Karina Juárez Ruiz

Expediente 422/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
422/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Karina Juárez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por Karina Juárez Ruiz, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: RODRIGO ALEJANDRO RAMOS GOMEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.b4 25/01/24 11:18:51 "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos que anteceden, se estima que el expediente principal es susceptible de depuración, ya que se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano, y por lo que hace al original del cuaderno incidental, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, es susceptible de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, copia de la demanda y de las determinaciones en las que RODRIGO ALEJANDRO RAMOS GOMEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.b4 25/01/24 11:18:51 se concedió la suspensión, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad; lo anterior, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General señalado, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe.

  2. Principal

    VISTOS para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 422/2021-VI, promovido por --------------------, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. RESULTANDO: 12 El presente sumario es únicamente de carácter informativo, por lo que no forma parte integral de la sentencia que se dicta en el presente asunto. PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y remitido ese mismo día al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, --------------------, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos y autoridades: "III. Autoridades señaladas como responsables: 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Secretario de Salud Federal. 3. Secretaria de Gobernación. 4. Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5. Titular de la Unidad de Medicina Familiar 64, Tlalnepantla, Estado de México. IV. Actos reclamados a. La omisión de brindar la información suficiente, detallada y transparente en relación al virus denominado SARS-CoV2, también llamado coronavirus COVID 19. b. La omisión de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico para evitar contagio. c. La omisión de tomar las medidas necesarias para poder seguir laborando con todas las medidas sanitarias y de protección que el personal médico pudiésemos requerir. d. La omisión de establecer y/o elaborar un protocolo para prevenir, o en su caso, contener y evitar la propagación del virus al interior del hospital en el que se realizan las actividades que se nos encomiendan como personal de salud. e. La omisión elaborar acuerdos o convenios con instituciones públicas y/o privadas del sector salud en los ámbitos federal y local, a efecto de atender la necesidad de protección que todo el personal de salud hemos de requerir, con la finalidad de seguir atendiendo la urgencia derivada del COVID 19. f. La solicitud de regreso a laborar, sin la pena seguridad de que mi salud y vida no corren peligro al ser una paciente inmunosuprimida; consecuentemente la omisión de proveerme de los medios y/o en su aso, de la vacunación necesaria para enfrentar al virus SARS-Cov2 (COVID 19) en tantas dosis sean necesarias." [sic] SEGUNDO. Trámite del juicio. Demanda que fue radicada por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número 512/2021 de su índice, quien en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, concedió la suspensión de plano a la quejosa y se declaró incompetente por razón de materia para conocer de la misma. Por ello, ese juicio fue remitido, por razón de turno al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien en auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, aceptó la competencia por razón de materia, registró la demanda bajo el número de juicio 786/2021; y, a su vez se declaró incompetente para conocer la demanda por razón de territorio, y declinó su competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Así, la demanda de amparo fue finalmente turnada a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la radicó bajo el número 422/2021, aceptó la competencia declinada, convalidó las actuaciones llevadas a cabo por los jueces de Distrito en la Ciudad de México, y formuló diversos puntos de prevención a la parte quejosa. Una vez desahogados los puntos de prevención, en auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda de amparo, por lo que hace a los siguientes actos reclamados: (i) El oficio-circular número 09 56 95 61 2240/540, de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de doce de abril de dos mil veintiuno; y (ii) el oficio LST/21/038, de seis de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Departamento de Relaciones Laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, en ese mismo auto, se admitió a trámite la demanda respecto de los demás actos, se solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 en relación con el diverso 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que los actos reclamados tienen ejecución en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, del escrito de desahogo de prevención, así como de las demás constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a) La omisión de decretar las medidas y protocolos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud, para proteger a todas aquellas personas que se exponen y corren mayor riesgo de contagio del virus el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y de manera específica; b) La omisión de incluir de manera específica a los pacientes inmunosuprimidos, en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, dada la condición particular de salud que los hace vulnerables. 2. De la Secretaría de Salud: a) La omisión de decretar las medidas y protocolos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud, para proteger a todas aquellas personas que se exponen y corren mayor riesgo de contagio del virus el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y de manera específica; b) La omisión de incluir de manera específica a los pacientes inmunosuprimidos, en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, dada la condición particular de salud que los hace vulnerables. 