarias descritas y se hace de su conocimiento que cuenta con el plazo de dos años para recogerlas o prescribirán a favor del Fisco Federal, como lo establece el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, tercera interesada y representante especial del menor, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó el representante especial a través de sus escritos presentados el veinte y veintidós de marzo de este año. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa KARINA MORA ZÚÑIGA, por propio derecho y al menor de edad de iniciales J.M.M., para efectos de que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".para el efecto de que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, deje insubsistente la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación I-67/2017 de su índice, y siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, tome en cuenta los agravios formulados por los apelantes relativos a la pensión alimenticia provisional decretada; asimismo, tome en consideración el interés superior del menor de edad de iniciales J.M.M., a efecto de establecer el régimen de convivencias con el progenitor no custodio; para lo cual queda en libertad de jurisdicción." Trámites para cumplir con el fallo protector En auto de ocho de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en autos y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que la autoridad responsable no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Por oficio presentado trece de marzo del año en curso, el Magistrado responsable allegó copia certificada del proveído de doce de ese mismo mes y año, a través del cual, dejó insubsistente la resolución reclamada. Luego, a través del oficio presentado el quince de marzo de este año, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, exhibió copia certificada de la sentencia dictada en esa propia fecha, dentro del toca número I-67/2017, relativo al recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, a través de la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente. 1. Nuevamente, dejó sin efectos la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación I-67/2017 y dictó una diversa, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. 2. Ordenó al Juez de origen, la reposición del procedimiento, a efecto de recabar las pruebas que resultaran necesarias y suficientes para establecer las condiciones socioeconómicas de las partes y del hijo menor, y de esta manera poder definir la capacidad económica de los progenitores; no obstante, al pronunciar esto el Magistrado responsable, por considerar que las satisfacción de las necesidades del menor tienen la calidad de urgente e inminente, determinó que, en tanto el juez de primer grado recabara las pruebas ordenadas, y así estar en condiciones de emitir un nuevo fallo, el demandado Alejandro Mora Torres deberá cubrir, a favor de su menor hijo una pensión alimenticia provisional, por la suma de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que consideró suficiente para cubrir las necesidades vitales del menor. 3.- Tomó en consideración los agravios vertidos por la amparista relativos a la pensión alimenticia provisional a su favor, argumentando entre otros motivos, que le correspondía una pensión provisional, ya que todo el tiempo se encargó del cuidado del menor, así como de la casa en la que habitaban, motivos por los cuales se encontraba en desventaja y ocasionaba vulnerabilidad en su persona, al no poder laborar en el tiempo que realizó dichas actividades. Respecto de lo cual el magistrado agotó dicha cuestión, pronunciándose y argumentando que no se había revelado una situación de vulnerabilidad ni desventaja, esto, en razón de que la aquí quejosa, disponía de una cuenta bancaria personal, en la que se habían reportado ingresos periódicos, llegando a inferir válidamente que contaba también con capacidad económica para satisfacer sus necesidades e incluso apoyar en los alimentos de sus descendientes. 4.- Asimismo, fijó el régimen provisional de convivencia entre el menor y el progenitor, declarando sin efectos la medida de restricción que se le había impuesto en proveído de ocho de enero de dos mil quince, dictado por el juez natural, toda vez que no se advertía la existencia de situaciones de riesgo o peligro, ello es así, de acuerdo con el dictamen pericial en psicología rendido por la especialista en la materia y realizado al aquí tercero interesado, en el que se estableció que contaba con características de personalidad y crianza adecuados para ejercer el derecho de convivencia. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo anteriormente narrado, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, virtud a que dejó insubsistente la resolución reclamada, dictada en el toca de apelación número I-67/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil 825/2015, sobre divorcio necesario; y, en su lugar, en esa misma fecha, emitió otra en la que atendiendo a los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo determinó reponer el procedimiento en el juicio de origen, fijando una pensión provisional a favor del menor de iniciales J.M.M., hasta en tanto el juez natural se allegara de las pruebas pertinentes para el dictado de una nueva resolución; y en respuesta a los agravios formulados por la apelante y aquí quejosa, consideró que no era susceptible de hacerse acreedora a una pensión provisional, toda vez que de un análisis de las constancias se desprendía que la misma, podía solventar sus necesidades e incluso las de su menor hijo, de igual manera, estableció el régimen provisional de convivencia del menor antes mencionado con su progenitor no custodio, dejando sin efectos la medida de restricción dictada por el juez de origen. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones del repersentante especial del menor Por otra parte, en torno a los escritos presentados por el representante especial del menor, de veinte y veintidós ambos de marzo de esta anualidad, mediante los cuales, desahogó la vista que se ordenó darle con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que, medularmente solicita que se tome en cuenta el interés superior de los menores y se aplique el principio de convencionalidad y principio pro persona, para luego transcribir varias tesis o criterios jurisprudenciales que estima aplicables; al respecto, dígasele que este órgano jurisdiccional cuenta con el imperativo constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, en especial, tratándose de asuntos donde se relacionen a menores, por lo que al momento de dictar la sentencia en el presente asunto, se consideró ese aspecto, y por tanto, al declarar cumplida la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar el nuevo acuerdo dictado por la responsable a la luz de lo resuelto en el fallo protector, por lo cual, se estima que no obstante que el representante especial no realizó manifestaciones en torno al contenido jurídico de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, este órgano jurisdiccional estima que no se vulneran derechos en perjuicio de los menores, ya que el acto emitido por la responsable fue en pleno acato a las observaciones y lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia de amparo, quedando expeditos los derechos de las partes, para que, de considerar que esa resolución irroga algún perjuicio, hagan valer los recursos que estimen necesarios en su contra. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Se autoriza devolución de billete. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito números N-816234 y N-818499, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valiosos por las cantidades de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) y $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron exhibidos por la quejosa a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional y definitiva concedidas en autos; en esa virtud, por resultar innecesaria su retención, se deja a su disposición las cédulas bancarias descritas y se hace de su conocimiento que cuenta con el plazo de dos años para recogerlas o prescribirán a favor del Fisco Federal, como lo establece el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Representante especial realiza manifestaciones. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por Santiago Orozco Valencia, representante especial de la menor quejosa, mediante el cual, nuevamente desahoga la vista que se ordenó darle en autos, en los términos precisados en su escrito de cuenta, manifestaciones que de igual manera, se ordena tomar en consideración al momento en que el suscrito juzgador se pronuncie sobre el cabal cumplimiento del fallo protector. Se autoriza la expedición de copias simples Por otra parte, respecto a la solicitud de copias que realiza el ocursante, con fundamento en el artículo 8º Constitucional y en términos de lo acordado en el auto de admisión, expídasele las copias simples que solicita, autorizando para recibirla a las personas que señala en su demanda, previa identificación y recibo que de las mismas se deje en el sumario. Razón actuarial Por otra parte, vista la razón levantada por la Actuaria Judicial de la adscripción, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa y al tutor especial del menor, el auto de dieciséis de marzo de este año, por los motivos que expone en la misma. Se ordena notificar por lista En tal virtud, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar nuevamente por lista a la parte quejosa y al tutor especial, el proveído de mérito, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto comparezca ante este juzgado a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano