Karina Esmeralda Rodríguez Cipres
Expediente 1176/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karina Esmeralda Rodríguez Cipres y Otros.
- Karina Esmeralda Rodríguez Cipres
- Javier Emiliano Medina Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior y que de la certificación que antecede se advierte que no obran glosados documentos originales y que no existe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado documento de valor alguno, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese solo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.Arga
- Incidental
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, de la que aparece que dentro del juicio de amparo al que corresponde el incidente de suspensión en que se actúa, en auto de esta misma fecha, causó ejecutoria la resolución pronunciada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. En virtud a lo anterior, se declara sin materia el incidente de suspensión en que se actúa, por no existir materia sobre la cual resolver; en consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-1176/2021, promovido por Karina Esmeralda Rodríguez Ciprés, quien se ostenta representante del menor con iniciales J.E.M.R., contra actos del Secretario de la Salud Federal, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional al día siguiente, Karina Esmeralda Rodríguez Ciprés, quien se ostenta representante del menor con iniciales J.E.M.R., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades referidas y por los actos precisados en su libelo constitucional. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con el número de expediente III-1176/2021; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el presente caso, la parte quejosa reclama una omisión de autoridades administrativas, la cual tendría efectos positivos ejecutables en la circunscripción territorial en la que ejerce competencia este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye la omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 12 a 17 años de edad, para que se les aplique la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de las farmacéuticas Biontech-Pfizer. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado al Delegado de la Secretaría de Bienestar Social. Uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de los actos reclamados, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existen las conductas que se atribuyen a las responsables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión; y, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Cuando en sede constitucional se reclamen actos omisivos y las autoridades nieguen su existencia, es imperativo para el Juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Es ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) y tesis 1a. XVII/2018 (10a.), emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En el caso, el solicitante del amparo reclamaron del Delegado de la Secretaría de Bienestar Social, la omisión de aplicar al menor quejoso de iniciales J.E.M.R, de doce años y once meses, la vacuna contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la COVID-19, en dos dosis. Al respecto, el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de la Secretaría de Bienestar, al rendir el informe de ley, negó la existencia de las omisiones reclamadas, al manifestar que no era la encargada de distribuir ni de aplicar las vacunas. Asiste la razón a la citada autoridad responsable. No obstante, no es dable presumir ciertas las omisiones reclamadas, pues como se verá a éstas no les corresponde aplicar la Política Nacional para la Vacunación contra el Covid19, tal y como se expondrá a continuación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero, del Acuerdo por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID19, en todo el territorio nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, es a la Secretaría de Salud a quien le corresponde dirigir la brigadas especiales para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional. Y, por lo que respecta a las entidades federativas, como en el caso de Michoacán de Ocampo, se nombrara un Coordinador de Brigadas Especiales, quien tendrá a su cargo la estrategia operativa que se llevé a cabo a nivel local. De lo expuesto, se advierte que el Delegado de la Secretaría de Bienestar Social, no es institución a la que le corresponda dirigir la brigadas especiales para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional, sino que ello es exclusivo de la Secretaría de salud y su personal, a nivel federal. En tanto que en el ámbito estatal, quienes participan e intervienen en la aplicación del biológico en mención, es el Secretario de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, y en su caso, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, ya que si bien, la Política Nacional de vacunación fue implementada por el Gobierno Federal, lo cierto es que en ella participan las Secretarías de Salud e instituciones de salud de las entidades federativas. De ahí que resulta inexistente la omisión reclamada al Delegado en esta entidad federativa de la Secretaría de Bienestar; pues se reitera, estos no tienen facultades para actuar en los términos reclamados por la parte quejosa. Es aplicable, la tesis 1a. XXIV/984 , de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En esas condiciones, se sobresee en el juicio de amparo en relación con las omisiones reclamadas al Delegado de la Secretaría de Bienestar Social, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Secretario de Salud del Estado negó la existencia del acto reclamado, mientras que la Secretaría de Salud Federal fue omisa en rendir su informe justificado; sin embargo, de ambas autoridades se presume cierto el acto que se les atribuyó, acorde a lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Máxime que resulta un hecho notorio que dichas dependencias participan en el Plan Nacional de Vacunación, específicamente, en su fase de aplicación. Por lo que ve a la primera citada también se advierte de la incidencia derivada del presente asunto que ha realizado las gestiones necesarias para la aplicación del farmacéutico al menor de edad quejoso. Respecto a la Subsecretario de Prevención y Comisión de la Salud y Director General de Promoción de la Salud, de quienes no existe constancia de emplazamiento, se estima innecesaria la prosecución del juicio por lo que hace a dichas autoridades, por lo que no se hace mayor pronunciamiento respecto de la existencia de los actos que se les atribuye. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la norma transcrita, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías, y en consecuencia, los efectos del mismo, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la de la demanda de garantías, derivada del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio, sobrevino la causa de improcedencia antes referida. En efecto, el quejoso en su libelo constitucional fue preciso en señalar que su reclamo consistía, específicamente, en la omisión de aplicar la vacuna contra el covid al menor quejoso. Ahora bien, de los presentes autos se advierte lo siguiente: 1) Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del incidente de suspensión de donde deriva el presente amparo, el apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán citó al menor quejoso J.E.M.R., a las diez horas del dos de febrero de dos mil veintidós para que acudiera a la aplicación de la primer dosis. 2) Luego, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifestara si el menor J.E.M.R. ya fue registrado en la plataforma nacional de vacunación y si fue inoculado con la primera dosis, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo, se resolvería conforme a derecho. Asimismo en el referido acuerdo se requirió a la Secretaría de Salud de Michoacán, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informara si el menor quejoso J.E.M.R. ya había sido vacunado; y de haber sido así, remitiera las documentales idóneas para acreditarlo, sin que lo hubiere hecho. 3) Ahora mediante oficio signado por el apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán informó que el menor amparista recibió las dos dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, previa firma del consentimiento informado por alguno de los representantes del menor quejoso, en el caso se observa el consentimiento signado por Javier Medina Benítez, en cuanto papá del menor quejoso. Se evidencia de este modo, que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, quien suscribe se encuentra impedida para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Karina Esmeralda Rodríguez Ciprés, quien se ostenta representante del menor con iniciales J.E.M.R., respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
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