3. De la Secretaría de Gobernación: a) La omisión de decretar las medidas y protocolos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud, para proteger a todas aquellas personas que se exponen y corren mayor riesgo de contagio del virus el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 4. Del Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social: a) La omisión de realizar los ajustes a las disposiciones vigentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entendidas como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud ante el virus SARS-CoV2 (COVID 19) conforme a los medios y lineamientos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud y las diversas leyes que protegen a la quejosa; así como la omisión de notificar e implementar dichos ajustes. b) La omisión de proveerle la vacunación necesaria para enfrentar el virus SARS-CoV2 (COVID 19) en tantas dosis sean necesarias. 5. Del Titular de la Unidad Médica Familiar 64 Tlalnepantla, Estado de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social: a) La omisión de destinarla a un área específica dada su situación vulnerable hasta que se le vacune o haya pasado el riesgo de contagio. b) La omisión de brindarle información suficiente, detallada y transparente al personal médico en relación al virus SARS-CoV2, COVID-19. c) La omisión de proporcionar, de manera individual, información de los protocolos específicos vigentes para prevenir, o en su caso, contener y evitar la propagación del virus SARS-CoV2, COVID-19. d) La omisión de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico de protección a efecto de evitar contagio del virus COVID-19. e) La falta de aplicación de vacunas en tantas dosis sean necesarias para enfrentar el virus SARS-CoV2 (COVID 19). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El estudio del presente considerando se divide en dos partes, la primera versa sobre aquellas omisiones respecto de las cuales no se acredita que las autoridades responsables hubieran estado obligadas a actuar de la forma en que la parte quejosa lo indicó, mientras que en la segunda el estudio atañe aquellas omisiones que no existían al momento de la presentación de la demanda. Así, en primer término resultan inexistentes las omisiones reclamadas, precisadas en los numerales: 1, incisos a) y b), y 3, inciso a), del considerando SEGUNDO, es decir aquellas las omisiones reclamadas al Presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación, como se expone a continuación. Es importante destacar que cuando en el juicio de amparo se reclaman actos de naturaleza omisiva, la carga de la prueba sobre la existencia o inexistencia de esos actos, por regla general, recae en las autoridades, sin embargo, de manera previa a estar en aptitud de realizar un pronunciamiento sobre la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, el juez de distrito debe acudir en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad en cuestión para verificar si en realidad ésta se encuentra obligada a realizar esa conducta. En otras palabras, antes de emitir un pronunciamiento sobre la existencia de una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido únicamente cuando una norma así lo determine.13 Adicionalmente, además de la existencia de la obligación objetiva, es decir contenida en una norma jurídica, para corroborar la certeza o existencia de una omisión, es necesario que las autoridades tengan o deban tener conocimiento de esa obligación, es decir es necesario que la autoridad haya estado en posibilidad de saber que tenía que actuar en el sentido que la ley lo mandata; pues de otra manera sería incorrecto atribuir una omisión a una autoridad que no tenía forma de conocer que se había actualizado el supuesto normativo que activaba su obligación.14 13 Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXIV/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." 14Ver tesis: (V Región)2o. J/2 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Pag. 2351, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." Conforme a las bases antes expuestas, a fin de poder tener por ciertas las omisiones señaladas, resultaba preciso que las autoridades responsables tuvieran la obligación jurídica objetiva (contenida en una norma) de actuar en la forma que la quejosa indica, no obstante lo cual, no se acreditó que ninguna de las autoridades referidas, estuviera obligada a actuar de esa forma. Por una parte, la Secretaria de Gobernación negó la existencia de la omisión que se le atribuye; y si bien el Presidente de la República fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de haber sido debidamente notificado del presente juicio, como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos, sin embargo, no ha lugar a presumir ciertos los actos que se les imputa en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. Las facultades del Presidente de la República, se encuentran determinadas en el numeral 89 de la Constitución Federal,15 mientras que las de la Secretaria de Gobernación, se encuentran 15 "Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo. En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República. III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes. establecidas en al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,16 de lo cual se VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley. VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución. X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente. XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación. XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente. XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley. XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución." 16 "Articulo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia; fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral; facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática; II. Coordinar a los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo Federal y por acuerdo de éste, convocar a las reuniones de gabinete; acordar con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerir a los mismos los informes correspondientes; III. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. Los titulares de las unidades de enlace legislativo de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán designados por el Secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a la Secretaría o dependencia respectiva; IV. Garantizar el carácter laico del Estado mexicano; conducir las relaciones entre el Estado y las iglesias o agrupaciones religiosas, así como vigilar y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales en esta materia; V. Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes; VI. Formular y conducir la política de población e interculturalidad y operar el servicio nacional de identificación personal, en términos de las leyes aplicables; VII. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; VII Bis. Formular y coordinar la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, estrategias y acciones que contribuyan desprende que a ninguna de dichas autoridades le corresponde atender las cuestiones reclamadas por la parte quejosa. En esos términos, para poder tener certeza sobre la existencia de las omisiones de: a prevenir y eliminar la discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales, así como diseñar e instrumentar programas para la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado; VII Ter. Crear e implementar en forma permanente una página electrónica de consulta pública en la cual se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país, así como establecer otra para los casos de mujeres y niñas; ambas plataformas tendrán como fin que la población en general contribuya con información sobre la localización de las personas desaparecidas; VII Quáter. Elaborar y ejecutar los programas de reinserción social y apoyo a las personas que hayan cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad; VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; IX. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito, perturben el orden público o sean contrarios al interés superior de la niñez; X. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución; XI. Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por disposición de ley, a otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. En las islas a que se refiere esta fracción regirán las leyes federales y los tratados, y serán competentes para conocer de las controversias que en ellas se susciten los tribunales federales con mayor cercanía geográfica; XII. Diseñar e instrumentar programas anuales, previo diagnóstico a los ayuntamientos, para la asesoría, capacitación y formación de sus integrantes, así como de los funcionarios municipales, con el fin de contribuir a su profesionalización y al desarrollo institucional de los municipios; XIII. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República y a las correspondientes de las entidades federativas, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, entes públicos, entidades federativas, municipios y órganos constitucionales autónomos; XIV. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de las leyes relativas; XV. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo y, en su caso, comunicar el señalamiento formal del Presidente de la República del carácter preferente de hasta dos de las iniciativas, conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución; XVI. Administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión, de alguna de las dos Cámaras o de la Comisión Permanente y los reglamentos que expida el Presidente de la República, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 constitucional y el artículo 72 constitucional, así como las resoluciones y disposiciones que por ley deban publicarse en dicho medio de difusión oficial; XVII. Coordinar a los Talleres Gráficos de México para que proporcionen los servicios editoriales y de impresión que requieran las dependencias de la Administración Pública Federal y otros entes, públicos o privados, que lo soliciten, recibiendo las contraprestaciones respectivas por tales servicios; XVIII. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos; XIX. Conducir las relaciones del Gobierno Federal con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; XX. Intervenir en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones, renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo; XXI. Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo Federal los artículos 96, 98 y 100 de la Constitución, sobre nombramientos, renuncias y licencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los Consejeros de la Judicatura Federal; XXII. Llevar el registro de autógrafos de los funcionarios federales, de los Gobernadores de los Estados y del jefe de gobierno de la Ciudad de México y legalizar las firmas de los mismos; XXIII. Fijar el calendario oficial, y XXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos." c) Decretar las medidas y protocolos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud, para proteger a todas aquellas personas que se exponen y corren mayor riesgo de contagio del virus el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y de manera específica; y d) De incluir de manera específica a los pacientes inmunosuprimidos, en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, dada la condición particular de salud que los hace vulnerable Era preciso que se constatara que el Presidente o la Secretaría de Gobernación tuvieran una obligación jurídica para actuar en ese sentido; y sin esa obligación, no puede tenerse por acreditada la omisión que se les imputa. En consecuencia, si en el caso no están acreditados los presupuestos y requisitos para tener certeza sobre la existencia de las omisiones que se les imputaron a las autoridades, lo procedente es tener por INTEXISTENES, las omisiones reclamadas, precisadas en los numerales: 1, incisos a) y b), y 3, inciso a), del considerando SEGUNDO. Por otro lado, los actos precisados en los numerales 2, incisos a) y b) y 4, inciso b), resultan igualmente INEXISTENTES, ya que esas omisiones antes de la fecha de presentación de la demanda de amparo (seis de mayo de dos mil veintiuno), ya habían sido subsanadas por las autoridades responsables, o bien nunca habían existido En primer lugar, contrario a lo que aduce la quejosa, precisamente en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se establecieron las siguientes medidas preventivas que los sectores público, privado y social debían poner en práctica, entre ellas: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios. En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado; d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y f) Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Así las cosas, se observa que la autoridad responsable dictó una serie de medidas con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre ellas, la de evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, gozarían de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente. Además, estos grupos incluían mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. En ese mismo sentido, el Secretario de Salud emitió el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, el cual, entre otras cuestiones, establecía lo siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: [.] V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar;" De lo cual se advierte que, la responsable en ningún momento omitió incluir en las medidas de protección a personas vulnerables como la quejosa, que padece de inmunosupresión, pues sí se estableció que éstas, debían seguir permaneciendo en resguardo domiciliario. Máxime que el Secretario de Salud también expidió los siguientes Acuerdos: ? Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de mayo de dos mil veinte, mismo que fue modificado mediante diverso publicado el quince de mayo de dos mil veinte. ? Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil veinte. El primero tuvo como propósito contar con una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema que permitiera evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, así como establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. Mientras que el segundo tenía como finalidad establecer lineamientos técnicos específicos para que las empresas y los centros de trabajo retomaran o continuaran sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, que garantizaran tanto a su personal como al público en general, que se estuvieran cumpliendo con estándares que reducen los riesgos asociados a la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19. Lo cual que pone de manifiesto la inexistencia de los actos a ellas reclamados, en razón de que, de manera previa a la presentación de la demanda, la responsable ya había desplegado una serie de actos para atender la enfermedad epidemiológica y a través del cual informaron a la población, en el medio de difusión oficial información sobre las acciones extraordinarias que se adoptaron en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y de manera específica, dictó una serie de medidas para proteger a la población vulnerable, como lo son aquellas persona con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. Así las cosas, se advierte que las omisiones que se reclaman al Secretario de Salud cesaron antes de la presentación de la demanda de amparo, pues éste emitió diversos Acuerdos para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre ellas, y entre las medidas que se instauraron, se encontraba la protección para personas vulnerables, incluidas aquellas que padecían inmunosupresión (adquirida o provocada). En esa misma linea, debe tenerse por INEXISTENTE el acto que la quejosa le reclama al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la omisión de proveerle los medios y/o en su caso, la vacunación necesaria para enfrentar el virus SARS-CoV2 (COVID 19) en tantas dosis sean necesarias, ya que la peticionaria del amparo se encuentra adscrita a la Unidad Médica Familiar 64 Tlalnepantla, Estado de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que es a dicho órgano administrativo en específico a quien le concierne realizar las acciones necesarias para que su personal sea vacunado, entre ellos, la peticionaria del amparo. En consecuencia, es claro para este órgano jurisdiccional, que las omisiones mencionadas que se les reclaman a las autoridades responsables Secretaría de Salud y Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, no existían al momento de presentación de la demanda de amparo (seis de mayo de dos mil veintiuno). Por tanto, en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a SOBRESEER en el presente juicio, por lo que hace a las omisiones precisadas en los numerales 1, incisos a) y b), 2, incisos a) y b), 3, inciso a) y 4, inciso b) del considerando SEGUNDO. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otra parte, no obstante que el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, negó el acto señalado con el numeral 4, inciso a) del considerando SEGUNDO, consistente en la omisión de realizar los ajustes a las disposiciones vigentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entendidas como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud ante el virus SARS-CoV2 (COVID 19) conforme a los medios y lineamientos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud y las diversas leyes que protegen a la quejosa; éste debe tenerse por CIERTO. Lo anterior, ya que como Titular del Instituto mencionado, debía acreditar haber realizado las acciones ordenadas por el Secretario de Salud para evitar la propagación del virus Covid-19, sin que lo haya hecho, pues fue omiso en exhibir alguna circular o acuerdo por parte de dicha institución para acreditar tales acciones, limitándose a referir que carecía de facultades para que se le imputaran tales actos, siendo que todas las dependencias de la administración pública se encontraban obligadas a cumplir con dichas determinaciones. De igual forma, se tienen por CIERTOS los actos reclamados al Titular de la Unidad Médica Familiar 64 Tlalnepantla, Estado de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, marcados con los puntos 5, incisos a) a e), consistentes en: a) La omisión de destinar a la quejosa a un área específica dada su situación vulnerable hasta que se le vacune o haya pasado el riesgo de contagio. b) La omisión de brindarle información suficiente, detallada y transparente al personal médico en relación al virus SARS-CoV2, COVID-19. c) La omisión de proporcionar, de manera individual, información de los protocolos específicos vigentes para prevenir, o en su caso, contener y evitar la propagación del virus SARS-CoV2, COVID-19. d) La omisión de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico de protección a efecto de evitar contagio del virus COVID-19. e) La falta de aplicación de vacunas en tantas dosis sean necesarias para enfrentar el virus SARS-CoV2 (COVID 19). Lo anterior, debido a que si bien es cierto la esa autoridad responsable también negó la existencia de esos actos, ésta no ofreció medio de prueba alguno para acreditar que a la fecha de presentación de la demanda no había incurrido en tales omisiones, de ahí que se tienen por ciertos los actos que se le reclaman. Ahora bien, no obstante las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de dichos actos, de los artículos 5, 7 y demás aplicables de la Ley del Seguro Social, así como de los diversos Acuerdos Generales mencionados en el considerando anterior, se advierte la obligación de las autoridades de actuar conforme a sus atribuciones para atender la emergencia sanitaria, lo cual incluye entre otras cuestiones la adopción de medidas para mitigar los contagios en los centros de trabajo, así como la aplicación de las vacunas correspondientes conforme al Plan Nacional de Vacunación, por lo tanto, era carga de las autoridades responsables desvirtuar la existencia de las omisiones que en éste caso se les reclaman, sin que fuera suficiente que negaran la existencia de las omisiones, sino que a éstas les correspondía probar su dicho y no al quejoso probar la existencia del acto, de conformidad con la tesis VI.1o.230 K, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." Bajo ese entendido, no obstante que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, negaron los actos reclamados, lo cierto es que no aportaron información ni algún elemento probatorio que permitiera advertir que hayan realizado los ajustes a las disposiciones vigentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entendidas como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud ante el virus SARS-CoV2 (COVID 19); o que se haya destinado a la quejosa a un área específica dada su situación vulnerable hasta que se le vacune o haya pasado el riesgo de contagio; que se le haya brindado información suficiente, detallada y transparente al personal médico en relación al virus SARS-CoV2, COVID-19; el equipo sanitario específico de protección; o las vacunas en tantas dosis sean necesarias para enfrentar el virus SARS-CoV2 (COVID 19). Por lo tanto, se deben tener por CIERTOS los actos reclamados antes señalados. QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio de fondo del asunto debe verificarse si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que opere de oficio o que la hagan valer las partes. LAS RESPONSABLES NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL AMPARO Ahora bien, en el presente asunto el Titular de la Unidad Médica Familiar 64 Tlalnepantla, Estado de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, invoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo,17 ya que los actos reclamados a dicha dependencia no son actos de autoridad para efectos del amparo. Se estima que es fundada la causa de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, respecto a los siguientes actos: 4. Del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social: a) La omisión de realizar los ajustes a las disposiciones vigentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entendidas como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud ante el virus SARS-CoV2 (COVID 19) conforme a los medios y lineamientos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud y las diversas leyes que protegen a la quejosa; así como la omisión de notificar e implementar dichos ajustes. 5. Del Titular de la Unidad Médica Familiar 64 Tlalnepantla, Estado de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social: a) La omisión de destinar a la quejosa a un área específica dada su situación vulnerable hasta que se le vacune o haya pasado el riesgo de contagio. b) La omisión de brindarle información suficiente, detallada y transparente al personal médico en relación al virus SARS-CoV2, COVID-19. c) La omisión de proporcionar, de manera individual, información de los protocolos específicos vigentes para prevenir, o en su caso, contener y evitar la propagación del virus SARS-CoV2, COVID-19. d) La omisión de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico de protección a efecto de evitar contagio del virus COVID-19. Al respecto es conveniente destacar que la fracción I, del artículo 1° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos 17 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ..." humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado de mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5°, en su fracción II, de la citada ley, señala que la autoridad responsable es la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, es importante precisar que los actos de autoridad son aquellos que provienen de relaciones de supra-subordinación, esto es, de aquellas que se entablan entre dos entes que actúan en planos diferentes y se distinguen porque los actos del superior jerárquico son precisamente unilaterales y obligatorios para el subordinado; por ello, la Constitución General de la República reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de los entes gubernamentales y de los particulares con atribuciones de autoridad. Por su parte, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares o entre entes de gobierno, en las cuales actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Ahora bien, sobre esa base debe decirse que aquellos actos que derivan de un contrato de trabajo, encuadran precisamente en la segunda categoría, ya que se encuentran inmersos en una relación de coordinación (patrón-trabajador), los cuales se encuentran sujetos a la ley laboral, y cualquier controversia que surja con motivo de esas relaciones deberá ser ventilada mediante el procedimiento ordinario que establecen las leyes. En ese orden de ideas, se advierte que los diversos acuerdos relacionados con las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, dentro de las cuales se establecieron las obligaciones de otorgar el equipo de protección necesario, así como permitir el resguardo de las personas vulnerables, derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo. En efecto, del análisis de su contenido, en particular, de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, entre otras cosas, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19. Lo anterior, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras; de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. De esa forma, si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo.18 Por lo tanto, los patrones (aun los entes públicos) no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama por ejemplo, la negativa a otorgar medidas preventivas como proporcionar medios de protección o la asignación a un área no COVID en el centro de trabajo, ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad COVID-19, ya que en estos casos actúan en igualdad frente al trabajador.19 En ese orden de ideas, en el presente asunto las relaciones entre la quejosa y el Instituto Mexicano del Seguro Social devienen de una relación de coordinación, ya que la misma labora para dicho Instituto, por lo tanto, las omisiones que se precisaron al principio del presente apartado, derivan de un actuar de las autoridades responsables en su carácter de patrón, razón por la cual, los actos reclamados -que surgieron con motivo del incumplimiento de 18 Consideraciones que se ven reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 588, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO." 19 Sirve de apoyo, la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de dos mil veintiuno, página 2596, Materia Común, Laboral, Décima Época, Registro digital: 2022822, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones disposiciones que inciden sobre sus condiciones de trabajo-, deben ventilarse ante los tribunales competentes.20 Por lo tanto, en virtud de que los actos reclamados, analizados en el presente apartado, derivan precisamente de la obligación de adoptar medidas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19, en el centro de trabajo de la quejosa, tales como proporcionar información, asignarla a un área "No COVID", o proporiconar el equipo de protección necesario, se debe concluir que estos no son actos de autoridad, sino que derivan de la relación laboral que tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; y consecuentemente, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados, marcados con los numerales 4, inciso a, y 5, incisos a), b), c) y d), del considerando SEGUNDO. CESACIÓN DE EFECTOS Finalmente, en relación al acto reclamado al Titular de la Unidad Médica Familiar 64 Tlalnepantla, Estado de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, marcado con el numeral 5, inciso e), consistente en la falta de aplicación de vacunas en tantas dosis sean necesarias para enfrentar el virus SARS-CoV2 (COVID 19), se advierte de forma oficiosa, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que cesaron los efectos del acto reclamado. El análisis gramatical de la disposición invocada permite precisar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no solamente la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." 20 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VII.2o.T. J/71 L (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2596, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL".21 Sobre esas bases, se debe advertir que de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que a la quejosa se le aplicaron las dosis relativas a la vacuna SINOVAC contra el Covid 19, en fechas veinte de mayo y diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mismas que constituyen documentos públicos y adquieren pleno valor probatorio conforme a los numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que tales constancias fueran objetadas por la quejosa, a pesar de que se le dio oportunamente vista con el informe justificado correspondiente. En consecuencia, toda vez que la quejosa ya recibió las vacunas contra el virus Covid 19, la concesión del amparo no tendría ningún efecto práctico, pues ya fue restablecido en el goce de su derecho humano violado. En definitiva, al haberse actualizado las causas de improcedencia en comento, procede SOBRESEER el juicio respecto al acto analizados, conforme al numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.22 Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, 21 Tesis: 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Pagina 38, de texto: "De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 22 Apoya lo anterior, por analogía a la nueva Ley de Aparo, la jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por --------------------, contra los actos precisados en el considerando SEGUNDO, por las razones expuestas en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta resolución. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo con que cuenta la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud, a efecto de rendir su informe justificado, ya que en acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno, se ordenó reexpedir el oficio a la secretaria que lo representa. De ahí que, para dar margen a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, para su verificativo, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, por el cual a efecto de dar cumplimiento a la suspensión definitiva, solicita se requiera a la parte quejosa que remita la papeleta de vacunación, a efecto de corroborar la información obtenida. En consecuencia, dígase a la autoridad responsable que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que en autos ya obra copia certificada del "ciclo de vacunación" de la quejosa, del cual se advierte que se le aplicaron las dos dosis de la vacuna, en fecha veinte de mayo y diecisiete de junio de dos mil veintiuno. No obstante lo anterior, a efecto de que dicha autoridad tenga la información completa, mediante oficio que para tal efecto se gire remítase copia certificada del documento mencionado. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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